Por Abelardo D.T.G

La masacre ocurrida el jueves 4 de octubre contra campesinos comunitarios mayas-kiches con el saldo de 8 asesinados y más de una treintena de heridos, tras la dispersión de parte del ejército y de la policía antimotines de una concentración de comunitarios en el sitio conocido como La Cumbre de Alaska en la carretera interamericana, plantea la naturaleza represiva de un gobierno dirigido por ex militares que sirve a los intereses del bloque en el poder y de las trasnacionales que roban los recursos naturales.

Aún no está claro cómo se dieron los hechos. Si la masacre fue una orden directa de Pérez Molina y sus ministros de defensa y gobernación, ello significaría un giro dramático en la política del gobierno, hacia una represión cruda, descarada y abierta. Este es el análisis de una buena parte de la izquierda guatemalteca, que anuncia el regreso de los años 80s. Pero la situación es más compleja y tiene múltiples aristas. El gobierno del Partido Patriota no es un calco de los gobiernos militares de los años del conflicto armado. 30 años no han pasado en balde. Pérez Molina pretende basar su gobierno en una democracia burguesa –sesgada, plagada de imperfecciones y parcializada hacia los poderosos- que mal que bien le exige seguir reglas. Guatemala tiene actualmente la presidencia temporal del Consejo de Seguridad de la ONU y el presidente se ha presentado como el adalid de las formas alternativas de combatir el narcotráfico. Dar la orden de asesinar indígenas en una protesta pública acarrearía la desaprobación de la comunidad internacional y el desprestigio. La embajada de los Estados Unidos y el secretario general de la OEA ya han pedido una investigación, lamentando lo acontecido. La masacre de los compañeros se sale completamente de la línea que ha traído el gobierno en el manejo de las protestas populares.

Por ello nosotros pensamos que la represión brutal contra los comunitarios fue una tremenda metida de pata, tal vez una orden mandos medios que se salió de control. Sin embargo, el gobierno ha asumido la responsabilidad y la culpa al defender a capa y espada al ejército, divulgando mentiras que con el transcurrir de las horas se han visto desmentidas una tras otra. No creemos que en adelante la política del gobierno será abrir fuego contra toda protesta popular, Pérez Molina y sus secuaces no tienen las condiciones para hacer tal cosa. Pero no podemos permitir que el vil asesinato de los compañeros quede impune.

La actividad fue convocada por los 48 cantones de Totonicapán, una alianza de comunidades del departamento del mismo nombre organizadas bajo una forma de clanes, que data de antes de la invasión europea como parte de la Confederación k´iche. Recientemente los 48 cantones han sido participes de distintas movilizaciones contra las políticas neoliberales, las más recientes hace unos años en contra de la privatizadora ley de aguas que al final no fue aprobada en el Congreso de la República.

Las reivindicaciones de los 48 cantones tienen una perspectiva global y son de carácter democráticas, pues exigen parar el aumento de las tarifas del servicio eléctrico, la derogatoria de la propuesta de formación inicial docente que busca hacer desaparecer la carrera del magisterio, y que el gobierno central de marcha atrás a las neoliberales reformas constitucionales que está proponiendo.

Esto va directamente en contra del programa que impulsa el bloque dominante (agenda nacional de competitividad), ahora con el gobierno en manos del Partido Patriota. Este partido durante la pasada campaña presidencial fue financiado por elementos oligárquicos, pero además representa a un sector de la cada vez más fortalecida burguesía burocrático-militar. Este sector militar de la burguesía busca negociar una mayor tajada en los negocios que el capital trasnacional está impulsando a través de la búsqueda de socios minoritarios tanto en la oligarquía, como en este sector de la burguesía u otros cobijados al amparo de los partidos de oposición de derecha. 

 

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a conformar una Comisión de Investigación Independiente de parte de las organizaciones obreras, campesinas, populares e indígenas, no confiamos en las investigaciones del Ministerio Público o la propia CICIG. Estas investigaciones deben deducir responsabilidades para los autores materiales, pero sobre todo ubicar quienes dieron la orden de reprimir a las fuerzas de seguridad, siguiendo la cadena de mando de ambos cuerpos. Exigimos la renuncia de  los ministros de gobernación y de defensa,  por ser responsables directos de la masacre. Así mismo exigimos la desmilitarización de la seguridad pública.