Por: Alberto Castro  

Mientras el espectáculo con luces led mantiene en su letargo a fanáticos del bukelato, irreflexivamente y sin ninguna muestra de indulgencia, otra dosis de medicina amarga ha sido aplicada sobre la clase trabajadora salvadoreña; despidos masivos en el sector público y la perdida de conquistas históricas, como es el caso del desmejoramiento de los permisos laborales. Lo alarmante tras esto viene por la casi nula respuesta de los sindicatos, sale a la luz la poca capacidad de respuesta organizada que existe ante tal ferocidad mostrada por la dictadura, así mismo queda expuesta la crisis de dirección histórica en el seno de la clase trabajadora salvadoreña.        

Los 300 despidos de cultura, no apoyemos esta medida malévola         

El jueves 27 de junio a través de su cuenta de X, Nayib Bukele,       dio a conocer el despido de 300 empleados del Ministerio de Cultura, sin apego a un razonamiento acorde a la Ley del servicio Civil, poniendo como justificación  que las trabajadoras y trabajadores afectados promueven agendas incompatibles con su gobierno, además que esta ’’medicina amarga’’ tiene como fin el ahorro de la economía del país.

Se trata de una estrategia de austeridad para sanear las cuentas, cuyos efectos negativos surten efecto sobre 300 personas y sus familias, algo que debería ser inadmitido y combatido organizativamente por la clase trabajadora, pues no se trata solamente de algo que sucede al margen de la estabilidad laboral dentro del sector público, sino obedece a un ejercicio apilado a una práctica funesta  que desde el mandato anterior viene realizando Nayib Bukele, basta con tomar en cuenta cómo incluso dirigentes y representantes sindicales que gozan de la garantía del fuero sindical, han sido suspendidos e incluso despedidos por el sólo hecho de no apegarse a la corriente sindical progobierno, aglomerada en la Unidad Sindical Salvadoreña (USS). Entendamos que nadie está a salvo de ser alcanzado por este tipo de arbitrariedad.            

Reforma en nombre de la eficiencia           

El martes 25 de junio la Asamblea Legislativa (AL), con 54 votos a favor aprobó sin discusión la reforma del artículo 6 del ’’Decreto Legislativo  17 relativo a los asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos’’, para entenderlo, se trata de una reducción del tiempo que dispone el personal de la administración pública para atender enfermedades, además, cuando sea procedente el permiso, se deberá presentar las certificaciones médicas siempre que él o la empleada publica deba ausentarse por enfermedad. Durante 84 años estuvo en vigencia el primer inciso que dice que ’’En cada mes de servicio, el empleado podrá faltar hasta cinco días por enfermedad sin necesidad del certificado médico ni de licencia formal’’.

Con la reforma queda así: ’’…deberán comprobarse por medio de una certificación extendida por un médico, por la dirección del hospital en donde se atiende al paciente o, en casos especiales,  a juicio prudencial del jefe del respectivo servicio y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social..’’. Si nos creemos en el discurso oficial que el fin es la eficiencia del servicio público y del servicio del Estado para con la población, estaremos viendo con insensibilidad a quienes padecen de enfermedades crónicas y degenerativas. De entre las voces que valientemente manifestaron su rechazo, está el Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), el secretario general, Francisco Zelada, expresó: ’’Quienes serán los más vulnerables serán los pacientes con padecimientos renales, con enfermedades oncológicas y otras enfermedades degenerativas; pacientes con una o más enfermedades crónicas y los de la tercera edad’’. No se ha contemplado la especialidad médica, de una manera grosera se ha incluido el mismo trámite para todas las condiciones médicas.

Levantémonos y entrelacemos brazos de solidaridad      

Estas otras dosis de medicina amarga aplicadas directamente sobre la clase trabajadora salvadoreña, perteneciente al sector público, no constituyen una mejora en la prestación del servicio del Estado a la población, no se puede hablar de mejora en la administración pública cuando se pierde la estabilidad laboral y se imponen condiciones de difícil tramitación para trabajadoras y trabajadores con enfermedades que le dificultan la movilidad física. Más temprano que tarde debemos reaccionar y evitar seguir perdiendo nuestros derechos laborales, demostremos que somos la verdadera fuerza que mueve al país, al mundo.