Por Marcial Rivera

A pesar de que en Guatemala es difícil obtener estadísticas sobre diferentes temas, a partir de distintas fuentes de algunas entidades, se establece que la población joven ocupa un buen porcentaje de la población, lo que algunos llaman ‘el bono demográfico’, y que agrupa a la población comprendida entre los 15 y los 30 años de edad. Aproximadamente 4.9 millones de habitantes, se encuentran en este rango de edad; este fenómeno, también se replica en el resto de la región Centroamericana.

De esta cuenta, la juventud, en tanto que sector importante y fundamental de la población, demanda políticas específicas, que le beneficien como sector, al tiempo que respondan a las necesidades que la misma tiene, como salud, educación de calidad en sus distintos niveles, empleo digno e irrestricto respeto a sus derechos laborales, pero también el respeto a su identidad, lo que indiscutiblemente incluye, para el caso de Guatemala, el respeto al origen étnico cultural, la identidad sexual e identidad de género, que cada persona elija libremente para su vida; esto por medio de leyes e instituciones que materialicen estas y otras demandas. El instrumento que por excelencia recoge y canaliza estas demandas, y justas reivindicaciones, es precisamente la Ley Nacional de Juventud.

Política nacional de juventud

Indiscutiblemente, operativizar una ley de esta naturaleza, debe pasar por la voluntad de muchos sectores de la población, además de la aprobación del Congreso de la República. Precisamente a raíz de esta ley se contemplaba que el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE), desaparecería y nacería la Secretaría Nacional de Juventud, para asumir todo lo relacionado con el tema.

Innegablemente en Guatemala no se ha logrado conformar un estado laico como tal, a pesar de que ha pasado más de un siglo desde que se separaron formalmente las funciones entre la iglesia y el Estado. Las religiones, sobre todo la iglesia católica, sigue teniendo una fuerte incidencia en la toma de decisiones, en esencia, en aquellas que van en contra de su visión retrógrada y mojigata de la vida, y que según ellos va en contra de la ley natural, o lo que establece la biblia, y que las masas de forma enajenada han asumido para sí.

¿Por qué la educación sexual como necesidad de la juventud?

Para nadie es un secreto que en Centroamérica existe una cantidad alta de embarazos en adolescente. En Guatemala se calcula que una de cada cinco mujeres, entre 15 y 19 años, o bien ya tienen hijos, o se encuentran en estado de gestación; algunos casos los embarazos son producto de abuso sexual y violencia sexual, en otros casos por desconocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos, para prevenir embarazos a temprana edad, o enfermedades venéreas como el VIH, que a pesar de la lucha frontal en contra de la enfermedad, la epidemia sigue propagándose en la región Centroamericana.

De manera que incluir un apartado sobre educación sexual en la ley de juventud, no es más que plasmar una demanda específica de la población. Infortunadamente la discusión sobre el tema ha demostrado que la iglesia sigue incidiendo, y sigue siendo una entidad sobradamente atrasada y ahistórica, en su eterna aspiración de convertirse en el ente regulador de la moral, las buenas costumbres y lo políticamente correcto. Las autoridades eclesiales no reparan en el daño que ocasionan y el atraso para el avance de la sociedad. No garantizar educación sexual científica, de calidad, basada en la lógica del estado laico, tendrá como consecuencia el aumento imparable del número de embarazos a temprana edad, de la propagación de enfermedades de transmisión sexual, y la privación a la juventud, de ejercer libre y plenamente su sexualidad. El desafortunado comunicado relacionado con la ley nacional de juventud, por parte de la Conferencia Episcopal de Guatemala, “salpicó” de su mojigatería al Congreso de la República, lugar donde –sin fundamento- se especuló que incluir educación sexual en esta ley conduciría al matrimonio igualitario, y al aborto. Cabe mencionar que la Alianza Evangélica divulgó una postura similar al de la iglesia católica sobre el tema.

¿Ponerle atención?

El respeto a la laicidad del estado, es algo impostergable. Ningún sector de la sociedad debería poner atención al posicionamiento de la iglesia católica frente a este y otros temas, ya nadie debería escribir columnas de opinión dándole relevancia a los comunicados y/o declaraciones de la misma. Para desgracia de la humanidad, y de la población misma, la iglesia sigue incidiendo en la toma de decisiones, y mientras sigan empecinados en obstaculizar el pleno desarrollo de la juventud y la clase trabajadora, les seguiremos emplazando.