Por Leonardo Ixim

Nuevamente el negocio sucio en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) en Puerto Quetzal, el principal puerto de Guatemala en el Océano Pacifico, realizado durante el gobierno de Otto Pérez Molina, vuelve a generar polémica, porque se cancela la propiedad jurídica que la empresa tiene, tras una orden de un juzgado de lo contencioso administrativo.

Pérez Molina había entregado en usufructo por 25 años un área de 348 mil 171 metros cuadrados del Puerto a la firma TCQ, que a su vez es subsidiaria de la empresa española Transporte de Contenedores, domiciliada en Barcelona, Cataluña.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, en ese entonces dirigido por Thelma Aldana, y la desaparecida CICIG, en el caso La Línea, contra el binomio presidencial del extinto Partido Patriota, reveló que ese contrato otorgado a la trasnacional catalana era anómalo. Esta empresa entregó una coima de US$ 8 millones a Pérez y Roxana Baldetti, quien era la vicepresidente.

TCQ es una terminal anexa a la Empresa Puerto Quetzal, de propiedad mayoritariamente estatal, construida por los gobiernos militares a finales de la década de los 70s del siglo pasado. En la obtención del contrato a esta empresa por medio de una concesión del Estado se recibió un préstamo de la Corporación Financiera Internacional (CFI) adscrita al Banco Mundial. En ese momento el mayoritario Sindicato de Trabajadores de Puerto Quetzal (STOPQ) denunció el hecho y ayudó a revelar ese acto de corrupción.

Durante el gobierno de Jimmy Morales el Estado intervino poniendo como interventor a Alexander Aizenstatd, hombre ligado a las facciones oligarcas del capital; éste le traspasó TCQ a otra trasnacional, APN Terminals, de capital neerlandés, que adquirió el 85 por ciento de las acciones y la CFI el 15 %; esto, en lugar de quedar en manos del Estado, por medio de una concesión onerosa por 25 años, pese a que la empresa pretendía más tiempo. La trasnacional accedió pagarle al Estado 30 millones de dólares por concepto de reparación civil para iniciar actividades en 2017 y demandó a los antiguos propietarios por ocultar información.

Pero, en diciembre de 2017, la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo declaró nulo el contrato; por su parte, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad han confirmado el fallo. Sin embargo, en ese intervalo esta empresa ha seguido teniendo importantes ganancias y se ha demostrado que la empresa no ha tenido capacidad de tener la logística de la carga.

Pese a que los distintos dueños de TCQ se han comprometido a instalar una maquina rayos x que escanea la carga, la cual es un instrumento fundamental para detectar el contrabando de drogas, ninguna de estas trasnacionales lo ha hecho. En la actualidad, según cifras de Naciones Unidas, el transporte de cocaína hacia Estados Unidos y Europa se realiza por medios de puertos, lo cual implica complicidad con las autoridades.

Según el medio digital Soy502, en los últimos 40 años, el Puerto Quetzal no ha tenido ninguna inversión para mejorar sus instalaciones, y por ahora la única terminal moderna es la de APM Terminals, que cubre el 60% de las operaciones de EPQ, pues tiene la capacidad de recibir y entregar más de 200 mil contenedores al año, mientras que las instalaciones nacionales solo pueden cubrir hasta 130 mil (Gramajo, Jesica; Soy502 19/06/24).

Sin duda esta opinión de un medio corporativo tiene un sesgo pro empresarial, pero evidencia una realidad, que producto de las contrarreformas neoliberales aplicadas desde mediados de los 90s del siglo XX, se han ido privatizando total o parcialmente los bienes públicos administrados desde el Estado, desinvirtiendo en ellos, para que los grupos del capital terminen manejándolos o apropiándoselos.

Ahora que se canceló el usufructo por el plazo dado por el juzgado ya mencionado, y se modificó el registro en la propiedad, el terreno pasa a EPQ; sin embargo, el Registro de la Propiedad puede no cancelar la personería jurídica para que APN Terminals siga operando. Y alli esta la presión de los grupos de la burguesía que buscan mantener el contrato o entregársela a otra empresa.

El Sindicato de Trabajadores Organizados del Puerto Quetzal (STOPQ), adscrito a la central UNSITRAGUA, junto a los sindicatos minoritarios y las demás centrales sindicales, deben asumir una actitud crítica y de lucha frente al gobierno de Arévalo, que anunció una nueva concesión o una alianza público-privada. No debemos tener ilusiones de que este gobierno dejará de beneficiar a sectores del capital; y junto a CODECA y otras organizaciones armar un frente unido de lucha.