Por Oliverio Mejía

El golpe de Estado del 30 y 31 de marzo de 1963 se caracterizó por el control que el ejército de Guatemala asumió en el Estado, en el marco la crisis política burguesa que se vivía, la acelerada descomposición de gobierno del general José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes y el avance de las luchas de clases en ese periodo.

Para este artículo se tomó como fuente un análisis elaborado en 1982 para la revista Polémica publicada en San José, Costa Rica, por el Instituto Centroamericano de Investigaciones Sociales (ICADIS).

Antecedentes

Según este análisis publicado por el ICADIS se tenía como antecedentes el fracaso del levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960, de la sublevación popular de marzo-abril de 1963 y las elecciones municipales de noviembre de 1962. Estos hechos catapultaron a que el ministro de defensa nacional del gobierno de Ydígoras, al mando de los llamados Trece Coroneles, con la venia del Departamento de Estado y de la administración de John F. Kennedy, protagonizara el golpe contra el gobierno electo del propio general Ydígoras.

El ejército, que venía de una serie de divisiones, como el levantamiento nacionalista de izquierda de noviembre de 1960 dirigido por los tenientes Luis Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa (base de las consiguientes guerrillas de izquierda), así como los conflictos interburgueses entre facciones que habían apoyado a Ydígoras Fuentes y otras abiertamente anticomunistas, cerraba filas alrededor de estas últimas; autopurgándose, asumiendo con el golpe de Estado un papel claramente pretoriano y bonapartista.

Ydígoras Fuentes, un militar de tradición ubiquista –dictadura derrocada tras la revolución democrática de 1944–, quien había competido en las elecciones de 1950 contra el coronel Juan Jacobo Árbenz sin tener mucho apoyo social, y se había opuesto a las medidas reformistas nacionalistas de éste; Ydígoras era cercano al gobierno contrarrevolucionario de Carlos Castillo Armas, asesinado por un agente del dictador dominicano Trujillo, y había sido víctima de un fraude electoral impulsado por sectores oligárquicos, quienes asumieron el control del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), quien con el apoyo de la CIA,  llevaron a cabo la invasión procedente de Honduras en 1954.

Tal fraude, realizado en 1957, generó una serie de protestas populares que obligó a la camarilla anticomunista que derrocó a la revolución, a abrir el régimen político producto de la contrarrevolución, realizándose nuevamente elecciones en las que ganó Ydígoras bajo su partido denominando Redención, asumiendo el gobierno el 2 de marzo de 1958. En sus primeros años este gobierno se caracterizó por abrir los espacios políticos a personas de izquierda, posibilitar la organización sindical y estudiantil y el retorno de los presos políticos; sin embargo, en el ínterin se fue haciendo cada vez más reaccionario y corrupto, aunque manteniendo diferencias con el ala más anticomunista de la derecha y concentrada de la oligarquía dirigida por el MLN. Así se llega a las elecciones municipales de noviembre de 1962.

Estas elecciones, donde participa una serie de partidos políticos de derecha y de izquierda, algunos ligados al clandestino Partido Guatemalteco del Trabajo en alianza con sectores revolucionarios de la socialdemocracia, son calificadas como fraudulentas a favor del partido oficial.

Una serie de factores se fueron acumulando hasta llegar el levantamiento popular de marzo y abril de 1963, donde el movimiento estudiantil universitario y de secundaria, sectores organizados de los barrios capitalinos de clase trabajadora y sindicatos clasistas, influidos por el PGT y el Partido de Unidad Revolucionario (socialdemócrata de izquierda), el Partido Revolucionario (PR, socialdemócrata de derecha), la Democracia Cristiana de Guatemala (DCG) y otros; estos partidos desactivaron la movilización cuando en algunos lugares de la ciudad se había hasta creado órganos de poder popular. Esto con la visión de las próximas elecciones presidenciales, donde el ex presidente Juan José Arévalo canalizaba al voto progresista, de izquierda y popular, considerándose una posible victoria electoral.

En ese marco ya se había realizado el levantamiento militar de Yon Sosa y Turcios Lima, habiendo fracasado tras el apoyo que la misión militar gringa había dado al gobierno de Ydígoras, quedando un reducido número de militares que había sobrevivido realizando acciones guerrilleras. El PGT, por su parte, había intentado crear un foco guerrillero que fue un fracaso, al ser rastreado y destruido por el ejército. Los reductos guerrilleros y el levantamiento popular no tuvieron ningún tipo de coordinación; es después, tras la derrota de la insurrección popular y el entroncamiento militar, que algunos militantes se vuelven parte de las guerrillas.

La crisis del gobierno de Ydígoras

Este gobierno era producto de la crisis de gobernabilidad, producto a su vez de la contrarrevolución, de los conflictos interburgueses y la movilización popular. El golpe de Estado de 1963, ante el escenario de un posible triunfo de Arévalo, salda esta situación a favor de las facciones oligárquicas de la burguesía, liquidando a un gobierno constitucional de derecha. Cerró la posibilidad de que fuerzas progresistas llegaran por la vía electoral al gobierno.

Arévalo tenía el apoyo de una serie de partidos pequeños que se identificaban con él, como el Nacional Revolucionario, Revolucionario Ortodoxo, Unión Democrática y el Movimiento de Acción Revolucionaria. El ICADIS mencionaba que el golpe de Estado tuvo el apoyo de la prensa escrita y de la embajada estadunidense, donde el embajador, John O. Bell, calificaba a Arévalo de comunista y mal candidato. Según la fuente consultada, la política de ese país fue ciega ante la oportunidad que la fuerzas democrático electorales asumieran el gobierno y forzaron a la polarización política.

Esto pese a que Arévalo había abjurado de su pasado revolucionario y asumido un discurso anticomunista, calificando de peligroso el posible injerencismo de Moscú, usando para eso a la Revolución Cubana recientemente triunfante. Es más, confiaba, según el ICADIS, en que el presidente Kennedy y sus consejeros, considerados por Arévalo, por un ala de izquierda del Partido Demócrata y de la Universidad de Harvard simpatizante de las clases trabajadoras, al grado de considerar que EU estaba más cerca de corrientes democráticas como el arevalismo.

Volviendo al tema central, el ICADIS consideró que el coup d´Etat  no fue antiydigorista sino antiarevalista, y en proporción profundamente antipopular, donde recurrir al golpe y romper la legalidad que las camarillas gobernantes anticomunistas habían construido desde 1954, fue un ejemplo de la crisis política. Anota que las diversas fracciones de la burguesía, sobre todo la más concentrada, mandan al traste la salida electoral, bloqueando el camino a la democratización, iniciando dos características que se desmontaron hasta la década de los ochenta.

Esas dos características fueron, la contrainsurgencia y el papel del ejército como ente bonapartista que dirime las diferencias entre fracciones burguesas y garantizaba la dominación de clase, manteniendo los conflictos entre éstas dentro de los límites bajo su control.

El golpe de Estado suspende la Constitución Política de 1956, ya claramente anticomunista, poniendo en el gobierno, como se dijo, al ministro de defensa Enrique Peralta Azurdia, que gobernará hasta 1966; la asonada tuvo el apoyo de los jefes y oficiales de las guarniciones militares del país. Con eso, el ejército tomó el control directo del poder político, remodelando un régimen que se denominó como el generalato, realizando elecciones fraudulentas y donde participaban partidos claramente anticomunistas, que duraría hasta otro golpe de Estado, el del 23 de marzo de 1982.

Ahora bien, este golpe de Estado, como bien lo califica el ICADIS, fue claramente preventivo, un primer paso para lo que fue un gigantesco movimiento contrainsurgente, lo cual mostraba el miedo de la burguesía al sufragio universal y el hecho de ceder de parte de ésta el control del gobierno al ejército, mostrando una clara debilidad de la primera.

La naturaleza del régimen que se implantó

Por otro lado, el carácter contrainsurgente se mostraba en que al imponer un gobierno claramente dictatorial, que gobernó bajo estado de excepción, de facto por mil días y bajo 20 meses con estado de sitio, se desactivaba cualquier movilización popular y con el pretexto de la existencia de grupos guerrilleros, con lo cual el Estado asumió la creación de un enemigo interno, se destruye a éstos, que operaban en el oriente del país y en la capital; y se inició la persecución  a todo critico al régimen, metiendo en mismo saco a cualquier opositor, calificándolo de comunista.

Como bien califica el artículo que se cita, no fue la guerrilla quien quiebra la superestructura institucional del Estado, sino las contradicciones provocadas por la organización y las luchas populares en ascenso, ratificando al ejército como el más importante factor de poder.

Uno de los resultados del gobierno militar fue una nueva ley electoral que fue una vuelta más en la cerradura de la participación, al limitar la participación a solo los partidos denominados por el régimen como democráticos, es decir que asumiera la ideología anticomunista.

Entre los elementos que tenía esta ley estaban, que para la conformación de partidos políticos tenían que lograr 50 mil adherentes, donde el 50 por ciento tenía que ser alfabeta – situación que fue cambiada hasta la ley electoral actual promulgada por la Constituyente de 1984 –, además de entre los figurantes de los partidos políticos de ese momento no podían haber salido en las listas del Comité de Defensa contra el Comunismo, creado tras el derrocamiento de Arbénz. Otro elemento claramente anti democrático, fue que la entidad encargada para autorizar la legalidad partidaria, era una oficina denominada Registro Electoral, dependiente del Poder Ejecutivo.

El objetivo de todas estas medidas era que se buscó una legalidad que reglamentara las diferencias interburguesas dentro de los marcos de una partidocracia totalmente reaccionaria, y de paso vedar la posibilidad de que fuerzas revolucionarias (como algunas que lo intentaron en la década de los setenta, tales como el Frente Unido de la Revolución) participaran, o hacer cuesta arriba esa participación.

Un régimen político contrainsurgente

La dictadura militar de Peralta Azurdia decretó una nueva Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas, inspirada en una renovada ola de odio político, con pretensiones de cruzada religiosa. De tal forma que junto a esa ley y la electoral ya mencionada, el gobierno convocó a la elección de una Asamblea Constituyente donde solo participaron los ultra conservadores MLN y el PR, la DCG, un socialcristianismo conservador, fue vedada. Estos promulgaron con prisa en julio de 1965 una nueva constitución, la más reaccionaria según ICADIS de la vida republicana del país.

Sin embargo, en las elecciones presidenciales de 1966, el PR, con Julio César Méndez Montenegro, después de que su hermano fuera asesinado y que tenía un perfil más democrático, Julio ganará las elecciones, asustando al ejército. Ya para ese momento las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre estaban debilitadas por el accionar militar y nuevamente despertó la ilusiones electorales de sectores populares y de actores de izquierda, aun de algunos armados, con el gobierno de Méndez Montenegro.

Pero el ejército hizo valer su calidad de depositario del poder, obligó al nuevo gobierno a cederle el control y continuó con el operativo contrainsurgente apoyado por EU, y la persecución contra las organizaciones populares. Esto le dio paso a lo que se denominó el generalato, con gobiernos supuestamente electos, conformados por militares de los partidos MLN, PR y el partido cuasi oficial, el Institucional Democrático.

Tras escandalosos fraudes electorales, nuevamente despertó la organización popular y el accionar guerrillero, lo que otra vez puso en jaque el régimen político, hasta que de nuevo otro golpe de Estado preventivo, el de 1982, canalizará la lucha de clases, previo represión y genocidio, con una nueva constitución, la actual, en una nueva institucionalidad burguesa estrenada en 1985, bajo un régimen político de reacción democrática.