Por Leonardo Ixim
La mañana del 9 de febrero sorprendió con la valiente acción de pobladores de los municipios de Nueva Concepción y Tiquisite, al romper los diques construidos sobre el río Madre Vieja por empresarios de palma africana, quienes impunemente han desviado el curso de este importante recurso hídrico, aprovechándolo irracionalmente para sus cultivos.
Al día siguiente los empresarios con un ejército de individuos armados y maquinaria volvieron construir los diques, dejando un hilito del curso normal del río. Pero nuevamente en la madrugada del 14 de febrero los habitantes de ambos municipios del departamento de Escuintla volvieron abrir los diques, aunque como mencionaron los pobladores, los empresarios ya no destruyeron las presas que orientan el caudal natural.
La acción de los pobladores es el resultado de 15 años de agravios por parte de los latifundistas, de palma africana principalmente, pero también de caña de azúcar y banano; desviando los ríos de la región sin que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente (Marn) o Agricultura y Alimentación (Maga) pongan reparos a los abusos empresariales. El enojo además, es producto de una serie de mesas de diálogo infructuosas entre los dueños de los ingenios como Pantaleón, La Unión, Madre Vieja, la procesadora de aceite de palma perteneciente al monopolio Hame y los pobladores.
En este caso, el destape del río Madre Vieja es por los abusos de Hame, que es la misma empresa señalada por la contaminación del río La Pasión en el norteño departamento de Petén, ocurrido el año pasado. Esta empresa es propiedad de Hugo Alberto Molina Espinoza, quien produce la marca de aceite comestible Olmeca; éste, junto a su hermano ya fallecido Alberto, han sido considerados los mayores terratenientes del país, de los grupos oligárquicos más poderosos del pais (CMI 11-06-15).
La heroica acción de los pobladores obligó a las autoridades del Marn, Maga, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y la Procuraduría de los Derechos Humanos, junto al alcalde de Nueva Concepción (quien ha acompañado la acción de los pobladores), además del grupo Hame y los ingenios señalados, a otra mesa de negociación.
Entre los daños más evidentes, que afectan no solo a los pobladores de estos municipios sino a todo la cuenca de los ríos de la vertiente Pacifico al sur-suroccidental del país, está la contaminación de recurso hídrico por los desechos de las plantaciones, el apropiamiento del recurso para los fines egoístas de estos empresarios y la destrucción del bosque de mangle. Es importante señalar que las tierras ubicadas en estos departamentos, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos, son las más productivas por la riqueza de los nutrientes de esos suelos, pues además de las cuencas de estos ríos que nacen en el sistema montañoso conocido como boca costa y la cadena volcánica, la ceniza de estos colosos, enriquece el suelo. De tal forma que esta región es la de mayor concentración de la tierra en manos de finqueros y empresas agroexportadoras.
El tema del manglar es dramático, pues el desvío del río mencionado, juntos a otros de la región como el Coyolate y el Achiguate, ha provocado que al menos 400 hectáreas de este bosque pantanoso que crece a orillas de las costas sea propenso a secarse afectando con ello ese frágil ecosistema. Los mangles protegen las zonas costeras de la erosión, sirviendo de filtro ante la contaminación provocada río arriba y de escudo ante los fuertes oleajes de huracanes y tormentas, además de proveer alimentos a pescadores artesanales y de ser una fuente de turismo ecológico Se calcula que el desvío de los ríos mencionados ha afectado a poblaciones tanto río arriba como en las costas, al menos 70 mil personas y a doce comunidades, según menciona la Red Manglar Internacional (Cerigua febrero 2016).
Los empresarios azucareros señalaron que una solución sería un uso escalonado para las distintas plantaciones, que también satisfaga a los pequeños agricultores y pobladores en general, así como la implantación de sistemas de riego por goteo de los cuales estos dicen aplicar. Estas serían soluciones parciales, pues consideramos que ahora con la fiebre legislativa se puede exigir la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural y desempolvar la Ley de Aguas, leyes a las que pese a sus limitaciones los sectores oligárquicos se oponen. Hoy más que nunca con la experiencia movilizadora del año pasado, sabemos que no basta solo con la aprobación de leyes, sin plantear seriamente el reordenamiento territorial que pasa por modificar el modelo actual; es imperativa la reforma agraria y un control racional de los recursos hídricos, por medio de una Asamblea Popular Revolucionaria Constituyente.