Por Olmedo Beluche

El gobier-Nito, presidido por Laurentino Cortizo – PRD – Molirena, se lleva el “mérito” de ser el peor entre tantos malos gobiernos neoliberales de los últimos treinta y tantos años. Por donde se mire el desastre social y económico es total: altos índices de desempleo y subempleo, pobreza galopante, carestía, enormes segmentos de población con mal suministro de agua potable, colapsada la recolección de basura en todas las ciudades, escuelas que literalmente se caen a pedazos, deficientes servicios de salud, frecuentes cortes en el suministro de electricidad, inseguridad, etc.

La gente asocia este desastre social con otro concepto que usan para retratar al gobierno: corrupción. Una encuesta publicada por el diario La Prensa (10/2/24) preguntó por los cinco (5) problemas que más preocupan al electorado. En orden de importancia respondieron: el primero el desempleo, segundo el alto costo de la vida, tercero la corrupción, cuarto el abastecimiento de agua y en quinto lugar la seguridad pública.

Desempleo, pobreza y una juventud sin futuro dejan 30 años de neoliberalismo

La percepción que refleja la encuesta coincide con las estadísticas sociales: para 2024 se espera que el desempleo abierto escale del 7 al 8 o 9 % de la fuerza laboral, mientras que el “empleo” informal (una forma de desempleo encubierta) sobrepasa el 50% de la fuerza laboral. Tan solo un tercio (30%) y poquito más de los asalariados tiene un empleo e ingresos estables.

La pobreza, es decir, las familias que no pueden pagarse la Canasta Básica General están por encima del 21%, según el Banco Mundial. La Pobreza Extrema, o sea, quienes no pueden pagar una Canasta Básica de Alimentos oscila entre el 11 y el 15% de las familias panameñas. En las comarcas la pobreza general y la extrema escalan hasta el 80 y 90%. Es probable que esta situación sea peor, ya que son cuestionables algunos criterios usados por los técnicos que hacen estas estimaciones.

Panamá tiene el “honor” de estar entre los 15 países de todo el mundo con la peor desigualdad social a decir del PNUD (marzo de 2023). La diferencia entre los que más ganan y los de menor ingresos es abismal, con un índice de Gini de 50,9 para 2021, según el Banco Mundial. La desigualdad también se refleja en la recuperación del crecimiento económico (7% en 2023) y altas ganancias declaradas por los bancos (B/. 2,249.5 millones a octubre de 2023), pero sin generar empleos. En otras palabras, la riqueza solo va hacia un lado de la sociedad, los capitalistas.

El desempleo estructural, la gran desigualdad social y el endeudamiento permanente del estado panameño son lacras de un modelo económico basado en el transitismo, empeorado por las políticas neoliberales de la post invasión y llevado a la enésima potencia por un gobierno corrupto e indolente como el actual. Sólo un cambio de criterios hacia una Vida Digna, nos llevarán de vuelta a la creación de empleos estables con salarios justos, basados en la protección e incentivo de la agricultura y la industria nacional, sin romper con los beneficios de la posición favorable al tránsito del Istmo, pero sin someter el país a ella.

Basta de subsidiar a los ricos mediante el endeudamiento del país

No es necesario aportar evidencia sobre lo que salta a la vista: proliferación de “pataconcitos” por todas partes, habitantes de las comunidades cerrando calles para exigir servicios públicos eficientes como: luz, agua, escuelas, transporte, calles, etc.

Todo esto producto de un gobierno que en 5 años pidió más préstamos que todos los anteriores, duplicando la deuda del estado hasta sobrepasar los 40,000 millones de balboas. En febrero de 2023, casi en su penúltimo acto de gobierno acaba de emitir bonos de deuda por otros B/. 3,100 millones. ¿En qué se va a ir esa plata? En pagar deuda con deuda. No se va a invertir ni un centavo en el país en crear empleo y riqueza. Todo directo al bolsillo de financistas y banqueros, que es para quiénes han trabajado Laurentino Cortizo y su ministro de Economía, Héctor Alexander.

¿A dónde fueron a parar los 20,400 millones de dólares de deuda nueva adquirida por la administración Cortizo? Ese dinero no se ve reflejado ni en obras, ni en servicios básicos, ni en empleos. ¿Dónde está la plata? Los medios de comunicación y los políticos al servicio de los grandes empresarios dirán que se gastó el dinero en “subsidios” a los pobres, en “programas de transferencias”, como el “bono solidario”, “120 a los 75”, beca universal, etc. Esos programas de transferencias sumaban anualmente unos B/.1,600 millones en 2022 pero se han recortado cada año.

La realidad es otra: El alto endeudamiento del país, la manía de los gobiernos de financiar obras públicas con préstamos del estado, constituyen un subsidio a los ricos, a las grandes fortunas y a las empresas. El endeudamiento se usa para tapar tanto la evasión fiscal, como las enormes exoneraciones que gozan las empresas de los sectores punta de la economía y la baja aportación de quienes más ganan.

Se requiere una reforma fiscal para que los que más ganan tributen

El director de la Dirección General de Ingresos, Publio Cortés, reconoce que la evasión fiscal oscila entre 156 y 300 millones de balboas anuales (julio de 2023), lo que sumado en 5 años sería superior a los subsidios sociales anuales.

Pero lo que no dice el director de la DGI es que además hay una baja aportación empresarial. Por ejemplo, el sector marítimo, que en 2015 representaba el 33.5% del Producto Interno Bruto (PIB), con 25,780 millones de balboas, apenas tributaba 603.4 millones, o sea, el 2.3% de su capital. Por el lado contrario, el aporte en impuesto sobre la renta (ISR) de un educador anda en promedio por el 7.35% de su salario, y si le suman el seguro educativo, puede alcanzar a tributar el 8.6% del sueldo.

Un desglose de la recaudación tributaria panameña a 2021 demuestra que el 44% está constituido por las cuotas de la seguridad social que, en su mayor parte pagamos los asalariados. Otro 14 % es el pago de impuesto sobre la renta (ISR) de personas naturales, es decir, asalariados en su mayoría. Mientras que el ISR de sociedades apenas aporta el 7% de todos los ingresos tributarios del país y el impuesto de propiedad apenas llega al 2%. Otro segmento importante es el ITBMS que constituye el 14% de todos los ingresos, pero que también pagamos la clase trabajadora cada vez que compramos algún bien o pagamos un servicio público.

Dicho de manera simple, estos números prueban la injusticia fiscal en que vive el pueblo panameño porque con sus impuestos está sosteniendo el presupuesto del estado y subsidiando la riqueza que los grandes empresarios dejan de tributar. Se desprende de esos datos la necesidad de romper con las políticas fiscales que subsidian a los ricos que han aplicados los gobiernos hasta hoy.

Se necesita que en Panamá se castigue la evasión fiscal severamente, incluyendo el robo de las cuotas obrero – patronales del Seguro Social (más de 400 millones de balboas), se eliminen las grandes exoneraciones fiscales que benefician al sector logístico (puertos, aeropuertos, Zona Libre de Colón, áreas especiales, etc.) y se aumenten los tributos a los que más ganan.

Se viene una “crisis” de la deuda para imponer “austeridad” a pobres y capas medias

Lo peor está por venir. El alto endeudamiento público de los últimos 30 años, empeorado por la irresponsabilidad de Cortizo y Alexander, ya se está traduciendo en un crecimiento exagerado del servicio de la deuda pública que se come el 18% del presupuesto nacional en 2024. Lo que se viene es un crecimiento de la deuda imparable e impagable que va a producir una crisis presupuestaria, parecida a los años 80, en la que los que lucran de los préstamos (banqueros y bonistas) van a exigir que de cada presupuesto anual se les pague a ellos a costa de recortar el gasto social.

Lo que se viene es un deterioro mayor de los servicios públicos por falta de presupuesto. No habrá suficiente para reparar escuelas, reparar calles, hacer acueductos, mantener hospitales, contratar empleados públicos, educadores, personal de salud, etc. En parte eso ya ha estado pasando con este gobierno y es lo que explica la crisis social.

Los políticos de los partidos tradicionales, los gremios empresariales y los medios de comunicación ya hablan de “austeridad”, de recortar el gasto y los subsidios en el próximo gobierno. Pero esa “austeridad” no será para los que lucran, sino para los pobres, los pobladores, los indígenas, las amas de casa, los estudiantes y, sobre todo, la juventud. La candidatura presidencial que hable de “austeridad” significa aplicará un ajuste fiscal contra el pueblo panameño.

Una sola alternativa frente a este drama: la nómina Maribel Gordón y Richard Morales

Lo que está en juego en las elecciones presidenciales del 5 mayo es asunto serio. Salvo la nómina presidencial de la profesora Maribel Gordón y el profesor Richard Morales, ninguna otra candidatura se propone cambiar el modelo de país que está colapsando, centrado en el transitismo, el subsidio a los ricos, las exoneraciones fiscales, en el alto endeudamiento público, la minería a cielo abierto, incluso a costa de “empeñar” o “hipotecar” el Canal de Panamá. Sólo la candidatura Gordón-Morales ha planteado un plan de gobierno centrado en devolver la dignidad a la vida de las personas, promoviendo empleos, salarios decentes, invirtiendo en salud y educación pública.

La pregunta que hay que hacer a las candidaturas presidenciales es: ¿Cómo va a financiar las obras que promete? ¿Con más deuda pública? Sólo la nómina presidencial de Maribel Gordón y Richard Morales ha propuesto reformas fiscales coherentes para financiar su compromiso de una Vida Digna para el pueblo de Panamá.

En el Plan para la Vida Digna de la nómina Gordón-Morales se propone:

-          Eliminación de ITBMS para artículos de primera necesidad y aumento a artículos de lujo.

-          Impuesto de importación para bienes de lujo.

-          Protección a la producción nacional agrícola e industrial con aumento en aranceles de importación e imposición de cuotas.

-          Sistema tributario progresivo: Impuesto Sobre la Renta mayores a los que más ganan, aumentar el de los accionistas de las empresas y volver a las tasas de 1991 que pagaban las grandes empresas.

-          Revisión de las normas de contabilidad para evitar que los ingresos de los gerentes se carguen a gastos empresariales.

-          Combatir la evasión fiscal

-          Impuesto especial a las grandes fortunas.

-          Que los comerciantes de Zona Libre de Colón contribuyan a la recuperación de la ciudad y la provincia aportando un ISR del 15%.

-          Restricción de los gastos innecesarios del gobierno.

-          Tope salarial en los funcionarios públicos, que ninguno gane más allá de 5 veces el salario mínimo.

Cualquier promesa electoral que no proponga la aplicación de medidas como estas es demagogia y engaño. Sólo hay una alternativa y un plan para salir de la crisis, el Plan para la Vida Digna que levantan Maribel Gordón y Richard Morales.