La inflación golpea duramente a los trabajadores y a las masas populares. Según las cifras oficiales, cuando Bukele llegó al poder en 2019, el promedio de la canasta básica alimentaria era de 200,02 dólares y cuatro años después, en 2024, subió hasta 256,02 dólares en el área urbana. En el mismo periodo, en la zona rural pasó de 144,48 a 182,62 dólares.

Los salarios se han depreciado en 25% solo en los últimos cinco años, sin contar el rezago histórico que se acumula cada año, cuando el aumento al salario mínimo siempre es menor a la tasa de inflación

Un grave problema particular que tiene El Salvador, además del estancamiento económico, es que usa el dólar como moneda nacional. De esta manera, absorbe directamente los efectos de la inflación internacional.

Bajo los gobiernos de ARENA se adoptó el dólar como moneda oficial, supuestamente para combatir la inflación. Pero les ha salido el tiro por la culata.  El Banco Central de Reserva (BCR) es una institución decorativa, no tiene política monetaria, no puede contrarrestar ni siquiera mínimamente los efectos de la inflación internacional. A lo anterior debemos agregar que, si la economía no logra exportar lo suficiente, para obtener los ansiados dólares, el Estado no tiene los fondos necesarios para sufragar los gastos mínimos. Por eso el nivel de endeudamiento de El Salvador está llegando a niveles insostenibles, y no soluciona la eterna crisis fiscal.

En su discurso, Bukele dijo que enviaría un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, para suspender, por un periodo de 10 años, los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios.

Esta propuesta llega muy tarde, aunque, dependiendo de cómo se aplique, puede mitigar un poco los efectos de la inflación, pero no soluciona el grave problema. Bajo la ofensiva neoliberal, ante la crisis estructural del capitalismo en Centroamérica, muchos Estados, incluido El Salvador, impusieron impuestos a los productos de primera necesidad: comida, ropa, medicinas, etc.

Como es su costumbre, Bukele, experto en shows propagandísticos, nos ha recetado “una de cal y otra de arena”. Sabe que una parte del problema son los aranceles sobre la canasta básica alimentaria, pero ha buscado un chivo expiatorio: los comerciantes.

En tono amenazante, Bukele ha dicho en cadena nacional de radio y televisión: “Voy a hacer un llamado como el que hicimos a las pandillas a inicios de 2019, que les dijimos paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadoras, mayoristas y distribuidores de alimentos: paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después”.

Los ataques públicos de Bukele, son como llamarada de tusa, para causar impacto político y poca solución al problema de la inflación. Así como Bukele compara a los comerciantes con las pandillas, no hizo la diferencia entre el gran comerciante, importador, del pequeño comerciante minorista, que casi siempre son trabajadores desempleados que buscan como ganarse la vida vendiendo cualquier cosa. Los grandes comerciantes le venden los productos a los minoristas, que son quienes lo venden directamente al público. Esta es la cadena de comercio en un sistema capitalista.

Quienes se quedan con las grandes ganancias son los grandes comerciantes importadores. En los hechos. la masa de pequeños comerciantes son trabajadores indirectos de esta oligarquía de grandes comerciantes importadores. Incluso, como deben comprar en efectivo, muchos de estos pequeños comerciantes son víctimas de usureros, que cobran intereses hasta del 20%.

Sin lugar a dudas, existen muchos comerciantes, pequeños, medianos o grandes, que son agiotistas, grandes especuladores, que pretenden ganar en un solo día, las ganancias de todo un mes.

La lucha contra la inflación debe ser integral, no buscando chivos expiatorios, como hace Bukele. Lo primero, además de recudir los aranceles a los productos de primera necesidad, es establecer un control de precios y ganancias. Bukele no ha mencionado esta política, porque sería establecer control sobre su propio grupo. Una política de control de precios y ganancias funciona solamente si participan los sindicatos y organizaciones populares, los únicos que pueden vigilar e inspeccionar si se cumple o no dicha política (que por cierto no ha sido aprobada).

En segundo lugar, es urgente la unidad de acción de todos los sindicatos, centrales obreras y organizaciones populares, para levantar una política de recuperación de los salarios, los que deben estar acordes con la inflación. La Asamblea Legislativa debe aprobar con urgencia una ley que establezca que los salarios deben estar siempre por encima de la inflación.