Por Úrsula Pop

El 22 de marzo, decenas de miembros de comunidades de Alta Verapaz realizaron una marcha de protesta en la capital, contra la autorización y funcionamiento de los proyectos hidroeléctricos Oxec 1 y 2, pues como consecuencia de su operación ha disminuido el caudal de los ríos y los mismos han sido contaminados; esto además de que no se realizó una consulta comunitaria antes de que fueran autorizados. Al llegar a la Corte de Constitucionalidad, los compañeros entregaron una petición para que se cumplan los plazos de ley y se otorgue en definitivo el amparo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordena detener los proyectos Oxec en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

El día siguiente, otra marcha de pobladores de Alta Verapaz llegó a la CC a demandar que se levante la suspensión contra el funcionamiento de estas hidroeléctricas, entregando un memorial con la firma de 2 mil personas. Estos pobladores procedían de once comunidades de la región, y defendieron a las empresas diciendo que les han llevado empleo y desarrollo, beneficiándose de las regalías entregadas por la empresa, y pidiendo que continúen los trabajos de estos proyectos.

Los antecedentes de estas acciones podemos situarlos en noviembre de 2016, cuando la CSJ suspendió las operaciones de las hidroeléctricas, luego de que las comunidades presentaran una acción legal contra el Ministerio de Energía y Minas por haber autorizado su funcionamiento en 2015; el 4 de enero de 2017 la misma corte otorgó un amparo a favor de los comunitarios de Santa María Cahabón, quienes adversan la construcción de las hidroeléctricas porque no se realizó la debida consulta comunitaria; el 17 de febrero del presente año, la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó la suspensión temporal del proyecto Oxec.

Esta última resolución desató una ola de protestas de las organizaciones empresariales. En primer lugar de la Asociación de Generadores de Energías Renovables (AGER), apoyada por la Cámara de Industria de Guatemala y los presidentes de la Autoridad del Mercado Mayoritario y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNNE). Estos empresarios advirtieron que los precios de la energía eléctrica se elevarían con la suspensión de los proyectos, pues los costos de producción se dispararían. Esta amenaza es falsa, pues según datos oficiales, hasta el año pasado había una sobreproducción de electricidad en el país, y además las plantas suspendidas aún no han empezado a producir. En realidad, los empresarios realizaron una consulta, pero con un grupo reducido de pobladores que están vinculados a las hidroeléctricas, quienes dieron su aprobación, sin deliberar con la mayoría de la población (CMI 24/02/17, “Potencial Cancelación del Proyecto Hidroeléctrico Oxec Causa Reacciones Perversas”).

En los proyectos Oxec están involucrados poderosos intereses empresariales nacionales y extranjeros. Pertenecen al grupo Energy Resources Capital Corp., registrado en Panamá, que tiene varios proyectos hidroeléctricos en el país; su presidente es un empresario agroexportador, y uno de los fundadores del Banco de Exportación, que se fusionó en el Banco G&T Continental; es socio de la empresa de cerámica Samboro fundada por la familia Ayau, también propietarios y constructores de hidroeléctricas. En Oxec participa también el grupo español Cobra, socio, en la construcción de otras hidroeléctricas, de la Corporación Multi Inversiones, de la familia Bosch Gutiérrez, una de las más poderosas del país (CMI, Íbid).

El día 21 de marzo la Asociación de Amigos del País presentó ante la CC un memorial Amicus Curiae, para reforzar la presión a favor los mencionados proyectos hidroeléctricos, que han sido suspendidos. Esta asociación es una entidad centenaria, que aglutina a los más rancios poderes oligárquicos y élites empresariales, considerada la máxima instancia de las clases dominantes en Guatemala (CMI 21/03/17).

Con tantos intereses afectados, la represión del gobierno contra los compañeros comunitarios no tardó en aparecer. El 27 de marzo un juez de Alta Verapaz, a petición del Ministerio Público, ordenó la captura del dirigente comunitario de Santa María Cahabón, Bernardo Caal Xol. Caal es también dirigente magisterial del Magisterio en Resistencia. No pudiendo asirse de otra cosa, las instancias represivas acusan al compañero de haberse ausentado durante 20 meses, entre enero de 2012 y agosto de 2013, a su puesto como docente en una escuela del lugar, y de haber cobrado alrededor de Q 104 mil. Por este asunto fue destituido por el Ministerio de Educación en agosto de 2013. El compañero Caal hasta el momento permanece oculto.