En este país, desde la retirada de los militares y la reinstauración de la democracia burguesa con el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1991), el sistema político, lejos de revitalizarse, arrastra una crisis crónica. Todos los partidos que ascienden al gobierno se hacen añicos, y en la mayoría de los casos hasta desaparecen. El régimen político no es  estable, y necesita cada 4 años de nuevos sujetos. Así hemos visto que los partidos políticos o alianza de partidos políticos que llevaron al gobierno a Jorge Serrano Elías (sustituido rápidamente por Ramiro de León Carpio), Álvaro Arzú Irigoyen, Alfonso Portillo, Óscar Berger y Álvaro Colom, surgen, florecen y decaen rápidamente.

Esta situación tiene que ver, en primer lugar, con la robusta rebeldía del pueblo guatemalteco que, con una mayoría de población indígena, desde época de la colonia, ha luchado violentamente contra la opresión y explotación. En segundo lugar, también tiene que ver con una rancia oligarquía de pocas familias que domina Guatemala desde la época colonial, con muy pocos cambios. Esta oligarquía cambia de instrumentos políticos según le convenga. Precisamente, debido al poderío de la oligarquía, los  partidos que ascienden al gobierno, no siempre reflejan sus intereses, sino que, en algunos casos, reflejan los intereses de otros sectores burgueses, “emergentes”, que logran atraerse las simpatías populares.

Otra constante de la situación en Guatemala, en los últimos 30 años, es el conflicto inter burgués, que tiene altibajos, conforme las coyunturas económicas.

¿A quién representa el nuevo gobierno?

Ahora le ha tocado el turno al Partido Patriota (PP), un partido de extrema derecha, cuyo discurso de campaña se basó en el grave problema de inseguridad y delincuencia que sufre la población, prometiendo “mano dura” contra los infractores de la ley. Después de años de crímenes, asaltos cotidianos, inseguridad general y enraizamiento del crimen organizado en Guatemala, la población desesperada clamaba por un gobierno que implantara el orden, no sabiendo que el origen de estos males está, no solo en los graves problemas económicos y sociales de Guatemala, producto de la salvaje explotación capitalista e imperialista, sino en la estrecha colaboración secreta de los altos mandos del Ejército y Policía Nacional Civil (PNC) del país con las bandas del crimen organizado.

La llegada de las nuevas autoridades implica que el control de las instituciones de gobierno pasa de nuevo, en términos generales, a las manos de los sectores oligárquicos de las clases dominantes y de los poderosos grupos corporativos modernizantes de la burguesía, luego de cuatro años de predominio de grupos burgueses emergentes, independientes del gran capital tradicional.

El cambio de gobierno tiene también otra particularidad: una parte de los nuevos funcionarios, incluyendo al presidente, al ministro de Gobernación, viceministros, secretarios, asesores, etc., son ex militares que tuvieron responsabilidades en el ejército durante el conflicto armado interno, vinculados a las masacres de campesinos indígenas en los 80´s y a los organismos de seguridad e inteligencia en los 90´s. Estos oficiales, al retirarse, se convirtieron en empresarios, conformando una nueva corriente emergente dentro del conjunto de la burguesía, no sin conexiones con el crimen organizado. Ello implica, además, una significativa influencia de un sector del ejército en los asuntos públicos. Esta burguesía militar, en términos generales, no tiene intereses contradictorios con los de la oligarquía tradicional y los grupos corporativos; podrán tener desacuerdos y diferencias en asuntos puntuales, pero hay una concordancia en los temas más importantes de la economía y la sociedad.

De la extrema derecha al centro derecha

En el transcurso de la campaña electoral, el PP fue suavizando su discurso. Si bien es cierto que siempre mantuvo la consigna de “mano dura”, en los últimos días de campaña, probablemente para no asustar a un sector del voto independiente, Pérez Molina hizo acuerdos con los sindicatos del sector salud, con las cooperativas, con los sindicatos del magisterio, hasta con la gente que estaba en pie de lucha en las afueras del Congreso, presionando por el problema de la vivienda. Esta es una política de engaño y desmovilización que empezó a implementar el gobierno mientras revitaliza el papel de las fuerzas armadas y los aparatos represivos.

Al fragor de la lucha política  en las elecciones, Pérez Molina fue girando de la extrema derecha al centro derecha, en un afán desesperado por derrotar a su contrincante en la segunda vuelta electoral, Manuel Baldizón, y crear un mayor consenso social para su política de revitalizar la autoridad del Estado. Es comprensible ese giro oportunista para captar votos.

Pero una vez en el gobierno, continuó manejando un discurso muy moderado, anunciando la continuación de los programas asistenciales del anterior gobierno, con la intención de adormecer a las masas y ganar sectores sociales para la gran cruzada de devolver la autoridad al Estado burgués en Guatemala. El giro hacia el centro explica su asistencia a la toma de posesión de Daniel Ortega en Nicaragua, lo que evidencia que los gobiernos burgueses de la región Centroamericana están dispuestos a despojarse de ideologías y llegar a acuerdos en su tarea de sacar al capitalismo de la crisis económica.

La posición de la izquierda ante el nuevo gobierno

En términos generales, toda la izquierda guatemalteca es reformista hasta la médula, con la honrosa excepción de algunas organizaciones estudiantiles, juveniles, etc., y organizaciones políticas como nuestro Partido Socialista Centroamericano (PSOCA). Durantela campaña electoralla izquierda estuvo asustando a la gente con el fantasma del retorno del militarismo, como efectivamente puede ocurrir, pero no para levantar una política independiente, sino para apoyar a UNE y después a Baldizón, como ocurrió con Rigoberta Menchú, la ANN y otros.

No hay duda de que Otto Pérez Molina representa los intereses de la oligarquía y del imperialismo norteamericano, y en beneficio de ambos impulsará políticas neoliberales. Pérez Molina se postula como el salvador del Estado, el que le devolverá autoridad a las corruptas instituciones, especialmente al ejército y la policía.

La conjunción de los grupos más conservadores de la burguesía y funcionarios públicos vinculados al ejército causó en un buen sector de la izquierda guatemalteca el temor a una represión generalizada y violaciones reiteradas a los derechos humanos.

Nosotros consideramos que este escenario no es el más probable. Creemos más bien que la orientación del nuevo gobierno es impulsar con más vigor los proyectos de inversión del gran capital en energía, agroindustria y minería; priorizar las medidas neoliberales como las alianzas público-privadas, aunadas al mantenimiento de los programas sociales que inició el gobierno anterior como paliativo al empobrecimiento generalizado de la población. En general, facilitar los negocios y nuevas inversiones de los grupos económicos más poderosos. Se perfilaba como un gobierno más parecido al de Óscar Berger (2004-2008), igualmente vinculado a la oligarquía y a la gran burguesía, que a los gobiernos militares de los años 70´s y 80´s. Los matices y las particularidades han ido surgiendo con el transcurrir de los meses.

El movimiento de masas en Guatemala no representa actualmente una amenaza para el sistema capitalista en su conjunto. Se han dado luchas sectoriales importantes, como las de los maestros, de los trabajadores públicos del sistema de salud, comunidades que se oponen a los proyectos mineros, algunas movilizaciones campesinas, etc. Pero no tenemos un movimiento contestatario fuerte y unido que lleve al nuevo gobierno a efectuar una represión generalizada contra el movimiento popular.  Para evitar que el crimen organizado tenga mayor base social en la lucha que prepara en su contra, y para controlar las luchas parciales que libraban sectores de las masas, Pérez Molina ha manejado un discurso populista de centro derecha.

Por otro lado, la represión selectiva contra dirigentes populares, los desalojos a comunidades campesinas y la criminalización de luchas populares concretas fueron una constante durante el gobierno de Álvaro Colom, a pesar de que éste se proclamaba socialdemócrata. Una parte de esta represión no fue gubernamental sino que tuvo su origen en bandas armadas organizadas por empresarios y finqueros. Esta represión ha continuado, y en su contención tendrá un papel importante la independencia con que logren actuar el Ministerio Público y la Fiscal General.

Los discursos son palabras que se las lleva el viento, pero en los discursos está contenida la ideología que defiende y justifica una política determinada. Por eso debemos analizar el discurso toma de posesión de Pérez Molina, para determinar cuáles eran en el momento sus objetivos inmediatos.

El peligroso discurso inicial de Pérez Molina

El discurso de Pérez Molina parecía el de un reformista de izquierda, no siéndolo en realidad. ¿Por qué tiene que disfrazar su discurso?

En su discurso de toma de posesión, dijo lo siguiente:

“(…) Nosotros hemos insistido una y otra vez en el cambio como herramienta para la construcción de una nueva realidad social.

Hablamos de un cambio profundo, estructural y no de un cambio cosmético; la población guatemalteca demanda ese cambio y hoy se respira un aire de esperanza, de ilusión, que hace posible pensar que podemos unir a todos los sectores de la población para luchar por la transformación de nuestra sociedad”.

Es un discurso a favor del cambio social, para no asustar a los trabajadores y la clase media, y ganar mayor consenso social. Es un engaño, para mientras toma fuerza su proyecto bonapartista.

Se refirió a la crisis económica, al endeudamiento del Estado, y criticó la forma clientelista de aplicación de los programas de asistencia social. Una crítica coherente.

“(…) no puedo dejar de expresar que hoy recibimos un país en crisis; me atrevo a aseverar, que se trata de una nación muy cerca de un quiebre económico y moral, quiebra económica, puesto que hoy el nivel de endeudamiento es el más alto de nuestra historia, encontramos una infraestructura abandonada, destruida y una deuda flotante sin precedentes (…) Esto debido al desorden administrativo, financiero y al manejo de programas dirigidos al interior pero que se tradujeron en un manejo clientelar y populista, en lugar de llegar a romper el círculo de la pobreza”.

Incluso, retomó la crítica de la izquierda reformista a la firma de los Acuerdos de Paz, al decir lo siguiente:

“(…) hoy, después de 15 de haber firmado la paz, estamos conscientes que muchas de las causa que dieron origen al conflicto aún están presentes y aunque se han logrado avances significativos, sin duda, pero en estos 15 años se ha traicionado el espíritu y parte de los objetivos estratégicos de cambio de estos Acuerdos”.

Esta política de ampliar su base social de apoyo, quedó manifestada en su propuesta de realizar 3 pactos.

“Los elementos fundamentales de nuestra propuesta son los tres grandes pactos y acuerdos nacionales:

Primero, el pacto por la paz, la seguridad y justicia con el propósito de generar conciencia en todos los sectores de la sociedad respecto de los orígenes de la criminalidad y del compromiso que debemos de asumir todos para prevenir el delito, defendernos de los criminales y comenzar nuevos ámbitos de convivencia pacífica porque esto y para esto se hará una amplia convocatoria multisectorial para tener una mesa permanente de discusión y de implementación de acciones ampliamente legitimadas.

(…)  Que haya tres tiempos de comida garantizada en la Guatemala profunda, pero también podamos ver pronto el día en que todas las familias puedan caminar por las calles sin temor a los robos, a los asaltos, a las extorsiones, a la violencia en contra de las mujeres.

(…) El gran segundo acuerdo que buscamos es el acuerdo que hemos denominado el Pacto contra el hambre, hambre cero, es nuestra convicción que la pobreza extrema y la desnutrición es consecuencia de un área rural sin desarrollo.

(…) Y el tercero y gran pacto es por el desarrollo económico y ordenamiento fiscal.

Le he dado especial prioridad a la pronta suscripción de un verdadero acuerdo de Estado que retome el Pacto Fiscal y que permita abordar de una manera integral y eficaz los desafíos que hoy presenta el financiamiento del Estado, que facilite la administración tributaria y que mejore la asignación del gasto, pero sobre todo que garantice la transparencia en su ejecución.

(…) Para la modernización de la administración pública es necesario el reordenamiento y el fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la reestructuración del servicio civil, del funcionariado, así como asegurar la transparencia y la calidad de gasto y creación de los instrumentos para una efectiva rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos.

Se puede observar que, al menos en el discurso, no planteó la política de “mano dura” aislada del contexto social. Es un programa muy ambicioso, que de hecho estamos viendo que no podrá cumplir. Debemos analizar si este discurso está dorando la píldora de la represión futura, y hasta qué niveles puede llevarla. Al parecer Pérez Molina se inclina por una mesa permanente de negociación; esta propuesta estaba destinada a conquistar a las burocracias sindicales y a la izquierda reformista, y con ello provocar la desmovilización de amplios sectores sociales que desconfían con justa razón del actual gobierno. Al plantear los 3 tiempos de comida, retoma el discurso de Lula y de Daniel Ortega. Copió íntegramente el “programa hambre cero”.

En la parte de la reforma fiscal es donde se podría prever que Pérez Molina tuviera roces con la oligarquía guatemalteca, que tiene los índices más bajos en relación al pago de impuestos.

En la última parte de su discurso planteó el problema central que le interesa al imperialismo norteamericano, la lucha contra el narcotráfico. Pero incluso, en este tema, Pérez Molina rompió los esquemas al plantear lo siguiente:

“He dejado por último, dos temas que agobian a nuestros pueblos: el de la narcoactividad y de la trata de personas. Fenómenos transnacionales en los que lamentablemente Guatemala se ve involucrada por la razón específica de su localización geográfica. Los problemas de producción, consumo, tráfico e inversión con toda la cauda de violencia que impacta en los ámbitos políticos, económico y social representan un campo de batalla complejo en el cual no podemos ni queremos estar solos. Apelo hoy a nuestros socios internacionales para que enfrentemos este flagelo como un desafío regional de seguridad cooperativa: México, Guatemala, Centroamérica, Colombia y especialmente Estados Unidos deben librar esta lucha con un grado mayor de corresponsabilidad en la prevención y en el combate al narcotráfico. Nosotros estamos dispuestos a afrontar nuestra responsabilidad”.

En declaraciones posteriores a la toma de posesión, Pérez Molina se refirió a la necesidad de legalizar las drogas en Centroamérica, como parte de la lucha contra el narcotráfico. El enfoque no es militarista, sino que llama a tener una estrategia regional para luchar contra el crimen organizado.

El llamado a despenalizar las drogas

Como vimos, parte esencial de la política del gobierno es la búsqueda de paz social a través de la continuidad de los programas asistenciales y la negociación de concesiones con las dirigencias sindicales y populares. Pero esto requiere que el gobierno disponga de fondos, y el combate al narcotráfico (resultado del alto consumo de drogas en los Estados Unidos) absorbe muchos recursos. Por eso Pérez Molina recurrió al astuto plan de convertirse en el paladín de la despenalización del tráfico y consumo de drogas.

Hillary Clinton dejó claro que si Estados Unidos aporta US$ 25 para las campañas anti drogas, Guatemala debe poner US$ 75. Por eso el presidente guatemalteco empezó a presionar con el tema de que las drogas deben ser despenalizadas; y lo hizo contra viento y marea. "No estamos haciendo lo que Estados Unidos dice, estamos haciendo lo que tenemos que hacer", expresó el gobernante guatemalteco en declaraciones a The Associated Press. (Diario La Hora 15/02/12). Según algunos analistas, la intención de Pérez Molina era también presionar para negociar la prohibición de la venta de armas de EE. UU. a Guatemala, vigente desde los años 80s a raíz de las violaciones de derechos humanos por parte del ejército guatemalteco.

El mandatario guatemalteco hizo esfuerzos por lograr una postura conjunta de los gobiernos centroamericanos sobre el tema, para plantearla en la VI Cumbre de Las Américas a realizarse en Colombia a mediados de abril. Aunque Pérez Molina no consiguió el respaldo de los presidentes centroamericanos, su propuesta tuvo un eco moderado en la cumbre; Estados Unidos, a través de varios funcionarios la rechazó o simplemente la ignoró. Desde abril el tema parece haber caído en el olvido, y el gobierno ha continuado con su habitual política antidrogas basada en la utilización del ejército, incluyendo la participación de marines estadounidenses en las operaciones. Este episodio ilustra el papel cada vez más protagónico que Pérez Molina está imprimiendo a la figura presidencial, intentando sobresalir a nivel internacional, y a nivel local con un mandatario que parece omnipresente, involucrado en todos los problemas en todas partes, promoviendo su liderazgo como un general en campaña.

La política del gobierno hacia las luchas populares

El 11 de febrero pasado la Cámara de Comercio organizó un encuentro de sus agremiados con el nuevo ministro de gobernación, el ex militar Mauricio López Bonilla. Entre los  temas que los comerciantes plantearon al funcionario figuró el de los bloqueos de carreteras que las organizaciones populares (en especial campesinos, trabajadores estatales de la salud y maestros) realizaron durante el gobierno de Álvaro Colom y la Une. Según Jorge Briz, presidente de la mencionada cámara empresarial, el gobierno anterior actuó con pasividad ante estas acciones de lucha, acciones que según él costaron a los comerciantes más de mil millones de quetzales en pérdidas.

Como respuesta a la inquietud de los empresarios, López Bonilla respondió quelos bloqueos son la última expresión de un conflicto degenerado en caos. Dijo que se empeñarán en atender los problemas desde su raíz para no tener que imponer la ley para desbloquear las rutas que en determinado momento sean tomadas. (Tomado textualmente del diario El Periódico 12/02/2012).

Esta declaración del ministro expresó en forma escueta uno de los fundamentos de la política inicial del gobierno, cortar las movilizaciones sociales tratando de solucionar las problemáticas que las provocan. Es una  nueva faceta de la vieja política militar contrainsurgente que en algún momento se planteó la creación de los polos de desarrollo y aldeas modelo con el fin de quitar base social a la guerrilla mejorando las condiciones de vida de la población campesina. Esta política no se desarrolló plenamente por la derrota militar de la guerrilla, la corrupción de los gobiernos militares y finalmente la implementación de la apertura democrática como parte esencial de la política de reacción democrática impulsada por el imperialismo para frenar la revolución centroamericana.

Esta política, en los hechos llevó a que el gobierno lograra acuerdos con dos sectores de los trabajadores estatales.

Los acuerdos con los dirigentes magisteriales

El 17 de febrero los sindicatos de maestros, unificados en la Asociación Nacional del Magisterio, realizaron una multitudinaria marcha en la capital, reclamando, entre otras cosas, el pago de bonos atrasados, la firma de un nuevo pacto colectivo, mejoras en infraestructura y otros temas acordados en octubre pasado durante la campaña presidencial de Pérez Molina. La movilización fue una medida de presión para iniciar un diálogo con el gobierno. Joviel Acevedo, principal dirigente magisterial es un político hábil; el último pacto colectivo del magisterio con el Estado se firmó en 2008 con el gobierno de Colom, por una extensión de cuatro años, que ya vencieron. Pérez molina comprendió el mensaje y actuó con prudencia. No hubo represión, sólo levantamiento de actas a algunos maestros que participaron en la marcha, sin consecuencias graves.

Desde entonces el diálogo quedó abierto. Según el diario La Hora del 20 de marzo, “El magisterio y el gobierno han tenido un inusual acercamiento, manteniendo una actitud de colaboración por parte de los sindicalistas, hecho que difiere a las acciones de años anteriores. Cinthya del Águila, ministra de educación, señala que la buena relación con el Magisterio Nacional se debe a que siempre se ha tenido la voluntad de un diálogo”.

Dirigentes del magisterio señalan que a partir de las negociaciones se formaron cuatro mesas de trabajo sobre los temas del pacto colectivo, el Programa Académico de Desarrollo Profesional para docentes en servicio, para pago de los maestros por contrato y para los programas de desarrollo de los niños y las niñas escolares. Otro logro que presentan es haber participado en la elaboración de la propuesta de “Ley de Carrera Docente”, que viene a complementar la propuesta de Formación Inicial Docente. Este es un logro muy dudoso, pues esta propuesta es precisamente la que desató el movimiento de protesta estudiantil más importante de los últimos dos años, provocando, entre otras cosas, el rechazo tajante de los estudiantes a la dirigencia magisterial, y la formación de núcleos sindicales de maestros contrarios a esta dirigencia oficial.

Lo cierto es que los líderes del magisterio, que en otros gobiernos estuvieron a la cabeza de las luchas populares, han sido domesticados por la política de diálogo y desmovilización del gobierno.

Los trabajadores del sistema de salud pública

Los trabajadores de la salud han constituido uno de los gremios más combativos de los últimos años, y lucharon dignamente contra el gobierno anterior. El 17 de noviembre del año pasado, la dirigencia sindical de salud firmó un acuerdo con los ministros designados para el actual gobierno en las carteras de salud, finanzas y trabajo, en el que los funcionarios se comprometieron a solucionar los problemas del sector. El sindicato inició un compás de espera, suspendiendo las movilizaciones.

Durante su primera semana de ejercicio, el gobierno decretó Estado de Calamidad en el área de salud, iniciando el abastecimiento de los hospitales. Las carencias en salud son enormes a nivel nacional y la inversión realizada no fue suficiente para solucionarlas, pero la actitud de las autoridades del Ministerio mantuvo en calma a los trabajadores durante los primeros dos meses del año.

El 22 de marzo el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) y el gobierno firmaron un acuerdo por el cual los trabajadores recibirían un bono por antigüedad que va desde el 5 al 100 por ciento respecto al sueldo base, desde los 2 a 20 años de servicio. También se acordó crear un fideicomiso de Q 10 millones que beneficiará a los trabajadores del Hospital San Juan de Dios al ayudarles a reducir sus deudas y consolidarlas en una sola. El acuerdo también preveía la eliminación de las plazas temporales y aumentar el presupuesto del Ministerio. Sin embargo, este acuerdo no fue cumplido en los plazos establecidos, los compañeros anunciaron acciones de hecho, pero el 9 de abril los ministros de salud y trabajo acordaron con los dirigentes sindicales que el bono se pagaría a finales de mayo. Con esta promesa, las protestas no se realizaron.

El 17 de abril, los trabajadores de la salud coordinaron con organizaciones campesinas una serie de marchas y bloqueos para presionar por sus demandas. Los salubristas plantearon 13 reclamos al gobierno, y acordaron establecer una mesa de diálogo y trabajo que se reuniría cada 90 días para evaluar el cumplimiento de los compromisos.

La situación en el sector estatal de la salud es extremadamente compleja. Las carencias en los hospitales y centros asistenciales son permanentes, y el gobierno no hace más que colocar parches temporales que no brindan soluciones definitivas. Durante los ocho meses de gobierno de Pérez Molina se han dado pequeñas luchas, casi escaramuzas, de parte de los trabajadores de salud en el interior y la capital. Un dirigente del SNTSG fue asesinado el 24 de marzo, al igual que la madre de un dirigente sindical de Jutiapa el 1 de abril. La situación se asemeja a la de una enorme caldera a punto de explotar, y de alguna manera, el gobierno se las ha arreglado para evitar o posponer esa explosión.

Las demandas del movimiento campesino

El campesinado guatemalteco arrastra desde hace muchos años una serie de demandas relacionadas con la posesión de la tierra, la seguridad alimentaria, las condiciones de trabajo en las grandes plantaciones de agroexportacion, y en las últimas décadas, la defensa de los territorios que habitan las comunidades frente a la voracidad de empresas nacionales y extranjeras que explotan minerales o producen energía eléctrica afectando los recursos hídricos, contaminando y deteriorando el medio ambiente.

El 19 de marzo, un conglomerado de organizaciones campesinas inició la Marcha por la Resistencia, la Dignidad, en Defensa de la Tierra y el Territorio, coincidiendo con el primer aniversario de los desalojos violentos que se dieron contra 14 comunidades del Valle del Polochic, obra de empresarios azucareros. Esta marcha recorrió a pie 214 kilómetros desde Cobán hasta arribar a la ciudad capital el 27 de marzo.

Los compañeros portaban una larga lista de demandas agrarias de las comunidades campesinas e indígenas para exigir el respeto de los territorios y la madre naturaleza en las localidades donde hay empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas, construcción de megaproyectos y monocultivos, reclamando también el cese de la persecución contra los líderes de las comunidades, la condonación de los préstamos otorgados por el Fondo de Tierras y la aprobación de la largamente postergada Ley de Desarrollo Rural Integral.

Un dirigente del Comité de Unidad Campesina declaró: “No buscamos que se cree una mesa de diálogo, ni más cronogramas o reuniones con funcionarios de bajo rango…Sólo esperamos que durante los días que marchemos el Estado atienda nuestras demandas, porque no son nuevas, son una deuda histórica” (diario El Periódico 19/03/12).

Pérez Molina accedió a negociar directamente con los líderes campesinos, pero los compañeros no pudieron evitar verse envueltos en la engañosa telaraña de un proceso de diálogo interminable, desesperante y desgastante.

El día que la marcha llegó a la capital, después de largas horas de reunión, las demandas de los campesinos se redujeron a ocho: “Condonar la deuda agraria de Q 300 millones con el Fondo de Tierras y del área Chortí; resolver la conflictividad en el Valle del Polochic; suspender licencias a mineras e hidroeléctricas; solucionar conflictos en Xelapán; resolver los conflictos en Sierra de las Minas, Santa Cruz y Chinajá; resolver conflictos en el norte de Quiché y Las Verapaces; retirar tropas militares donde hay confrontación agraria; y buscar un mecanismo para cumplir el resto de peticiones” (El Periódico 28/3/12). El gobierno se comprometió a dar solución a estos problemas, pero con cinco salvaguardas en los temas 1, 2, 3, 7 y 8, acordando una nueva reunión el 19 de abril.

Horas antes ese mismo día, los representantes campesinos habían visitado el Congreso de la República, logrando acuerdos para la aprobación de varias leyes, entre ellas la Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral. Sin embargo, el 12 de abril la reunión de jefes de bloques decidió por mayoría retirar esta ley de la agenda legislativa, argumentando que contiene inconstitucionalidades. La irrespetuosa burla contra los compañeros campesinos continuó cuando semanas más tarde el Congreso promovió una nueva discusión de la Ley, a pesar de que desde años atrás tenía el visto bueno de la comisión legislativa respectiva, alegando que riñe con la Constitución de la República. A partir del 4 de junio el presidente del Congreso convocó a una serie de audiencias que no fueron sino un vergonzoso circo en el que pasaron a opinar las organizaciones  de empresarios y finqueros y una que otra organización indígena y campesina que no participó en la marcha.

Cabe mencionar que la fuerza de las demandas campesinas se ve mermada por la división existente entre las varias agrupaciones. El 26 de marzo, mientras se efectuaba la marcha, representantes de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) se reunió con representantes del gobierno para plantear demandas muy similares a las que traía la marcha. El 17 de marzo, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) realizó una marcha en la capital, en coordinación con los sindicatos de la salud, en la que reclamó la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, la nacionalización de la electricidad, el cese a los desalojos de las comunidades campesinas, la cancelación de licencias mineras y una reforma al Código Civil en lo relativo al derecho de propiedad que reconozca la propiedad agraria de los pueblos indígenas.

El gobierno, como mencionamos, adoptó una política de dialogar interminablemente con la intención de desgastar a los campesinos y dejar en el olvido sus demandas. El 17 de abril el gobierno acordó con la CNOC entregar una lista de prioridades para el 30 de abril, y entregar resultados en ocho meses. El 19 los dirigentes de la Marcha Campesina tuvieron la reunión acordada con el gobierno, pero sin llegar a acuerdos claros. El dirigente Daniel Pascual declaró: “No quedamos satisfechos porque no hay respuestas claras del gobierno sobre los ocho puntos priorizados” (El Periódico 20/4/12), y “La respuesta fue tan parcial y confusa que no respondía al espíritu de lo planteado” (Prensa Libre 20/4/12). Por su parte, la Junta Directiva del Congreso se negó a recibir a los delegados campesinos, lo que interpretado como una cachetada por parte de los compañeros. Al final el gobierno acordó con ellos otra reunión el 22 de mayo.

Sin embargo, desde 15 días antes de esta fecha, el coordinador del Sistema Nacional de Diálogo Permanente del gobierno, Miguel Ángel Balcárcel, anticipó que las autoridades no cederían en tres temas de suma importancia para las comunidades indígenas y campesinas: la moratoria para otorgamiento de licencias mineras o plantas hidroeléctricas, la condonación de la deuda de familias campesinas con el Fondo de Tierras, y la marcha atrás en la instalación de una brigada militar en San Juan Sacatepéquez (Prensa Libre 7/5/12).

En efecto, el día de la reunión los representantes del gobierno tuvieron una actitud cerrada que impidió una vez más el avance del diálogo. Sobre la instalación de destacamentos militares, el ministro de defensa Noé Anzueto y el propio presidente Pérez Molina negaron que se tratara de una militarización o de que el ejército defendiera empresas privadas. En el caso de la base militar en San Juan Sacatepéquez, es obvio que se toma la medida por los conflictos generados desde hace algunos años entre los pobladores y la empresa de la familia Novela, que desea instalar una fábrica de cemento que perjudicará el medio ambiente. Esta base fue inaugurada el 30 de junio, siendo rechazada por una masiva manifestación de protesta; el mismo día se inauguró otra en Petén. Otras bases militares fueron o serán instaladas en San Marcos, Quiché, Alta Verapaz e Izabal.

En el caso de la moratoria a la instalación de hidroeléctricas y minas, los funcionarios dijeron que no promoverán una ley al respecto, pero que trabajan en una serie de reformas puntuales. Al final se acordó una nueva reunión para el 15 de junio. Sin embargo, los representantes campesinos están considerando abandonar este diálogo infructuoso. Como dijeran: “El gobierno es responsable de cualquier cosa que pueda suceder” (Siglo XXI, 23/5/12). Aún así, las organizaciones de la Marcha Campesina buscaron el 30 de julio, una nueva reunión con el gobierno para tratar una vez más los temas de la deuda agraria, las bases militares y la moratoria de las licencia a mineras e hidroeléctricas.

Por su parte, la CNOC y el Comité de Desarrollo Campesino efectuaron el 8 de agosto una serie de bloqueos de carreteras en numerosos puntos del país. Las demandas eran muy similares a las planteadas en las protestas del 17 de abril. Después de 5 horas de bloqueo y algunos enfrentamientos en que hubo capturados, los dirigentes se reunieron con la vicepresidenta, lograron algunas promesas y fijaron una nueva reunión para el 14 de agosto.

Las demandas de los campesinos revisten para el gobierno un carácter distinto del de los reclamos de los trabajadores de salud y educación. Y es que tocan los intereses vitales de la oligarquía y los nuevos sectores de inversión del gran capital nacional y extranjero. En torno al problema de la tierra, la situación laboral en las grandes fincas de agroexportación y las inversiones en extracción de minerales y producción de energía eléctrica, la burguesía no está dispuesta a hacer concesiones, como sí lo está el Estado en las áreas de los servicios a la población. Por ello, el gobierno no tiene mayor capacidad de maniobra y sólo le queda engatusar a los dirigentes campesinos en infructuosos procesos de negociación o recurrir a la represión velada.

Represión abierta y solapada

Si examinamos la represión contra dirigentes y movilizaciones populares durante el gobierno de Pérez Molina, veremos que la mayoría se ha efectuado contra las luchas que enfrentan a las empresas mineras a hidroeléctricas o donde hay conflictos agrarios.

El 14 de febrero se dio una amenaza de represión contra campesinos de las comunidades del Quiché que mantienen un largo conflicto con la familia Brol y la multinacional italiana Enel que construye la hidroeléctrica Palo Viejo. Ellos habían retenido a tres agentes de la PNC y un vehículo de la institución para presionar por la liberación de su compañero Felipe Gutiérrez, detenido bajo acusaciones falsas. El gobierno amenazantemente les mostró los colmillos y las garras mediante un exagerado despliegue de 600 agentes de la PNC y soldados, dos helicópteros y la presencia del mismo viceministro de gobernación. Los policías fueron liberados sin necesidad de que las fuerzas represivas actuaran.

La explicación a esta repuesta del gobierno estriba en que, al retener a los representantes de la autoridad (los tres policías), los compañeros campesinos atentaron contra lo que el presidente y sus ministros llaman gobernabilidad. Este es un tema delicado para ellos, porque atañe a una tarea importante del nuevo gobierno, que es la recuperación de la autoridad del Estado burgués en todo el territorio guatemalteco

El 24 de marzo fue asesinado el dirigente sindical de la salud Ovidio Ortíz, y el 1 de abril fue asesinada la Sra. Marta Palma de Folgar, madre del dirigente sindical de la salud en Escuintla Carlos Folgar Palma.

El 1 de mayo fue asesinado en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, el dirigente comunitario Andrés Francisco Miguel, a manos de agentes de la seguridad privada de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz S. A. En el atentado resultaron heridos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé. La comunidad tiene conflictos con la empresa desde el año 2007, cuando se realizó una consulta popular que rechazó la actividad de la hidroeléctrica.

El vil asesinato del líder causó la indignación comunitaria, tras la constante violación de la autodeterminación de los pueblos, lo que llevó a la comunidad enardecida a tomar el destacamento militar de la zona, en la que se golpeó a algunos miembros del ejército.

Como reacción el gobierno decretó el Estado de Sitio en la zona, desatando un verdadero régimen de terror en las aldeas aledañas, cateando viviendas, agrediendo a mujeres y niños y provocando que los hombres huyeran a los bosques cercanos. A pesar de que el Estado de Sitio no duró un mes, la situación no se ha normalizado aún.

El 13 de junio, en una emboscada, hombres fuertemente armados atacaron a balazos a Thelma Yolanda Oquelí Véliz, integrante del Frente Norte del Área Metropolitana. La compañera es lideresa del movimiento de resistencia de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, que desde el 2 de marzo han acampado en la entrada de las instalaciones de la mina El Tambor, el Carrizal, impidiendo el paso día y noche. Yolanda resultó herida de gravedad y tuvo que ser hospitalizada.

El 12 de junio fue asesinado José Tavico Tzunun, miembro del Consejo de los Pueblos K´iche´s. El 4 de julio un grupo de compañeras de esta organización fueron agredidas por hombres armados que buscaban a la dirigente Lolita Chávez. El 10 de agosto fue emboscado el compañero Héctor Girón, dirigente de CODECA, quien recién había participado en las acciones del día 8; el compañero resultó muerto en el ataque. Estas son las más relevantes, entre muchas, acciones de intimidación y represión contra el movimiento popular con el aval oculto o abierto del gobierno de Pérez Molina.

El aspecto represivo del gobierno de Pérez Molina se manifestó una vez más durante su actuación en el conflicto de los estudiantes de las escuelas e institutos normales contra el Ministerio de Educación.

La valiente lucha de los estudiantes normalistas

Las movilizaciones de los estudiantes de las normales iniciaron el 13 de mayo, a raíz del anuncio de la propuesta de reforma a la carrera de magisterio hecha por el Ministerio de Educación. Este plan fue elaborado por una comisión técnica a partir de 2009, y plantea una reforma al pensum de estudios y alargar la carrera de 3 a 5 años. En este sentido, las escuelas normales ya no graduarían maestros, sino bachilleres con orientación en pedagogía, que se prepararían durante dos años; para graduarse de maestros deberían cursar otros tres años a nivel universitario, lo que implica más tiempo y más gastos para los estudiantes y sus familias.

Estos cambios curriculares, que se pondrían en práctica a partir del próximo año, no toman en cuenta la realidad socioeconómica del país, ni las enormes carencias estructurales de la educación en Guatemala. Con el sistema actual, los graduandos pueden aspirar a un trabajo como maestros de educación primaria, mientras continúan sus estudios en la universidad, algo que no podrían hacer con el sistema que se propone. Estas desventajas, la falta de un debate democrático sobre las grandes debilidades de la propuesta del MINEDUC, y el deseo de imponerla apresuradamente por parte del gobierno de Pérez Molina, hicieron que el movimiento iniciara con suspensión de clases y tomas de edificios de las normales por parte de los estudiantes. Las y los compañeros iniciaron las tomas de escuelas normales de la ciudad de Guatemala, a lo que se sumaron numerosos institutos normales del interior.

El martes 5 de Junio los normalistas bloquearon una de las vías de acceso a la ciudad de Guatemala, siendo fuertemente reprimidos por la policía antimotines, con el saldo de varias personas intoxicadas y golpeadas. El viernes 8 de Junio se produjo otro bloqueo en las cercanías de la USAC, con el apoyo de estudiantes y trabajadores universitarios. Presionada por estas acciones, la ministra de educación, Cynthia del Águila, anunció que el 12 de junio iniciaría una mesa de diálogo con los estudiantes.

A la cita del 12 no se presentó la ministra, sino que envió a sus asesores, los cuales, presionaron a los representantes de los normalistas, para firmar un acuerdo desventajoso para el movimiento. Este acuerdo fue rechazado por los estudiantes y padres de familia, que decidieron continuar con las tomas. El gobierno implementó medidas de presión, amenazando con cancelar la matrícula a los dirigentes de los estudiantes, apostando antimotines en los alrededores de los institutos y solicitando orden de desalojo al Ministerio Público.

El 20 de Junio se presentaron al Instituto Belén, para reiniciar el diálogo, dos viceministros de educación, acompañados de representantes de organismos de los derechos humanos. Luego de horas de discusión se llegó a un nuevo acuerdo: el martes 26 de Junio la ministra se reuniría con 6 representantes de cada una de las escuelas normales para explicar exhaustivamente la propuesta del gobierno. Como un gesto conciliador, los estudiantes cedieron parcialmente y los institutos capitalinos Inca y Belén fueron desocupados, aunque muchos del interior continuaron en poder de los estudiantes.

La reunión del 26 de Junio fue un rotundo fracaso, pues la ministra rehuyó el diálogo y trató de imponer su propia metodología de trabajo. Los institutos volvieron a ser tomados y la tensión se agravó, los antimotines se colocaron abiertamente frente a los portones de los centros educativos impidiendo el paso. La repuesta de los estudiantes fue contundente: Las marchas y bloqueos se generalizaron en el interior.

El 29 de Junio la ministra de educación anunció que las clases se reiniciarían el lunes 2 de julio, ubicando a los estudiantes en lugares distintos a los institutos. Ese día la ministra se presentó a inaugurar las clases en el salón 9 del Parque de la Industria. Aprovechando su presencia, un numeroso grupo de normalistas se hizo presente para obligarla a reiniciar las negociaciones. Al verse rodeada por los estudiantes, la ministra y sus asesores llamaron a las fuerzas represivas, que llegaron bajo el mando personal del ministro de gobernación, el ex militar López Bonilla.

Las y los estudiantes se enfrentaron valientemente a los antimotines con palos, piedras, y cuando objeto tuvieran a la mano. El resultado del enfrentamiento fue numerosos heridos, intoxicados con gases pimienta y lacrimógenos, un profesor del Instituto Rafael Aqueche apresado, al igual que tres estudiantes. Esa misma noche, bajo la fuerte presencia de la policía antimotines, las compañeras del Inca desalojaron pacíficamente el edificio luego de que mujeres policías penetraran a la fuerza, y los compañeros del Aqueche desocuparon voluntariamente el edificio protegidos por bomberos y organismos de derechos humanos.

Ante la gravedad de los acontecimientos, la Comisión de Educación del Congreso citó por enésima vez a la ministra Del Águila, quien esta vez sí acudió. La Comisión de Educación asumió el papel de mediadora (pese a las protestas del presidente Pérez Molina, quien quería mantener el control del conflicto), y acordó con representantes estudiantiles y del MINEDUC, iniciar el 9 de julio una serie de audiencias para que las organizaciones involucradas expresaran sus opiniones.

Durante cinco días de audiencias, presididas por la mencionada Comisión de Educación, 105 instituciones se presentaron a dar su punto de vista, entre ellas representantes de 83 escuelas normales (maestros, estudiantes y padres de familia). La prensa burguesa, que desde el inicio de la lucha ha tergiversado las noticias en detrimento de los compañeros estudiantes, pretende hacer creer que casi la mitad de esas instituciones están a favor de la propuesta del MINEDUC, pero lo cierto es que las audiencias dejaron al desnudo la profunda crisis estructural del sistema educativo en Guatemala, y las confabulaciones de los diputados y del gobierno de Pérez Molina para cansar a los estudiantes.

La mayoría de representantes estudiantiles que expusieron su punto de vista en las audiencia están a favor de un cambio en la carrera docente, pero no como lo proponen la ministra Del Águila y la mesa técnica. La propuesta oficial está fuera de la realidad, pues según quedó claro en las audiencias, no basta con el cambio curricular y la ampliación de estudios en dos años más para solucionar la problemática educativa.

Las instituciones reclamaron mejoras en la infraestructura existente y la construcción de más escuelas, el otorgamiento de becas de estudio, bolsas didácticas, la profesionalización de los docentes que enseñan en la carrera de magisterio, optimizar la calidad educativa, socializar la propuesta en idiomas mayas, etc. Muchos pidieron que se dé más tiempo para socializar la propuesta del MINEDUC y que no se implemente a partir del próximo año. Muchos representantes de institutos del interior dejaron claro que el rechazo a la propuesta de reforma se debe a la pobreza de las familias, para las cuales la profesión de maestro es la única opción viable para que sus hijas e hijos tengan un mejor futuro.

La Comisión de Educación del Congreso hizo una sistematización de las propuestas presentadas en las audiencias, que entregó al MINEDUC, el cual a su vez la pasó a la Mesa Técnica. Pero las acciones de hecho continuaron. El 30 de julio los normalistas hicieron un nuevo intento fallido de tomar los centros de estudios en la capital, con el saldo de varios estudiantes arrestados y una maestra detenida bajo la falsa acusación de instigar los disturbios. El ministro de gobernación inició una campaña psicológica acusando a maestros, estudiantes universitarios y padres de familia de manipular a los compañeros estudiantes. En el interior las protestas de los normalistas continúan imparables.

El 10 de agosto representantes estudiantiles de varias normales presentaron a la Comisión de Educación del Congreso su propuesta de cambios a la carrera, manteniendo los tres años de estudio con cambios en el pensum. Sin embargo, el 16 la Comisión Técnica entregó a la ministra Del Águila el documento reelaborado de la Formación Inicial Docente, que se supone incorporaría las sugerencias hechas durante el proceso de socialización, las audiencias públicas en el Congreso y las propuesta elaborada por propios estudiantes normalistas. Para desencanto de todos, la nueva propuesta mantiene los 5 años de carrera docente, dos de bachillerato y tres universitarios, y propone cambios mínimos. Los compañeros normalistas rechazaron esta propuesta, indicando que propondrán una nueva hoja de ruta para llegar a consensos con la Mesa Técnica.

El 7 de septiembre los compañeros retomaron la movilización y efectuaron bloqueos en cuatro puntos de las carreteras del país. La policía antimotines arremetió contra ellos con un saldo de 19 personas detenidas y 25 heridos. El mismo día representantes estudiantiles y viceministros de educación se reunieron y acordaron convocar a una asamblea estudiantil para retomar una vez más el diálogo, incluyendo esta vez a los colegios privados que imparten la carrera y a la USAC.

Del diálogo a la represión

En el transcurso de los meses, la política inicial del gobierno de llegar a entendimientos con los sectores populares para desmontar las movilizaciones se ha ido desgastando. Sólo la dirigencia magisterial ha mantenido los acuerdos frenando las protestas, pero al costo de desprestigiarse ante el estudiantado y sectores cada vez más significativos de los maestros. Los trabajadores de la salud se mantienen en una quieta efervescencia como una olla de presión a punto de explotar.

En el olvido quedó la intención del ministro López Bonilla de “…atender los problemas desde su raíz para no tener que imponer la ley para desbloquear las rutas que en determinado momento sean tomadas”. El 6 de julio, este ex militar ordenó a los 27 comisarios de las Comisarías del país que en el futuro no permitan bloqueos, no importa a quién representen: “…como ministro tengo competencias y debo actuar con lo que manda la ley y no se puede dejar de cumplirla” (Prensa Libre 7/7/12). El despliegue policial y militar ante la huelga de los trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal es otra muestra de la disponibilidad del gobierno a tomar acciones represivas inmediatas.

En ocho meses la capacidad de maniobra del gobierno ha disminuido, no sólo porque el gran capital no está dispuesto a hacer concesiones en sus áreas sensibles de inversión (la excepción sería la exitosa huelga en mayo de los trabajadores de las fincas de palma africana en Petén), sino porque la crisis económica mundial ha llevado a una desaceleración de la economía guatemalteca.

El espacio que tenemos disponible es corto para analizar con suficiente detalle la política económica del gobierno, pero podemos señalar que la desaceleración de la economía (reducción de las exportaciones e importaciones, reducción del precio de los  principales productos de exportación, etc.) ha provocado una baja en los ingresos del Estado. Por otra parte, la proyección de gastos de 2012 y la elaboración del presupuesto gubernamental para 2013, se han basado en perspectivas irreales de recaudación fiscal. A finales de marzo Pérez Molina pronosticó confiadamente que el PIB 2012 crecería un 4%, contrariamente a la predicción del Banco de Guatemala, que ubicaba el crecimiento entre un 2.9 y un 3.3%. Nada permite prever que el presidente tenga la razón. El próximo año la crisis de la Unión Europea se reflejará con mayor fuerza en Los Estados Unidos, afectando aún más el crecimiento de Guatemala y la región centroamericana.

Los programas asistenciales han sido ejecutados muy dificultosamente, el Ministerio de Desarrollo Social apenas ha gastado su presupuesto, y el programa de distribución de fertilizantes fue objeto de atrasos y corrupción, y el Plan Hambre Cero no marcha. El sistema hospitalario se mantiene en un estado de calamidad crónica.

En menos de un año el gobierno gira poco a poco de los intentos de diálogo a la represión. La tendencia es hacia un incremento de las acciones punitivas, el reforzamiento del papel del ejército mediante la proliferación de bases militares, la imposición de las reformas y planes gubernamentales y el fortalecimiento de la figura presidencial.  

Las dirigencias de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y populares deben fortalecer los esfuerzos de unidad y coordinación para enfrentar la respuesta cada vez más agresiva que tendrá el gobierno ante nuestras luchas.