Por Victoriano Sánchez

La cancelación de alrededor de treinta universidades de “zaguán” en el último año, ha provocado un agrio debate sobre las reales intenciones de la dictadura al nacionalizar esos centros privados de educación superior.

Los medios digitales identificados con la oposición burguesa y pequeño burguesa denuncia el “robo” y el ataque contra la “autonomía universitaria” y la calidad de la enseñanza, pero se los olvida mencionar que la definición de autonomía universitaria, contenida en el artículo 127 de la Constitución, no es aplicable a los universidades privadas de “zaguán”, por constituir un negocio lucrativo de sus dueños.

La reciente cancelación de la Universidad Centroamericana (UCA), propiedad de los jesuitas de la Compañía de Jesús, quizá la única de las universidades privadas que gozaba de prestigio y de cierta calidad en la enseñanza, ha reavivado el debate sobre cuáles son las reales intenciones de la dictadura.

El rol de los jesuitas en Centroamérica y Nicaragua

Para comprender lo que pasa, debemos analizar brevemente el rol de los jesuitas en Nicaragua y sus contradicciones con la dictadura.

Los jesuitas fueron una orden militar dentro de la Iglesia Católica, encargada de formar y educar a las elites en los diferentes países donde funcionan. A pesar que ya no son el ejército de la Iglesia, conservan un alto grado de organización, disciplina y dirección centralizada, al grado que, con los escándalos de pederastia dentro de la Iglesia Católica, los cardenales tuvieron que elegir en marzo del 2013 a un jesuita, el actual papa Francisco, para poner orden dentro de la Iglesia Católica.

Los jesuitas, tienen una larga presencia y tradición en Centroamérica. En Guatemala, el dictador liberal Justo Rufino Barrios decretó su expulsión en septiembre de 1871. Al año siguiente, en mayo de 1872, bajo la presidencia provisional del liberal Manuel Méndez los jesuitas fueron expulsados de El Salvador. Los jesuitas expulsados se refugiaron en Nicaragua. No obstante, una década después, en junio de 1881, fueron expulsados de Nicaragua por el gobierno conservador de Joaquín Zavala, quien los acusó de alentar la insurrección indígena que tomó Matagalpa ese mismo año.

Regresaron a Nicaragua en 1916, bajo la segunda republica conservadora, cuando Nicaragua se encontraba ocupada militarmente por los marines norteamericanos. Crearon el Colegio Centroamérica en donde se educaba la elite de la oligarquía nicaragüense. Mantuvieron buenas relaciones con la dictadura somocista, al grado que Anastasio Somoza Debayle donó a los jesuitas los valiosos terrenos donde funcionaría la primera universidad privada en Nicaragua.

La Universidad Católica Centroamericana, sección de Nicaragua, fue creada como una asociación civil sin fines de lucro, obteniendo la Personalidad Jurídica mediante Decreto No. 518, publicado en Gaceta No. 184 del 13/08/1960. Posteriormente, reformó sus Estatutos en 1961, denominándose “Universidad Centroamericana de Nicaragua” o simplemente “Universidad Centroamericana (UCA)”, ratificado con el Decreto Ejecutivo No 503, publicado en La Gaceta No 185 del 15/08/1961.

Cuando se inició la crisis de la dictadura somocista en 1974, con la rebelión de los empresarios del COSIP, los jesuitas comenzaron a tomar distancia del somocismo.

En ese periodo (1973-1979) ocurrió un fenómeno político en Nicaragua: los jóvenes de clase media que estudiaban en colegios católicos se radicalizaron, y se agruparon en movimientos cristianos revolucionarios que, bajo la bandera de la Teología de la Liberación, se incorporaron a la lucha popular y terminaron militando en las filas del FSLN, primero como colaboradores y después como combatientes, aportando muchos cuadros a la lucha insurreccional contra la dictadura somocista. Entre esos colegios religiosos, cuyos alumnos lucharon contra la dictadura somocista, destacan el Colegio Centroamérica, el Colegio Teresiano, Colegio Inmaculada Concepción de Maria, Colegio La Salle, etc.

De todas las congregaciones religiosas se destacaron los jesuitas y obviamente la UCA. Los jesuitas experimentaron un giro hacia la izquierda en toda Centroamérica, estableciendo nexos especiales con la guerrilla en Nicaragua y El Salvador. En 1971, Somoza Debayle expulsó al padre José Maria Sanjinés, por participar en la lucha contra la dictadura. El Grupo de los Doce, creado en 1977 como primera propuesta de gobierno de Unidad Nacional por parte de la guerrilla del FSLN, tenia como uno de sus miembros al padre Fernando Cardenal, sacerdote jesuita.

En noviembre de 1989, cuando ya se habían firmado los Acuerdos de Esquipulas II, el Ejército salvadoreño penetró al campus de la UCA, en San Salvador, y masacró a seis jesuitas por considerar que eran parte de la conducción de la guerrilla del FMLN.

Y así podemos citar muchos ejemplos más del involucramiento de los jesuitas en la lucha revolucionaria de ese momento.

En Nicaragua, los jesuitas pagaron un alto costo político por acompañar la lucha guerrillera del FSLN y apoyar al gobierno sandinista durante la revolución (1979-1990): la burguesía y sectores de la clase media alta no volvieron a confiar en ellos y no enviaron a sus hijos a la UCA. Después de 1990, bajo el gobierno de Violeta Chamorro, la UCA dependió totalmente del presupuesto del 6%. No era una casualidad que las principales movilizaciones estudiantiles de esa época, en los años 90, tenían como epicentro la UCA, y no la UNAN. Estas movilizaciones eran producto de la lucha estudiantil, no de la actividad de los jesuitas, aunque la UCA salía beneficiada por recibir una cuota alta del presupuesto del 6% para las universidades estatales, siendo una universidad privada. Esta contradicción provocaba malestar entre los activistas estudiantiles.

A final de los años 90 se inició un lento divorcio entre los jesuitas y el FSLN. Los jesuitas lucharon en las sombras por recuperar el control de la UCA, sin romper abiertamente con el FSLN, porque necesitaban la valiosa asignación del 6%. A partir del 2007, cuando el FSLN recuperó el gobierno, continuó el discreto proceso de distanciamiento pero fue hasta en abril del 2018 que se produjo la ruptura pública.

Los tiempos habían cambiado, el FSLN se había erosionado políticamente después de abril del 2018, y entonces los jesuitas comenzaron a enarbolar las banderas de la democracia, contra la dictadura Ortega-Murillo. A pesar de haber sido aliados del FSLN por más de dos décadas, calcularon que había llegado el momento de pasar a la oposición abierta, de la misma manera que en su momento le dieron la espalda al somocismo. Igual que Somoza, la dictadura Ortega-Murillo consideró que los jesuitas los habían traicionado en un momento crucial. El castigo de la dictadura fue la exclusión de la UCA en el Consejo Nacional de Universidades (CNU), el recorte del 6% hasta llegar a cero las aportaciones estatales, profundizando la crisis financiera de la UCA.

La venganza de la dictadura contra los jesuitas fue implacable, primero la cercaron financieramente para después asestar el golpe final. Era cuestión de tiempo y de cálculos políticos.

Una muerte anunciada

El 9 de agosto del 2023, las autoridades de la UCA fueron notificadas que sus cuentas bancarias habían sido congeladas, por existir una causa judicial en su contra, sin especificar los orígenes de la misma.

Ese mismo día, María Amanda Castellón Tiffer, en su calidad de Directora General Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), entidad subordinada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió una resolución que revocó “(…) la renovación de la acreditación emitida el diecisiete de abril del presente año 2023 al Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana (UCA) (…) en consecuencia el Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana (UCA) queda inhabilitado para administrar la Mediación como método alterno de resolución de conflictos (…)”. Este acuerdo fue comunicado inmediatamente y publicado posteriormente en La Gaceta No 147 del 14/08/2023.

Siguió una semana de incertidumbre y rumores sobre el destino de la UCA, los trabajadores y docentes no pudieron recibir sus pagos.

El 15 de agosto, la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, en un juicio penal impulsado por la Fiscalía contra las supuestas “actividades terroristas” en la UCA, mediante sentencia ordenó “(..) la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA (…) la incautación de todos los bienes descritos en el punto anterior sea a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos (…)”

Dos días después, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano rector de la educación superior, por medio de una nota de prensa, sin publicar el texto del acuerdo, dio a conocer que en la sesión Ordinaria No. 23 del 17 de agosto del 2023 los miembros del CNU acordaron cancelar la autorización de funcionamiento de la Universidad Centroamericana (UCA). Inmediatamente, en la misma sesión, el CNU procedió a crear, sobre las ruinas de la UCA, una nueva universidad denominada Universidad Nacional “Casimiro Sotelo Montenegro”, en honor al dirigente estudiantil sandinista.

Ese mismo día, 17 de agosto, de manera casi simultánea, la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, emitió el Acuerdo Ministerial No 104-2023-OSFL, acordó “(…) aprobar la cancelación de Personalidad Jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA), conforme Sentencia emitida por el Juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Nicaragua de la Circunscripción de Managua, con fecha 15 de agosto del 2023; en cumplimiento a la Sesión Ordinaria No. 23-2023 del 17 de agosto del 2023, emitida por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y por obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de OSFL, al no reportar sus Estados financieros períodos fiscales 2020, 2021, 2022 y encontrarse su Junta Directiva vencida desde el 18/03/2022. (…) Lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles de conformidad a lo establecido en el artículo 47 párrafo 2 del Reglamento de la Ley 1115, corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua”.

Este Acuerdo fue publicado en La Gaceta No 151 del 18 de agosto de 2023.

En el marco de la guerra sin cuartel contra las asociaciones civiles sin fines de lucro,  la Ley No 1115 y de la emisión del Decreto No 01-2023, Reglamento de la Ley No 1115, publicado en La Gaceta No 31 del 20 de febrero de 2023, establecieron una diferenciación entre la “disolución voluntaria” y “disolución por incumplimiento” de las ahora denominadas organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Cuando la disolución es voluntaria, se aplica lo establecido en los Estatutos en relación al destino de los bienes, pero cuando la disolución es por incumplimiento de la Ley No 1115, es decir, cuando es una sanción de la dictadura, los bienes muebles e inmuebles pasan automáticamente a manos del Estado.

Como la cancelación de la personalidad jurídica de la UCA fue producto de la sanción impuesta por el Acuerdo Ministerial No 104-2023-OSFL, todos sus bienes pasaron a manos del Estado, a pesar que el artículo 42 de la Constitución prohíbe las confiscaciones.

El CNU autoriza, pero …

Cuando se produjo la cancelación masiva de universidades de zaguán en 2021, La Asamblea Nacional otorgó, en febrero 2022, mediante ley, la personalidad jurídica a las nuevas universidades estatales: la Universidad Multidisciplinaria “Ricardo Morales Avilés”, la Universidad Nacional “Francisco Luis Espinoza Pineda” y la Universidad Nacional Politécnica (UNP).

Aunque el CNU aprobó del Acuerdo No. 154-2023 que autorizó la creación de la nueva Universidad Nacional “Casimiro Sotelo”, y el Acuerdo No. 155-2023 que nombró a Alejandro Enrique Genet Cruz como Rector, a Luz Marina Ortis Narváez como Vice Rectora, y a Moisés Ignacio Palacios como Secretario General, todavía hace falta que la Asamblea Nacional otorgue la personalidad jurídica a la nueva universidad, mediante un Decreto Legislativo, conforme el artículo 138 de la Constitución.

Debate sobre el cobro de aranceles

Casimiro Sotelo fue un legendario dirigente estudiantil que en 1962 fue electo secretario de Relaciones Públicas del Centro Estudiantil Universitario de la Universidad Centroamericana (CEUUCA), y en 1966 llegó a ser secretario general del Frente Estudiantil Revolucionario (FER), la más importante organización estudiantil universitaria a nivel nacional.

El 4 de noviembre de 1967 un delator permitió la captura de Casimiro Sotelo, Edmundo Pérez, Roberto Amaya y Hugo Medina, militantes del FSLN en la clandestinidad. Todos fueron torturados y asesinados cruelmente por la dictadura somocista.

La dictadura rinde homenaje a Casimiro Sotelo, al poner su nombre a la nueva universidad. El 18 de agosto fue el acto de inauguración de la nueva Universidad Nacional “Casimiro Sotelo”. En dicho acto, Ramona Rodríguez Pérez, Presidenta del CNU y Rectora UNAN-Managua, al final de su discurso, eufórica, declaró solemnemente: “(…) las Autoridades que pondremos en posesión de sus cargos el día de hoy asumen una misión histórica (…) por ello les anunciamos que esta Universidad del Pueblo es gratuita para garantizar la formación y el futuro de los jóvenes, hombres y mujeres, hijas e hijos de las Familias de escasos recursos económicos de esta Nicaragua Bendita y Siempre Libre… no habrá ningún arancel o pago”. (TN8, 18/08/2023)

Esta noticia llamó la atención de los estudiantes que se encuentran en un limbo. No obstante, en una posterior entrevista en Canal 4, ante la pregunta si habría cobros en la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo”, Ramona Rodríguez aclaró que: “En la UNAN-Managua los estudiantes no pagan, los estudiantes aportan 200 córdobas por matricula por semestre en curso regular y los sabatinos, de profesionalización aportan 100 córdobas por semestre (…) El aporte ya lo definirá la universidad en concepto de matrícula. En la UNAN el aporte de prematricula que aporta el estudiante es de 350 córdobas (…) “Los postgrados no (los cubre el 6 por ciento), son libres. El 6 por ciento constitucional es para el grado, el pregrado, o sea, la formación en técnico superior, las licenciaturas e ingenierías. El postgrado es autofinanciado”. (Nicaragua investiga, 21/08/2023)

De esta manera, quedó aparentemente aclarado que solo los estudiantes de pregrado y grado pagarían los aranceles establecidos para las universidades estatales, y que los estudiantes de postgrado pagarían completamente sus estudios.

El Acuerdo No. 154-2023 publicado en la Gaceta No 155, del  24/08/2023, estableció de manera general que la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo Montenegro” “operará de forma autofinanciada”, lo que reavivó el debate. No obstante, debido al malestar causado por la noticia de posibles cobros de aranceles como otra universidad privada, el CNU publicó una “fe de erratas” en La Gaceta No 156 del 25/08/2023 reafirmando que el funcionamiento de la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo” será “financiado con el presupuesto del Estado de Nicaragua”. Con esta aclaración, ya no quedan dudas de que la nueva universidad cobrara el mismo arancel establecido para las universidades del Estado.

Una política para recuperar la credibilidad entre los estudiantes

Después de las protestas de abril-mayo del 2018, y de la brutal represión contra los grupos estudiantiles, que envió al exilio a los grupos sobrevivientes, en el transcurso del 2022 y 2023 la dictadura inicio un proceso de estatización o nacionalización de casi una treintena de universidades privadas.

No cabe la menor dudad que la dictadura ha iniciado un proceso de acercamiento con los estudiantes, cerrando universidades de zaguán que cobraban costosos aranceles, transfiriéndolas al Estado, y estableciendo el cobro de aranceles para las universidades estatales, que es mucho menor que el que pagaban anteriormente.

Esta política de estatización parcial de la educación superior es rechazada por la totalidad de los grupos estudiantiles de oposición, quienes se van al otro lado, defendiendo la educación privada, sin analizar el contenido contradictorio de esta política. A veces los árboles no permiten ver el bosque.

Evidentemente, muchas de las acciones de la dictadura provocan rechazo, pero que los jóvenes puedan ingresar a las universidades estatales pagando los aranceles mínimos, es objetivamente una conquista social para muchos de ellos, aunque la medida haya sido adoptada por una dictadura.

A pesar de los intentos de recuperar la confianza de los estudiantes, la cobija no da para todos, cada año muchos estudiantes quedan fuera de las universidades estatales, porque sencillamente no hay cupos.

Alejandro Genet Cruz, rector de la Universidad Casimiro Sotelo, reconoció esta realidad e informó sobre la campaña para atraer estudiantes: “Haremos visitas a los colegios del Ministerio de Educación para darles a conocer la oferta (…) Le haríamos un llamado a todos aquellos muchachos y muchachas que por falta de recursos no continuaron sus carreras en la universidad, creo que hay una buena cantidad de muchachos que tuvieron que retirarse porque sus condiciones económicas no les permitían continuar”. (Nicaragua investiga, 21/08/2023)

La dictadura pretende congraciarse con los estudiantes al mismo tiempo que establece mecanismos de control en las nuevas universidades estatales, para evitar estallidos sociales como el de abril del 2018. Es una combinación de la política de zanahoria y garrote. Al mismo tiempo que estatiza la extinta UCA y crea una nueva universidad nacional, con aranceles bajos, mantiene la represión contra los activistas estudiantiles que todavía permanecen en el país

A la lista de presos políticos debemos agregar las recientes capturas de Adela Espinoza, otrora activista del Movimiento de Defensa Estudiantil de la UCA (MEDEUCA), a Gabriela Morales, ex atrincherada de la UNAN y Mayela Campos, estudiante de la UNI. Es una política que combina las concesiones materiales con la represión, para mantener el control en las universidades estatales.

Reclamo de los jesuitas

Como era de esperarse, la Compañía de Jesús se pronunció contra la cancelación de la UCA y el decomiso de sus bienes.

Arturo Sosa Abascal, líder mundial de los jesuitas, se quejó que a la UCA “se le ha negado el derecho a la legítima defensa”, pero en tono conciliador declaró: “(…) Me uno al reclamo para que se revierta y corrija esta medida judicial contra la UCA, para que cese la agresión gubernamental contra ella y contra sus integrantes, para que se abran caminos de diálogo en base a la verdad, la libertad y el derecho a la calidad de la educación de la juventud y de todo el pueblo de Nicaragua”. (Elsavador.com, 17/08/2023)

“Un juicio justo -con una justicia imparcial- sacaría a la luz la verdad de toda la trama que el gobierno ha venido ejecutando, desde las protestas juveniles del 2018 contra la UCA, contra otras muchas obras de la Iglesia Católica y con miles de instituciones de la sociedad civil, con el fin de asfixiarlas, cerrarlas o apropiárselas”. (100% noticias, 17/08/2023)

Todas las universidades jesuitas del mundo, expresaron su condena, así como un conjunto de gobiernos y personalidades, profundizando el aislamiento internacional de la dictadura. Obviamente, los jesuitas defienden sus intereses como educadores de las elites.

Cancelación de la Compañía de Jesús

La dictadura continuó con su plan de aniquilar la influencia social de los jesuitas. El 22 de agosto, la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, emitió el Acuerdo Ministerial No. 105-2023-OSFL, por medio del cual canceló “(…) la Personalidad Jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, por no cumplir con sus obligaciones conforme Ley (no reportar Estados financieros 2020, 2021, 2022 y estar su Junta Directiva vencida desde el 27/03/2020)”.

Los ataques a la Iglesia Católica, el asedio a los colegios religiosos y la cancelación de la Compañía de Jesús pretende evitar que los curas y sus organizaciones juveniles pastorales, diseminadas por todo el país, jueguen el mismo rol de los movimientos cristianos revolucionarios en el periodo 1972-1979.

Y para rematar el proceso de liquidación de los jesuitas, a pesar que el Acuerdo Ministerial No 104-2023-OSFL canceló la personalidad jurídica de la UCA, la Asamblea Nacional aprobó, el 23/08/2023, la Ley No 1162, que deroga el Decreto No. 518, publicado en Gaceta No. 184 del 13/08/1960 y el Decreto Ejecutivo No 503, publicado en La Gaceta No 185 del 15/08/1961, anteriormente citados.

La existencia legal de los colegios Centroamérica y Loyola, así como el proyecto social Fe y Alegría, dirigidos por los jesuitas, tienen los días contados. Tomando en cuenta que los dos últimos rectores de la UCA, jesuitas nicaragüenses, no pueden ingresar al país, probablemente la dictadura expulsará a los jesuitas de otras nacionalidades, finiquitando lo que sería la segunda expulsión de los jesuitas en la historia de Nicaragua.

¿Qué actitud deben tomar los estudiantes?

En primer lugar, no podemos sudar calenturas ajenas. Que los jesuitas defiendan sus intereses, y los estudiantes defiendan sus propios intereses. Si la nueva Universidad Nacional “Casimiro Sotelo”, permite el ingreso de los jóvenes que han quedado fuera del sistema de educación superior, debemos recibir la noticia como positiva para miles de jóvenes. Esto no significa apoyar políticamente a la dictadura, simplemente seria una conquista social para miles de estudiantes pobres.

En segundo lugar, debemos exigir que se cumpla con la “fe de erratas” publicada en La Gaceta La Gaceta No 156 del 25/08/2023, que aclara que la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo” será “financiado con el presupuesto del Estado de Nicaragua”, es decir, que los estudiantes pagaran los aranceles establecidos para las universidades estatales.

En tercer lugar, se debe garantizar los puestos de trabajo al personal que trabajaba en la UCA, para evitar la fuga de personal calificado, que no haya represalias contra los trabajadores administrativos y el personal docente.

En cuarto lugar, la situación de la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo” es la misma de las otras universidades estatales, es decir, debemos luchar por la autonomía universitaria, que la dictadura no tenga injerencia en la catedra universitaria, y que exista libre organización estudiantil.

En quinto lugar, corresponde a estudiantes, trabajadores y docentes, escoger a las autoridades universitarias para conformar democráticamente el gobierno universitario.

En sexto lugar, debemos mantener nuestro rechazo a la dictadura. La lucha por la democratización de Nicaragua es la misma lucha por la democratización y la autonomía de las universidades.