Por Armando Tezucún

Los grupos corruptos que han utilizado las instituciones del Estado para enriquecerse mediante negocios turbios durante los últimos 15 años, no dan su brazo a torcer en sus ataques contra el gobierno de Bernardo Arévalo. Estas estructuras mafiosas se están aprovechando de las medidas mediocres y timoratas tomadas por el mandatario al tratar de combatirlas, en especial al tratar de destituir a la fiscal general Consuelo Porras, pieza clave en las acciones tomadas para meter zancadilla al gobierno.

Los partidos políticos de oposición que representan a los corruptos no cuentan con líderes de arraigo popular capaces de generar un movimiento opositor amplio; individuos como Alan Rodríguez, Sandra Jovel o Álvaro Arzú, que llevan la voz cantante de la oposición en el Congreso, son de sobra conocidos por la población por su participación en los partidos que gestionaron desde el gobierno los manejos oscuros con los recursos públicos en el pasado. Si los corruptos continúan generando acciones contra Arévalo y su gobierno, es porque lograron conservar el poder en las instituciones de justicia (Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad) y una mayoría de diputaciones en el legislativo, a pesar de que perdieron el ejecutivo. Es desde esos puestos de poder que dirigen sus cañones contra el gobierno.

El nuevo gobierno aún conserva buena parte de su popularidad, a pesar de que ésta ha bajado, desde enero, del 78 al 64 por ciento. Muchas de las organizaciones que acuerparon la elección de Semilla y defendieron en las calles el voto democrático a finales de 2023, seguramente responderían a un llamado del presidente a presionar mediante nutridas movilizaciones por la renuncia de Porras y los jueces corruptos. Pero Arévalo prefiere llevar la vía legal, en la que lleva todas las de perder, ¿por qué? No nos cansamos de decirlo, porque prefiere el respaldo de los imperialismos estadounidense y europeo, y porque ha pactado con un sector de la burguesía, empresarios con una mentalidad más modernizante que la oligarquía más tradicional. Y para los imperialismos y los empresarios, la movilización popular es un peligroso veneno que se les puede escapar de las manos, pudiendo poner en entredicho el sistema de dominación capitalista en su conjunto.

El sistema de justicia registra ya diez denuncias contra el presidente Bernardo Arévalo, de las cuales dos cuentan con una solicitud suspensión de inmunidad y dos fueron desestimadas. Un undécimo caso es el de la toma de la Universidad de San Carlos, por el que el mandatario también tiene solicitud de retiro de antejuicio; esta denuncia se dio cuando era todavía candidato presidencial. De estas denuncias, tres han sido presentadas por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la organización ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo, grupo que se ha convertido en la mano derecha de la fiscal Porras en sus ataques contra jueces y fiscales no alineados con ella y funcionarios del nuevo gobierno.

Dos de las denuncias presentadas por Méndez Ruiz, en marzo y abril, fueron asignadas a la Fiscalía de Delitos Administrativos, por los delitos de nombramientos ilegales y abuso de autoridad; en ambos se solicitó el retiro de antejuicio, y uno ya se encuentra en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal. La tercera denuncia fue asignada en marzo a la Fiscalía de Delitos Contra Operadores de Justicia por los delitos de sedición y abuso de autoridad; el motivo fue las declaraciones de Arévalo en contra de la gestión de Porras en el Ministerio Público, “debido a su intención continuada de deponer de su cargo a la fiscal general Consuelo Porras. Durante los 2 meses de su gestión, Arévalo no ha hecho más que eso”, publicó Méndez en redes sociales (EPInvestiga, 02/07/2024).

La mayoría de denuncias contra Arévalo han sido por abuso de autoridad, y varias de ellas fueron interpuestas por miembros del sindicato magisterial dirigido por Joviel Acevedo, al parecer porque el gobierno suspendió el programa del Seguro Escolar y porque insiste en que la negociación del nuevo pacto colectivo de educación sea pública.   

En otro orden de cosas, el 2 de julio el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, ordenó una nueva suspensión de la personería jurídica del oficialista Movimiento Semilla, pues la suspensión provisional dictada el año pasado se vence el 12 de julio; adicionalmente, el juez ordenó la inhabilitación de las cuentas bancarias del partido.

El presidente Arévalo y su Movimiento Semilla no van a recurrir a la movilización popular para enfrentar a los corruptos. Le toca a las organizaciones sindicales, indígenas y populares exigir incansablemente en las calles la renuncia de los mafiosos, no para defender a Arévalo y compañía, sino para defender las libertades democráticas, esenciales para el pueblo trabajador.