Por Manuel Sandoval

Recientemente, un profesor de Inglés del Liceo de Tarbaca y una trabajadora del comedor de la escuela local fueron detenidos por el OIJ bajo la sospecha de vender droga en el colegio. El hecho es grave, pero en un gremio tan grande resulta casi inevitable que en el clima de descomposición social y moral que se vive en el país se puedan dar casos así. Lo notable es que reflejando la solidez moral del educador son ínfimos dentro del Magisterio Nacional.

Lo verdaderamente grave del asunto es, sin embargo, que desde Canal 8, Michael Soto, director del Informativo, y la periodista Valeria Martínez, han presentado las cosas como si fuera una actividad generalizada entre los educadores. El cintillo con el que anunciaron el reportaje la semana pasada lo dice todo: “EDUCADORES TRAFICAN DROGAS DENTRO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. SUSTANCIAS SON GUARDADAS EN CASILLEROS Y ESCRITORIOS”.

REPRETEL, por su parte, con mucho amarillismo se ha unido al coro esta semana, poniendo a la ex viceministra Académica de este gobierno, la señora Rocío Solís, funcionaria de carrera en varios gobiernos de diferentes colores, a corroborar que había “muchos educadores” traficando que habían escapado a procesos legales. Una vulgaridad viniendo de la jerarca que durante dieciocho años estuvo al frente de la Contraloría de Derechos Estudiantiles.

Existe mucho el interés de las autoridades del MEP en desprestigiar a los educadores, presentándolos como vagos, irresponsables y con poca vocación para el ejercicio de la profesión docente, a fin de culpabilizarlos del apagón educativo que vive el país. La prensa burguesa trata también de desprestigiar al docente por temor al liderazgo que puede ejercer entre las comunidades si asume la lucha en defensa del derecho a la Educación. No nos extraña por eso que medios reaccionarios, como el noticiero del 8 y REPRETEL, calumnien vulgarmente a los docentes.

Cualquier persona detenida bajo acusación de cometer un delito tiene derecho a la presunción de inocencia y a que no sea considerado culpable mientras no se le someta a proceso judicial y condena en un tribunal. En el contexto latinoamericano esta conquista del derecho burgués frente a los poderes arbitrarios y dictatoriales está en entredicho en medio de la ofensiva de Bukele para exterminar la delincuencia con métodos terroristas que convierten al pobre en delincuente.

Por la desesperación que existe en los sectores medios, ante el clima de descomposición social y violencia que genera la crisis del capitalismo en nuestros países, hay la tendencia a dejarse manipular por demagogos populistas que ofrecen salidas autoritarias. El Chaves tico ofrece condenas más duras contra los jóvenes que delinquen, pero no las políticas de inversión social que podrían frenar la descomposición social del país ofreciendo más y mejores oportunidades de trabajo y estudio a los jóvenes de los sectores más empobrecidos de la población. No le importa disparar la carrera del sicariato, minando más el acceso al sistema de Educación Pública del país con los recortes presupuestarios que impulsa junto a Nogui Acosta y la Müller.  Si el Caudillo tico pudiera, no les quepa duda de que imitaría a Bukele.

Bukele encerró en su mega cárcel, donde las somete a torturas y condiciones infrahumanas, a miles de personas pobres sin antecedentes criminales (detenidos arbitrariamente en los operativos contra las maras, SIN POSIBILIDAD DE APELAR ANTE NINGÚN TRIBUNAL POR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN) y decenas de miles de jóvenes vinculados a las pandillas, pero que no han cometido delitos de sangre. Para estos jóvenes, lo único que ofrece Bukele es su destrucción moral y física, NO SU REHABILITACIÓN E REINSERCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE OPORTUNIDADES DE ESTUDIO Y TRABAJO dentro o fuera del sistema penal. El oligarca salvadoreño pretende una sociedad capitalista, con explotación y miseria, pero sin delincuencia ni lucha social de los de abajo.  ¡UNA UTOPÍA REACCIONARIA QUE VA A TERMINAR DEGRADANDO AÚN MÁS LOS VALORES HUMANOS EN LA SOCIEDAD SALVADOREÑA!

Los detenidos de Tarbaca acaban de ser sometidos a medidas cautelares que implican su reubicación laboral en oficinas administrativas del MEP, mientras se les investiga y se les juzga judicialmente. Es lo que procede si no se les dicta prisión preventiva.

Los docentes del Liceo y la escuela de Tarbaca deberían pronunciarse. Ellos podrían decir con más conocimiento de la gravedad del asunto si amerita prisión preventiva de los acusados. Por supuesto que el MEP exige que nadie abra la boca. Es lo que le sirve. ANULAR AL EDUCADOR PARA QUE NO HAGA NINGUNA CRÍTICA SOCIAL Y NO IMPULSE EL DESARROLLO DE UNA MORAL DIFERENTE A LA OFICIAL, que procesa (con razón o no) a dos trabajadores de la Educación en Tarbaca y cubre a los grandes traficantes asociados a autoridades policiales y judiciales, a los políticos de los partidos burgueses y del gobierno.