Las personas y organizaciones abajo firmantes, motivadas por los graves hechos que se están produciendo respecto a la negociación de un nuevo contrato con la empresa transnacional First Quantum Minerals (FQM), registrada en nuestro país como Minera Panamá, señalamos:

Panamá es un país cuyas características biofísicas (como el ser parte del Corredor Biológico Mesoamericano) lo hacen incompatible con la minería, una actividad económica cuya sostenibilidad es imposible, contrario a la propaganda de FQM. A su vez, el Istmo, según Cepal (2020), tiene un nivel “severo” de vulnerabilidad al cambio climático al año 2030. Durante todos los años de operar en el país, la empresa ha utilizado drásticos métodos extractivistas a cielo abierto, que han destruido centenares de hectáreas de bosque tropical en el distrito de Donoso, además de incurrir en más de 200 infracciones ambientales registradas, pese a lo cual continúa exigiendo aún más hectáreas cada año. A pesar de todo lo anterior, más del 50% del territorio istmeño permanece abierto a concesiones de exploración y explotación minera.

Si bien el aspecto económico es importante, es un error seguir centrándolo en el PIB, un indicador obsoleto e insuficiente, tanto para medir el bienestar de la población y tomar decisiones que den respuesta a sus necesidades, como para encarar una crisis climática que sigue sin discutirse en Panamá con la amplitud y seriedad que amerita.

Desde que inició operaciones, FQM ha violado la Constitución y las leyes del país de todas las formas posibles: su concesión no pasó por licitación y además viola el artículo 290 de la Constitución Política que prohíbe operar a empresas cuyos propietarios sean estados extranjeros, como es el caso de FQM, cuyas acciones están en un 60% en manos de China, Singapur y Corea del Sur.

Luego de aprobarse bajo dudosas circunstancias en la Asamblea Nacional, el contrato ley de FQM fue demandado inmediatamente, pero la Corte Suprema de Justicia tardó casi 20 años en emitir un fallo de inconstitucionalidad. El fallo fue emitido recién en 2017 (y ocultado por el gobierno de J.C. Varela), con lo cual la empresa se ha mantenido operando inconstitucionalmente. Lo anterior convierte a sus ganancias en un vil robo al país.

FQM no solo ha saqueado el cobre de Panamá, sino además oro, pagando migajas de 2% sobre enormes regalías de miles de millones de dólares, (en comparación con lo que pagan empresas similares y la misma empresa en otros países), mientras goza de otras grandes exoneraciones. Al mismo tiempo, se trata de una extracción que no genera verdadero bienestar (a largo plazo y con autonomía) para las poblaciones que dependen de los servicios ambientales proveídos por la rica biodiversidad de las zonas devastadas por FQM.

La multinacional FQM ha violado sistemáticamente el Código de Trabajo panameño, con métodos gansteriles y despidiendo incluso a una parte de la dirigencia sindical durante la pandemia de COVID-19. Al día de hoy, FQM se niega a acatar los fallos de los tribunales de trabajo que exigen sus reintegros.

FQM se ha convertido en un enclave minero al que las autoridades panameñas no pueden acceder sin autorización de los gerentes de la empresa, como si se tratara de un país extranjero o de la desaparecida Zona del Canal.

Desde la publicación del fallo de inconstitucionalidad, FQM simuló negociar un nuevo contrato, haciendo quedar en ridículo al presidente de la república, Laurentino Cortizo, ya que ahora la empresa se niega a firmar y descaradamente pide más concesiones onerosas en el territorio panameño.

Ante la burla de la negociación fingida, agravada por más de un año sin pagar regalías al país, a la vez que la empresa continúa extrayendo mineral, el gobierno de Cortizo tomó medidas laxas e inconsecuentes al decretar la suspensión de las operaciones comerciales, con la posterior apelación de la empresa para seguir como si no pasara nada.

Entendemos que la actuación tibia e inconsecuente del actual gobierno frente a FQM se debe a que está filtrado por personas relacionadas con el negocio minero, empezando por el vicepresidente José Gabriel Carrizo, exabogado de Petaquilla Minerals, empresa que “traspasó los derechos” a FQM.

Por todas las consideraciones expuestas, las organizaciones ecologistas, gremiales, sindicales, populares, entre otras firmantes, EXIGIMOS del gobierno panameño:

Declarar la moratoria para nuevas concesiones en todo el territorio nacional, permitiendo al país salvaguardar el agua, los bosques y la vida silvestre, cuya protección es imperante ante la emergencia climática que vive el planeta y a la que el Istmo no es ajena.

Proceder a la nacionalización de la mina para hacer valer la Constitución Política, las leyes ambientales y laborales de Panamá frente a los abusos de esta multinacional. Lo anterior implicaría explorar la posibilidad de declarar improcedente una indemnización a la multinacional, tomando en cuenta el incalculable valor de los entornos naturales devastados en su beneficio y las exorbitantes ganancias obtenidas (y no gravadas) con un contrato inconstitucional por más de 5 años.

Un debate amplio y democrático que permita al pueblo panameño decidir cómo utilizar la renta post-nacionalización y cómo gestionar y mitigar los efectos del eventual cierre de la Mina. Planteamos estimular otras actividades económicas en armonía con la naturaleza y emplear políticas focalizadas en la situación de los trabajadores y de las comunidades, cuyo abandono sistemático ha servido a FQM para hacerlas dependientes del extractivismo. El eventual cierre total es ineludible si el país asume un verdadero compromiso de cara a la crisis ambiental global y sus efectos sobre el Istmo.

Panamá, 2 de febrero de 2023

Firman: Antónima, Polo Ciudadano, ASOPROF capítulo de la Universidad de Panamá, Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional (SITEN), Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá (CoSCiesPa), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Panamá), Movimiento Alternativa Socialista, Juventudes Revolucionarias de Panamá y Reforma Estudiantil.