Por José René Tamariz

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se creó en abril del año 1949 mediante el decreto-ley 449 en el período de gobierno de la Junta de Gobierno, surgida del conflicto político-militar de 1948, encabezada por José Figueres Ferrer. Debido a su labor de electrificación nacional, posteriormente, en el año 1963 se le asignó asumir el desarrollo de las telecomunicaciones. Es decir, que el ICE tiene 75 años de existencia y garantizó la electrificación en todo el territorio nacional que, en aquella época, apenas cubría el 14% del territorio.

Es importante destacar que en Costa Rica se cubre el 99,5% del territorio nacional en cuanto a la electricidad. El 73,39% de la energía eléctrica proviene de fuente hídrica, el 13,84% de la geotermia, el 12,12% es eólica, el 0,63% es de fuente solar y biomasa y el resto es térmica. Actualmente, el servicio de electricidad lo realizan ocho empresas: el ICE abastece a todas las zonas rurales; la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), subsidiaria del ICE, abastece a la provincia de San José; la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) abastece a la provincia de Heredia; la Junta Administrativa de Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) provee a la provincia de Cartago; Coopeguanacaste, la provincia de Guanacaste; Coopealfaroruiz, zona de Alfaro Ruiz; Coopesantos, zona de los Santos y Coopelesca, la zona de San Carlos.

Es necesario mencionar que la rectoría y de las políticas nacionales del sector eléctrico está a cargo del Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). La regulación de los precios de los servicios públicos lo hace la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. La planificación de largo plazo del sector eléctrico está a cargo del ICE con base en el plan nacional del MINAE. El centro de control y despacho del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está a cargo del ICE. El transporte de electricidad lo realiza el ICE y la comercialización de la electricidad no se realiza.

Desmembramiento y Debilitamiento del ICE

Como una gran maniobra política, Rodrigo Chaves, desconvocó 43 proyectos de ley y sólo dejó en las sesiones extraordinarias el proyecto de Ley Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente 23.414. Ese proyecto priorizado por el Poder Ejecutivo tiene como objetivo central y último, consumar el debilitamiento y desmembramiento del ICE para propiciar y profundizar la privatización de la energía eléctrica, beneficiando a las grandes empresas y a los cogeneradores privados de electricidad.

Ese proyecto de ley crea nuevos organismos como el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico (ECOSEN), el Mercado Eléctrico Nacional y Mayorista y otros mecanismos tramposos. La planificación de la generación y transmisión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se le quita al ICE y se le traspasa a ese nuevo ente. La comercialización de la electricidad que no se realiza en la actualidad se crearía mediante el Mercado Eléctrico Nacional y Mayorista. En realidad, la creación de esos nuevos entes constituye el desmembramiento total del ICE, restándole poder a esta institución, así como su reducción a una empresa más de abastecimiento de corriente eléctrica. Los miembros integrantes del ECOSEN, compuesto por representantes de empresas privada, serán pagados mediante el canon que pagarían las empresas de electricidad.

En la actualidad, el ICE y su subsidiaria, la CNFL, son instituciones dominantes de la generación, distribución y venta de energía eléctrica. Por ejemplo, el ICE y su subsidiaria la CNFL venden aproximadamente el 78,7% del total de los mega watt de energía eléctrica. Los ingresos en dólares de ambas empresas públicas fueron de aproximadamente $524,2 millones. Estas informaciones son del año 2010. (El sector eléctrico en Costa Rica.  Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Panamá. ICEX, noviembre de 2011). Probablemente, los porcentajes de venta de energía eléctrica y los ingresos, en los últimos años, hayan aumentado. Entonces, las intenciones de Rodrigo Chaves con el proyecto de ley de armonización del sistema eléctrico nacional es que empresas privadas vendan más energía eléctrica, quitándosela al ICE y, por ende, que se apropien de esos gigantescos ingresos de las empresas públicas de electricidad como son el ICE y la CNFL.

El debilitamiento al interior del ICE, provine de la alta jerarquía de la junta directiva del ICE y gerentes puestos por los gobiernos de turno del PLN, PUSC, PAC y ahora Rodrigo Chaves, han tenido como política saquearlo, desde adentro, mediante diversos mecanismos y políticas. Una de esas políticas ha sido la imposición al ICE de compra de energía eléctrica a empresas productoras de energía. Por ejemplo, la compra de energía a generadoras privadas aumentó de 59 mil millones de colones en el año 2013 a 122 mil millones en el año 2017, es decir, un incremento del 206%. Esas compras representaron el 34% de los costos operativos del ICE. Un gasto y costo innecesario. En realidad, esa compra de semejante cantidad no es necesaria, ya que el ICE tiene la capacidad instalada suficiente para suplir el 100 % de energía eléctrica al país.

Completando el Trabajo Sucio Iniciado por los Arias

Oscar Arias (período 2006-2010) como una gran maniobra política logró que se aprobara y ganara el SI en el referéndum del año 2007. Los Arias no sólo perseguían la privatización de las telecomunicaciones, sino también de la energía eléctrica. Esto último no lograron hacer. De esa manera, el TLC o CAFTA entró a regir en Costa Rica el 1 de enero del año 2009. A partir de esa fecha se inició el proceso de apertura de los servicios redes, Internet y telefonía móvil o celular. ¿Por qué los Estados Unidos le exigieron al gobierno de Abel Pacheco la apertura del mercado de las telecomunicaciones controladas en aquella época por el ICE?

La respuesta es esencialmente una cuestión económica-financiera, ya que las telecomunicaciones constituyen un sector de servicios altamente rentable que genera millones de dólares en ganancias. En aquella fecha, previo a la apertura de las telecomunicaciones se decía que “Los activos del ICE son aproximadamente de 2.400 millones de dólares que representan el 28% de todos los activos del sector financiero nacional; su patrimonio supera el 208% de todo el sistema financiero costarricense; sus ventas en el año 2002 fueron de 752 millones de dólares (21). El ICE es la tercera empresa más grande el país después de la Corporación de Supermercados Unidos (CSU) y la Refinadora Costarricense de Petróleo, además se encuentra en el ranking de las mayores 500 empresas de América Latina. Por estas razones es que el imperialismo yanqui le impuso al gobierno de Pacheco la apertura de las telecomunicaciones, ya que pretende controlar y quedarse con uno de los negocios más importantes, moderno y rentable del país. Los tres sectores de las telecomunicaciones (redes privadas, Internet y telefonía celular) que serán abiertos a la competencia constituyen el 70% de la facturación que realiza esa institución, o sea, $ 526.4 millones de dólares, el mayor volumen de sus ventas y ganancias”. (Tamariz, José René: El Impacto Económico-Social del TLC en Costa Rica y como Combatirlo. Costa Rica, 2003). Nota: La Corporación de Supermercados Unidos (CSU), propiedad de la familia Uribe fue vendida a Walmart de Estados Unidos.

Después de 13 años de apertura de las redes, Internet y telecomunicaciones las consecuencias son evidentes y destructivas para el ICE. De ser un operador dominante y monopólico de esos sectores el ICE ha pasado a ser el segundo proveedor de las telecomunicaciones. Al respecto, las informaciones periodísticas señalan que “La empresa pública y su marca Kolbi fueron destronadas en 2021 del primer lugar como principal proveedor, después de haber sido el líder desde la apertura de ese mercado en Costa Rica en noviembre de 2011. En 2020, el ICE tenía el 41,1% del mercado cuando aún era el operador dominante”. (La Nación, 5 de junio de 2024). El ICE de ser la tercera empresa más grande del país después de la CSU y Recope, en aquellos años, ahora, año 2023, se ubicó en el puesto número 18 de las grandes empresas, descendiendo 15 posiciones.  

Sin embargo, para el año 2023 la estadounidense Liberty controlaba el 45,3% del mercado de las telecomunicaciones, Kolbi-ICE el 34% y Claro el 20,7%. Es decir, el 66% de las telecomunicaciones son controladas por dos empresas privadas extranjeras. El mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica fue de $1.427 millones en el año 2022. Unos $942 millones del mercado son controlados por esas dos empresas privadas. De forma lenta, pero sostenida el ICE ha venido perdiendo mercado en las telecomunicaciones. Su reducción en ese sector, lo ha llevado también a la disminución significativa de sus ganancias, a la reducción numerosa de su planilla o despidos de miles de trabajadores y a su achicamiento como empresa.

En la administración Arias fue presentado un proyecto denominado “Ley general de electricidad” que tenía como objetivo de privatización de la energía eléctrica, ya que la familia Arias, a través de su Ingenio de caña Taboga, son productores de energía eléctrica. Ese proyecto no fue aprobado en la siguiente administración de Laura Chinchilla. De ahí en adelante, han varios intentos de privatizar la energía eléctrica que no han resultado ser tan efectivos en ese proceso privatizador.

Ahora, el intento y esfuerzo más serio para desmantelar al ICE y privatizar la energía eléctrica lo lleva adelante Rodrigo Chaves con su proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”. En la eventual aprobación de ese proyecto, con algunas modificaciones cosméticas, en la Asamblea Legislativa hay intereses comunes entre Rodrigo Chaves con la familia Arias, la familia Figueres, otros capitalistas denominados cogeneradores privados y neoliberales del Congreso.

De aprobarse ese proyecto, se convertiría en la segunda gran estocada y golpe al ICE. Igual que lo que pasó con el ICE en telecomunicaciones, de aprobarse ese proyecto de Chaves, los generadores privados de electricidad se terminarán quedando con la mayor tajada de las ganancias que generan la producción y venta de electricidad. Asimismo, es importante mencionar que la energía eléctrica se va a encarecer para los consumidores domiciliares y otros sectores, mientras que para las grandes empresas va a disminuir. Entonces, con la eventual privatización de la energía eléctrica los perdedores serán los trabajadores, sectores populares y clases medias y los ganadores, las grandes empresas y los generadores privados de electricidad.

Por tanto, es fundamental que las organizaciones sindicales del ICE que aún quedan, bastante diezmadas por la apertura de las telecomunicaciones, convoquen a todas las demás organizaciones sindicales de los diversos sectores laborales a luchar y movilizarse en contra de la eventual aprobación de esa ley de privatización de la energía eléctrica.

¡No a la Aprobación del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional en la Asamblea Legislativa!