Por Leonardo Ixim

El pasado 10 de julio, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) movilizó a sus bases a la ciudad de Guatemala, copando el Centro Histórico, evento al cual se calcula que por lo menos llegaron cinco mil manifestantes. 

Lo destacado de esta movilización es que es la primera gran acción de protesta contra el gobierno socialdemócrata del Movimiento Semilla. En el cierre del acto líderes hombres y mujeres procedentes de comunidades, en su mayoría rurales e indígenas, representantes de la juventud de la organización, de comunidades de migrantes en Estados Unidos ligados a CODECA, y la principal líder Thelma Cabrera, ex candidata presidencial, tuvieron un duro mensaje al gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, al que calificaron de responder a los grupos empresariales y las distintas facciones burguesas y no a las demandas populares.

El pliego de demandas incluía exigir la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y otros funcionarios vinculados al plan golpista. También parar los desalojos a comunidades campesinas que ocupan tierras que han sido reclamadas por éstas, por medio de orden de jueces coludidos con terratenientes. Se reclamó además por el alto costo de la canasta básica, que en los últimos meses ha sufrido una escalada inflacionaria. 

La primera demanda debe ser operativizada por las organizaciones sociales, ya que el gobierno muestras errores tácticos y estratégicos en lograr ese cometido, pero a la vez una dejadez criminal con mantener a esos personajes. La segunda es una demanda estructural que solo se resuelve con una reforma agraria integral y total, pero que en el caso de la serie de desalojos que se han registrado en este gobierno, obedece a órdenes ilegales llevadas a casos penales, cuando éstos se pueden resolver por la vía civil, ahora con el agravante de que el Ministerio de Gobernación se presta a eso. 

En el caso de los altos costos de canasta básica, implicaría eliminar a los intermediarios que encarecen los costos, además de garantizar mercados directos para los productores, eliminar el IVA al consumidor y controlar los precios en márgenes beneficiosos para los productores, distribuidores y consumidores de clase trabajadora.

Por último, planteaban que el gobierno de Arévalo y Herrera rompa con el CACIF (la coordinadora asociaciones empresariales que aglutina a la burguesía), algo que sabemos es imposible, por el carácter pequeño burgués de Semilla y porque su otro aliado, el gobierno del Partido Demócrata en EU podría perder las elecciones en noviembre contra Trump.

Para finalizar, CODECA cierra su pliego petitorio con la Asamblea Constituyente Plurinacional. Si uno lee el programa de la ACP, verá que es totalmente democrático y revolucionario, por ejemplo, en la demanda de la nacionalización de los bienes comunes y sectores privatizados, mucho más que otras expresiones de izquierda como la URNG o Winaq;  pero se queda corto en lo que respecta a las demandas transicionales y permanentistas, mantiene un fetiche con la propiedad privada de los medios de producción.

Ahora bien, la actitud del gobierno fue de ignorar a la dirigencia de CODECA, la cual pidió una reunión con Arévalo y este desapareció del Palacio Nacional de la Cultura. Arévalo se reúne gustosamente con los personeros del CACIF, pero no recibió a la dirigencia de CODECA. 

Tal situación fue acompañada de algunas opiniones en redes de diputados de Semilla, mostrando su desconocimiento, discriminación y hasta racismo. Sin duda una reacción estúpida, más cuando la extrema derecha se desvive por atacar al gobierno ante los reales o aparentes problemas de ejecución gubernamental, en parte por el bloqueo que estos partidos le tienen al gobierno en el Congreso de la República.

Los socialistas centroamericanos consideramos que CODECA, junto a las organizaciones populares, sindicales, campesinas, estudiantiles, comunitarias y de los pueblos mayas, mestizos, xincas y garífuna deben organizar un frente de lucha independiente del gobierno y de cualquier facción de la burguesía. Es más, esa es la única garantía de implementar una ACP que sea un  instrumento de organización y de disputa al poder burgués, no un simple órgano administrativo gubernamental y que, por otra parte,  exprese los intereses de la clase trabajadora en la  diversidad de pueblos y no como expresión de un vago culturalismo.