Por Armando Tezucún

Como resultado de las medidas de hecho tomadas por los trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal los días 7,8, 9 y 10 de agosto, fue declarada la suspensión de la entrada en vigencia del contrato con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal. Se acordó iniciar un proceso de diálogo, mediante una comisión, a partir del día 13.

Ese día, representantes del Sindicato de Trabajadores de la EPQ declararon que estarían dispuestos a ofrecer los fondos de su pasivo laboral (unos Q320 millones) para que, junto a las reservas de la portuaria, fueran utilizados para realizar la inversión que haría la empresa española (Prensa Libre 13/8/12). Sin embargo, la propuesta no fue manifestada en la reunión de la comisión por las dificultades legales que implicaría.

Esta comisión de diálogo, al igual que todas las que ha instalado el gobierno no ha dado ningún fruto. Se han realizado tres reuniones y se trazó un cronograma de temas a discutir, de los cuales sólo se ha debatido el primero, que versa sobre la legalidad del contrato.

Lo que sí dejó claro el gobierno es su disposición a echar a andar el contrato con TCQ, cueste lo que cueste. Pérez Molina declaró “No vamos a anteponer los intereses de mil 200 trabajadores que tiene el puerto, contra los de 15 millones de guatemaltecos” (Prensa Libre 25/8/12). Vale decir que los interesados en el contrato no son 15 millones de personas, sino un puñado de mercaderes españoles y funcionarios públicos que aún no sabemos qué beneficio están sacando es este oscuro negocio.

Estas declaraciones las dio el presidente en el marco del foro “Mitos y Realidades del Puerto Quetzal”, realizado el 23 de agosto en el Palacio Nacional de la Cultura. El acto, al que asistieron sólo personas con invitación, fue organizado para justificar el contrato firmado con los empresarios españoles. Inicialmente los compañeros trabajadores no recibieron invitación, y el interventor de la portuaria Allan Marroquín de manera prepotente giró órdenes de que todos debían estar en sus puestos de trabajo. Pero como los dirigentes sindicales manifestaron que de todos modos acudirían, al final se les giró invitación.

El foro fue un acto unilateral, sin posibilidad de debate, en el que los oradores defendieron la necesidad de modernizar la portuaria (algo que ya se sabe, el problema es cómo hacerlo) y la legalidad del contrato con TCQ. Respaldamos a los trabajadores en su exigencia de que sea la portuaria quien realice la modernización, y se demuestre con cifras cuánto dejaría de utilidades al país y a las municipalidades la inversión de la empresa española, y cuánto dejaría una inversión de la propia portuaria. Alertamos a los compañeros que no se dejen enredar en una infructuosa mesa de diálogo y que estén prestos a nuevas acciones de hecho para defender su punto de vista.