Por Nassar Echeverria

Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un país de inmigrantes. La población nativa fue casi aniquilada por los colonizadores europeos, quienes obligaron a los aborígenes sobrevivientes a vivir en “reservas”. Incluso, no es exagerado afirmar que Estados Unidos llegó a ser una potencia económica, producto de la migración que trasladaba mano de obra y cerebros a la economía en crecimiento.

Leyes migratorias proscriptivas

La Ley de Naturalización de 1790 permitía que solo las personas de ascendía europea podían optar a la naturalización, aunque después se les extendió ese derecho a las personas de origen africano, mediante la Ley de Naturalización de 1870, después de la finalización de la guerra civil (1861-1865).

Las restricciones a la inmigración continuaron. El 6 de mayo de 1882, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Exclusión de los Chinos, que prohibía la migración china, a pesar que fueron trabajadores chinos quienes laboraban en las minas y construyeron la red ferroviaria que permitió unir y dinamizar el mercado interno de Estados Unidos. La exclusión contra los chinos se mantuvo hasta el año 1952, después de finalizada la segunda guerra mundial.

La Ley de Migración de 1917, aprobada el 6 de febrero de 1917, en el transcurso de la primera guerra mundial, mantuvo la prohibición contra los chinos y la extendió al resto de países de Asia, introdujo el requisito de hablar y escribir en inglés, Con ellos también prohibió la migración del sur de Europa y los mexicanos. No podían emigrar los pobres, prostitutas, ni personas con discapacidades físicas y mentales. Estas exclusiones, especialmente contra los chinos, se mantuvieron hasta la Ley de 1952, aprobada cuando Estados Unidos ya era la principal potencia económica y militar del mundo.

Las oleadas migratorias hacia Estados Unidos han estado relacionadas directamente con la economía. La tolerancia o combate a la migración dependen de la situación económica del momento, y de la necesidad de mano de obra.

Declive de la población blanca anglosajona

En los últimos años, muchas de las restricciones migratorias que se debaten en el Congreso de Estados Unidos o que se aplican por la vía ejecutiva, están relacionadas con la urgente necesidad de mantener la hegemonía de la población blanca, de origen anglosajón, como la principal cantera de ciudadanos con todos los derechos políticos. Solo para citar un ejemplo, actualmente de cada cinco habitantes de los Estados Unidos, uno es de origen latino. La minoría más grande de Estados Unidos de la actualidad pasará de 46,7 millones de personas a 132,8, lo que supondrá que "casi uno de cada tres residentes de Estados Unidos será de origen hispano

Según el último censo de Estados Unidos, para el año 2042 la población blanca de origen anglosajón dejara de ser mayoría. En términos generales, la población blanca esta disminuyendo ante las oleadas migratorias y el ascenso de las minorías. La tendencia general es que para el año 2060 las minorías étnicas, que ahora son el 37% de la población, serán el 57%.

El Partido Republicano encabeza esta cruzada anti inmigrante, siendo Donald Trump su principal exponente en este periodo, con un discurso racista y supremacista blanco, boicoteando la reforma migratoria que el Partido Demócrata y Biden pretende aprobar

La diferencia entre republicanos y demócratas

No obstante, hay un nuevo factor externo que está incidiendo en cierta tolerancia de la administración Biden con la migración hacia Estados Unidos. China se ha transformado en el principal competidor económico de Estados Unidos. Para romper la alta dependencia con China, la administración Biden ha iniciado un proceso de recolocación de ciertas ramas de la industria, sacándolas de China y otros países, para volver a instalarla en Estados Unidos. Para lograrlo, necesita mano de obra.

Mientras los republicanos quieren cerrar las fronteras para proteger a la población blanca anglosajona, Biden y los demócratas quieren que ingrese mano de obra pero de manera controlada, para que los migrantes no sean beneficiados con el derecho a refugio o asilo. De esta manera pretenden que trabajen legalmente, pero retardando lo más que se pueda la posibilidad de que los migrantes conquisten derecho a residencia permanente, que es la puerta de entrada a la ciudadanía y al disfrute de los derechos políticos

A pesar que hay síntomas de recesión económica y de una alta inflación en Estados Unidos, la tasa de desempleo se encuentra en su punto mas bajo: 3,4%. Esto solo es posible cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, abre a discreción las compuertas en la frontera con México, para dejar entrar o retener a centenares de miles de migrantes, conforme las necesidades de la economía estadounidense.

Si bien es cierto que en este ultimo periodo, Estados Unidos ha necesitado mano de obra para poder competir con China, cuya población está decreciendo, las continuas oleadas de migrantes superan los cálculos y han creado una verdadera crisis en la frontera con México.

Con el “parole”, Biden ha priorizado la migración desde su patio trasero

Aunque, por un lado, Biden ha terminado aplicando las restrictivas políticas migratorias de la época de Trump, por el otro lado, la necesidad de mano de obra le obliga a permitir nuevos migrantes, para que trabajen en la industria. A diferencia de la época de Obama, cuando las deportaciones llegaron a cifras récord, esta vez Estados Unidos está apoyándose en otros países, como México, Canadá, España, Colombia y Guatemala.

El 10 de mayo del 2023 se levantó la orden del Título 42 autorizando al ICE aplicar el Titulo 8 de la Ley de Migración, que permite expulsar o deportar inmediatamente a quienes ingresen de manera ilegal a suelo de Estados Unidos, aplicando duras sanciones a los migrantes ilegales que fuesen capturados: expulsión acelerada, prohibición de ingreso a Estados Unidos por el lapso de cinco años, lo que les impide acogerse al derecho de refugio o asilo, si logran entrar más adelante.

El discurso de la administración Biden es que la migración debe ser legal y ordenada.

Para evitar enormes flujos de migrantes, que pueden optar al TPS o a medidas protectoras similares, el famoso “parole” no es otra cosa que las visas de trabajo, una forma migratoria que cayó en desuso, que permiten a una persona ingresar a trabajar legalmente a los Estados Unidos, por un periodo de dos años, sin tener la opción de aplicar a la residencia permanente.

El programa del “parole”, en realidad, no es creación de Biden, sino de la administración de George W Bush, quien en 2006 aprobó el llamado “Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos”, que alentaba a médicos y personal cubano de la salud a emigrar a Estados Unidos.

Centros Regionales de Procesamiento (CRP)

Las nuevas medidas, aplicadas por la vía ejecutiva, ordenan crear “centros regionales de procesamiento” en México, Guatemala y Colombia, para procesar las solicitudes del “parole”.

El procedimiento es similar a las solicitudes de asilo en la época de Trump, el que obligaba a los aspirantes a solicitar el asilo en un tercer país, mientras las cortes de migración resolvían la solicitud. La diferencia es que ahora se trata del “parole”, no del refugio o asilo, el que se puede aplicar, pero la aprobación exprés del “parole” es una tentación para el migrante que desea trabajar, aunque sea por tiempo limitado.

Además, no es lo mismo aplicar una solicitud de asilo en suelo norteamericano, con acceso a abogados especialistas y protegido por el sistema judicial, que hacer una entrevista on line en la que el funcionario de migración decide discrecionalmente, si existe “temor creíble”, sin mayores opciones de apelación

La situación es realmente compleja, ya que Estados Unidos necesita mano de obra migrante, pero al mismo tiempo la cantidad de migrantes es superior a las necesidades económicas de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el día que dio a conocer las nuevas políticas migratorias (que por cierto, han sido cuestionadas judicialmente por 17 gobernadores republicanos) declaró que “(…) actualmente hay más de 100 millones de personas en el mundo que están desplazándose, que se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y una vida mejor. Esa cantidad es mayor a la de cualquier otro período que se haya conocido en la historia. Y en nuestro propio hemisferio, estamos enfrentando un desafío migratorio sin precedentes. (…) Estados Unidos recibió seis veces más refugiados de América Latina y el Caribe en 2022, que durante el año previo. Las cifras hasta el momento indican que es muy probable que esas llegadas aumenten más del doble durante 2023” (27/04/2023).

La activa colaboración de México

A pesar de las criticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a las políticas de la administración Biden, en el tema migratorio hay acuerdos sustanciales que ya están siendo aplicados

A inicios de Mayo, la Dra. Elizabeth Sherwood-Randall, asesora en Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se reunió en ciudad de México con AMLO para discutir la implementación de las nuevas medidas migratorias, ya que México es uno de los CRP más cercano.

En una nota de prensa de la Casa Blanca, con fecha 2 de mayo del 2023, se reafirmó que “México reconoció el gran valor potencial de los centros de procesamiento regionales que los Estados Unidos anunció la semana pasada, y se analizó cómo México puede contribuir a su eficacia. Estados Unidos se propone recibir a incluso 100.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador en el marco de procesos de permisos (parole) de reunificación familiar”.

Más adelante, el comunicado conjunto se congratuló que “(…) Esta iniciativa, -que combina una expansión de las vías legales con consecuencias para la migración irregular-, logró la reducción del 95% en las interceptaciones en nuestra frontera compartida. Hoy, Estados Unidos se comprometió a seguir recibiendo a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en el marco de nuestro proceso de permisos de tipo “parole”. Por su parte, México continuará aceptando de regreso a migrantes bajo motivos humanitarios”.

Mientras la administración Biden aplica nuevas políticas migratorias para que quienes ingresen con el “parole” no tengan acceso a la residencia permanente, México colabora recibiendo deportados, quienes se encontraran ante la disyuntiva de regresar a sus países de origen, con las pérdidas económicas que implica, o terminar trabajando en las maquilas mexicanas, que también necesitan mano de obra esclava, con salarios muchos mas bajos que los de Estados Unidos