El Movimiento Popular Unificado (MPU) condena la nueva oleada represiva lanzada por el gobierno de Ricardo Martinelli, que se ha materializado esta semana en: el despido al dirigente magisterial Andrés Rodríguez, la sanción contra el dirigente de ANFACSS Luis Lee y el intento de bloqueo contra el diario La Prensa.

El despido de Andrés Rodríguez se suma a los despidos de otros dirigentes magisteriales (Oldemar González, Dany Gallardo y Luis Góndola), así como a una serie de imposiciones inconsultas del MEDUCA en materia educativa, de la que la eliminación del curso de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, ha sido la última.

Las sanciones contra el compañero Lee, de ANFACSS, a su vez se suma a los despidos de dirigentes (Samaniego, despedido el año pasado) y activistas que participaron en el paro de hace dos meses, a la negativa de revisar la escala salarial, a la violación de acuerdos con los diversos gremios de salud y al despilfarro de fondos del Seguro Social en desmedro de la calidad de atención a los usuarios por parte de la administración de Sáenz Llorens.

El bloqueo contra el diario La Prensa, por parte de camiones y trabajadores de la empresa TCT, responde a las denuncias de corrupción y de contratos preferentes con esta empresa, cuyos dueños son "amigos" del presidente Martinelli.

El MPU condena los despidos de los dirigentes gremiales, tanto educativos como de la salud, exige su reintegro inmediato y respalda incondicionalmente cualquier acción que aprueben los gremios contra la ola represiva del gobierno.

El MPU también exige la restitución del curso de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, cuya eliminación es un intento por borrar la memoria histórica de la nación panameña de las futuras generaciones.

Rechazamos la instrumentalización de los trabajadores de la empresa TCT por parte de sus dueños y del sindicato amarillo en la disputa de la familia Ochy contra las denuncias de La Prensa. Constituye una extorsión inaceptable por parte de los dueños de TCT y del gobierno sugerir que una investigación por contratos corruptos de la empresa ponga en peligro la estabilidad laboral de los trabajadores.

Al margen de cualquier valoración que se tenga sobre los medios de comunicación y las pugnas interburguesas, es evidente que el ataque al diario La Prensa constituye una violación de la libertad de información y de opinión, por lo cual debe ser condenado por todos los sectores democráticos.

Panamá, 4 de agosto de 2012.

MOVIMIENTO POPULAR UNIFICADO