Por Nassar Echeverria

Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un país de inmigrantes. La población nativa fue casi aniquilada por los colonizadores europeos, quienes obligaron a los aborígenes sobrevivientes a vivir en “reservas”. Incluso, no es exagerado afirmar que Estados Unidos llegó a ser una potencia económica, producto de la migración que trasladaba mano de obra y cerebros a la economía en crecimiento.

Leyes migratorias proscriptivas

La Ley de Naturalización de 1790 permitía que solo las personas de ascendía europea podían optar a la naturalización, aunque después se les extendió ese derecho a las personas de origen africano, mediante la Ley de Naturalización de 1870, después de la finalización de la guerra civil (1861-1865).

Las restricciones a la inmigración continuaron. El 6 de mayo de 1882, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Exclusión de los Chinos, que prohibía la migración china, a pesar que fueron trabajadores chinos quienes laboraban en las minas y construyeron la red ferroviaria que permitió unir y dinamizar el mercado interno de Estados Unidos. La exclusión contra los chinos se mantuvo hasta el año 1952, después de finalizada la segunda guerra mundial.

La Ley de Migración de 1917, aprobada el 6 de febrero de 1917, en el transcurso de la primera guerra mundial, mantuvo la prohibición contra los chinos y la extendió al resto de países de Asia, introdujo el requisito de hablar y escribir en inglés, Con ellos también prohibió la migración del sur de Europa y los mexicanos. No podían emigrar los pobres, prostitutas, ni personas con discapacidades físicas y mentales. Estas exclusiones, especialmente contra los chinos, se mantuvieron hasta la Ley de 1952, aprobada cuando Estados Unidos ya era la principal potencia económica y militar del mundo.

Las oleadas migratorias hacia Estados Unidos han estado relacionadas directamente con la economía. La tolerancia o combate a la migración dependen de la situación económica del momento, y de la necesidad de mano de obra.

Declive de la población blanca anglosajona

En los últimos años, muchas de las restricciones migratorias que se debaten en el Congreso de Estados Unidos o que se aplican por la vía ejecutiva, están relacionadas con la urgente necesidad de mantener la hegemonía de la población blanca, de origen anglosajón, como la principal cantera de ciudadanos con todos los derechos políticos. Solo para citar un ejemplo, actualmente de cada cinco habitantes de los Estados Unidos, uno es de origen latino. La minoría más grande de Estados Unidos de la actualidad pasará de 46,7 millones de personas a 132,8, lo que supondrá que "casi uno de cada tres residentes de Estados Unidos será de origen hispano

Según el último censo de Estados Unidos, para el año 2042 la población blanca de origen anglosajón dejara de ser mayoría. En términos generales, la población blanca esta disminuyendo ante las oleadas migratorias y el ascenso de las minorías. La tendencia general es que para el año 2060 las minorías étnicas, que ahora son el 37% de la población, serán el 57%.

El Partido Republicano encabeza esta cruzada anti inmigrante, siendo Donald Trump su principal exponente en este periodo, con un discurso racista y supremacista blanco, boicoteando la reforma migratoria que el Partido Demócrata y Biden pretende aprobar

La diferencia entre republicanos y demócratas

No obstante, hay un nuevo factor externo que está incidiendo en cierta tolerancia de la administración Biden con la migración hacia Estados Unidos. China se ha transformado en el principal competidor económico de Estados Unidos. Para romper la alta dependencia con China, la administración Biden ha iniciado un proceso de recolocación de ciertas ramas de la industria, sacándolas de China y otros países, para volver a instalarla en Estados Unidos. Para lograrlo, necesita mano de obra.

Mientras los republicanos quieren cerrar las fronteras para proteger a la población blanca anglosajona, Biden y los demócratas quieren que ingrese mano de obra pero de manera controlada, para que los migrantes no sean beneficiados con el derecho a refugio o asilo. De esta manera pretenden que trabajen legalmente, pero retardando lo más que se pueda la posibilidad de que los migrantes conquisten derecho a residencia permanente, que es la puerta de entrada a la ciudadanía y al disfrute de los derechos políticos

A pesar que hay síntomas de recesión económica y de una alta inflación en Estados Unidos, la tasa de desempleo se encuentra en su punto mas bajo: 3,4%. Esto solo es posible cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, abre a discreción las compuertas en la frontera con México, para dejar entrar o retener a centenares de miles de migrantes, conforme las necesidades de la economía estadounidense.

Si bien es cierto que en este ultimo periodo, Estados Unidos ha necesitado mano de obra para poder competir con China, cuya población está decreciendo, las continuas oleadas de migrantes superan los cálculos y han creado una verdadera crisis en la frontera con México.

Con el “parole”, Biden ha priorizado la migración desde su patio trasero

Aunque, por un lado, Biden ha terminado aplicando las restrictivas políticas migratorias de la época de Trump, por el otro lado, la necesidad de mano de obra le obliga a permitir nuevos migrantes, para que trabajen en la industria. A diferencia de la época de Obama, cuando las deportaciones llegaron a cifras récord, esta vez Estados Unidos está apoyándose en otros países, como México, Canadá, España, Colombia y Guatemala.

El 10 de mayo del 2023 se levantó la orden del Título 42 autorizando al ICE aplicar el Titulo 8 de la Ley de Migración, que permite expulsar o deportar inmediatamente a quienes ingresen de manera ilegal a suelo de Estados Unidos, aplicando duras sanciones a los migrantes ilegales que fuesen capturados: expulsión acelerada, prohibición de ingreso a Estados Unidos por el lapso de cinco años, lo que les impide acogerse al derecho de refugio o asilo, si logran entrar más adelante.

El discurso de la administración Biden es que la migración debe ser legal y ordenada.

Para evitar enormes flujos de migrantes, que pueden optar al TPS o a medidas protectoras similares, el famoso “parole” no es otra cosa que las visas de trabajo, una forma migratoria que cayó en desuso, que permiten a una persona ingresar a trabajar legalmente a los Estados Unidos, por un periodo de dos años, sin tener la opción de aplicar a la residencia permanente.

El programa del “parole”, en realidad, no es creación de Biden, sino de la administración de George W Bush, quien en 2006 aprobó el llamado “Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos”, que alentaba a médicos y personal cubano de la salud a emigrar a Estados Unidos.

Centros Regionales de Procesamiento (CRP)

Las nuevas medidas, aplicadas por la vía ejecutiva, ordenan crear “centros regionales de procesamiento” en México, Guatemala y Colombia, para procesar las solicitudes del “parole”.

El procedimiento es similar a las solicitudes de asilo en la época de Trump, el que obligaba a los aspirantes a solicitar el asilo en un tercer país, mientras las cortes de migración resolvían la solicitud. La diferencia es que ahora se trata del “parole”, no del refugio o asilo, el que se puede aplicar, pero la aprobación exprés del “parole” es una tentación para el migrante que desea trabajar, aunque sea por tiempo limitado.

Además, no es lo mismo aplicar una solicitud de asilo en suelo norteamericano, con acceso a abogados especialistas y protegido por el sistema judicial, que hacer una entrevista on line en la que el funcionario de migración decide discrecionalmente, si existe “temor creíble”, sin mayores opciones de apelación

La situación es realmente compleja, ya que Estados Unidos necesita mano de obra migrante, pero al mismo tiempo la cantidad de migrantes es superior a las necesidades económicas de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el día que dio a conocer las nuevas políticas migratorias (que por cierto, han sido cuestionadas judicialmente por 17 gobernadores republicanos) declaró que “(…) actualmente hay más de 100 millones de personas en el mundo que están desplazándose, que se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y una vida mejor. Esa cantidad es mayor a la de cualquier otro período que se haya conocido en la historia. Y en nuestro propio hemisferio, estamos enfrentando un desafío migratorio sin precedentes. (…) Estados Unidos recibió seis veces más refugiados de América Latina y el Caribe en 2022, que durante el año previo. Las cifras hasta el momento indican que es muy probable que esas llegadas aumenten más del doble durante 2023” (27/04/2023).

La activa colaboración de México

A pesar de las criticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a las políticas de la administración Biden, en el tema migratorio hay acuerdos sustanciales que ya están siendo aplicados

A inicios de Mayo, la Dra. Elizabeth Sherwood-Randall, asesora en Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se reunió en ciudad de México con AMLO para discutir la implementación de las nuevas medidas migratorias, ya que México es uno de los CRP más cercano.

En una nota de prensa de la Casa Blanca, con fecha 2 de mayo del 2023, se reafirmó que “México reconoció el gran valor potencial de los centros de procesamiento regionales que los Estados Unidos anunció la semana pasada, y se analizó cómo México puede contribuir a su eficacia. Estados Unidos se propone recibir a incluso 100.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador en el marco de procesos de permisos (parole) de reunificación familiar”.

Más adelante, el comunicado conjunto se congratuló que “(…) Esta iniciativa, -que combina una expansión de las vías legales con consecuencias para la migración irregular-, logró la reducción del 95% en las interceptaciones en nuestra frontera compartida. Hoy, Estados Unidos se comprometió a seguir recibiendo a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en el marco de nuestro proceso de permisos de tipo “parole”. Por su parte, México continuará aceptando de regreso a migrantes bajo motivos humanitarios”.

Mientras la administración Biden aplica nuevas políticas migratorias para que quienes ingresen con el “parole” no tengan acceso a la residencia permanente, México colabora recibiendo deportados, quienes se encontraran ante la disyuntiva de regresar a sus países de origen, con las pérdidas económicas que implica, o terminar trabajando en las maquilas mexicanas, que también necesitan mano de obra esclava, con salarios muchos mas bajos que los de Estados Unidos

Por Armando Tezucún

El lunes 4 de septiembre se dio inicio al proceso de transición entre el gobierno saliente de Alejandro Giammattei y el entrante de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Estuvo presente una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por su secretario general, Luis Almagro; la Misión de Observación Electoral de la OEA acompañará el proceso hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades el 14 de enero de 2024, esto a solicitud del presidente Giammattei y del electo Arévalo.

En una conferencia de prensa brindada con posterioridad al acto oficial, Arévalo expresó que hizo ver al presidente saliente que su posicionamiento enfático de entregar el poder el 14 de enero “…sirva efectivamente para orientar y hacer que vaya desapareciendo ese asalto ilegal, ese intento de subvertir el orden constitucional y burlar la voluntad popular que está en marcha (…) desde instituciones del sector justicia” (Prensa Libre 04/09/2023).

Mientras Giammattei asume el papel oficial de niño bien portado, sus aliados en el Ministerio Público (MP) y los partidos de derecha continúan sin descanso minando los resultados del proceso electoral, y socavando las posibilidades de que el Movimiento Semilla asuma el gobierno de forma regular en enero próximo. A continuación, resumimos brevemente los últimos acontecimientos.

El 28 de agosto, la Dirección General del Registro de Ciudadanos (RC) resolvió suspender provisionalmente la inscripción del Movimiento Semilla, en acatamiento de la orden del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, emitida el 12 julio. En esa ocasión, el director del Registro de Ciudadanos había rechazado la orden del juzgado, pero esta vez adujo que el proceso electoral ya finalizó al haber tenido lugar la segunda vuelta electoral, por tanto, ya es factible suspender al partido.

La orden del RC se emitió unas horas antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializara los resultados de la segunda vuelta, proclamando a Arévalo y Herrera como binomio electo. Los abogados de Semilla presentaron ante el TSE un recurso de nulidad para dejar sin efecto la resolución del RC. El 30 agosto, sin esperar la resolución del TSE a este recurso presentado por Semilla, la Junta Directiva del Congreso de la República, integrada por partidos de derecha aliados de las estructuras mafiosas, decidió que la bancada de diputados de Semilla ya no constituye un bloque legislativo, declarándolos diputados independientes, sin partido; con esto, los legisladores de Semilla pierden varios derechos en el ámbito del organismo legislativo.

El 1 de septiembre, el binomio electo denunció un intento de golpe de Estado en curso. Arévalo acusó directamente a la fiscal general Consuelo Porras, al jefe de la Feci Rafael Curruchiche, al juez séptimo de instancia penal Fredy Orellana y a la Junta Directiva del Congreso.

El 3 de septiembre el pleno de magistrados del TSE suspendió la orden de cancelación de Semilla emitida por el RC, con el argumento principal de que oficialmente el proceso electoral finaliza el 31 de octubre. Pero esto deja la duda de que a partir del 1 de noviembre se podría generar de nuevo la orden de suspensión. La directiva del Congreso tuvo que recular y restituir al Movimiento Semilla como bloque legislativo.

Tras la denuncia de intento de golpe de Estado hecha por Arévalo y Herrera el 1 de septiembre, las protestas populares se han intensificado. El sábado 2 de septiembre varios miles de personas realizaron una marcha en la capital, que culminó en una concentración de varias horas en la Plaza Central; otras protestas acontecieron en Antigua Guatemala, Zacapa, Quetzaltenango y Cobán. El lunes 4 varias organizaciones indígenas realizaron plantones de protesta frente a las sedes del MP en varias ciudades, exigiendo la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana; las acciones se dieron en al menos 13 localidades del interior y en la capital. La Alcaldía Indígena de Sololá dio un plazo no mayor de 48 a los funcionarios corruptos para que presenten su renuncia. El día 5, autoridades ancestrales de varios pueblos indígenas realizaron una protesta frente al Congreso.

El sábado 9 organizaciones estudiantiles de la Universidad de San Carlos llevaron a cabo una manifestación de protesta en el Centro Histórico de la capital; ese día se realizó una protesta también en la ciudad de Cobán.

Sugerimos a la organizaciones sindicales y populares que plateen al próximo gobierno de Semilla la organización de una Asamblea Constituyente, que decida, entre otras reformas, la elección por voto directo y popular de los magistrados de las cortes de justicia, de la jefatura del MP y de los jueces, para prevenir que sean cooptados por los intereses de las mafias corruptas.

Por Abigail Zometa

En el marco de la celebración de los 202 años  de la independencia el pasado 15 de septiembre se dieron los desfiles oficiales y una movilización por parte de organizaciones sociales opositoras al gobierno de Bukele.

Desfile Oficialista

Como ha sido la tradición este año nuevamente   estudiantes de los diferentes centros educativos salieron a las calles con sus bandas de guerra, cachiporras, etc. Pero además también el Ejército y  la Policía Nacional Civil (PNC),  con sus diferentes unidades se hicieron presentes, lo cual siempre han realizado, pero en esta ocasión fueron enaltecidos por el gobierno, quien busca congraciarse con los militares y demostrar su fuerza militar. Agregado a ello según denuncias los empleados públicos fueron llamados a incorporarse al desfile oficialista.

Movimiento social se moviliza contra gobierno

Ademas del  desfile oficialista, también organizaciones  sindicales, campesinas, populares,  Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), etc. y partidos políticos de la oposición se movilizaron contra el gobierno de Bukele.

Entre las demandas estuvieron la no reelección presidencial, un alto al regimen de excepción y a las violaciones de los Derechos Humanos, etc.

Respeto a la reelección Daniel Rodríguez. Secretario general de Simeduco manifestando: “Nos unimos como Simeduco al pueblo salvadoreño que estamos descontentos con las políticas de este gobierno presidido por el presidente Bukele. Nos unimos en el sentido de alzar la voz para pronunciarnos en contra de la reelección presidencial porque es inconstitucional.” (DEM.15/09/2023). Respecto al regimen de excepción Ingrid Escobar, directora  del Socorro Jurídico Humanitario expreso:  “La justicia decía Monseñor Romero es igual a la serpiente que solo muerde a los que están descalzos y así ha sido, la mayoría de gente capturada, inocente es gente de extrema pobreza que en el inicio del régimen de excepción no tenía como defenderse cuando los policías llegaban a capturar por cuotas, se han llevado entre los capturados a profesores, artistas, jornaleros, pastores, pescadores, sindicalistas, personas con discapacidad” (LPG.16/09/2023).

Trabajar en la unidad del sector salud y empleados públicos

Ademas de los sindicatos de educación tambien salieron a manifestarse del sector salud una de las organizaciones de este sector es el Colegio Médico el cual  a través de su Presidente Roberto Montoya, denuncio la situación de persecusión que vive el sector salud Expresando: “Luchamos para que se respete la posición de los médicos en la sociedad. Esto no puede ser así, que están con fotografías denigrando al gremio, es una injusticia. Lo que pedimos es justicia y mejoremos el sistema de salud que está realmente bastante mal. Fuera de eso, está el efecto del terror en toda la gente, incluso de la fuerza, pocos colegas se atreven a venir, pero todos están al final con el lazo blanco.” (DEM. 15/09/2023).

Es de agregar que ademas de respetar a los médicos también es necesario se respete a todo el personal que labora en los diferentes centros de atención médica-hospitalaria del MINSAL, ISSS y del sector privado,  ya que la funciones realizadas por todo el personal son importantes para el restablecimiento de la salud de los pacientes.

El llamado es a que se integre una coordinadora de lucha de los trabajadores de salud en donde tengan representacion los diferentes sectores de  trabajadores y se mantenga informado a los trabajadores de lo que está dialogando o negociando.

Participación de  partidos de oposición electoral

A la movilización tambien se hicieron  presentes  candidatos de los partidos políticos que participarán en  elecciones presidenciales del 2024  entre los que estuvieron por  Partido Nuestro Tiempo: Luis Parada, por   Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Joel Sánchez y por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Manuel Flores. Ademas de los anteriores también participaron las diputadas Anabel Belloso,  Claudia Ortiz , etc.

Respecto al por que de su participación en la marcha el Candidato presidencial del FMLN expresó: “Estamos acompañando al pueblo, a la clase trabajadora, acompañando los procesos de autodeterminación e independencia. La reivindicación no solo de la independencia sino la reivindicación salarial, laboral, de salud y educación.” (DEM.15/09/2023).

El hecho que los  candidatos presidenciales de Nuestro Tiempo, ARENA y FMLN  hayan participado en la movilización deja un mensaje  entre lineas, el cual debemos saber leer, ya que si bien no han hecho pública una coalición electoral de cara a la primera vuelta electoral, la práctica dice otra cosa.

Defendamos los intereses de la clase trabajadora

Está claro los candidatos de los partidos políticos se movilizaron en función de su candidatura e interés políticos partidarios pero debieron valorar si su  participación  beneficiaria o afectaría al movimiento social opositor al gobierno,  ya que el oficialismo lo utilizaría para desligitimar la movilización.

En estos momentos el gobierno de Bukele arrastra una limitación de los Derechos y Libertades Democraticas,  así mismo ha lanzado  una ofensiva represiva contra los trabajadores y sindicatos de empleados públicos, lo anterior unido a la crisis financiera, está llevando a un desgaste de su gobierno y a un aumento del descontento del pueblo salvadoreño, dicho descontento no debe ser  desviado a la mesa electoral.

Si bien todos trabadores tienen sus preferencias electorales, el llamado es a la unificación de todos los trabajadores por encima de los partidos electorales pero en función de defender los intereses  de la clase trabajadora cómo son el respeto a las Libertades Sindicales, reinstalo inmediato de todos los trabajadores despedidos, restablecimiento de Derechos y  libertades democráticas.  Además del partido oficialista  los partidos políticos del sistema deben respetar la independencia de las organizaciones sindicales y no imponer sus agendas.

Por Carlos M. Licona

La historia en los colegios magisteriales deja mucho que desear, de tener luchas ideológicas con los gobiernos dictatoriales de los últimos 40 años en el siglo XX, se pasó a la lucha por el poder y las finanzas de los mismos. Y, es que, para un docente con un salario aceptable pero que, no da para vivir en la abundancia, dirigir un colegio magisterial se volvió en el objetivo de búsqueda; llegar a la dirección de los mismos significa encontrar una mina de oro para satisfacer las ambiciones personales y familiares.

Para las direcciones más progresistas que tuvieron que huir y esconderse de la represión de los militares, se ha pasado a pelear contra las burocracias incrustadas en las finanzas de cada sindicato o colegio magisterial. No es casual que las bases en el magisterio han dejado de tener confianza en todas las dirigencias gremiales, ser un dirigente en los tiempos actuales significa cometer dolo, desviar fondos, pedir un favor sexual a cambio de favorecer con una plaza en propiedad, ser un dirigente significa tener una chequera en blanco.

¿Porqué la base dejó de confiar en las dirigencias?

En la década de los ochenta y noventa los dirigentes tenían credibilidad, ningún dirigente se hizo millonario a costa de estar al frente de un sindicato o gremio, ninguno adquirió una casa con piscina o se volvió empresario. Entre las actividades de los dirigentes se tenía como eje central la exigencia de salarios y mejorar las condiciones mínimas de trabajo.

El quehacer diario era proteger a cada empleado de la represión del patrono, existía la solvencia moral y la preparación ideológica idónea para debatir con los representantes del Estado. Y, lo más importante, no existía en las finanzas de las organizaciones la cantidad de dinero que existe ahora.

Desde los mismos gobiernos se penetró las diferentes organizaciones, de tal forma que, las dirigencias fueron cooptadas muchas veces y las luchas traicionadas, el magisterio siempre ha contado en sus filas con maestros que militan en el Partido Nacional o el Partido Liberal, y, ahora, en el Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Creer que un dirigente del magisterio solo por militar en el Partido LIBRE ya son santas palomas, es totalmente equivocado, al contrario, se vuelve más peligroso para las organizaciones cuando desde el mismo gobierno se pretende controlar las mismas, tal y como sucede actualmente, que desde el mismo gobierno se pretende asaltar los colegios magisteriales, siendo los más grandes los apetecidos.

En la base del magisterio, hay dos cosas que calan enormemente, la principal es que los dirigentes se roben el dinero y la segunda es ver traicionadas las luchas, de ahí que, estas dos situaciones ocurren sistemáticamente, de las últimas traiciones que el magisterio recuerda está la del 2004 en el gobierno de Ricardo Maduro Joest (2002-2006), la segunda fue a mitad del 2011 e inicios del 2012, cuando nuevamente el magisterio se sintió traicionado.

Muchos docentes consideran que también en el 2006 y 2019 el magisterio fue traicionado, no obstante que, en el 2006 se llegó a un acuerdo con José Manuel Zelaya Rosales y en el 2019 se derogaron los famosos PCM que privatizaban la Educación Pública, en el gobierno de Juan Orlando Hernández.

Al no realizarse balances de lucha, en el sabor de la base del magisterio quedó la traición, mucho se podría discutir al respecto, pero, lo cierto es que la base dejó de creer en las dirigencias.

¿Qué pasa en el COPEMH?

El Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) siempre se ha considerado un colegio de vanguardia en la lucha, pero esto no significa que sea invulnerable a los saqueadores de turno.

Por mucho que se diga que el COPEMH fue de vanguardia, lo cierto es que todo lo que se hacía en esta organización pasaba por la venia de caciques de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), desde esa instancia se dictaba todo lo que se debía hacer y quién tenía que dirigir, esa realidad se fue rompiendo desde las mismas entrañas de la organización, hasta que, el divorcio entre la dirigencia y la UPNFM fue absoluto. Si bien es cierto esto fue significativo, se volvió en una oportunidad para que una nueva burocracia se apropiara del COPEMH, nuevamente, con un grupo a nivel nacional deseoso de sanear el Colegio Magisterial, en el 2019 logró ganar las elecciones con la promesa de una AUDITORÍA FORENSE.

La AUDITORÍA FORENSE se realizó y dejó como resultado la cantidad aproximada de 64 millones de lempiras sin sustento legal, esto ha ocasionado que nuevamente, el FRENTE que en el 2019 se enfrentó al poder, se dividiera en dos; en un lado quienes pretenden seguir con las mismas prácticas del pasado en alianza con los derrotados del 2019, y, por otro lado, quienes consideran que el “Proyecto de un Nuevo COPEMH” aún es posible.

Corresponde a la base del COPEMH decidir su propia historia.

Por Victoriano Sánchez

La cancelación de alrededor de treinta universidades de “zaguán” en el último año, ha provocado un agrio debate sobre las reales intenciones de la dictadura al nacionalizar esos centros privados de educación superior.

Los medios digitales identificados con la oposición burguesa y pequeño burguesa denuncia el “robo” y el ataque contra la “autonomía universitaria” y la calidad de la enseñanza, pero se los olvida mencionar que la definición de autonomía universitaria, contenida en el artículo 127 de la Constitución, no es aplicable a los universidades privadas de “zaguán”, por constituir un negocio lucrativo de sus dueños.

La reciente cancelación de la Universidad Centroamericana (UCA), propiedad de los jesuitas de la Compañía de Jesús, quizá la única de las universidades privadas que gozaba de prestigio y de cierta calidad en la enseñanza, ha reavivado el debate sobre cuáles son las reales intenciones de la dictadura.

El rol de los jesuitas en Centroamérica y Nicaragua

Para comprender lo que pasa, debemos analizar brevemente el rol de los jesuitas en Nicaragua y sus contradicciones con la dictadura.

Los jesuitas fueron una orden militar dentro de la Iglesia Católica, encargada de formar y educar a las elites en los diferentes países donde funcionan. A pesar que ya no son el ejército de la Iglesia, conservan un alto grado de organización, disciplina y dirección centralizada, al grado que, con los escándalos de pederastia dentro de la Iglesia Católica, los cardenales tuvieron que elegir en marzo del 2013 a un jesuita, el actual papa Francisco, para poner orden dentro de la Iglesia Católica.

Los jesuitas, tienen una larga presencia y tradición en Centroamérica. En Guatemala, el dictador liberal Justo Rufino Barrios decretó su expulsión en septiembre de 1871. Al año siguiente, en mayo de 1872, bajo la presidencia provisional del liberal Manuel Méndez los jesuitas fueron expulsados de El Salvador. Los jesuitas expulsados se refugiaron en Nicaragua. No obstante, una década después, en junio de 1881, fueron expulsados de Nicaragua por el gobierno conservador de Joaquín Zavala, quien los acusó de alentar la insurrección indígena que tomó Matagalpa ese mismo año.

Regresaron a Nicaragua en 1916, bajo la segunda republica conservadora, cuando Nicaragua se encontraba ocupada militarmente por los marines norteamericanos. Crearon el Colegio Centroamérica en donde se educaba la elite de la oligarquía nicaragüense. Mantuvieron buenas relaciones con la dictadura somocista, al grado que Anastasio Somoza Debayle donó a los jesuitas los valiosos terrenos donde funcionaría la primera universidad privada en Nicaragua.

La Universidad Católica Centroamericana, sección de Nicaragua, fue creada como una asociación civil sin fines de lucro, obteniendo la Personalidad Jurídica mediante Decreto No. 518, publicado en Gaceta No. 184 del 13/08/1960. Posteriormente, reformó sus Estatutos en 1961, denominándose “Universidad Centroamericana de Nicaragua” o simplemente “Universidad Centroamericana (UCA)”, ratificado con el Decreto Ejecutivo No 503, publicado en La Gaceta No 185 del 15/08/1961.

Cuando se inició la crisis de la dictadura somocista en 1974, con la rebelión de los empresarios del COSIP, los jesuitas comenzaron a tomar distancia del somocismo.

En ese periodo (1973-1979) ocurrió un fenómeno político en Nicaragua: los jóvenes de clase media que estudiaban en colegios católicos se radicalizaron, y se agruparon en movimientos cristianos revolucionarios que, bajo la bandera de la Teología de la Liberación, se incorporaron a la lucha popular y terminaron militando en las filas del FSLN, primero como colaboradores y después como combatientes, aportando muchos cuadros a la lucha insurreccional contra la dictadura somocista. Entre esos colegios religiosos, cuyos alumnos lucharon contra la dictadura somocista, destacan el Colegio Centroamérica, el Colegio Teresiano, Colegio Inmaculada Concepción de Maria, Colegio La Salle, etc.

De todas las congregaciones religiosas se destacaron los jesuitas y obviamente la UCA. Los jesuitas experimentaron un giro hacia la izquierda en toda Centroamérica, estableciendo nexos especiales con la guerrilla en Nicaragua y El Salvador. En 1971, Somoza Debayle expulsó al padre José Maria Sanjinés, por participar en la lucha contra la dictadura. El Grupo de los Doce, creado en 1977 como primera propuesta de gobierno de Unidad Nacional por parte de la guerrilla del FSLN, tenia como uno de sus miembros al padre Fernando Cardenal, sacerdote jesuita.

En noviembre de 1989, cuando ya se habían firmado los Acuerdos de Esquipulas II, el Ejército salvadoreño penetró al campus de la UCA, en San Salvador, y masacró a seis jesuitas por considerar que eran parte de la conducción de la guerrilla del FMLN.

Y así podemos citar muchos ejemplos más del involucramiento de los jesuitas en la lucha revolucionaria de ese momento.

En Nicaragua, los jesuitas pagaron un alto costo político por acompañar la lucha guerrillera del FSLN y apoyar al gobierno sandinista durante la revolución (1979-1990): la burguesía y sectores de la clase media alta no volvieron a confiar en ellos y no enviaron a sus hijos a la UCA. Después de 1990, bajo el gobierno de Violeta Chamorro, la UCA dependió totalmente del presupuesto del 6%. No era una casualidad que las principales movilizaciones estudiantiles de esa época, en los años 90, tenían como epicentro la UCA, y no la UNAN. Estas movilizaciones eran producto de la lucha estudiantil, no de la actividad de los jesuitas, aunque la UCA salía beneficiada por recibir una cuota alta del presupuesto del 6% para las universidades estatales, siendo una universidad privada. Esta contradicción provocaba malestar entre los activistas estudiantiles.

A final de los años 90 se inició un lento divorcio entre los jesuitas y el FSLN. Los jesuitas lucharon en las sombras por recuperar el control de la UCA, sin romper abiertamente con el FSLN, porque necesitaban la valiosa asignación del 6%. A partir del 2007, cuando el FSLN recuperó el gobierno, continuó el discreto proceso de distanciamiento pero fue hasta en abril del 2018 que se produjo la ruptura pública.

Los tiempos habían cambiado, el FSLN se había erosionado políticamente después de abril del 2018, y entonces los jesuitas comenzaron a enarbolar las banderas de la democracia, contra la dictadura Ortega-Murillo. A pesar de haber sido aliados del FSLN por más de dos décadas, calcularon que había llegado el momento de pasar a la oposición abierta, de la misma manera que en su momento le dieron la espalda al somocismo. Igual que Somoza, la dictadura Ortega-Murillo consideró que los jesuitas los habían traicionado en un momento crucial. El castigo de la dictadura fue la exclusión de la UCA en el Consejo Nacional de Universidades (CNU), el recorte del 6% hasta llegar a cero las aportaciones estatales, profundizando la crisis financiera de la UCA.

La venganza de la dictadura contra los jesuitas fue implacable, primero la cercaron financieramente para después asestar el golpe final. Era cuestión de tiempo y de cálculos políticos.

Una muerte anunciada

El 9 de agosto del 2023, las autoridades de la UCA fueron notificadas que sus cuentas bancarias habían sido congeladas, por existir una causa judicial en su contra, sin especificar los orígenes de la misma.

Ese mismo día, María Amanda Castellón Tiffer, en su calidad de Directora General Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), entidad subordinada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió una resolución que revocó “(…) la renovación de la acreditación emitida el diecisiete de abril del presente año 2023 al Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana (UCA) (…) en consecuencia el Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana (UCA) queda inhabilitado para administrar la Mediación como método alterno de resolución de conflictos (…)”. Este acuerdo fue comunicado inmediatamente y publicado posteriormente en La Gaceta No 147 del 14/08/2023.

Siguió una semana de incertidumbre y rumores sobre el destino de la UCA, los trabajadores y docentes no pudieron recibir sus pagos.

El 15 de agosto, la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, en un juicio penal impulsado por la Fiscalía contra las supuestas “actividades terroristas” en la UCA, mediante sentencia ordenó “(..) la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA (…) la incautación de todos los bienes descritos en el punto anterior sea a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos (…)”

Dos días después, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano rector de la educación superior, por medio de una nota de prensa, sin publicar el texto del acuerdo, dio a conocer que en la sesión Ordinaria No. 23 del 17 de agosto del 2023 los miembros del CNU acordaron cancelar la autorización de funcionamiento de la Universidad Centroamericana (UCA). Inmediatamente, en la misma sesión, el CNU procedió a crear, sobre las ruinas de la UCA, una nueva universidad denominada Universidad Nacional “Casimiro Sotelo Montenegro”, en honor al dirigente estudiantil sandinista.

Ese mismo día, 17 de agosto, de manera casi simultánea, la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, emitió el Acuerdo Ministerial No 104-2023-OSFL, acordó “(…) aprobar la cancelación de Personalidad Jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA), conforme Sentencia emitida por el Juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Nicaragua de la Circunscripción de Managua, con fecha 15 de agosto del 2023; en cumplimiento a la Sesión Ordinaria No. 23-2023 del 17 de agosto del 2023, emitida por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y por obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de OSFL, al no reportar sus Estados financieros períodos fiscales 2020, 2021, 2022 y encontrarse su Junta Directiva vencida desde el 18/03/2022. (…) Lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles de conformidad a lo establecido en el artículo 47 párrafo 2 del Reglamento de la Ley 1115, corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua”.

Este Acuerdo fue publicado en La Gaceta No 151 del 18 de agosto de 2023.

En el marco de la guerra sin cuartel contra las asociaciones civiles sin fines de lucro,  la Ley No 1115 y de la emisión del Decreto No 01-2023, Reglamento de la Ley No 1115, publicado en La Gaceta No 31 del 20 de febrero de 2023, establecieron una diferenciación entre la “disolución voluntaria” y “disolución por incumplimiento” de las ahora denominadas organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Cuando la disolución es voluntaria, se aplica lo establecido en los Estatutos en relación al destino de los bienes, pero cuando la disolución es por incumplimiento de la Ley No 1115, es decir, cuando es una sanción de la dictadura, los bienes muebles e inmuebles pasan automáticamente a manos del Estado.

Como la cancelación de la personalidad jurídica de la UCA fue producto de la sanción impuesta por el Acuerdo Ministerial No 104-2023-OSFL, todos sus bienes pasaron a manos del Estado, a pesar que el artículo 42 de la Constitución prohíbe las confiscaciones.

El CNU autoriza, pero …

Cuando se produjo la cancelación masiva de universidades de zaguán en 2021, La Asamblea Nacional otorgó, en febrero 2022, mediante ley, la personalidad jurídica a las nuevas universidades estatales: la Universidad Multidisciplinaria “Ricardo Morales Avilés”, la Universidad Nacional “Francisco Luis Espinoza Pineda” y la Universidad Nacional Politécnica (UNP).

Aunque el CNU aprobó del Acuerdo No. 154-2023 que autorizó la creación de la nueva Universidad Nacional “Casimiro Sotelo”, y el Acuerdo No. 155-2023 que nombró a Alejandro Enrique Genet Cruz como Rector, a Luz Marina Ortis Narváez como Vice Rectora, y a Moisés Ignacio Palacios como Secretario General, todavía hace falta que la Asamblea Nacional otorgue la personalidad jurídica a la nueva universidad, mediante un Decreto Legislativo, conforme el artículo 138 de la Constitución.

Debate sobre el cobro de aranceles

Casimiro Sotelo fue un legendario dirigente estudiantil que en 1962 fue electo secretario de Relaciones Públicas del Centro Estudiantil Universitario de la Universidad Centroamericana (CEUUCA), y en 1966 llegó a ser secretario general del Frente Estudiantil Revolucionario (FER), la más importante organización estudiantil universitaria a nivel nacional.

El 4 de noviembre de 1967 un delator permitió la captura de Casimiro Sotelo, Edmundo Pérez, Roberto Amaya y Hugo Medina, militantes del FSLN en la clandestinidad. Todos fueron torturados y asesinados cruelmente por la dictadura somocista.

La dictadura rinde homenaje a Casimiro Sotelo, al poner su nombre a la nueva universidad. El 18 de agosto fue el acto de inauguración de la nueva Universidad Nacional “Casimiro Sotelo”. En dicho acto, Ramona Rodríguez Pérez, Presidenta del CNU y Rectora UNAN-Managua, al final de su discurso, eufórica, declaró solemnemente: “(…) las Autoridades que pondremos en posesión de sus cargos el día de hoy asumen una misión histórica (…) por ello les anunciamos que esta Universidad del Pueblo es gratuita para garantizar la formación y el futuro de los jóvenes, hombres y mujeres, hijas e hijos de las Familias de escasos recursos económicos de esta Nicaragua Bendita y Siempre Libre… no habrá ningún arancel o pago”. (TN8, 18/08/2023)

Esta noticia llamó la atención de los estudiantes que se encuentran en un limbo. No obstante, en una posterior entrevista en Canal 4, ante la pregunta si habría cobros en la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo”, Ramona Rodríguez aclaró que: “En la UNAN-Managua los estudiantes no pagan, los estudiantes aportan 200 córdobas por matricula por semestre en curso regular y los sabatinos, de profesionalización aportan 100 córdobas por semestre (…) El aporte ya lo definirá la universidad en concepto de matrícula. En la UNAN el aporte de prematricula que aporta el estudiante es de 350 córdobas (…) “Los postgrados no (los cubre el 6 por ciento), son libres. El 6 por ciento constitucional es para el grado, el pregrado, o sea, la formación en técnico superior, las licenciaturas e ingenierías. El postgrado es autofinanciado”. (Nicaragua investiga, 21/08/2023)

De esta manera, quedó aparentemente aclarado que solo los estudiantes de pregrado y grado pagarían los aranceles establecidos para las universidades estatales, y que los estudiantes de postgrado pagarían completamente sus estudios.

El Acuerdo No. 154-2023 publicado en la Gaceta No 155, del  24/08/2023, estableció de manera general que la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo Montenegro” “operará de forma autofinanciada”, lo que reavivó el debate. No obstante, debido al malestar causado por la noticia de posibles cobros de aranceles como otra universidad privada, el CNU publicó una “fe de erratas” en La Gaceta No 156 del 25/08/2023 reafirmando que el funcionamiento de la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo” será “financiado con el presupuesto del Estado de Nicaragua”. Con esta aclaración, ya no quedan dudas de que la nueva universidad cobrara el mismo arancel establecido para las universidades del Estado.

Una política para recuperar la credibilidad entre los estudiantes

Después de las protestas de abril-mayo del 2018, y de la brutal represión contra los grupos estudiantiles, que envió al exilio a los grupos sobrevivientes, en el transcurso del 2022 y 2023 la dictadura inicio un proceso de estatización o nacionalización de casi una treintena de universidades privadas.

No cabe la menor dudad que la dictadura ha iniciado un proceso de acercamiento con los estudiantes, cerrando universidades de zaguán que cobraban costosos aranceles, transfiriéndolas al Estado, y estableciendo el cobro de aranceles para las universidades estatales, que es mucho menor que el que pagaban anteriormente.

Esta política de estatización parcial de la educación superior es rechazada por la totalidad de los grupos estudiantiles de oposición, quienes se van al otro lado, defendiendo la educación privada, sin analizar el contenido contradictorio de esta política. A veces los árboles no permiten ver el bosque.

Evidentemente, muchas de las acciones de la dictadura provocan rechazo, pero que los jóvenes puedan ingresar a las universidades estatales pagando los aranceles mínimos, es objetivamente una conquista social para muchos de ellos, aunque la medida haya sido adoptada por una dictadura.

A pesar de los intentos de recuperar la confianza de los estudiantes, la cobija no da para todos, cada año muchos estudiantes quedan fuera de las universidades estatales, porque sencillamente no hay cupos.

Alejandro Genet Cruz, rector de la Universidad Casimiro Sotelo, reconoció esta realidad e informó sobre la campaña para atraer estudiantes: “Haremos visitas a los colegios del Ministerio de Educación para darles a conocer la oferta (…) Le haríamos un llamado a todos aquellos muchachos y muchachas que por falta de recursos no continuaron sus carreras en la universidad, creo que hay una buena cantidad de muchachos que tuvieron que retirarse porque sus condiciones económicas no les permitían continuar”. (Nicaragua investiga, 21/08/2023)

La dictadura pretende congraciarse con los estudiantes al mismo tiempo que establece mecanismos de control en las nuevas universidades estatales, para evitar estallidos sociales como el de abril del 2018. Es una combinación de la política de zanahoria y garrote. Al mismo tiempo que estatiza la extinta UCA y crea una nueva universidad nacional, con aranceles bajos, mantiene la represión contra los activistas estudiantiles que todavía permanecen en el país

A la lista de presos políticos debemos agregar las recientes capturas de Adela Espinoza, otrora activista del Movimiento de Defensa Estudiantil de la UCA (MEDEUCA), a Gabriela Morales, ex atrincherada de la UNAN y Mayela Campos, estudiante de la UNI. Es una política que combina las concesiones materiales con la represión, para mantener el control en las universidades estatales.

Reclamo de los jesuitas

Como era de esperarse, la Compañía de Jesús se pronunció contra la cancelación de la UCA y el decomiso de sus bienes.

Arturo Sosa Abascal, líder mundial de los jesuitas, se quejó que a la UCA “se le ha negado el derecho a la legítima defensa”, pero en tono conciliador declaró: “(…) Me uno al reclamo para que se revierta y corrija esta medida judicial contra la UCA, para que cese la agresión gubernamental contra ella y contra sus integrantes, para que se abran caminos de diálogo en base a la verdad, la libertad y el derecho a la calidad de la educación de la juventud y de todo el pueblo de Nicaragua”. (Elsavador.com, 17/08/2023)

“Un juicio justo -con una justicia imparcial- sacaría a la luz la verdad de toda la trama que el gobierno ha venido ejecutando, desde las protestas juveniles del 2018 contra la UCA, contra otras muchas obras de la Iglesia Católica y con miles de instituciones de la sociedad civil, con el fin de asfixiarlas, cerrarlas o apropiárselas”. (100% noticias, 17/08/2023)

Todas las universidades jesuitas del mundo, expresaron su condena, así como un conjunto de gobiernos y personalidades, profundizando el aislamiento internacional de la dictadura. Obviamente, los jesuitas defienden sus intereses como educadores de las elites.

Cancelación de la Compañía de Jesús

La dictadura continuó con su plan de aniquilar la influencia social de los jesuitas. El 22 de agosto, la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, emitió el Acuerdo Ministerial No. 105-2023-OSFL, por medio del cual canceló “(…) la Personalidad Jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, por no cumplir con sus obligaciones conforme Ley (no reportar Estados financieros 2020, 2021, 2022 y estar su Junta Directiva vencida desde el 27/03/2020)”.

Los ataques a la Iglesia Católica, el asedio a los colegios religiosos y la cancelación de la Compañía de Jesús pretende evitar que los curas y sus organizaciones juveniles pastorales, diseminadas por todo el país, jueguen el mismo rol de los movimientos cristianos revolucionarios en el periodo 1972-1979.

Y para rematar el proceso de liquidación de los jesuitas, a pesar que el Acuerdo Ministerial No 104-2023-OSFL canceló la personalidad jurídica de la UCA, la Asamblea Nacional aprobó, el 23/08/2023, la Ley No 1162, que deroga el Decreto No. 518, publicado en Gaceta No. 184 del 13/08/1960 y el Decreto Ejecutivo No 503, publicado en La Gaceta No 185 del 15/08/1961, anteriormente citados.

La existencia legal de los colegios Centroamérica y Loyola, así como el proyecto social Fe y Alegría, dirigidos por los jesuitas, tienen los días contados. Tomando en cuenta que los dos últimos rectores de la UCA, jesuitas nicaragüenses, no pueden ingresar al país, probablemente la dictadura expulsará a los jesuitas de otras nacionalidades, finiquitando lo que sería la segunda expulsión de los jesuitas en la historia de Nicaragua.

¿Qué actitud deben tomar los estudiantes?

En primer lugar, no podemos sudar calenturas ajenas. Que los jesuitas defiendan sus intereses, y los estudiantes defiendan sus propios intereses. Si la nueva Universidad Nacional “Casimiro Sotelo”, permite el ingreso de los jóvenes que han quedado fuera del sistema de educación superior, debemos recibir la noticia como positiva para miles de jóvenes. Esto no significa apoyar políticamente a la dictadura, simplemente seria una conquista social para miles de estudiantes pobres.

En segundo lugar, debemos exigir que se cumpla con la “fe de erratas” publicada en La Gaceta La Gaceta No 156 del 25/08/2023, que aclara que la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo” será “financiado con el presupuesto del Estado de Nicaragua”, es decir, que los estudiantes pagaran los aranceles establecidos para las universidades estatales.

En tercer lugar, se debe garantizar los puestos de trabajo al personal que trabajaba en la UCA, para evitar la fuga de personal calificado, que no haya represalias contra los trabajadores administrativos y el personal docente.

En cuarto lugar, la situación de la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo” es la misma de las otras universidades estatales, es decir, debemos luchar por la autonomía universitaria, que la dictadura no tenga injerencia en la catedra universitaria, y que exista libre organización estudiantil.

En quinto lugar, corresponde a estudiantes, trabajadores y docentes, escoger a las autoridades universitarias para conformar democráticamente el gobierno universitario.

En sexto lugar, debemos mantener nuestro rechazo a la dictadura. La lucha por la democratización de Nicaragua es la misma lucha por la democratización y la autonomía de las universidades.

Por José René Tamariz

Costa Rica ha sido uno de los países de Centroamérica y Latinoamérica que, históricamente, se había caracterizado por procurar y garantizar un buen estado de bienestar social a sus ciudadanos. Ese derecho se logró y constitucionalizó en 1949, producto del conflicto político-militar que vivió el país en esa época. El artículo 50 de la Constitución Política señala que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Sin embargo, los gobiernos de turno en los últimos años, producto de la aplicación de sus diversas políticas neoliberales, han provocado un deterioro y disminución constante de ese estado social de derecho, poniendo en peligro su existencia. El gobierno de Rodrigo Chaves, un político advenedizo, neoliberal confeso y agente de organismos financieros internacionales, está llevando hasta el extremo sus políticas de austeridad en el terreno del gasto social, poniendo en peligro la sobrevivencia ese estado de bienestar social.

Rodrigo Chaves y sus serviles ministros a los cuales trata tanto de forma privada y pública como sus empleados, llevan a cabo un furibundo ataque generalizado contra las instituciones emblemáticas que representan ese estado social de derecho, desafiando y violando abiertamente las distintas formas de autonomías de las cuales gozan esas instituciones. Veamos algunos ejemplos ilustrativos.

Los Ataques a la CCSS

En esa arremetida se pueden enumerar los siguientes hechos. La destitución de toda la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el nombramiento de nuevos miembros, sin consultar a los diversos sectores sociales y sin elección por parte de ellos de sus representantes en dicha junta; el estribillo permanente de que la “Caja está quebrada” que tiene el claro objetivo de avanzar en más privatización de los servicios de salud; el plan de la gerencia médica de la CCSS para “… implementar un mecanismo de copago para que los asegurados paguen por consultas externas y procedimientos quirúrgicos en clínicas y hospitales privados y luego la Caja les reintegre el 60% de ese costo, con el fin de reducir las listas de espera” (Semanario Universidad. Semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2023).

Por otra parte, tanto Rodrigo Chaves como Marta Esquivel, actual presidenta de la CCSS, se oponen a pagar la billonaria deuda que tiene el Estado con esa institución. Esa flamante presidenta ha señalado que “Queda claro que la legislación actual del modelo de servicios de salud es financieramente insostenible”. No obstante, la denominada “Opinión técnica” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la CCSS se contraponen con lo planteado por Esquivel y el gobierno.

La Arremetida contra las Universidades Públicas

El ataque virulento de Chaves y sus diversos ministros (Educación, Hacienda y Planificación) en contra del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), y, en especial hacia la Universidad de Costa Rica (UCR) es significativo de esa campaña contra el estado social. Por otra parte, Rodrigo Chaves, en su reciente gira por los Estados Unidos, frente a la nueva inversión por $1.200 millones de la multinacional Intel en Costa Rica, de forma despectiva señaló que “Intel no nos ha preguntado cuántos sociólogos, antropólogos van a producir las universidades de Costa Rica. No. Preguntan cuánta ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas e inglés”. (Semanario Universidad. 31 de agosto de 2023). Y más adelante declaró que “Y tenemos ahora a la Universidad de Costa Rica, llevándose la tajada del león del FEES para financiar esas carreras por las que nadie pregunta”. (Ídem).

Cuestionamiento del 8% del PIB para la Educación

Rodrigo Chaves en diversas ocasiones ha declarado que la reforma constitucional del articulo 78 de la Constitución Política que elevó el presupuesto para la educación del 6% al 8% del PIB fue “una medida populista”. Haciendo de ventrílocuo de Rodrigo Chaves, la flamante ministra de educación, Katharina Müller, entre descabelladas declaraciones sobre educación, planteó “¿Quién inventó el 8%? ¿De dónde surgió el 8%? ¿Dónde está la base científica que respalde el 8%?”. (La Nación, 06 de septiembre de 2023). Ese planteamiento de la ministra Müller fue discutido y superado cuando se realizó la reforma constitucional del 8% en el seno de la Asamblea Legislativa en el año 2011, hace 12 años! Esa es una política que pretende hacer retroceder la rueda de la historia al pasado y, por ende, reaccionaria.

De acuerdo con el último Informe del Estado de la Educación 2023 “Uno de los principales retrocesos experimentado en los últimos cinco años es la reducción en la Inversión Social Pública (ISP) en educación. Se trata, en este caso, de un retroceso absoluto, que compromete significativamente el potencial de crecimiento económico y desarrollo futuro, por cuanto limita la formación de recursos humanos de alta calidad y la capacidad para sostener los avances de los últimos años… ese debilitamiento de la inversión educativa impacta fuertemente las políticas sociales selectivas como los incentivos económicos para estudiar (becas) o cuasi monetarios (alimentación complementaria)”. (Resumen Estado de la Educasión 2023, página 50). Nota: la palabra “educasión” es propia de ese informe para hacer un llamado de atención sobre la profundidad de la crisis actual de la educación. 

Año tras año la inversión en educación ha venido disminuyendo, producto de las políticas neoliberales de austeridad. Veamos. En el año 2022 la inversión en educación disminuyó a 5,9% del PIB; en el año 2023, cayó al 5,46% del PIB y en el presupuesto nacional para el año 2024 se estipula otra caída de esa inversión al 5,22% del PIB. De otro lado, el Informe de la Educación señala que “Los análisis realizados para este informe muestran que la inversión total y por habitante en términos reales mostro importantes contracciones en el período 2017-2022. La inversión per cápita cayó en un 11,8% en dicho período…”. (Ídem).

Para rematar la política del gobierno de Chaves en cuanto al presupuesto de la educación, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, propuso la rancia posición neoliberal de vender los activos del Estado para invertir más en educación.

La Caída de la Inversión en Vivienda Social

Para el año 2022 unas 148.287 familias no tenían vivienda digna, es decir carecían del todo de vivienda o bien vivían en viviendas en mal estado. A lo anterior se le suma las precarias y terribles condiciones en que habitan miles de personas tanto en los denominados “precarios” y “cuarterías” de tétricas y deprimentes condiciones. Un reciente estudio sobre asentamientos informales señala que “En Costa Rica, centenares de familias habitan, trabajan y viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Se estima que en nuestro país existen más de 700 asentamientos informales, conocidos popularmente como precarios, barrios marginales y tugurios. De acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), en la Gran Área Metropolitana (GAM) hay un total de 296 asentamientos humanos informales que acogen a más de 132 000 personas. Es decir, esta zona urbana engloba el 40% de este tipo de establecimientos e en al país”. (Revista Ciencias Más Tecnología. N° 87. junio 2023. UCR). Nota: la GAM incluye a las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

La entrega de bonos de vivienda que constituye un apoyo económico para las familias pobres para construir sus viviendas, especialmente en la zona rural, ha caído drásticamente en los últimos años. De acuerdo con diversas informaciones periodísticas “…Los bonos de vivienda de interés social experimentaron, entre el año 2021 y el 2022, una caída del 27%, es decir, fueron entregadas 3.000 soluciones de casas menos”. (Semanario Universidad. Semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2023). Esa caída en la entrega de bonos para construir vivienda de bien social se debe a una disminución del presupuesto por parte del gobierno en ese rubro.

La disminución del presupuesto para el sector vivienda de interés social y, por ende, la fuerte caída en la entrega de bonos tiene diversas repercusiones en cadena, tanto a nivel de la recuperación económica como en el incremento de del desempleo. De acuerdo con informaciones periodísticas “… el efecto de los recortes desde el 2020 al 2023 (en cuatro años) se traduce en 6.815 viviendas menos, 289.637 metros cuadrados sin construir y la pérdida de 26.067 empleos”. (La Nación, 19 de junio de 2023). Sin duda alguna, esa política de austeridad, severa restricción al gasto social y público, lejos de promover la reactivación económica conllevan a la ralentización o recesión económica.

Según el economista Joseph Stiglitz “Los peores mitos son que la austeridad trae consigo la recuperación económica y que un mayor gasto del gobierno no lo hace…”. (Stiglitz, Joseph: El precio de la desigualdad. Editorial Santillana. México, 2012). Más adelante, ese economista sostiene que “… La historia demuestra que la austeridad casi nunca ha resultado, y la teoría explica por qué eso debería sorprendernos. Las recesiones las provoca la falta de demanda -la demanda total es menor de lo que la economía es capaz de producir-. Cuando el gobierno recorta el gasto, la demanda se reduce aún más y aumenta el desempleo”. (Ídem).

Aunque las cifras oficiales indican que el desempleo disminuyo al 9,6%, sin embargo, la verdad es que esa cifra se redujo porque miles de personas dejaron de buscar trabajo porque se cansaron o desalentaron al no encontrarlo. Por otra parte, debemos decir lo que no dicen ni los medios de comunicación y el gobierno: el narcotráfico y sus diversas actividades delictivas están empleando una cantidad importante de mano de obra. Según el ministro de seguridad, Mario Zamora, existen en el país alrededor de uno 3.000 sicarios. A eso hay que agregar a todos los vendedores, los trabajadores de logística, administradores, contadores y personal de otras tareas.

¿Hacia la Desaparición del Estado Social de Derecho?

Los grandes y permanentes recortes, años tras año, del gasto público y social está produciendo graves estragos sobre los diferentes sectores sociales: salud, educación, vivienda y otros. Eso tiene una gran afectación sobre la recuperación económica, el empleo, el congelamiento salarial y otros rubros. De lograr consumar su proyecto político, Rodrigo Chaves, podría llegar a consumar la cuasi extinción del estado social en Costa Rica. Sin duda, la obra de Chaves es una continuación y profundización de las administraciones anteriores. Pero, Chaves está llevando esa política de desmontaje del estado social al paroxismo. Al final, el proyecto de Chaves es tomarse la mayor parte de las municipalidades en las próximas elecciones municipales del año 2024. Y, a partir de ahí, disputar las próximas elecciones nacionales, para ser mayoría en la Asamblea Legislativa que le permita hacer reformas constitucionales que elimine ese estado social y controlar los demás poderes de la República. Esa la tendencia política general de Centroamérica.  

Por Olmedo Beluche

Se conmemoran 50 años del sangriento golpe de Estado de los militares chilenos, dirigido por Augusto Pinochet, propiciado y financiado por el gobierno de Estados Unidos, encabezado entonces por Richard Nixon y Henry Kissinger, contra el gobierno democrático y socialista del presidente Salvador Allende. Medio siglo desde aquellos hechos que parecen tan lejos, pero a la vez se sienten tan cercanos. La conmoción de aquel acontecimiento no solo afectó la vida del pueblo chileno, sino a la humanidad entera y Panamá no escapó a esa circunstancia.

No podían dejar de estremecer las conciencias los asesinatos de miles de personas, los fusilamientos, las torturas salvajes, los arrestos arbitrarios y tantas formas en que se pisotearon los derechos humanos, con el patrocinio del gobierno norteamericano. Ninguna persona decente podía dejar de llorar, interior o visiblemente, por ver ahogado en sangre el sueño de un mundo mejor, más justo, democrático e igualitario, buscado con métodos democráticos y pacíficos. 

Panamá recibió estupefacta la noticia. La televisión reprodujo el último discurso de Salvador Allende y mostró el bombardeo sobre La Moneda. El diario, El Panamá América del 12 de septiembre tituló: “Entre 500 y 1,000 muertos”. Ese mismo día la juventud universitaria, docentes y dirigentes populares marcharon hasta la embajada de Chile a expresar su solidaridad, no menos de 400 personas. Según diversos testimonios, esas manifestaciones se repitieron durante varios días.

Los pronunciamientos de todo tipo organizaciones y personalidades se hicieron durante los días subsiguientes, empezando con la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP), vanguardia de la lucha por la soberanía panameña en el canal. Hubo corales poéticas, en especial con versos de Pablo Neruda, cuando llegó la triste noticia de su deceso. Debates en las aulas universitarias y programas de televisión. El Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) realizó el primer video documental de solidaridad con Chile, con guion de Chu Chú Martínez, titulado “¡Viva Chile, mierda!”.

En ese tiempo Panamá tenía una estrecha relación académica con Chile. Mucho más que en la actualidad. Esa relación era por doble vía, la negativa y la positiva. La mala era la existencia en nuestro país de la llamada “Escuela de las Américas” del Comando Sur del ejército de Estados Unidos. Incluía cursos de tortura. De sus aulas egresaron los más sanguinarios dictadores de América Latina, entre ellos Augusto Pinochet y Manuel Contreras.

Por la positiva, cientos de panameños y panameñas estudiaban sus postgrados, sobre todo en ciencias sociales en diversos centros académicos chilenos: la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad de Chile y la Universidad Católica, entre otras. Una destacada panameña, Carmen Miró, dirigía el  Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), entidad de Naciones Unidas, y ayudaría a muchos a escapar de los militares.

Esas decenas o centenas de estudiantes istmeños en Chile, que luego serían destacadas personas del ámbito profesional y académico, vivieron directamente el golpe de 1973 en toda su crudeza y vieron interrumpidos sus estudios. Incluso, al menos dos de ellos, una futura socióloga y un sacerdote, fueron internados en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde no solo fueron testigos, sino que sufrieron en carne propia las torturas. Los padres y familiares de los cientos de estudiantes panameños en Chile tuvieron que pedir a su gobierno que intercediera, lográndose traer un primer vuelo humanitario de cerca de 100 personas de nacionalidad panameña, el 23 de septiembre.

Pero en Chile también vivía una colonia de exiliados panameños que habían sido expulsados del país por el gobierno encabezado por Omar Torrijos, algunos de ellos, pertenecientes a partidos de la oposición burguesa, como el “Panameñista”, la Democracia Cristiana, pero la mayoría de ellos militantes de izquierda, de Vanguardia de Acción Nacional (VAN) y del Partido del Pueblo (comunista).

En este grupo se encontraban los sobrevivientes de la familia González Santizo, cuyo padre y hermanos habían sido asesinados por el régimen militar panameño entre 1968 y 1969. Estos exiliados no contaron con la protección del gobierno panameño, por el contrario, se negaron a traerlos. De esa manera, Encarnación y Almesías González Santizo fueron a parar a la cárcel en Concepción. Sólo pudieron salir de Chile tiempo después, con rumbo a Suecia, gracias a la gestión de Carmen Miró.

La actitud del gobierno panameño ante el golpe de Pinochet tuvo dos caras: la solidaria expresada por Omar Torrijos, revestido en 1973, de su carisma populista; y la represiva, que representó Manuel A. Noriega, por entonces jefe de inteligencia (G-2) de la Guardia Nacional panameña.

El gobierno panameño no emitió una nota formal sobre el golpe en Chile, aunque sí protestó por el ataque que sufrió la embajada de Cuba en Santiago y la retención de un buque de ese país por parte de Estados Unidos. Omar Torrijos, que se encontraba en una gira europea promoviendo la exigencia panameña de un nuevo tratado del canal, expresó desde España, el 13 de septiembre: “La trágica muerte del presidente Salvador Allende me ha conmovido profundamente”.

Pero Manuel Noriega siempre actuó de forma represiva. Envió a los oficiales Domitilo Córdoba y Nivaldo Madriñán a controlar a los panameños que regresaron en el vuelo especial de Air Panamá. Los mismos impidieron que se recogiera a los exiliados de izquierda. Luego desviaron el avión para que no bajara en Tocumen, donde esperaba la prensa, y lo llevaron a la base militar de Río Hato. Al menos una de las personas que volvieron en ese vuelo recuerda que Noriega los recibe en persona y les amenaza para que no testimonien lo que vivieron en Chile.

Torrijos logró que los militares chilenos autorizaran otro vuelo, el 7 de octubre, con más de cien personas que se habían apiñado solicitando asilo en la pequeña embajada panameña en Santiago. Ese vuelo llegó a Río Hato con 128 personas, entre ellas 35 niños, y fue recibido personalmente por el general Omar Torrijos. Ricardo Rangel y la periodista Itzel Velásquez, fueron encargados de atender, proveer recursos y buscar alojamiento en la península de Azuero a estas personas. Rangel tiene en su poder un registro detallado de sus nombres. Pero llama la atención que, salvo excepciones, no se les permitió instalarse en la ciudad de Panamá.

Estos vuelos humanitarios se repitieron y, todavía en 1975, Torrijos logró sacar más de 100 exiliados chilenos, algunos de los cuales venían directo de los campos de concentración, como testimonia Pedro Baeza, uno de ellos. Algunos se quedaron en Panamá, pero la mayoría emigró a otros países. 

Lo dicho hasta aquí, es un fragmento de un ensayo testimonial, que es parte de una obra colectiva próxima a publicarse por la editorial Verso, titulada “Chile 1973 – 2023: Contrarrevolución y Resistencia”. 

Esta obra está presentada en dos tomos que recogen las muchas aristas del acontecimiento, entre ellas cómo el golpe de 1973 impactó a otros países del mundo, y cómo sus vanguardias se vieron comprometidas con la solidaridad hacia el pueblo chileno. Este libro, que debe estar impreso en las próximas semanas, ha sido coordinado, por Viviana Canibilo Ramírez, Roxana Valdebenito Montenegro, Xabier Arrizabalo Montero y Robert Austin Henry, y ha contado con la colaboración de más de 200 personas, entre redactores y correctores. 

Por la parte panameña, la reconstrucción de estos hechos se logró gracias a la colaboración testimonial de las siguientes personas: Enoch Adames M., Pedro Baeza, Diana Candanedo, José Cambra, Enilsa de Cedeño, Carlos Gasnell, Delia Sánchez Ponce, Ricardo Rangel, Eduardo Valdebenito y Manuel Zárate.

El Polo Ciudadano de Panamá celebra la concreción de la nómina presidencial conformada por la profesora Maribel Gordón y el politólogo Richard Morales, para las elecciones de 2024. Dos personas de gran trayectoria y respaldo popular, conocedoras de la realidad social, económica, ambiental y política, entre otras esferas que afectan el bienestar y los derechos humanos de la población panameña. 

Sin duda es una gran victoria para el pueblo panameño las más de 170 mil firmas obtenidas por la profesora Maribel Gordón, a pesar de que el Tribunal Electoral solo reconociera 163 mil rúbricas. 

La nómina presidencial Maribel Gordón y Richard Morales, es la única de libre postulación, verdaderamente independiente, pues la otra candidata y el otro candidato, siguen dentro de sus respectivos partidos (PRD y Panameñismo).

La nómina presidencial de la profesora Maribel Gordón y su vicepresidente Richard Morales constituye una victoria popular, por ser el resultado de la gran rebelión popular de julio de 2022, contra el alto costo de la vida, del que la candidata a presidenta fue una de sus grandes voceras. Por ello, el Plan Para la Vida Digna que ha presentado esta candidatura, recoge las demandas que el pueblo panameño expresara en las calles exigiendo control de precios de la comida, las medicinas y el combustible, mejor educación y salud pública, repudio a la corrupción, a la injerencia imperialista, a la evasión fiscal de los/as ricos/as y por una sociedad democrática, justa e inclusiva, con el eje centrado en el bienestar de los seres humanos y el respeto a todos sus derechos.

La militancia del Polo Ciudadano está consciente del respaldo que la nómina Gordón-Morales ha recibido y seguirá recibiendo en este proceso electoral, hasta llegar a las urnas en las elecciones de mayo de 2024, pese a las coartadas antidemocráticas del sistema electoral panameño.

El reto que continúa es el de seguir fortaleciendo al movimiento popular y las distintas expresiones de los movimientos sociales y reivindicativos, entorno a un gran movimiento nacional, articulado y coordinado, que permita continuar en unidad para llevar a cabo los desafíos de la campaña electoral y lograr una gran victoria en las elecciones de mayo de 2024, con la nómina presidencial: 

        Maribel Gordón, presidenta - Richard Morales, vicepresidente.

Panamá, 31 de julio de 2023

Polo Ciudadano (PC)

La carta que publicamos a continuación fue publicada en el semanario Avanzada Socialista No 80 en octubre de 1973, en Argentina, por un militante crítico del Partido Socialista chileno.

Compañeros de Avanzada Socialista: presente

He seguido con atención la serie que Avanzada Socialista ha publicado sobre la tragedia de nuestro proceso revolucionario. Con algunas opiniones de la publicación socialista hermana puedo no estar de acuerdo, pero sí en puntos de importancia, como ser que todos los revolucionarios del continente tienen mucho que aprender de nuestro desastre y que en gran medida la escalada sangrienta de los yanquis y los momios (alta burguesía) fue posible gracias a nuestros errores y vacilaciones y la confianza que había en las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y sobre esto quiero hacerles llegar mis apreciaciones.

Como en todo proceso revolucionario, el problema de la política hacia las Fuerzas Armadas y de Orden fue decisivo en Chile. Quizás en ningún otro punto se cometieron tamañas patudeces (tonterías) como en éste y que habríamos de pagar tan caro.

Lo lamentable es que en Chile hubo condiciones para ganar a gran parte de los soldados, suboficiales y también oficiales por la defensa del gobierno legítimamente constituido del compañero Allende y contra la sedición y el golpe. Comenzaba a darse la división en las Fuerzas Armadas. Lo sucedido en Valparaíso y Talcahuano —aunque el más importante— no fue de hecho aislado ni excepcional. La lucha política había penetrado profundamente en los Institutos armados. El imperialismo, los momios y el freísmo (derecha democristiana) aprovecharon esto con gran habilidad. Como lo probaron los documentos de la ITT, los yanquis alentaban la sedición desde antes de ser presidente el compañero Allende. Los partidos burgueses, en especial el ultraderechista Partido Nacional (PN) y Patria y Libertad (un grupo fascista), se volcaban enérgicamente a ganar los militares.

La política de la izquierda

Frente a esto, la izquierda tuvo la política del avestruz: esconder la cabeza para no ver la realidad.

El compañero (Luis) Corvalán, secretario general del Partido Comunista (PC), decía en “Chile Hoy” (6/4/73): “estoy seguro de que las Fuerzas Armadas, formando o no parte del gobierno, seguirán manteniendo su defensa y respeto del Gobierno legítimamente constituido y, por lo tanto, sacan mal las cuentas (sic) aquellos que piensan que la salida de los militares del gabinete les deja las puertas abiertas para lanzar, cuando se les venga en gana, un movimiento sedicioso como el de octubre. Si tal cosa ocurriera, se encontrarán de nuevo con una respuesta más enérgica de los trabajadores y el pueblo, y con la adhesión de las Fuerzas Armadas al gobierno del país”. Ahora está visto quién sacó mal las cuentas.

Leseras (tonterías) como éstas se repetían todos los días, orientaban la política de la Unidad Popular (UP) y el gobierno, y confundían a las masas. Porque las conclusiones de lo que decía el compañero Corvalán son sencillas: si estamos seguros de que las Fuerzas Armadas seguirán defendiendo al gobierno popular, ¿para qué necesitamos ganar políticamente y organizar a los soldados, suboficiales y oficiales antigolpistas? Era mejor no hacer olitas. Con ese criterio, era igualmente innecesario —o peor aún, provocativo— organizar a los trabajadores en milicias con un comando centralizado y único. ¿Para qué, si podíamos confiar en las Fuerzas Armadas?

Eso no es invento mío. Por las circunstancias en que tuve que arrancarme de Chile no tengo mucha documentación pero aquí va otra prueba, aportada por el corresponsal en Santiago de “Nuestra Palabra” (diario del PC argentino): “Tanto Altamirano (secretario del PS) como Corvalán (secretario del PC) aseveraron que la unidad entre obreros, campesinos y soldados es indestructible y los partidos de izquierda no se proponen crear un Ejército Popular opuesto a las Fuerzas Armadas porque confían en el espíritu patriótico de soldados y oficiales” (NP, 27/7/73). Por esa confianza, la UP y la Central Única de Trabajadores (CUT) sólo planteaban Comités de Protección y Vigilancia en las empresas, desunidos entre sí, sin comando único —y por consiguiente- sin plan de operaciones. Así, los golpistas fueron, tranquilamente, empresa por empresa, y población por población, masacrando a los Comités y demás organismos de Defensa.

Esto hacía la UP. ¿Y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)? No actuó mejor. Y esto hay que explicarlo, porque he visto que en la Argentina se ha inflado al MIR.

En noviembre del año pasado —después de la huelga de dueños de camiones y luego de haber asumido el primer gabinete militar- uno de los principales dirigentes del MIR y del Frente de los Trabajadores Revolucionarios (FTER), corriente sindical del MIR, el compañero Cabieses Donoso, escribía lo siguiente en la revista Punto Final (órgano oficioso del MIR): “las FF.AA. tienen un papel verdaderamente patriótico y democrático que jugar junto al pueblo, apoyando a los trabajadores en su lucha contra la explotación de la burguesía … En la construcción de un nuevo Estado, de una nueva sociedad, las Fuerzas Armadas pueden, en verdad, jugar un gran papel, protegiendo a los trabajadores (sic) y la seguridad del país. Si así ocurriera -y es lo que la clase trabajadora espera al ver a las Fuerzas Armadas formando parte del gobierno-, se daría la posibilidad de superar una sociedad gastada e injusta como la actual, manteniendo a raya a los enemigos del pueblo. Solamente los hechos podrán confirmar o descartar esa posibilidad”. (“Punto Final”, 7/11/72).

Es verdad que el MIR — aunque recién después del tancazo del 29 de junio - sacó una consigna correcta: “soldado, desobedece al oficial golpista”. Pero esto no fue más allá de las palabras, ya que el MIR no daba al conjunto de los trabajadores ningún plan para impulsar, apoyar y organizar esa desobediencia y dar respaldo efectivo a los soldados, suboficiales y oficiales que defendían al gobierno legítimamente constituido. Es que el MIR, al oponerse a un frente único obrero —que incluyera al PC— contra el golpe, al oponerse a la unificación de los Cordones Industriales, al contraponer a los Cordones organizaciones fantasmas como eran la mayoría de los llamados “comando comunales”, al realizar acciones provocativas, divisionistas y descolgadas como las “tomas de calles y caminos”, etc., cerraba a la clase obrera la posibilidad de unirse para ejercer una firme presión sobre las bases y la oficialidad de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Lo que no se hizo

La UP llega a movilizar hasta un millón de personas en los actos y manifestaciones que hacía en Santiago.

En su gran mayoría eran obreros, estudiantes, empleados y campesinos pobres de las comunas cercanas. ¿Cuántos de estos compañeros y compañeras no tendrían un pololo (novio), un hermano u algún otro pariente que fuera soldado, suboficial y hasta oficial? ¿Cuántos de estos no tenían a un carabinero como vecino que vivía en la misma población tan pobre como ellos? ¿Las cosas no hubieran sido distintas si los partidos, la CUT y los Cordones Industriales se hubieran unido para dar algunas tareas muy sencillas a ese millón de compañeros? Por ejemplo, ligarse al pariente o vecino, soldado o suboficial, para ganarlo políticamente contra el golpe y organizados en defensa de la legalidad contra cualquier intento golpista.

El momiaje (alta burguesía) mandaba sus lolitas (chicas) a rondar los regimientos, atrayendo a los pelados (conscriptos), suboficiales y oficiales a fiestas en el Barrio Alto. Allí eran trabajados políticamente y organizados al servicio del golpe por Patria y Libertad. #

¿Por qué la CUT y los Cordones no podían hacer algo parecido? ¿No lo hacían, por ejemplo, y con gran resultado, los bolcheviques en la Revolución Rusa? ¿La CUT y los Cordones no hubieran debido hacer de cada población obrera un lugar de fiesta y confraternización con soldados y suboficiales, muchos de los cuales sufren por no estar con sus familias? ¿No habría que haber tenido mano firme para abrir el muro que separaba al obrero del soldado?

La Democracia Cristiana movilizaba a las mujeres de los carabineros por aumento de sueldo. ¿Qué hacía la CUT frente a este problema? Nada.

¿Qué programa reivindicativo de reajustes (salariales) mejor trato, derechos civiles, y políticos, posibilidad de escalar todos los grados tenían la CUT y la UP para soldados, suboficiales y oficiales; cómo lo agitó y se movilizó por ese programa? No se levantó ninguna reivindicación, ni se hizo nada.

Con medidas como éstas —facilitadas por tener la UP el Poder Ejecutivo— y combinadas con una presión firme y organizada de millones de compañeros, se hubieran podido contrarrestar -en gran parte— la escalada sediciosa. Porque se hablaba de “unidad indestructible de obreros, campesinos y soldados”, pero eso era falso, porque nada se hacía para forjar esa unidad en la práctica, confraternizando, tomando sus problemas reivindicativos y —ya en un nivel superior- organizándolos para impedir la quiebra del orden constitucional, apoyándolos para que formaran —por ejemplo- comités contra la sedición con delegados en los Cordones Industriales, etc. La publicitada “unidad entre el pueblo y las Fuerzas Armadas.” se reducía a los acuerdos que por arriba hacía el compañero presidente Salvador Allende con el General Carlos Prats. Mientras tanto —durante tres años— el momiaje tuvo mano libre para ganarse a las Fuerzas rmadas y Carabineros y organizados para el golpe. Así esos acuerdos no sirvieron para nada, porque el puñado de oficiales y generales antigolpistas quedó en el aire: una parte transó y se unió al golpe y otra cayó sin pena ni gloria, como Prats.

Cuando —como en Valparaíso y Talcahuano— espontáneamente un grupo de militares se organiza contra el golpe, el gobierno, la UP y la CUT los abandonan a su suerte. Después de esa tragedia, ¿con qué ganas un militar antigolpista (fuera soldado o general) iba a arriesgar su cabeza en defensa de un gobierno que permitía la represión de quienes lo defendía a él y al orden constitucional?

La preparación de los trabajadores

Nada firme se hizo para ganar a soldados, suboficiales y oficiales. Tampoco en cuanto a organizar a los trabajadores para combatir el golpe. Y ambos puntos están estrechamente unidos, porque para volcar al campo popular a parte de las Fuerzas Armadas, había que demostrar a esos soldados, suboficiales y oficiales que el pueblo estaba organizado para combatir y vencer. Había que probar a la tropa que “cambiar de hombro el fusil”, pasarse al bando popular, no era un acto heroico pero suicida (como el de los marinos de Valparaíso).

¿Cómo se preparó, entonces, a la clase obrera y al pueblo?

Recordemos otra vez al millón de compañeros que llenaba la Alameda en los actos de la UP. En tres años de gobierno, ¿no hubiera sido posible organizar al 20%, a 200.200, en Comités de Protección centralizados por un Comando Único dependiente de un comité unificado de los Cordones y los partidos de izquierda? La CUT sólo daba la consigna de Comités de Protección y Vigilancia por fábrica. Así funcionaban sin unidad de mando y ya vimos qué pasó. Porque lo más doloroso, compañeros, es que no estábamos completamente desarmados. ¿Pero qué hacía el día del golpe al Comité de Vigilancia de una industria —que en muchos lugares hasta contaba con bazookas y ametralladoras punto 30— si no recibía orden ni plan alguno? ¿Salíamos de la fábrica para La Moneda, nos atrincherábamos en la empresa, combatíamos en la calle? ¿Con quiénes, cómo, con qué plan? La mañana del 11 de septiembre, la CUT nos dio por radio una sola “orden”: permanecer en las industrias “alertas y vigilantes” a la espera de “nuevas instrucciones”, que nunca llegaron. Silenciadas las radios legales del MIR y la UP, nadie supo más nada de las direcciones de la CUT y los partidos.

Para que los compañeros argentinos tengan clara la película de lo que pasó en Chile, imagínense a la Revolución Rusa sin un Comité Ejecutivo de los Soviets y sin un Comité Militar Revolucionario dependiente de él y comandado a la Guardia Roja. En Chile tuvimos gérmenes de Guardia Roja - los Comités de Vigilancia, etc.— Pero el PC, la derecha de mi partido, la dirección de la CUT — también el MIR— se opusieron firmemente a unificar los Cordones en una sola Coordinadora. Eso era, para ellos, hacer “paralelismo a la CUT”. Más en contra estaban aún de que ese poder obrero y popular -que hubieran sido los Cordones unificados y que también incluyeran delegados de las poblaciones, campesinos y militares antigolpistas- organizara un Comando Único de los Comités de Vigilancia.

La UP hacía esto porque siempre confió en los generales “profesionales” y en un acuerdo negociado con la Democracia Cristiana. El MIR, porque mantenía en el fondo de su política su vieja concepción guerrillera, vanguardista y descolgada del movimiento de masas.

Mucho nos faltó en Chile. La carta ha sido larga, pero todas las cosas que nos faltaron, se las puedo resumir ahora en una frase: nos faltó una política revolucionaria y un partido revolucionario obrero que le aplicara con audacia y a tiempo, como lo hizo en la Revolución Rusa el Partido Bolchevique. Un partido y una política completamente distintos del reformismo de la UP y de su complemente “guerrillero”, el MIR.

La clase media y el golpe de estado chileno

Comentarios de la redacción de Avanzada Socialista

¿Cuál fue la política de la UP frente a la pequeña burguesía?

Por la carta del compañero, vimos cómo la clase trabajadora no fue preparada para enfrentar el golpe, y cómo la derecha se lanzaba con todo para ganar a las Fuerzas Armadas. El compañero, sin embargo, no menciona una cuestión importante: si este trabajo sedicioso dentro de las FF.AA. tuvo éxito, no se debía únicamente a que la izquierda permaneciera pasiva, sino también a algo más de fondo: que el imperialismo y la gran burguesía chilena habían conseguido volcar a la clase media a la subversión. Es a caballo de este vuelco masivo de la clase media, que la CIA y la derecha chilena ganan a la mayoría de los oficiales y aíslan al general Prats y otros generales y oficiales legalistas.

La clase media funciona en Chile como vaso comunicante en relación a las Fuerzas Armadas, porque grandes sectores de esta institución, tanto en la oficialidad como en la suboficialidad, provienen de la pequeña—burguesía. Así que, durante los tres años de gobierno de la UP, la clase media estuvo bajo la mira del imperialismo, de la oligarquía, y de los monopolios, que actuaron a través, del caos económico y social (bloqueo económico, mercado negro, desabastecimiento y atentados), para volcarla a la sedición y a la quiebra del orden constitucional, y a través de ella, empujar a las FF.AA. al golpe. Frente a esto, ¿que hace la Unidad Popular? Cede.

La UP no se dio una política de total expropiación de la oligarquía y de grandes monopolios, como de los sectores mayoristas de la distribución, por ejemplo. Sin esto era imposible impedir el mercado negro y el caos económico, ya que dejaba en manos de la subversión palancas fundamentales de la economía.

¿Qué tenía que ver esto con la política para ganar o neutralizar a la pequeña burguesía?

Para verlo mejor tomemos el ejemplo de los camioneros, punta de lanza de la subversión. La Confederación de Dueños de Camiones está formada por pequeños propietarios (la gran mayoría no tenía más que un camión). Un sector del gremio (los que estaban en su dirección) eran derechistas afiliados al Partido Nacional y a la Democracia Cristiana; otro sector se decía de izquierda y pertenecía al PS, PC y Partido Radical. Pero la gran mayoría del gremio (45 mil afiliados) eran independientes que se preocupaban principalmente en ganarse la vida. Ahora muy bien: si a un camionero se le rompía la caja de cambios del camión, no había como encontrar repuestos a corto plazo. Los repuestos eran importados y estaban en manos de la burguesía mayorista que fomentaba el mercado negro, y la subversión, y que el gobierno no aplastaba.

La UP dejaba hacer a estos miserables, como también a los fascistas, al estilo de Villarín, presidente del Sindicato de Dueños de Camiones. El paro de octubre le costó a la economía chilena más de 300 millones de dólares. Y Villarín, el máximo responsable, fue “castigado” con 3 o 4 días de cárcel.

Estos problemas económicos llevaban a la desesperación a la pequeña burguesía y la convertía en caldo de cultivo de la subversión.

La Unidad Popular no se dio una política audaz, que expropiara a la oligarquía y a los monopolios, abriendo así la posibilidad de dividir la riqueza nacional con los sectores pequeño-burgueses. Nos parece que la pequeña-burguesía hubiera sido neutralizada si, por un lado, se hubiera dado respuesta a sus reivindicaciones económicas a costa de la gran burguesía, y por otro si se hubiera aplastado sin piedad a todas las direcciones derechistas de los gremios, como a Villarín, por ejemplo.

Al no hacer esto y, por consiguiente, al no neutralizar a la clase media, se rompió el equilibrio inestable del régimen de Allende, y el imperialismo y la gran burguesía pudieron dividir y aislar a los sectores constitucionales de la oficialidad en las FF.AA. y Carabineros, lo que desembocó en el golpe del 11 de septiembre.

La clase obrera, por su parte, no fue preparada para enfrentar la subversión y así fue el resultado.

Por Melchor Benavente

Después del derrumbe de la República Federal de Centroamérica (1824-1838) se han producido muchos infructuosos intentos por reconstruir la unidad centroamericana. El primero fue la Confederación Centroamericana, creada el 17 de julio de 1842.

El derrumbe del Estado Federal

Nicaragua fue el primer país en romper el pacto federal de 1824. El derrumbe de la República Federal de Centroamérica se formalizó mediante el decreto del 30 de mayo de 1838. No obstante, el general Morazán, atrincherado en El Salvador, permaneció peleando por reconstituirla hasta 1840, cuando una alianza militar entre Guatemala, Honduras y Nicaragua, le obligó a irse al exilio a Sudamérica, embarcándose con sus escasos seguidores en el vapor “Coquimbo”.

El derrumbe de la Federación de 1824 implicó el ascenso de gobiernos conformados por fuerzas conservadoras en alianza con liberales moderados o viceversa. Una característica de todo el siglo XIX fue la existencia de diversas fracciones de clase que a veces luchaban entre sí, y en otras ocasiones realizaban extrañas alianzas con sus antiguos enemigos.

En 1838, los partidos antagónicos en Nicaragua, liberales y conservadores, convencidos que la construcción del canal interoceánico por el rio San Juan,  la convertiría en la nación más rica y poderosa del área, se pusieron de acuerdo en promulgar noviembre de 1838 la primera Constitución de Nicaragua como Estado unitario, libre, soberano e independiente.

Persiste la idea de la unión centroamericana

La Constitución de Nicaragua del año 1838, es considerada la primera “libérrima”, es decir, un texto con fuerte influencia del liberalismo, aunque no rompió con la tutela de la Iglesia Católica. A pesar de la reciente ruptura del pacto federal, el articulo 1 estableció que “El Estado conservará su denominación: Estado de Nicaragua: se compone de todos sus habitantes, y pertenecerá por medio de un pacto, a la Federación de Centro América”.

Mas adelante el articulo 16 ordenaba que “El Estado observará religiosamente el pacto que celebre con los demás de la unión”. Y en todo el texto se refiere a la relación del nuevo Estado con la futura federación.

Se había producido la ruptura del pacto federal de 1824, pero prevalecieron sentimientos unionistas, sobre todo por el temor a que potencias imperialistas, como Inglaterra, se aprovechasen de la situación de debilidad de los pequeños países independientes y desligados entre sí.

La resistencia a una federación controlada por Guatemala

En ese momento, Inglaterra controlaba el territorio de la Mosquita, en la costa Caribe de Honduras y Nicaragua, además de mantener el control sobre Belice y varias islas del Caribe. Nicaragua se inclinaba a formalizar un acuerdo con Estados Unidos para la construcción del canal interoceánico, idea que aterrorizó a Frederick Chatfield, cónsul de Inglaterra en Centroamérica (1824-1852) porque de consumarse le daría a Estados Unidos el control sobre los mares. En el siglo XIX, la competencia entre Estados Unidos, potencia imperialista emergente, y la vieja Inglaterra, era intensa.

En ese contexto, Chatfield era partidario de crear una federación centroamericana bajo la hegemonía de Guatemala, con la cual mantenía excelentes relaciones. El 27 de Julio de 1839, bajo la presidencia del conservador Mariano Rivera Paz, la Asamblea Legislativa de Guatemala renunció oficialmente a los reclamos de soberanía sobre el territorio de Belice, que fueron planteados por los gobiernos de Mariano Gálvez y Pedro Jose Valenzuela.

Esta primera propuesta de federación centroamericana, bajo la hegemonía de Guatemala, fue impulsada por Chatfield, quien presionaba cobrando una antigua deuda del años 1825, contraída por el  extinto gobierno federal con banqueros ingleses. El Salvador, Honduras y Nicaragua se opusieron al chantaje de que Guatemala liderara la nueva unión, sobre todo por el resentimiento heredado de la época colonial, cuando dominó y oprimió al resto de provincias. Inglaterra respondió tomando la isla de Roatán en 1841, y enviando sus buques de guerra frente al puerto de la Unión, en el Golfo de Fonseca, y a inicios de 1842 al puerto de San Juan del Norte, en la costa caribe de Nicaragua. Pero los resultados no fueron los esperados: la presión imperialista de Inglaterra más bien unió a los pequeños países de Centroamérica.

La sombra del general Morazán

Morazán, desde su exilio, vio la oportunidad de reconstruir la federación, y emitió una circular dirigida a las autoridades de El Salvador, Honduras y Nicaragua, ofreciéndose para defender la soberanía, pero la propuesta fue rechazada. Solo en Costa Rica, los opositores a la dictadura de Braulio Carillo, vieron con simpatías el regreso de Morazán.

En 1835, Braulio Carrillo fue elegido jefe de Estado en Costa Rica. El 27 de mayo de 1838 organizó el primer golpe de Estado, derrocando a Manuel Aguilar quien había salido electo las elecciones de marzo de 1837. Así, Braulio Carillo, se convirtió en el primer dictador de Costa Rica. Detrás del golpe de Estado estaba el candente problema de la permanencia de Costa Rica en la agónica República Federal de Centroamérica. Mientras Aguilar era partidario de permanecer en la federación, Carrillo en el poder rompió con la federación en 1838.

Morazán se había establecido en 1840 en la región de David (perteneciente a Colombia en ese momento). Las ciudades de Heredia, Alajuela y Cartago, enemigas de Carrillo, llamaron al general Morazán para que les ayudase. En abril de 1842, Morazán desembarcó en el puerto de Caldera con 700 hombres. Carrillo envió al general Vicente Villaseñor con 400 hombres para enfrentar la rebelión fortalecida con la conducción de Morazán.

Pero ocurrió un imprevisto: Villaseñor se unió a las fuerzas opositoras en el llamado “pacto del jocote”, proclamando a Morazán como nuevo Jefe de Estado, lo que provocó una airada reacción de las fuerzas conservadoras en la región. Guatemala declaró a Costa Rica país enemigo, El Salvador rompió relaciones diplomáticas, y Honduras y Nicaragua desconocieron el gobierno de Morazán

El gobierno de Morazán duró apenas cuatro meses, del 12 de abril al 15 de septiembre de 1842, fecha en que una conspiración militar lo capturó y fusiló sumariamente en San José. Con su muerte terminaba el proyecto de reconstrucción de la República Federal de Centroamérica, rediseñada bajo la propuesta de reforma constitucional de 1835, que el mismo había impulsado pero que finalmente no se aprobó.

La Dieta de Chinandega

Mientras en Costa Rica se producía la resurrección política y la muerte física del general Morazán, en otros países del área persistió la propuesta de revivir la unión centroamericana, no por medio de una federación, sino a través de una confederación, como un mecanismo de autodefensa de los nuevos Estados nacionales ante la agresión inglesa.

Apartando las revalidades siempre existentes, los tres países que sufrían la agresión de Inglaterra, El Salvador, Honduras y Nicaragua, tenían gobiernos conservadores que coincidieron en convocar a una convención centroamericana, en la ciudad de Chinandega, republicad de Nicaragua. Guatemala y Costa Rica, a pesar de haber sido invitadas, no enviaron delegados. La convención inició el 17 de marzo de 1842 y concluyó el 17 de julio de ese mismo año, firmando el tratado de la primera confederación centroamericana, conocida también como Constitución Centroamericana de 1842.

La primera confederación centroamericana

Procurando superar el centralismo de la Constitución de 1824, que creo un Estado federal deforme, con Estados inexistentes, en 1842 los Estados del Salvador, Honduras y Nicaragua, dieron un enorme paso hacia adelante al crear la “Confederación Centroamericana”.

Existe una diferencia importante entre federación y confederación. En una Federación los Estados miembros ceden una parte de su autonomía y soberanía a favor del gobierno federal, mientras que en una Confederación existe mayor autonomía de los Estados y menor poder centralizado.

El modelo de Confederación y Federación exitosos son los Estados Unidos. Después de la Declaración de Independencia de las 13 colonias en 1776, un año después, en 1777, fue firmado el pacto de Confederación, que duró 10 años, y en 1787 fue promulgada la Constitución de Estados Unidos que creo el estado federal moderno. No obstante, el gobierno federal de Estados Unidos fue extremadamente débil hasta 1865, cuando terminó la guerra civil y finalmente se impuso un gobierno más fuerte y centralizado.

Al parecer, los gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua procuraron enmendar el error de 1824, que mezcló y distorsionó las instituciones de la Constitución monárquica de Cádiz de 1812 con la Constitución de Estados Unidos. En 1842 crearon un  nuevo modelo de Estado, pero cometiendo el mismo error de copiar muy mal el modelo de la confederación norteamericana de 1777.

Nuevamente sobresalió el centralismo en la Constitución de 1842

A pesar de las buenas intenciones de comenzar a construir la confederación desde abajo, sin habérselo propuesto, crearon un gobierno bastante centralizado.

Según la Constitución de 1842, el Poder Ejecutivo de la Confederación sería ejercido por un “Supremo Delegado”, electo por un año, de manera rotativa, por sorteo, entre los miembros del Consejo Consultivo, compuesto por un individuo por cada Estado.

Las facultades del “Supremo Delegado” eran más fuertes que las del poder ejecutivo de la República Federal, y similares a las que posteriormente obtuvieron los presidentes en Centroamérica, en la segunda mitad del siglo XIX.

Conforme el artículo 30 de la Constitución de 1842, el “Supremo Delegado” “entablará y mantendrá las relaciones exteriores: cuidará de la integridad, dignidad y seguridad del territorio, exigiendo por cupos de los Estados las fuerzas y recursos necesarios en caso de invasión”.

“Cuando ocurra de hecho algún choque armado entre los Estados, procurará evitarlo, y excitará el Consejo para que al mismo tiempo haga los oficios de mediador; y cuando esto no baste, usará de la fuerza de los demás Estados en el número que sea necesario, siendo a cargo del que resultase culpable los gastos y perjuicios que por su causa hayan sufrido los demás Estados de la Confederación”.

Las fuerzas armadas de la Confederación serian utilizadas por el Supremo Delegado en caso de conflicto entre los Estados, independientemente del origen o naturaleza del conflicto. Probablemente esta disposición fue aprobada por el peligro inminente de intervención militar de la flota inglesa, pero con ello la confederación dejaba de serlo y se transformaba en una nueva federación, con un poder ejecutivo muy centralizado, porque los Estados cedían su soberanía, o una parte importante de ella, al “Supremo Delegado”, quien “en todo caso tendrá el mando Supremo de la Marina y el del Ejército (…) Nombrará cuando sea necesario comandante general del ejército a cualquiera persona de los Estados que merezca su confianza, y almirante de la marina y demás subalternos que juzgue necesarios” (artículos 33 y 34).

El control sobre el ejército y la marina eran absolutos, los altos cargos no estaban sujetos a ratificación del Consejo Consultivo, ni menciona el rol de las asambleas legislativas de los Estados.

En materia de relaciones exteriores, según el artículo 37 de la Constitución de 1842, el Supremo Delegado “(…) Nombrará Plenipotenciarios, agentes y Cónsules, para conservar las relaciones exteriores, confiriéndoles las instrucciones del caso, después de haber oído al Consejo, quien al efecto emitirá su voto consultivo”.

El  ”Supremo Delegado” tenía el monopolio absoluto en materia de relaciones exteriores, los votos del Consejo Consultivo no podían revertir decisión alguna..

En materia fiscal, el artículo 42 de la Constitución de 1842 daba un cheque en blanco al Supremo Delegado, al permitirle que “entre tanto las Legislaturas acuerdan el arancel de aduanas y tarifas generales, y las leyes que deben arreglar el comercio de cabotaje e interior entre los Estados, el Supremo Delegado, consultando personas inteligentes, con aprobación del Consejo establecerá lo que debe observarse uniformemente”. En este caso, al menos el Supremo Delegado estaba sujeto al control posterior del Consejo Consultivo

Hubo un vacío notable al no establecer la relación entre el pacto confederal y las Constituciones que continuaron vigentes en los Estados. El artículo 77 de la Constitución de 1842, ordenó que quedaban “vigentes los reglamentos y leyes federales y coloniales que lo eran al disolverse la Federación, en los casos que comprende este Pacto, y cuanto no se oponga a él”.

El primer gobierno confederado

El Salvador y Nicaragua ratificaron el pacto confederal, el 16 de agosto de 1843. Guatemala se abstuvo de ratificar el pacto confederal, y Costa Rica se adhirió bajo ciertas condiciones el 6 de diciembre de 1843, presentando una serie de propuestas de reformas al convenio, que no fueron tomadas en consideración y, por lo tanto, la adhesión de Costa Rica no se produjo. Honduras ratificó el tratado el 29 de marzo de 1844.

Finalmente, con la participación de los Estados de El Salvador, Honduras y Nicaragua, en marzo de 1844, se instaló el primer gobierno confederado en la ciudad de San Vicente, Republica de El Salvador, el que estaba conformado por José María Cornejo, delegado de El Salvador, Juan Lindo, delegado de Honduras, y Fruto Chamorro delegado de Nicaragua, quien asumió el cargo de Supremo Delegado.

Guerras civiles y disolución de la Confederación

De esta manera fue derrotada la pretensión hegemónica del gobierno de Guatemala, alentada por la conspiración del cónsul Chatfield. Como era de esperarse, Inglaterra no reconoció a la Confederación Centroamericana.

La unidad centroamericana que hasta ese momento se había logrado, era un dispositivo de autodefensa ante la agresión inglesa. Nuevas conspiraciones minaron el frágil equilibrio que existía al interior de cada Estado participante, y la alianza que estos habían logrado con muchas concesiones mutuas.

El poder que había logrado Fruto Chamorro asustó a sus oponentes en Nicaragua, y nuevamente hubo conato de guerra civil. Rafael Carrera, jefe del ejército de Guatemala, armó una conspiración para derrocar a Francisco Malespín, presidente de El Salvador, en venganza por haber brindado asilo a las fuerzas del general Morazán, quienes viajaron a ese país después de su fusilamiento el 15 de septiembre de 1842, y también por formar parte de la Confederación. Carrera apoyó con armas y hombres al general salvadoreño, Manuel Jose Arce, quien inicio la invasión el 27 de abril de 1844.

Malespín incorporó a los experimentados oficiales del general Morazán al ejército salvadoreño, entre ellos al general Trinidad Cabañas, y el 20 de mayo de 1844 contraatacó invadiendo Guatemala. Por medio de la mediación del obispo Jorge Viteri y Ungo se logró un convenio de paz entre Guatemala y El Salvador, suscrito el 5 de agosto de 1844.

Fruto Chamorro, en su calidad de Supremo Delegado, se negó a ratificar el acuerdo por considerarlo lesivo, y apoyándose en los ricos comerciantes y diputados de la Asamblea Legislativa, y amparándose en el artículo 30 de la Constitución de 1842, emitió un decreto en el que se auto nombró jefe del Ejército de El Salvador, destituyendo al presidente Malespín.

Se inicio una nueva guerra civil que se extendió a El Salvador, Malespín recuperó el poder y posteriormente invadió la ciudad de León, Nicaragua. El general Jose Santos Guardiola, de Honduras, intervino en auxilio de las tropas nicaragüenses y tomó por asalto la plaza de León el día 1 de julio de 1844. Malespín se replegó a su país pero la Confederación se resquebrajó de manera irreparable, disolviéndose en los hechos, sin mayores formalismos.

Por Leonardo Ixim

El pasado 20 de agosto se realizaron en Ecuador elecciones presidenciales extraordinarias, después de la muerte cruzada decretada por el gobierno de Guillermo Lasso, tras el juicio político promovido desde la Asamblea Nacional de Ecuador el 17 de mayo. La candidata del correísmo fuerza que se vuelve mayoritaria nuevamente al ganar en la primera vuelta.

La muerte cruzada de Lasso

Estos fueron los primeros comicios extraordinarios desde 1943 y se realizaron a raíz del decreto de muerte cruzada, figura constitucional establecida en los artículos 130 y 148 de la Constitución Política de 2008, que le otorga al presidente la capacidad de disolver el Poder Legislativo, pero con la condición de convocar a elecciones presidenciales y legislativas para completar el periodo constitucional ordinario; esta posibilidad solo se ejercerá una vez en los tres primeros años del mandato presidencial.

En las elecciones presidenciales de 2019, Guillermo Lasso ganó la segunda vuelta como candidato de la alianza conservadora conformada por el tradicional Partido Social Cristiano (PSC) y el Movimiento Creando Oportunidades (CREO), del que proviene Lasso, sobre la coalición correísta Unión por la Esperanza. Recordemos que en la primera vuelta el candidato Yaku Pérez, de la alianza conformada por el indigenista Movimiento de Unidad Plurinacional Pachukutic (MUPP), vinculado a la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE), y el partido de origen maoísta Unión Popular (UP), alegó fraude, realizando movilizaciones populares.

El gobierno de Lasso fue una continuidad del gobierno de Lenin Fernández, originalmente considerado la continuidad de Rafael Correa; Fernández rompió con el reformismo progresista adoptado por el correísmo, con una serie de políticas neoliberales. Ya en el gobierno, Lasso también promoverá políticas de recorte al gasto público, igualmente neoliberal promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ocasionado fuertes movilizaciones populares impulsadas desde la CONAIE y el Frente Unido de los Trabajadores (FUT), vinculado a la UP.

Pese a eso, el gobierno de Lasso se estabiliza y, aunque rompe con uno de los partidos de la coalición que lo lleva al gobierno, el PSC, el gobierno se asentará en la Asamblea Nacional (AN) con el respaldo MUPP, ocasionando un fuerte conflicto al interior de la CONAIE, donde emergerá otro liderazgo más hacia la izquierda en esa confederación, el de Leonardo Isa, que protagonizó las movilizaciones contra el FMI y Lasso. De igual forma, otros partidos, como el histórico Izquierda Democrática, que en la contienda electoral de 2019 quedo en cuarto lugar y el mismo correísmo, generan cierta cobertura para lograr que el gobierno de Lasso tuviera legitimidad.

Sin embargo, esto se va al traste tras una investigación periodística que evidenció una trama de corrupción en empresas públicas, donde resulta involucrado el cuñado del presidente. Ante eso, la oposición en su conjunto en enero, con el aval de la Corte de Constitucionalidad, establece una comisión especial multipartidaria para investigar estos hechos de corrupción y que junto una comisión ordinaria de la AN, que recibe pruebas de descargo de personeros gubernamentales, emite un informe donde se recomienda iniciar un juicio político a Lasso.

El 16 de mayo, por mayoría, en la AN se inicia un juicio político contra el presidente. Ante eso, y de una forma defensiva, Lasso militariza el Poder Legislativo, aduciendo inestabilidad y acciones golpistas contra su gobierno, aplicando con eso la muerte cruzada. Algunos legisladores interponen recursos de inconstitucionalidad ante la medida gubernamental, pero la CC aduce no tener potestad para conocer y avala la acción autoritaria de Lasso. Por su parte, docentes aglutinados en la Unión Nacional de Educadores y la FUT, junto a estudiantes de educación media y universitaria realizan protestas contra esta clara acción bonapartista.

Sin embargo, como apuesta electoral de parte de la izquierda, la UP, CONAIE, el correísmo desmonta las movilizaciones y observando que con la muerte cruzada el gobierno podría salir mal parado, situación que, de hecho pasa, pues CREO no participó directamente en la contienda electoral de agosto.

Los resultados de las elecciones

Así, el Consejo Nacional Electoral hizo la convocatoria para las elecciones extraordinarias en dos vueltas, una para el 15 de agosto y la segunda vuelta 15 de octubre. Se resolvió también realizar dos consultas populares: una  para la prohibición definitiva de la explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasumi, situada en las amazónicas provincias de Pastaza y Orellana, tema controvertido que viene desde el gobierno de Correa, cuando este accedió en un primer momento a prohibir la exploración y explotación petrolera por presión de organizaciones indígenas, pero que después se echó para atrás y todos los gobiernos siguientes no han querido detener; de igual manera, otra consulta popular sobre la prohibición de minería metálica en la andina provincia de Quito.

Previo a las elecciones se dio el asesinato del congresista Fernando Villavicencio, un ex sindicalista petrolero, ex militante del Partido Socialista y de Pachakutic y antiguo aliado de Correa, que después se separó de este. Esta vez iba postulado por el Movimiento Construye, del cual era parlamentario. Este partido es un remanente del partido Alianza País, que fue el que postuló a Correa y después fue controlado por Fernández; actualmente era señalado de tener vínculos con Lasso, pues presidió la comisión multipartidista que recomendó el juicio político, presentando un informe por separado sin consentimiento con otros miembros de la comisión, que buscó tapar la responsabilidad del mandatario.

El candidato asesinado se caracterizó por tener un discurso altisonante contra las estructuras del crimen organizado, que en los últimos años han hecho de Ecuador un campo de batalla al ser corredor para el transporte de drogas y la disputas entre carteles mexicanos, colombianos, albaneses y brasileños, junto a bandas criminales ecuatorianas registrándose hechos violentos entre estos y batallas campales en las cárceles de este país. De igual forma, fue asesinado un candidato alcalde del correísmo y otros candidatos, al grado que los candidatos presidenciales y vicepresidenciales a raíz del asesinato de Villavicencio, llevaron chalecos antibalas durante sus campañas electorales.

Ya en las elecciones provinciales y municipales, el partido del correísmo Revolución Ciudadana (RC) había ganado la mayoría, obteniendo 9 prefecturas y 50 alcaldías, arrebatando Guayaquil al PSC, que había sido su bastión y que obtuvo dos prefecturas y 28 alcaldías; Pachakutic a su vez, obtuvo 6 prefecturas y 26 alcaldías. A su vez en la capital, Quito, la mayoría en el Consejo Metropolitano fue también para RC, mientras que los otros puestos lo obtienen otros partidos nominalmente progresistas, entre ellos MUPP.

Así, la candidatura correísta, conformada por la abogada Luisa González y como vicepresidencial Andrés Arruz, quien fuera el candidato presidencial de este tinglado político en 2019, obtiene 3,316,663 de votos, el 33.61 por ciento. Este binomio disputará la segunda vuelta con el conformado por Daniel Noboa como candidato presidencial y Verónica Abad, que logra 2,315,296 votos, el 23.47 %, postulados por el partido el partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), partido adhoc de este binomio en alianza con el Movimiento MOVER, procedente también del desaparecido Alianza País. Noboa viene de un clan familiar oligárquico fundador del PSC. En tercer lugar, quedó el binomio del partido del candidato asesinando ya mencionado, con el 16.3 %. Por su parte, la alianza MUPP-UP tuvo un gran descalabro con su binomio conformado por Yaku Pérez y Nori Pinela, con apenas 3.97 %.

La participación fue una de las más altas de la historia reciente, con el 82.94 % participando un 0.3 % más que en la primera vuelta de 2019, aunque con una altísima cifra de votos nulos y blancos situados entre ambos 953,195 votos, situándose prácticamente en el cuarto lugar.

A nivel del legislativo, MC logra 48 diputados, uno menos que los que tiene ahora con el 39.72 % de votos. Construye logró 28 parlamentarios, uno más, con el 20.39 %, ADN y MOVER se quedan con 13 congresistas obteniendo el 14.56 %, el PSC obtiene 14 legisladores, reduciendo cuatro con el 11,90 % de votos. Mientras que otras fuerzas de izquierda, como el MUPP, logra apenas 4, uno de sus peores resultados; la alianza Claro que se Puede, conformado por UP, el Partido Socialista Ecuatoriano (el partido de izquierda más antiguo, formado en la década de los veinte del siglo pasado) y el pequeño Democracia Si, tres legisladores; ID, por su parte, queda fuera del Congreso.

En las consultas populares, con una amplia participación, la opción por el Si a que se prohibiera las actividades extractivas en ambas regiones ganó el 59.95 % sobre el No, que se ubicó en 41.05 %.

}El correísmo es una corriente que durante el gobierno de Correa refuncionalizó el capitalismo, buscando romper el monopolio de los sectores tradicionales burgueses, emergiendo otras fracciones burguesas. Ahora se posiciona como la opción para romper con los corruptos gobiernos de Fernández y Lasso; mientras que Pachakutik y otras opciones de izquierda más radical están pagando sus imprecisiones y, pese a tener peso para realizar fuertes movilizaciones, sus asambleístas han sido incoherentes a la hora de ubicarse contra estos gobiernos neoliberales.

Por Orson Mojica

La hegemonía económica y militar de Estados Unidos en el mundo se está desmoronando, lo que tiene una expresión directa en la crisis del dólar. Es un declive constante hacia el fondo del precipicio, a veces lento y a veces con sobresaltos, pero es una tendencia difícil de revertir.

Los acuerdos de Bretton Woods y la hegemonía del dólar

Un poco antes de finalizar la segunda guerra mundial, las potencias vencedoras se reunieron en 1944 en la localidad de Bretton Woods, Estados Unidos, para rediseñar el nuevo orden mundial. Ahí se definió el nuevo sistema monetario internacional, se decidió la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se estableció la supremacía del dólar norteamericano como moneda internacional. Al finalizar la segunda guerra mundial Estados Unidos emergió como la principal economía del mundo. Inicialmente, el valor del dólar estaba vinculado al oro, pero en 1971 la crisis económica en Estados Unidos obligó a la administración Nixon a romper la vinculación del valor del dólar con el oro.

Esta decisión provocó una gran crisis financiera, pero la solidez de la economía de Estados Unidos permitió que el dólar continuase siendo la moneda de cambio internacional.

Neoliberalismo y desarrollo desigual y combinado

Al finalizar la segunda guerra mundial, Estados Unidos concentraba la mitad de la producción industrial mundial. El peso económico de Estados Unidos ha disminuido con el tiempo, especialmente después de la ofensiva neoliberal a partir del derrumbe de la URSS. Inicialmente, el capital transnacional avanzó colonizando las economías del este de Europa y de Rusia. Este proceso se había iniciado en 1972 en China, pero adquirió un salto de calidad después de 1990.

Bajo el auge del neoliberalismo y de la aplicación de tratados de libre comercio en diferentes regiones del mundo, muchos países fueron expoliados, pero también ocurrió un fenómeno contradictorio: ciertas áreas de las economías crecieron en las semicolonias. Algunos países experimentaron un desarrollo industrial y surgieron nuevos centros económicos como los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica): En este proceso, desigual y combinado, en cuatro décadas, China resurgió como una potencia industrial que compite con las principales potencias imperialistas y que pone en jaque al orden económico de la postguerra.

El dólar y la deuda de Estados Unidos

Al ser el país emisor del dólar, moneda de cambio internacional, Estados Unidos tuvo en sus manos un poderoso mecanismo financiero. Al imprimir billetes de dólar sin el parámetro del oro, Estados Unidos obtuvo una ilimitada capacidad de financiar su deuda, exportando inflación a nivel mundial.

La supremacía del dólar dio a los bancos norteamericanos un poder inmenso, desplazando a Inglaterra y otros antiguos centros financieros, llegando a controlar el sistema financiero mundial. La deuda de Estados Unidos, aunque venia creciendo peligrosamente, se disparó después de la crisis financiera del 2008 cuando la administración Obama rescató a los principales bancos de Estados Unidos. Desde entonces no para de crecer.

La deuda de Estados Unidos ya llego a los 30 billones de dólares y representa el 118% de su PIB. En realidad, desde hace muchos años Estados Unidos tiene un nivel de vida artificial que se sostiene por su constante endeudamiento a partir de la emisión de miles de millones de dólares con menor valor.

China fue durante un tiempo el principal inversor en bonos de deuda de Estados Unidos, pero ha comenzado a deshacerse de ese tipo de instrumentos financieros.

La guerra en Ucrania aceleró la crisis del dólar.

El surgimiento de Rusia y China como nuevos imperialismos que se resisten a continuar siendo dominados por Estados Unidos, dio un nuevo impulso a la crisis del dólar. A raíz de la sanciones económicas y financieras contra Rusia, impulsadas por Estados Unidos y sus aliados, se produjo el reagrupamiento entre Rusia y China, una alianza que se postula como un nuevo polo de poder a nivel mundial. Ambos países comienzan a abandonar el dólar como moneda de cambio internacional, y han decido comerciar con sus monedas nacionales. Rusia anuncio que venderá su petróleo en rublos, su moneda nacional.

India mantiene viejos lazos comerciales y militares con Rusia, y también tomó la decisión de comerciar con sus respectivas monedas nacionales. Estos acontecimientos representan un golpe mortal a la hegemonía del dólar. Los principales países de Eurasia abandonan rápidamente al dólar como moneda internacional.

Brasil y Argentina se distancian del dólar

Uno de los primeros actos de gobierno del presidente brasileño, Luis Ignacio Da Silva, fue reunirse con Alberto Fernández, presidente de Argentina, y anunciar la atención de crear una moneda común para el comercio bilateral. Una vieja aspiración que no se ha podido concretar.

Desde 2014 hasta el 2023, el Real brasileño ha perdido la mitad de su valor frente al dólar. Argentina está en peores condiciones, sufre una decadencia económica sin precedentes, una inflación de más del 100% anual y una constante escasez de dólares, que limitan el comercio con Brasil, urgido de vender sus productos.

Brasil profundiza sus lazos con China

A finales de marzo del 2023, como un adelanto de los acuerdos que suscribiría con China, el gobierno de Lula anunció un acuerdo que permitiría comerciar utilizando sus monedas nacionales. China es el principal socio comercial de Brasil. El comercio entre ambos países fue de 150.500 millones de dólares en 2022. Las exportaciones brasileñas a China fueron de 89.700 millones de dólares. El 48% de las inversiones chinas en América Latina se concentran en Brasil, con un monto aproximado a 70.300 millones de dólares en el periodo entre 2007 y 2020, según el Consejo Empresarial Brasil-China.

El viaje de Lula a China no fue un acercamiento ideológico, sino una necesidad económica. En los últimos años, la industria brasileña sufre una gran crisis y ausencia de capitales a raíz de la implementación de la estrategia económica de Joe Biden de repatriar las principales industrias que abandonaron Estados Unidos con al auge neoliberal. En ese sentido, Biden ha superado a Trump, al aprobar una serie de leyes y decisiones administrativas (Decreto Buy América, Ley contra la inflación, Ley CHIPS, etc.) que crean enormes incentivos a las empresas para recolocar las industrias en suelo norteamericano.

En el acto de asunción de Dilma Roussef, como presidenta del Banco de los países del BRICS (Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica), Lula criticó la hegemonía del dólar y las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI): "¿Por qué todos los países están obligados a hacer su comercio amarrados al dólar? (...) ¿Quién decidió que el dólar sería la moneda (global) (…) Hoy un país necesita correr detrás del dólar cuando podría exportar en su moneda propia" (...) ¿Por qué un banco como el de los BRICS no puede tener una moneda que pueda financiar la relación comercial entre Brasil y China, entre Brasil y otros países de los BRICS? (…) Ningún banco puede estar asfixiando las economías de países como está haciendo ahora en Argentina el FMI o como hicieron con Brasil durante tanto tiempo y con todos los países del tercer mundo. Ningún gobernante puede trabajar con un cuchillo en la garganta porque (su país) tiene deudas". (France 24, 14/04/2023)

Fernando Haddad, poderoso ministro de finanzas de Brasil, en su viaje a China declaró que “el presidente Lula quiere una política de reindustrialización. Esta visita inicia un nuevo reto para Brasil: traer inversiones directas de China (…) Brasil también quiere tener fuertes lazos con Estados Unidos, pero algunas empresas estadounidenses tomaron la decisión de salir de Brasil”. (Los Ángeles Times, 15/04/2023)

Arabia Saudita acepta el petro-yuan

A inicios de abril del 2023, la reaccionaria monarquía de Arabia Saudita, durante muchos años un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente, se he rebelado contra el dólar. En el plano económico, Arabia Saudita ha declarado que no solo aceptará que el paguen el petróleo con dólares, sino que también aceptará yuanes de China, el mayor importador de petróleo en el mundo. De esta forma, los dos grandes productores de petróleo a nivel mundial, Rusia y Arabia Saudita, dieron un paso adelante en independizarse del dólar, y comerciar su petróleo con las monedas nacionales de los países compradores.

En el plano político, Arabia Saudita se distancia de Estados Unidos y se acerca a China, quien ha servido de mediador para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, poniendo fin a las rivalidades hegemónicas entre ellos que se libraba bajo la forma de un enfrentamiento religioso entre sunitas y chiitas. Los resultados están a la vista: la guerra civil en Yemen está finalizando, Arabia Saudita ha iniciado la distención con la dictadura de Bachar Al Assad en Siria, reconfigurando el statu quo en Medio Oriente.

Hacia bloques económicos regionales

Los economistas serios ahora aceptan que la ofensiva neoliberal, iniciada en 1990, ha llegado a su fin. La llamada globalización esta finalizando, dando origen a una creciente fragmentación de la economía mundial. Estados Unidos ha comenzado a aplicar una política proteccionista a su industria, otros países están respondiendo de igual manera. La locura neoliberal está dando paso a tendencias autárquicas que difícilmente revertirán el grado de entrelazamiento de la economía mundial. El resultado será la creación de bloques económicos, que pueden funcionar por un corto periodo, pero que en realidad son el preludio de una crisis generalizada del sistema capitalista. Hacia eso vamos.

Por Oliverio Mejía

El resultado de las elecciones en España pese a la victoria del Partido Popular (PP) en la contienda electoral sobre el oficialista Partido Obrero Socialista Español  (PSOE)  al primero no le alcanzara para obtener la mayoria y la investidura para formar gobierno.

Se esperaba un zarpazo de parte del conservador PP que con los votos del ultraderechista Vox, conformaran nuevo gobierno. El PSOE asumió el  gobierno tras una moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy en 2018,  con el respaldo de la coalición de izquierda neoreformista Unidos Podemos metamorfoseada ahora como Sumar. Además tuvo  el  apoyo de las fuerzas independentistas catalanas y éusqueras,  por medio  la abstención a la hora de la investidura..

Antecedentes

En 2019 se convoco a elecciones,  la primera en abril donde no logro  mayoria clara y la segunda en noviembre donde el PSOE con el apoyo de las fuerzas de izquierda neoreformista y las agrupaciones independentista, se convierte en gobierno. Hay que hacer la salvedad que el sistema politico es una monarquía parlamentaria, cuyo jefe de Estado es el rey Felipe II de la casa de los Borbones y el presidente del jefe de gobierno,  es quien encabeza el listado parlamentario del partido ganador.

El sanchismo como se le denomina logra el control del PSOE sobre la dirigencia histórica de Felipe Gonzales y los llamados barones regionales, quienes impulsaron la llamada transición por la democracia con el Pacto de la Moncloa, tras la muerte del dictador Franco,  desmontando la lucha popular y por los derechos de las nacionalidades, siendo los artificies de la implementación del neoliberalismo emprendido junto al PP. De ahí que el sanchismo con un discurso progresista y mas a la izquierda, desbanca a esa otra corriente al interior del PSOE.

El gobierno de PSOE-Unidos Podemos presidido por Sánchez afronto la pandemia y las medidas de cierre, la crisis económica relacionado con los efectos del Covid 19 y las consecuencias inflacionarios y mas recientemente producto de la guerra de Rusia contra Ucrania, el encarecimiento de las fuentes de energía, aumentando la situación de desempleo y de precarización laboral, de la clase trabajadora.

Esto factores ha llevado a desgastar al gobierno de Sánchez que se manifestó en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo donde el PP obtuvo la mayoria logrando su investidura para gobernar la mayoria de las comunidades autónomas y municipios con el apoyo de VOX. Solamente en Catalunya y Euskal Herria las  fuerzas independentistas y las expresiones nacionales del PSOE logran mayoria. Esto obligo al gobierno a convocar anticipadamente a elecciones parlamentarias como forma de detener esa tendencia.

Igualmente otra cuestión pendiente ha sido el tema de las nacionalidades oprimidas dentro del Estado Español, como Euskal Herria, Galicia y Catalunya, en esta ultima nación a partir de 2012 sectores de la burguesía y la pequeña burguesía, a partir de sus partidos CIU hoy Junts y Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) respectivamente; junto a sectores populares y obreros aglutinados en CUP y junto a organizaciones sociales catalanes, protagonizaron un proceso de movilizaciones y un referéndum no reconocido por el Estado Español en octubre de 2017  donde se impone el Si por la independencia, aunque con un alto abstencionismo. La respuesta del Estado fue una fuerte represión y persecución legal contra los promotores de este proceso, durante el gobierno de Rajoy

Desgaste del gobierno de coalición encabezado por el PSOE

Otro factor que ha afectado es la desilusión que ha generado en sectores de la clase trabajadora. Un ejemplo es la odiada Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobada en los gobiernos del socialista Zapatero y del conservador Rajoy. El gobierno de Sánchez aprobó una reforma a este estatuto, siendo esto  uno de los acuerdos de coalición con Unidos Podemos, logrando el compromiso de las burocracias sindicales de UGT ligado al PSOE y CC.OO ligadas al Partido comunista Español (PCE) junto a la patrona, para apoyar la reforma.

En las características de esta reforma, esta darle cobertura a los convenios colectivos para que estos no sean solo por empresa sino por sector productivo, así como la extensión de los contratos temporales, sin embargo la precarización de los llamados trabajadores en negro y  las subcontrataciones, que afectan a sectores migrantes se mantiene. De igual forma los llamados Expedientes de Regulación Temporal de Empleo una forma que las empresas pueden suspender o despedir trabajadores, si bien encarece a las empresas esos procedimientos, el Estado termina apoyando económicamente a los patrones para que no despidan.

En este ambiente aunque el desempleo se redujo y los contratos han tenido mayor estabilidad, la lucha salarial ha aumentado, relazándose fuertes huelgas a pesar del boicot de las burocracias, pero logrando  el apoyo de la anarcosindicalista Central Nacional de Trabajadores (CNT).

Otro tema espinoso es el apoyo militar en el marco de la OTAN  siendo España miembro,  al bando ucraniano, poniendo entre dicho la independencia política de los socios de izquierda de la coalición y obviando de parte de estos el carácter interimperialista de esta guerra.

En el plano de los derechos democráticos nacionales como el de Catalunya,  el gobierno de coalición ha sido contrario a estos derechos, el PSOE es abiertamente opuesto a esto y propone un modelo federal, mientras que la izquierda neoreformista a partir de sus expresiones en esa región, aunque apoyan el derecho a decidir, sus acciones han sido timoratas.

Es importante hacer mención de la izquierda hoy aglutinado en la coalición Sumar, en ella se aglutina Izquierda Unida un armazón vinculado al PCE y Podemos, de Pablo Iglesias,  formado tras la crisis económica mundial de 2008 como fueron los indignados, las mareas por las defensas al derecho a la salud y la educación, el movimiento contra los desahucios o las huelgas en la industria carbonífera. A esto se sumaron corrientes soberanistas como los catalanes En Comu y Compromis, Anticapitalistas que viene del trosquismo, Marea Atlántica de la Coruña, el ecologismo de Equo y otros. Podemos asumió lo que en ese país se llama el discurso anti casta, contra  la transición post franquista y el cuestionamiento a la monarquía, la participación en la OTAN, etc.

Estos entramados y alianzas electorales con poco sustento orgánico en la clase trabajadora no han sido sostenido y el mismo Podemos se resquebrajo, apareciendo MAS País, de Pablo Echinique, ahora parte de Sumar y Anticapitalistas, que solo se presentó en Andalucía en estas elecciones. Yolanda Díaz ministra de trabajo artificie de la reforma laboral que procede de las filas del PCE, rompe con Izquierda Unida y forma Sumar, esta agrupación logra hegemonizar el espacio de izquierda y bajo este nombre encabeza esta alianza, siendo Díaz la primera en el listado de diputados

Los resultados electorales

Con una población de mas de 37 millones convocados para votar, la participación fue superior a las elecciones de 2019 del 70 por ciento, votando levemente mas para el Congreso con casi 24 millones y medio de votos y casi 24 millones para el Senado.

El PP obtiene con Alberto Núñez Feijoo  a la cabeza  8,091,840 de votos, el 33.5 %, con 120 senadores aumentando 37 y 136 diputados aumentando 47. El PSOE de Sánchez, logra 7,760,960 de votos, el 31.7 %, 72 senadores reduciendo 21 y 136 diputados reduciendo dos. VOX aunque se mantiene en el tercer lugar con el impresentable de Santiago Abascal  logró 3,033,744,  el 12.39 %, perdiendo su representación en el senado y obteniendo 33 diputados reduciendo 19, con eso la mayoria que buscaba Feijoo para su investidura como presidente de gobierno, se viene abajo. El anunciado giro a la derecha parece haberse detenido o relativizado.

Sumar de Diaz logra 3,014,016 votos, el 12.31%, obteniendo un senador que no tenia y 31 diputados disminuyendo siete, pese a eso la caída es menor de lo que se esperaba. ERC obtiene tres senadores y 7 diputados; Junts un senador y 7 diputados; la izquierda independentista vasca EH Bildu 4 senadores y 6 diputados; el nacionalismo conservador vasco del PNV 4 senadores y 5 diputados; los regionalistas canarios de CC solo un diputado; el nacionalismo de izquierda gallego de BNG un diputado; y los conservadores regionalistas navarros del UPN también un senador y un diputado.

Ahora viene la investidura y que el rey proclame al nuevo gobierno, la burguesía imperialista española exige un gobierno de gran coalición entre el PP, el PSOE y otras fuerzas conservadoras como el PNV, a lo cual este ha asegurado que no  respaldaría un gobierno de Feijoo. Por su parte este, le reclama al PSOE su respaldo aduciendo que su partido es el mas votado y que lo apoye en su investidura, como presidente de gobierno.  

Las fuerzas de izquierda radical  como Anticapitalistas que iba en coalición con el regionalismo andaluz de izquierda no logra entrar al parlamento, junto a otras expresiones provenientes del tronco comunista, del trotskismo, del ecologismo radical y del independentismo como CUP que también desaparece del Congreso; así como la histórica CNT, junto a sindicatos de base, organizaciones de agricultores, de la España vaciada, ambientalistas, mujeres, migrantes, victimas del desahucio, etc. deben construir un frente unido para contrarrestar el avance de la derecha y las variantes social liberales y neoreformista que buscan mantener el statu quo.

Por Armando Sosa

Después de ser reelegido en octubre del año pasado como secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping viene de ser reelecto como presidente de la República Popular por un nuevo periodo. Esto fue posible por la modificación de la constitución en el año 2018, que impedía sobrepasar dos periodos en el puesto. La Asamblea Popular, órgano subordinado al Comité Central del PCC, lo votó a la unanimidad, siendo el primer secretario general en concentrar un poder similar desde la muerte de Mao Zedong. Además, se garantiza un tres en uno al presidir también la Comisión Militar Central, máximo órgano castrense del país, lo que acentúa sus súper poderes.

China, el principal enemigo del imperialismo yanqui

La burguesía yanqui viene machacando desde hace tiempo sobre el peligro que representa China para sus intereses en todos los ámbitos.

Ante esta amenaza por parte de la burguesía yanqui, la nueva burguesía china cuenta con la figura de Xi como nuevo Bonaparte. Dentro del nuevo contexto mundial, China se ha erigido como una gran super potencia económica y militar.

“La economía de la República Popular China podría superar a la de Estados Unidos en 2035, de acuerdo con las proyecciones a largo plazo de la institución financiera global Goldman Sachs Group, que incluyen a 104 países y abarcan un período comprendido desde hoy hasta el año 2075.

Por lo que ha predicho Goldman Sachs en su reporte “The Path to 2075: Slower Global Growth, But Convergence Remains Intact”, China ya ha cerrado la brecha de su Producto Interno Bruto (PIB) respecto al de Estados Unidos, pues este pasó de equivaler un 12% de nuestro PIB en 2000 a casi un 80% en 2021.

Además, el crecimiento potencial de China permanece -según las cifras oficiales que ofrece el régimen asiático- significativamente más alto que el de nuestra nación, con una estimación del 4,0% contra el 1,9%, respectivamente para el período de 2024 a 2029. Sin dejar de mencionar que la sobrevaluación real del dólar frente al yuan chino debe revertirse -indican pronósticos- en los próximos 10 a 15 años.” (Diario de las Américas)

En el terreno militar, las cosas se presentan, si bien todavía con enormes diferencias con respecto al rival yanqui, pero las intenciones de la ANP en el recién terminado congreso, apuntan a intensificar los gastos en este rubro.

“China aumentará el gasto militar en más de un 7% este año, al tiempo que advierte sobre amenazas "que no paran de crecer".

El anuncio fue hecho en la Asamblea Popular Nacional (APN), un organismo que confirma las decisiones el Partido Comunista Chino gobernante, y que en esta ocasión debe sellar el tercer mandato del presidente Xi Jinping.

El presupuesto militar de Pekín, que se sitúa alrededor de US$225.000 millones, no sobrepasa aún al de Estados Unidos, que es cuatro veces mayor.

Pero los analistas creen que China minimiza la cifra total de cuánto gasta en defensa.

El primer ministro saliente, Li Keqiang, dijo a la APN que "están aumentando los intentos externos de reprimir y contener a China".(BBC.com)

China y otros países denominados como economías emergentes, como la India, Rusia, son países que han desarrollado a un desarrollo capitalista a gran velocidad en las ultimas décadas. China y Rusia , como antiguos estados obreros, donde la restauración capitalista ha pasado por procesos diferentes, pero con resultados similares en cuanto a los regímenes políticos vigentes.

Estos son países con regímenes bonapartistas autoritarios, donde la figura central es el equivalente a las figuras de poder de antes de las revoluciones. Una especie de nuevo zar encarnado por Putin y un nuevo emperador personificado por Xi Jinping.

Este desarrollo, donde la clase obrera es sometida a nuevas y brutales formas de explotación y control, no pueden ser llevadas a cabo dentro de un marco democrático burgués clásico. De la misma manera que la contra revolución económica y social que se da en el marco del proceso de globalización económica en los países desarrollados, que tienden a la instauración cada vez más de regímenes bonapartistas, con figuras como Trump, Meloni, Orban y compañía , en las economías emergentes, la burguesía opta por figuras equivalentes pero con rasgos todavía más exacerbados.

Rusia y China: un nuevo eje estratégico

La primera visita oficial de Xi Jinping, después de su reciente investidura, se ha llevado a cabo en Rusia.

Rusia como potencia militar y nuclear es un aliado estratégico para la burguesía china. La guerra en Ucrania representa un riesgo también para los chinos. Un posible debilitamiento de Putin en este marco podría fragilizar la posición de China en el concierto internacional. Los intercambios comerciales entre los dos países han crecido en forma exponencial en los últimos años, producto de las sanciones occidentales contra Rusia, pero no solamente.

“En los dos últimos años, el comercio entre Rusia y China aumentó en más de 70.000 millones de dólares, es decir, un 65%....Nikolái Vavílov también destaca que la producción de alto valor añadido tiene un papel básico, ya que se pueden alcanzar los 220.000-250.000 millones de dólares anuales mediante el suministro de materias primas. Sin embargo, la estrategia de diversificación de la oferta distribuirá los recursos rusos entre la India y otros actores. El sinólogo también predijo que Europa volverá a adquirir las materias primas rusas.” (Sputnik).

¿Un escenario como en 1914-1918?

Esta situación apunta a que los bloques imperialistas se consolidan y la perspectiva de un nuevo conflicto inter imperialista son cada vez más cercanas. Los socialistas revolucionarios no tenemos, como los revolucionarios de los tiempos de Lenin y Trotsky, una bandera que levantar que no sea la de la clase obrera para evitar una nueva carnicería a escala planetaria con enormes y graves consecuencias para la subsistencia de la vida tal y como la conocemos.

Por Armado Sosa

Si se hace un breve vistazo sobre los últimos acontecimientos en los titulares de la prensa, sobresalen entre otros, las masivas movilizaciones en Francia, contra la reforma de las pensiones y en el estado sionista de Israel.

Cabe señalar, que a pesar del tiempo que ha pasado entre el inicio de estas hasta ahora, las masas no ceden terreno. A pesar, en el caso de Francia, de la aprobación en el Senado y el consiguiente decreto conocido como 49.3 o en Israel de la supuesta pausa declarada por el presidente Netanyahu en su intención de hacer pasar una reforma constitucional en la cual el poder legislativo, el Knneset no sería cuestionado por la Corte Suprema, las protestas no han decaído, al contrario, se han radicalizado, en el principio de una situación revolucionaria.

Israel: Bibi quiere tener plenos poderes

Después de un resultado negativo en dos elecciones parlamentarias que le impidieron formar una coalición para erigirse en primer ministro y sacudido por diversos escándalos de corrupción que a la postre fueron dejados de lado por sus aliados, Netanyahu pudo por fin conseguir su objetivo. Esto fue posible por el acuerdo logrado con los aliados provenientes de los grupos de la extrema derecha y fundamentalistas religiosos. A finales de diciembre, después de dos gobiernos efímeros de sus rivales políticos, Nafatli Bennett y Yahir Lapid, los cuales estuvieron unos dieciocho días el primero y   cuatro meses con veintinueve días el segundo, llegó el turno de Bibi. Desde el 2019, se han llevado a cabo cinco elecciones parlamentarias, lo cual se produce cuando el gobierno de coalición no puede seguir adelante. Y a pesar de estos procesos electorales, las bancadas políticas representadas no han podido lograr conformar un gobierno estable.

La crisis política que atraviesa el estado sionista no tiene casi comparación con las precedentes. El primer aliado del imperialismo yanqui en la región, enclave para contrarrestar la revolución de los países árabes y otras nacionalidades del área, es materia de inquietud para el campo imperialista.

El desgaste de su principal aliado político con veinte años en el poder, puede fragilizar la posición del país para seguir con cometido.

“"Es obvio que ahora es una cuestión de supervivencia política", opina para la BBC el profesor Yuval Shany, investigador del Instituto de la Democracia de Israel.

Shany explica que el problema real para el primer ministro es que "estará condenado si detiene la reforma, pero también si sigue adelante".

La presión sobre Netanyahu es tal que "realmente no tiene opción política más que detener o al menos pausar la legislación", algo que anunció este lunes.

El especialista añade que esto puede causar "que algunas facciones de extrema derecha abandonen la coalición y que el ministro de Justicia renuncie". (BBC)

Por otra parte, el mensaje de la administración Biden va en el sentido de lograr apaciguar la crisis y dar un respiro en medio de un incremento de las tensiones entre los diferentes campos imperialistas. Es evidente que el proyecto de Netanyahu ha obtenido con el visto bueno de los yanquis.

“Inmediatamente después del anuncio del primer ministro [Benjamín] Netanyahu sobre la suspensión de la legislación sobre la reforma judicial para permitir el diálogo, la Casa Blanca se apresuró a saludar calurosamente la noticia y enfatizó que su posición desde un principio ha sido que los líderes israelíes deben “encontrar un compromiso tan pronto como sea posible”.

“Pero en respuesta a una pregunta (el 28 de marzo), el presidente [Joe] Biden afirmó que “al igual que muchos firmes partidarios de Israel, estoy muy preocupado… No pueden continuar por este camino. Y lo he dejado en claro. Esperemos que el primer ministro actúe de manera que intente llegar a un verdadero compromiso. Pero eso está por verse” (Aurora-Israel.co)

En el último momento ha echado marcha atrás también en la destitución del ministro de defensa que salió a criticar la reforma, una prueba más del turbio panorama en el que se mueve el primer ministro.

Si bien las masas han obtenido un triunfo parcial, etas no son ingenuas y han redoblado las movilizaciones. Los sindicatos han hecho un llamado a la huelga general. La pérdida de confianza de la juventud también es manifiesta. Por un lado, se niegan a seguir los dictados de los grupos integristas judíos en el gobierno que buscan recortar las libertades democráticas y por otro el descontento se manifiesta en la oposición de incorporarse a las fuerzas armadas. Es lógico que como lo han proclamado algunos dirigentes sionistas, esto representa un problema de seguridad nacional.

Francia: Macron se tambalea, la lucha se radicaliza

Las movilizaciones en el hexágono no han cesado. Día tras día, en las principales ciudades, sectores distintos de la población salen a manifestar sin dejarse amilanar por la feroz represión de los gendarmes de los CRS.

De la misma manera, trabajadores de distintos sectores, en forma aleatoria declaran la huelga. Esta semana, durante las vacaciones de Pascuas que se dan por regiones , los trabajadores aeroportuarios han anunciado sumarse este jueves a la onceava jornada de movilización convocada por la intersindical. Esto tiene serias repercusiones sobre los vuelos a nivel continental.

“La escala de estas cancelaciones preventivas es ligeramente inferior a la del 6 de abril, cuando se vieron afectadas cuatro plataformas regionales. Estas supresiones de parte de los horarios de los vuelos de salida y de llegada permiten adecuarlos al número de controladores aéreos en su puesto y, por tanto, evitar perturbaciones aún mayores. A pesar de estas medidas, “no obstante, se esperan disturbios y retrasos” el jueves, subrayó la DGAC en su comunicado de prensa. Además de los aeropuertos, las interrupciones pueden afectar a ciertos centros de navegación aérea en ruta (CRNA), que guían a las aeronaves que sobrevuelan el territorio nacional. Dada la posición geográfica de Francia, estas huelgas tienen efectos en cascada en todo el tráfico aéreo europeo, lo que irrita a muchas compañías extranjeras que se ven obligadas a cancelar o retrasar vuelos.” Le Monde

La papa caliente la tiene ahora la Corte Constitucional que debe manifestarse sobre la reforma pasada a la fuerza vía el articulo 49.3. Sin embargo, el recurso de la corte no debería ser muy sorprendente. El pronunciamiento se haría este viernes catorce de abril. La composición de esta corte es muy politizada.

“Los "sabios" deberán rendir "dos decisiones": una sobre la constitucionalidad del proyecto de ley aprobado en el Parlamento tras un recurso al 49.3, y otra sobre la admisibilidad de la solicitud de referéndum de iniciativa compartida (RIP siglas en francés ndlr) lanzada desde la izquierda. Como es habitual en cada ley, la primera ministra Elisabeth Borne se había presentado directamente en el Consejo Constitucional el 21 de marzo para verificar la constitucionalidad del texto que retrasa la edad legal de salida a los 64 años. Este alto órgano del Estado está compuesto por nueve miembros, designados por el poder político (Presidente de la República, Presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado) y principalmente de las filas de la derecha, incluyendo, por ejemplo, al ex Primer Ministro Alain Jupe. Actualmente lo preside otro ex primer ministro: Laurent Fabius, del Partido Socialista.”(France 24)

Las direcciones sindicales tuvieron un encuentro con la primera ministra Elisabeth Borne y otros miembros del gobierno del cual no salió el mayor resultado.

Los dirigentes de las centrales sindicales han tratado de lograr entrar en razón a este grupo de “sabios” de la corte, de clara orientación liberal.

“la tensión entre los sindicatos y el gobierno no ha disminuido. Y según los representantes de los trabajadores, este diálogo de sordos reforzará las manifestaciones contra la reforma. Por ello llaman a una fuerte movilización este jueves 6 de abril. Luego, quedan suspendidas a la decisión del Consejo Constitucional, el 14 de abril. “Apelamos a la sabiduría del Consejo Constitucional. Debe oír que la democracia necesita apaciguamiento”, espera Laurent Berger (CFDT, ndlr). Y si el Consejo Constitucional valida la reforma, los dirigentes gremiales recuerdan la posibilidad que aún queda en manos del presidente de la República, Emmanuel Macron, de no promulgar el texto.” (Capital.fr)

¿Cuál es la salida?

En ambos casos las protestas callejeras ganan terreno propiciando las condiciones para hacer caer los respectivos gobiernos que vienen fragilizados no de ahora si no desde hace tiempo.

En el caso de Israel, si Netanyahu entierra su proyecto de ley, la coalición con la cual ha asumido el poder, podría resquebrajarse y provocar un nuevo llamado a elecciones sin perspectiva de solución a corto plazo para constituir un recambio. Las masas lo saben y no ceden en su afán de lograr el objetivo.

En Francia, la posición del gobierno de Macron hace aguas en todos los frentes, interno y externo.

Las direcciones sindicales en lugar de levantar expectativas en los fallos de la corte, deberían estar armando la huelga general para echar por la fuerza de la movilización el nefasto proyecto.

Por Nicolas Lebrun

El pasado 26 de julio, el hasta entonces jefe de la guardia presidencial, el general Abdourahme Tchiani, dio un golpe de estado contra el presidente Mohamed Bazoum.

Bazoum, antiguo ministro del interior del gobierno del partido oficialista Partido Nigeriano para la Democracia y el Socialismo, PNDS, anclado en el gobierno desde el 2011. Este sucedió a su mentor el expresidente Mahamadou Issoufou que gobernó durante 10 años y que fue reelecto en medio de una elección caracterizada por el fraude y otras irregularidades denunciadas por la oposición.

“Al igual que sus vecinos, la junta nigerina puso fin a los acuerdos de cooperación de seguridad con Francia y suspendió a los medios franceses RFI y France 24. El general Tchiani nombró un gobierno interino desafiando las sanciones de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la condena internacional del golpe. También buscó alianzas con Malí y Burkina Faso, que se comprometieron a defender Níger contra una intervención militar planificada por la CEDEAO. El 10 de agosto, los líderes de África Occidental activaron una fuerza de reserva para restaurar el orden constitucional en Níger, una medida respaldada por Francia y Estados Unidos. Las decisiones de Tchiani fortalecieron el M62, que atacó la CEDEAO y Francia. (bbc.com)

Esta excolonia francesa obtuvo su independencia en 1960. Sin embargo esta conquista se ha ido transformando poco a poco en lo contrario. Las enormes reservas de petróleo y los yacimientos de uranio y otros minerales como el oro han provocado un fenómeno dispar. Por un lado, las empresas de los países imperialistas saquean a su antojo las riquezas y por otro lado, la población vive en condiciones miserables.

“Hoy, este problema moviliza a la nueva generación frente a lo que considera el saqueo de los recursos naturales del país, mientras que, según el Banco Mundial, el 44,5% de la población vivía en 2014 con 1,90 dólares diarios. (DW 3/08/2020)

Los gobiernos de turno no han hecho otra cosa que firmar contratos ventajosos para las empresas transnacionales, en medio de escándalos de corrupción lo que deja al país privado de los enormes beneficios que estos recursos producen.

“Después de 60 años de soberanía, Níger lucha por beneficiarse de la explotación de sus recursos naturales. El uranio, el oro y el petróleo son explotados en la opacidad, una situación denunciada por los ciudadanos, la mayoría de los cuales viven en la pobreza. Para Nouhou Mahamadou Arzika, un actor de la sociedad civil, Níger estaba atrapado en los acuerdos de defensa firmados el 24 de abril de 1961 con Francia: "Nos obligaron a firmar un acuerdo de defensa en el que algunas riquezas importantes como el uranio, el litio y la mayor parte de nuestra riqueza subterránea estaban reservadas para su uso. Consideraron que nuestro país prácticamente debe dar carta blanca a Francia para que pueda usar y abusar de nuestros recursos". Para Abdoulaye Seydou, de la Red Panafricana para la Paz, la Democracia y el Desarrollo, no podemos hablar de independencia en Níger porque los recursos naturales están controlados por una empresa francesa a favor de la cual el gobierno está cambiando las leyes” (DW 3/08/2020)

Uno de los ejemplos que ilustran esta situación, es el contrato con la empresa multinacional del sector de la energía nuclear Orano, anteriormente llamada Areva hasta el año 2018

"La ley minera tuvo que ser dejada de lado e incluso fuimos a firmar una asociación estratégica que permite a Areva (Orano ahora) continuar explotando los recursos naturales sin cumplir con la ley. Posteriormente, el Estado de Níger se vio obligado a modificar esta ley para satisfacer los deseos de Areva".

En este rompecabezas, los franceses no son los únicos a sacar partida de la situación. Los chinos por su lado explotan el petróleo tan necesario para el modelo de expansión económica y militar en su país y sobre el continente africano.

“60 años de independencia y el Níger sigue dependiendo de las importaciones en varios sectores. El petróleo explotado por China también está experimentando el mismo escenario que el uranio. En las últimas semanas, la compañía de refinación controlada por China ha bloqueado los suministros a la Compañía Nacional de Distribución de Hidrocarburos debido a facturas impagas. (DW 3/08/2020)

Las movilizaciones contra el gobierno de Bazoum

A pesar de la dura represión por parte del gobierno títere de Bazoum, las movilizaciones permitieron la creación de una coordinadora de diferentes organizaciones populares llamada M62. Esta hace referencia a los 62 años desde la declaración de la independencia del país. En sus planteamientos están la salida de las fuerzas de intervención que desde hace años están en el país bajo el pretexto de la lucha contra las organizaciones yihadistas. Sin embargo, estos contingentes militares dentro de los cuales hay tropas francesas, llegadas luego de la operación Barkhane y de tropas yanquis, también asentadas en el país. El objetivo principal es que estos grupos no reproduzcan la misma situación que se dio en Irak y Siria. En esos dos países, Daesh , el estado islámico, controló los yacimientos y la distribución del petróleo, lo que le permitió obtener enormes recursos financieros que luego le permitieron comprar armamento y asegurar el funcionamiento de esta estructura paria.

“El movimiento M62 está formado por 15 organizaciones de la sociedad civil y se lanzó el 3 de agosto de 2022 cuando Níger celebró los 62 años de independencia de Francia. Aunque tiene su sede en Niamey, su página de Facebook (2.000 seguidores) ha publicado imágenes de las protestas del M62 en varias partes de Níger, incluyendo Zinder, Maradi, Agadez, Dosso, lo que sugiere que goza de una popularidad casi nacional. Su lema "Moutouncthi-Blourtchintarey" significa "dignidad" en las lenguas hausa y zarma, respectivamente. El grupo comenzó a agitar contra el aumento de los precios del combustible, la escasez de combustible y el aumento del costo de vida. En su primera protesta en septiembre de 2022, la primera vez que se permite una protesta en Níger desde 2017, el M62 pidió el arresto del ex presidente Mahamadou Issoufou por "alta traición" en relación con un escándalo de construcción de ferrocarriles. BBC.com” (16/08/2023)

La amenaza de intervención militar se concretiza

Los países organizados en el CEDEAO, la Comunidad Económica de los Estado de África Occidental, organismo creado en 1975 bajo la egida de las potencias imperialistas, antiguas metrópolis de estos países. En los hechos jeuga un rol similar al de la OEA. El peso económico de esta organización es enorme y engloba 387 millones de habitantes.

Luego del golpe de estado las amenazas de intervención de esta organización se han incrementado. El 17 y 18 de julio del presente año, los jefes del estado mayor del CEDEAO se reunieron en Ghana para afinar los detalles de la intervención.

“Él (Jérôme Pigné ndlr) cree que la "mayoría" de los países de la CEDEAO están "decididos" a "restaurar el orden constitucional". La planificación de la operación militar continúa, dijo, aunque la opción diplomática sigue siendo la preferida. Jérôme Pigné dice que la CEDEAO podría movilizar varios miles de hombres, ya que Côte d'Ivoire ya ha anunciado que puede proporcionar un batallón de 800 a 1.100 soldados. El bloque de África Occidental tiene al menos siete operaciones militares en su haber, bajo el régimen de la fuerza de reserva, señala Jérôme Pigné.” (France 24)

Las potencias imperialistas que luego de sus intervenciones imperialistas han causado enormes pérdidas de vidas humanas y otras vejaciones como las violaciones que han quedado en la impunidad total, piensan enviar a las tropas de estos países como punta de lanza para restaurar la pax imperialista.

“Grupos internacionales de derechos humanos han acusado a los ejércitos de Níger, Malí y Burkina Faso de llevar a cabo decenas de ejecuciones extrajudiciales durante campañas contra yihadistas y otros grupos armados en la región del Sahel. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Níger estaba investigando las denuncias de que 102 civiles habían desaparecido en la zona entre el 27 de marzo y el 2 de abril tras una operación del ejército. "De hecho, hubo ejecuciones de civiles desarmados y la misión descubrió al menos 71 cuerpos en seis fosas comunes", dijo Abdoulaye Seydou, presidente de la Red Panafricana para la Paz, la Democracia y el Desarrollo, que participó en la investigación.” (bbc.com 9/2020)

Si bien muchas de esas atrocidades quedan en el silencio, el hacho es que han provocado una fuerte alza en la migración.

“Aun después de la elección de Bazoum como primer presidente escogido en las urnas, en 2021, los yihadistas, que se arraigaron en la vecina Malí en 2012, han ganado más terreno, con una espiral de violencia que deja miles de personas muertas y más de 6 millones de desplazados en todo el Sahel.” (france24.com  28/07/23)

Los socialistas revolucionarios condenamos desde ya cualquier intento de intervención en Niger así como en los otros países del Sahel que han decidido de romper los acuerdos con los antiguos amos.

Sin embargo, esto no quiere decir que damos un cheque en blanco a los golpistas. Bien al contrario desconfiamos profundamente de su capacidad de hacer frente a las aspiraciones del pueblo nigeriano para obtener una segunda independencia que les garantice el acceso a sus necesidades fundamentales así como el control de las enormes riquezas del país.

Esto pasa por la organización independiente de los trabajadores y de las masas. Estas deben fortalecerse y así lograr construir el partido obrero que garantice el triunfo contra la ocupación imperialista.