Por José René Tamariz

La situación actual de Costa Rica es grave. Todos los datos indican que nos aproximamos a una verdadera catástrofe y bancarrota económica y, por ende, social. Los indicadores económicos tanto de los organismos nacionales como internacionales han fracasado en sus previsiones. El Banco Central de Costa Rica no la ha pegado, ya van por la segunda modificación de su programa económico y probablemente deba hacer una o dos más. El estudio de la OCDE de julio fue rebasado. Igual sucede con los demás estudios de otros organismos internacionales. ¿Por qué han fracasado los pronósticos? Porque es una situación inédita y no tiene comparación con ninguna otra.

Según el Banco Central, en su nueva revisión del programa económico “Este año la economía nacional va a sufrir la contracción más fuerte desde 1982”. (La Nación, 31 de julio de 2020).  En el año 1982, fecha en que produjo la más grande crisis económica de Costa Rica, la producción nacional cayó a -7,3%. Según la OCDE la recesión económica en el año 2020 con un segundo brote de covid-19, en el cual estamos, llegaría a un -4,9% pronostico que se acerca al del Banco Central. Sin embargo, aún faltan 5 meses para que termine el año y, por ende, eventualmente la caída económica se acerque para finales de año al 6% o 7%.

Por otro lado, según el ministerio de hacienda el déficit fiscal para el presente año terminaría en 9,3% de la producción nacional. Es decir, que ese déficit será mayor que el que se produjo con la crisis de los años 80 el cual pasó del 8% en 1982 al 15% en 1983. Existen algunos pronósticos que sostienen que ese déficit podría llegar al 11% o 12%. Por otra parte, la deuda pública es probable que se ubique a finales de año en el 70,2% del PIB, muy por arriba del 61% previsto inicialmente. Con la crisis sanitaria y económica el proceso de endeudamiento, por parte del gobierno, ha sido vertiginoso y masivo. Actualmente, el gobierno de Alvarado está llamando a un diálogo nacional para negociar dos préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual le pondrá las llamadas metas que, en el fondo, son condiciones para poder prestarle. Entre otras condiciones o metas el FMI pondría la venta de activos, incremento de impuestos, congelamiento salarial por varios años y otras aún desconocidas. Con el alto nivel de endeudamiento público actual, el gobierno de Alvarado, así como los anteriores gobiernos, han comprometido el futuro del país sometiendo a la Nación a brutales desajustes económicos y estructurales

Por otra parte, la crisis sanitaria y económica han conllevado al cierre de cientos de empresas, así como a las reducciones de jornadas laborales y de los salarios de miles de trabajadores hasta en un 75% y la suspensión masiva de contratos laborales. Toda esa situación ha producido una alta tasa de desempleo del 20,1%, es decir, casi a medio millón de trabajadores. Esta tasa superó a la prevista por la OCDE, con el segundo brote de coronavirus, que era del 17%. Ahora bien, es muy probable que esa tasa de desempleo siga creciendo y llegue a ubicarse a finales de año hasta en un 25% o más. Ni siquiera en la más grave crisis económica que tuvo Costa Rica en la época de los años 80, el desempleo llegó a semejante porcentaje. En aquella época “El desempleo en los 4 años siguientes se duplicó, quiere decir que se pasó de 4,4% de julio 79 a un 9,4% en julio de 1982”. (Garita, Gabriela, Ureña Lisette y González Kattia: Crisis en Costa Rica en los años 80. Maestría en Administración de Negocios, UNED, 2006). Asimismo, se ha incrementado la informalidad que se ubica actualmente en casi el 50%

Toda esa situación de crisis económica está aumentando el profundo proceso de desigualdad que existía previo a la pandemia. La desigualdad, medido por el coeficiente de Gini, en Costa Rica para el año 2019 fue del 0,5 superando a países desiguales de Latinoamérica México, Chile y países miembros de la OCDE.

Entonces, para lograr una reactivación económica a corto, mediano y largo plazo se deben resolver problemas estructurales e implementar, entre otras, las siguientes medidas:

1. Para reducir drásticamente el alto desempleo e informalidad se debe formular e impulsar un Plan de Obras Públicas que le garantice trabajo a los sectores desempleados de bajo nivel educativo, el cual es el más golpeado por la desocupación. Este plan puede incluir la construcción de carreteras, escuelas y colegios deteriorados o que están en lugares insalubres, eliminación de las cuarterías y tugurios, que han sido foco de la infección por el covid-19, por vivienda digna y social, construcción de hospitales modernos y otras obras de construcción que estén identificadas por las instituciones a cargos. La capacitación de los sectores desempleados propuesta por el gobierno de Alvarado no resuelve el desempleo, ya que la gente necesita el empleo de forma inmediata no a futuro.

2. La demanda se encuentra fuertemente deprimida y reducida por el altísimo desempleo e informalidad, reducciones de jornadas laborales y de los salarios, así como por la fuerte recesión económica. Por tanto, se requiere medidas para estimular el consumo. Por tanto, se propone impulsar una política de salarios mínimos reales crecientes, es decir, ya que estos salarios se han mantenido congelados por mucho tiempo. A su vez, debemos luchar para que no se aplique el IVA a los productos de la canasta básica, servicios básicos como agua, luz, salud y educación. Combatir el proyecto de ley de empleo público porque reduce aún más los salarios en el sector público, ya de por si reducidos con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.

3. Cambiar la matriz productiva del país. Esto requiere impulsar la industrialización, incorporando nuevas tecnologías y métodos de trabajo en la industria nacional, tales como industrializar los productos agrícolas, industrializar la agricultura con equipos y maquinarias modernos. Crear y desarrollar polos productivos en las regiones donde existe mucho desempleo. Según la OCDE “El potencial de crecimiento ha disminuido debido a la baja productividad. Los mayores avances en el nivel de vida dependerán del aumento en la productividad al establecer las condiciones adecuadas para que las empresas nacionales prosperen”.

4. Cambiar la matriz energética, impulsando el desarrollo de proyectos de producción de energía solar, geotérmica y otras. Estas tendrían dos objetivos centrales, reducir el gasto millonario en compra de combustibles fósiles y, al mismo tiempo, descarbonizar la economía, evitando o reduciendo sensiblemente la contaminación ambiental, contribuyendo con la atenuación del cambio climático.

5. Desarrollar e impulsar un tren centroamericano veloz a través del cual se puedan transportar las mercancías en toda América Central e incluso, hasta México. Este proyecto podría ser financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El desarrollo e impulso de este tipo de proyecto, no solo garantizará trabajo en todos los países de Centroamérica, sino también que permitirá que el tráfico en las carreteras disminuya y haya fluidez en los intercambios comerciales, así como el desarrollo social en ciertas zonas de los países centroamericano

6. Frente a la crisis sanitaria y económica, urge que el gobierno y los bancos públicos condonen las deudas que tienen los micros, pequeños y medianos empresarios de diferentes actividades económicas.

7.  Moratoria del pago de la deuda externa e interna privada, intereses y capital, para utilizar esos dineros en la reactivación económica y superación de la recesión económica. Que algunas empresas e instituciones estatales le condonen la deuda pública interna al gobierno, tales como el INS, los bancos públicos como el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR) y que esos dineros sean utilizados en el desarrollo del plan de obras pública y otros procesos de modernización de la estructura del país.

8. Combate a la alta evasión de impuesto y elusión fiscal, mediante diversos mecanismos, ya sean tecnológicos, confiscatorios e incluso la cárcel a los evasores.

9. Eliminación de las grandes exoneraciones fiscales a las empresas de zonas francas, pues, solamente 19 empresas de 331 pagan impuesto, es decir, apenas un 3,4% y eso solo corresponde al 50% de impuesto de renta de ellas.

¡Basta de reducción de los Salarios de los Trabajadores del Sector Público!

El gobierno de Carlos Alvarado, cada vez más, demuestra su carácter anti obrero, impulsando y aplicando medidas contra los trabajadores del sector público. Es una ristra de golpe contra los salarios. Veamos.

1) Expropiación del miserable reajuste salarial de 7.500 colones del año 2020 y decreto de congelamiento salarial por cuatro largos años (2021 a 2024). 2) Proyecto de ley de expropiación de las anualidades por dos años (2021 y 2022). 3) Proyecto de ley para gravar con impuesto el salario escolar. 4) Proyecto de ley para reducir la jornada laboral en el sector público en un 15% y, por ende, de los salarios en un 15% por un año! 5) Propuesta de la OCDE, probablemente, secundada por el gobierno para gravar con impuesto el aguinaldo.  Prácticamente, con esa andanada de confiscación de los salarios de los trabajadores del sector público, por parte del gobierno, éstos engrosarían los nuevos segmentos de los pobres y la pobreza.

Toda esta arremetida contra los empleados público tiene como justificación y pretexto la crisis sanitaria.

Pero ¿cuáles son las medidas que el gobierno de Alvarado ha impulsado para que los grandes empresarios contribuyan con la crisis sanitaria? Ninguna medida. A pesar de que con la crisis sanitaria algunas actividades económicas están siendo ganadoras, a ellas el gobierno ni siquiera le ha solicitado de forma voluntaria, como en el Teletón, que donen parte de sus ganancias, mucho menos que se atreva a aumentarles el impuesto a sus ganancias.

De acuerdo con el último estudio de la OCDE “… Una cantidad relativamente pequeña de empresas grandes domina la economía (Gráfico 2.7), lo que indica la necesidad de mejorar las regulaciones para promover un entorno empresarial más competitivo. Los cálculos realizados para este Estudio indican que los márgenes de ganancias son más altos en Costa Rica que en la mayoría de los países de la OCDE”. (OECD 2020 Estudios Económicos de la OCDE: COSTA RICA 2020, OECD Publishing París, https://doi.org/10.1787/84cbb575-es. Página 80). Ojo con ese datos: un reducido número de grandes empresas tienen los más altos márgenes de ganancias que en la mayoría de los países de la OCDE.

Según ese reciente Estudio de la OCDE una cantidad “pequeñas de empresas grandes domina la economía” costarricense y sus “márgenes de ganancias son más altos en Costa Rica que en la mayoría de los países de la OCDE”, entonces, la pregunta es ¿por qué el gobierno de Alvarado no les aumenta los impuestos a esos altos márgenes de ganancias de esas grandes empresas? Debemos exigir al gobierno de Alvarado que grave de inmediato esos altos márgenes de ganancias de esas empresas y que deje de estar, reduciendo los salarios de los trabajadores con cada nuevo proyecto y medida en su contra.

¡Impuesto a los Altos Márgenes de Ganancias de las Grandes Empresas para Financiar la Crisis Sanitaria y el Déficit Fiscal!

¡Todos a la Calle a Defender los Salarios!