Por Armando Tezucún

Los trabajadores salubristas pertenecientes al mayoritario Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), volvieron a tomarse las carreteras del país el pasado 23 de marzo y nuevamente el 6 de abril; durante la última semana de marzo mantuvieron un plantón frente a la Casa Presidencial. Al igual que en las acciones realizadas dos semanas antes, las compañeras y compañeros defendieron el pacto colectivo contra los ataques de la ministra Lucrecia Hernández Mack, y pidieron su renuncia.

Por otro lado, el 24 de marzo y el 5 de abril, en sendas conferencias de prensa, médicos de la Junta Directiva del Hospital Roosevelt denunciaron las malas condiciones en que se encuentra dicho centro y pidieron al Ministerio de Salud mejores condiciones laborales, entre ellas aumento salarial. Los médicos dijeron que han tratado de entablar un diálogo con la ministra Hernández, pero que no les ha dado audiencia. Zagreb Zea, presidente de la Junta, declaró: “Nos quedamos constantemente sin insumos y aparte de todo se nos exige de parte de nuestras autoridades ministeriales y se nos da muy poco a cambio. Lo que queremos es dialogar directamente con la Ministra para una búsqueda de dignificación, tanto laboral como salarial…nuestro salario base es de Q 1,762.40. Nosotros llegamos a Q 5 mil con los bonos que se nos dan” (La Hora 24/03/17). El 5 de abril explicaron que piden la instalación de una mesa técnica que incluya a la ministra Hernández; la demanda planteada es que su salario sea aumentado a 8 sueldos mínimos (La Hora 05/04/17). Dejaron en claro que no tienen intención de realizar paros ni suspender servicios y se desligaron de la lucha que llevan a cabo los trabajadores de salud en defensa de su pacto colectivo.

La ministra, por su parte, puso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el SNTSG, por haber vulnerado el derecho a la salud de la población, al haber realizado paros y cierres de consultas durante los recientes bloqueos de carreteras. El día 28 el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Civil otorgó el amparo, y ordenó a los sindicalistas “…que se abstengan y/o desistan inmediatamente del bloqueo, cierre, toma de instalaciones, paralización de actividades operativas y administrativas, y obstaculización en el ingreso de autoridades, personal y usuarios de los servicios de salud a las distintas unidades que integran la red hospitalaria (Prensa Libre 30/03/17). La ministra acusó a los compañeros de haber dejado de atender 700 mil consultas durante las protestas, de desconectar interruptores eléctricos centrales y dejar sin energía cuartos fríos que contienen vacunas; de nuevo Hernández recurrió al aparato represivo del Estado, poniendo una denuncia ante el Ministerio Público (Prensa Libre 05/04/17).

Luis Alpírez, dirigente sindical, negó que el sindicato ordenara esas acciones y dijo: “Lo que quieren es penalizar el conflicto. Están inventando cualquier patraña para penalizarnos a nosotros como dirigentes o a los trabajadores que legítimamente estamos haciendo resistencia de cualquier manera para reivindicar nuestros derechos…Esta es una estrategia que utilizó Mariano Rayo (exministro de salud en el gobierno de transición del expresidente Alejandro Maldonado y exdiputado por el Partido Unionista del alcalde capitalino Álvaro Arzú), de quien ella está recibiendo asesoría directa” (Ídem).

La ministra Hernández se ha colocado abiertamente en contra de los beneficios conquistados por los trabajadores salubristas en el pacto colectivo, recurriendo a las instancias represivas del Estado burgués, con el apoyo de los medios de comunicación de derecha y de la intelectualidad políticamente conservadora.

Llamamos a los compañeros sindicalistas de salud a no dejarse intimidar y continuar con las medidas de lucha en defensa del pacto colectivo. Si bien los ataques han sido contra los compañeros del SNTSG, el resto de sindicatos del área deben solidarizarse, pues esta es una ofensiva en contra de todos los pactos en salud y más allá, contra las condiciones de trabajo de los trabajadores estatales. Llamamos también a los compañeros médicos a que depongan su actitud gremialista y se solidaricen con la lucha de los sindicatos de salubristas; al igual que ellos, su salario base no llega ni al mínimo de ley, si no fuera por los bonos serían sueldos verdaderamente miserables. La unidad de todos los trabajadores de salud es vital en estos momentos. Si los pactos colectivos implican privilegios de cualquier tipo para los dirigentes, en alguno de sus puntos, las compañeras y compañeros trabajadores deben exigir aclaración y rendición de cuentas en asambleas de base libres y democráticas, pidiendo la destitución inmediata de cualquier líder que incurra en faltas y manejos oscuros.