En los últimos 50 años Guatemala ha sufrido la intromisión imperialista estadunidense de distintas formas, siempre con el fin de garantizar sus intereses económicos. Esta presencia en el territorio nacional si bien no ha sido evidente como en otros países de la región, siempre fue latente. Esto quedó demostrado en el apoyo tanto monetario, en armas y entrenamiento a los ejércitos centroamericanos durante las guerras civiles que vivió la región.

Después de la caída de la URSS y los acuerdos de paz que pacificaron el área e incorporaron a las  guerrillas en la vida legal burguesa, la estrategia imperialista para la región en función de seguir manteniendo sus intereses económicos, se fijó en detener el narcotráfico. Desde la década de los 90s hasta ahora se han realizado una serie de ejercicios conjuntos entre los países del área o a lo individual con tropas gringas, además de trabajos de apoyo humanitario que no son más que reconocimiento del terreno y su población. Se plantea para los próximos meses ejercicios conjuntos en la cuenca del canal de Panamá, para defenderla de supuestas amenazas terroristas.

Actualmente en la frontera con México y en la costa del pacifico, se dan maniobras conjuntas para “detener el trasiego de drogas hacia el norte del hemisferio”, llamadas Operación Martillo. Este ejercicio durará dos meses y cuenta con la presencia de 171 infantes de marina y dos mil  efectivos guatemaltecos, cuatro helicópteros UH-1, operados desde cuatro bases: el comando aéreo del sur en Retalhuleu, la base de paracaidistas de Puerto San José, la base área de La Aurora en la capital y la Fuerza de Tarea Noroccidental de San Marcos. El operativo cubre 6 departamentos del suroccidente, sur y suroriente, con la posibilidad de extenderse a otros más. En muchos de ellos hay importantes luchas comunitarias en curso, contra la aplicación de proyectos mineros que se realizan sin el consentimiento de la población.

Por tal razón esta situación ha generado dudas entre las poblaciones afectadas, pues recuerda la presencia encubierta de marines en operativos contrainsurgentes durante la pasada guerra interna y su participación en crimines de guerra. Por otro lado,  abogados constitucionalistas y generadores de opinión han mostrado su desacuerdo con la presencia de estas tropas extranjeras, pues señalan con razón que hay una violación a la soberanía, ya que se autoriza la presencia de personas armadas de una potencia,  con potestad de moverse libremente por el territorio nacional sin que haya ninguna garantía tanto de sus verdaderos fines como el control de posibles excesos contra la población civil. Por su parte el Ministerio de Defensa argumenta que existen varios instrumentos legales que autorizan tal situación. Legales podrían ser en tanto decretos del Congreso de la República, pero aprobados sin el menor sentido de soberanía y defensa de los intereses nacionales, es decir sin ningún visto de legitimidad.

Además no se informa si los fines son controlar rutas, realizar decomisos o capturas, destruir cultivos que existen en esa región fronteriza o qué. Tan solo mencionan que se buscan detener  cargamentos que son tirados al océano por avionetas procedentes desde Sudamérica como parte de las rutas controlados por carteles mexicanos. 

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) comparte los argumentos vertidos contra esta supuesta guerra fallida, la cual debe de parar. Considera además que el accionar del gobierno de EU no es en función de detener el narcotráfico, sino de controlar el precio en el mercado pues si no, se priorizarían programas de salud para los consumidores y controles del lavado de dinero en los grandes bancos del imperialismo. Exigimos la salida inmediata de las tropas gringas del territorio guatemalteco.

Llamamos a todas las comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos a estar vigilantes de los posibles abusos cometidos por militares de ambos países, a movilizarse en defensa de la soberanía nacional y a exigirle a los gobiernos de la región una política de despenalización del consumo y del trafico de drogas, junto a programas de prevención y minimización de adicciones, ambas cosas  controladas desde los estados y la sociedad civil.