En Guatemala, como en el resto del área, hay una intensa pugna interburguesa, entre los grupos empresariales tradicionales y los sectores burgueses emergentes. Los tribunales de justicia han sido tradicionalmente el lugar en donde los diferentes grupos resuelven sus problemas. Por eso, cuando llega la oportunidad de elegir jueces y magistrados, todos los grupos de poder, sin excepción, presionan y meten zancadillas para tener mayoría dentro de los tribunales de justicia.

En Guatemala tenemos una larga confrontación entre las mafias, atrincheradas en el Estado, especialmente en el Ministerio Publico (MP) y el actual presidente Bernardo Arévalo. Ha llegado el momento de elegir nuevos magistrados, y ningún grupo quiere ceder sus cuotas de poder. Arévalo, como un idealista pequeñoburgués, ha recurrido a la decrepita e inservible Organización de Estados Americanos (OEA) para que le ayuden a elegir jueces y magistrados, que no obedezcan los dictados de la burguesía emergente.

Aunque en Guatemala hay un sistema de comisiones postuladoras, que hace algunas “consultas” pero que actúa como un sistema de castas propio de las corporaciones de la Edad Media, estas no garantizan la cacareada idoneidad de los magistrados, que a su vez inciden de mil maneras en el nombramiento de los jueces de primera y segunda instancia.

El presidente Arévalo está librando una batalla contra la corrupción en los tribunales de justicia, que está condenada de antemano al fracaso, porque el conjunto del sistema y del régimen político esta diseñado para que sean los diputados quienes tienen la última palabra.

Aunque originalmente se considera a los diputados, representantes directos del pueblo que los eligió, la verdad es que una vez que son juramentados inmediatamente se separan de sus electores para pensar únicamente en sus propios intereses. El sistema político, lejos de ser democrático, evolucionó de manera que los electores no pueden controlar a sus diputados.

Esta es la realidad política actual, así esta establecido en las Constituciones de todos los países de Centroamérica. Pero no siempre fue así. Debemos repasar nuestra propia historia.

El articulo 132 de la Constitución Federal de 1824, estableció que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia “serán elegidos por el pueblo”. Todas las Constituciones de los Estados, mientras duró nuestra Republica Federal (1824-1838), establecieron el mismo principio de que el pueblo elegía a los magistrados y jueces. La única salvedad que debemos señalar es que en el siglo XIX solo los hombres que tenían bienes eran considerados ciudadanos, con derecho al voto.

Sin embargo, esta etapa de “romanticismo liberal”, debe ser rescatada, porque es la única forma, en la actualidad, en que todos los ciudadanos tienen derecho al voto, de luchar contra la corrupción dentro de los tribunales de justicia.

Después del derrumbe del Estado Federal se instauraron gobierno y regímenes conservadores, oligárquicos, que paulatinamente enterraron el principio democrático de que el pueblo debe elegir a los jueces y magistrados. Y los propios liberales abandonaron sus principios y se acomodaron.

El conflicto permanente entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los corruptos magistrados de la Corte Suprema, obligo a aquel levantar la bandera de que los jueces y magistrados deben ser electos directamente por el pueblo. Y ahora que MORENA ha arrasado en las elecciones del pasado 2 de junio, veremos si cumple con esa parte de su programa electoral.

Mike Pompeo, ex director de la CIA, recientemente escribió un artículo alertando que de elegirse directamente los magistrados en México, los carteles del narcotráfico tendrán sus propios magistrados. Pompeo ha dicho una monumental estupidez, porque en Estados Unidos, en 21 de los Estados, los jueces y magistrados todavía se eligen de manera directa por los votantes. Incluso, en aquellos Estados que el gobernador propone a jueces y magistrados de las Cortes Estatales, siempre hay algún tipo de ratificación por voto popular.

Los socialistas centroamericanos rescatamos y defendemos el principio de que los jueces y magistrados deben ser electos directamente por el pueblo, y de la misma manera deben ser confirmados para una reelección o simplemente destituidos.

Como dijimos anteriormente, la pelea de Arévalo está condenada de antemano al fracaso, se requiere hacer una intensa campaña para rescatar este precioso principio del liberalismo, de que los jueces y magistrados deben ser electos directamente por el pueblo, que ahora todos han tirado por la borda.