Por José René Tamariz

El gobierno de Carlos Alvarado en conjunto con los diputados neoliberales y las cámaras empresariales ha venido aplicando una política de choque contra los trabajadores privados, públicos y, en general, hacia el pueblo trabajador. Ha utilizado de forma consciente y perversa la pandemia de la Covid-19 para implementar planes siniestros que han empobrecido de forma masiva y generalizada a los trabajadores, sectores populares y clases medias. Veamos.

En el sector privado en contubernio con los diputados y sectores empresariales aprobaron y autorizaron, mediante proyectos de ley suspender miles de contratos de trabajo, lanzando a al desempleo a miles de trabajadores, al grado tal que la desocupación llegó en el año 2020 hasta un 24% y, actualmente, ronda el 19%. Asimismo, aprobaron y autorizaron la suspensión de jornadas laborales y de salarios hasta en un 75%, reduciendo de forma sensible y muy grande la capacidad de compra de los trabajadores del sector privado que, ya de por sí, devengan miserables salarios de hambre. Toda esa situación ha conducido a que la absoluta mayoría de la población esté ahogada económicamente, concretamente, el 83% de la población sostiene vivir en esas condiciones de vida.

Por el lado de los trabajadores del sector público, el gobierno se ha empeñado y empecinado en hacer creer a la opinión pública que este sector de trabajadores son los responsables del gigantesco déficit fiscal. Acusa a los empleados que sus altos salarios y componentes salariales son disparadores del gasto público y, por ende, de provocar dicho déficit.

Entonces, ha aplicado una política de choque violento contra los salarios del sector público, decretando la suspensión por dos años el pago de las anualidades y, ejecutando por la vía de la regla fiscal del combo fiscal, el congelamiento por dos décadas años 20 y 30 de los salarios negando incluso, cualquier reajuste salarial por el costo de la vida o la inflación. Ya anteriormente con la aprobación del combo fiscal había aprobado la reducción de los componentes salariales, mediante la eliminación del pago porcentual a pago nominalizado. Es decir que, los salarios devengados en el año 2020 se mantendrán iguales hasta los años 30.  Lo anterior quiere decir que, cada año que pase, esos salarios se irán devaluando y, prácticamente, en unos 10 o 15 años esos salarios se habrían devaluado notablemente y reducido su capacidad de compra. Es decir, que mediante esos mecanismos se irán empobreciendo miles de empleado públicos.

Para rematar esa política de choque contra los trabajadores del sector público se encuentra en proceso de discusión y eventual aprobación, el proyecto de empleo público que despojará de todos los pluses salariales a ese gran sector de trabajadores. El poder ejecutivo para acelerar esa aprobación ha retirado todos los proyectos, ya que él tiene en este período el control de la agenda parlamentaria, dejando solamente en la corriente legislativa el nefasto proyecto empleo público.

Por otra parte, ha venido ejecutando una política de endeudamiento público creciente, ya sea mediante la deuda interna y externa, que hipoteca el futuro del país por décadas enteras, comprometiendo cualquier posibilidad de desarrollo económico y social. El acuerdo de préstamo por $1.700 millones de dólares firmado por el gobierno de Carlos Alvarado con el FMI contempla la aprobación y ejecución de un conjunto de draconianos proyectos que profundizarán aún más la pobreza, miseria y hambre de la mayoría de la población costarricense. Por ejemplo, el proyecto de renta global será otro gran golpe violento contra los salarios de empleados públicos y privados, ya que hará pagar impuesto por salarios a sueldos que actualmente no lo pagan. Toda una política voraz de recaudación fiscal.  En realidad, toda esa política de choque violento contra los salarios y condiciones de vida del pueblo trabajadora por parte del gobierno de Alvarado lo que está haciendo es homologar hacia abajo al país con el resto de los países centroamericanos. La tan cacareada “excepcionalidad” del desarrollo de Costa Rica pregonada por los burgueses e historiadores se ha desenmascarado y desaparecido.

¿Alerta Roja con Apertura?

Ocho gerentes médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) han solicitado decretar el estado de alerta roja debido a los altos niveles de contagio por la pandemia, incremento de los muertos y desbordamiento de la infraestructura hospitalaria pública. Los datos son claros. Mientras sólo hay 359 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) hay 435 pacientes que la necesitan, es decir, 76 enfermos por Covid-19 ya no pueden acceder a ese servicio. La ocupación llegó al121% y, en los próximos días, podría superar el 200%. La CCSS fue desbordada. El gobierno de Carlos Alvarado y el ministro de salud con la apertura en medio de la gravedad de la pandemia decidieron con las cámaras empresariales no decretar ningún estado de alerta roja y más bien decidieron abrir todas las actividades económicas el lunes 10 de mayo. Lo único que hicieron fue generalizar a tdo el país la restricción vehicular y reducir el aforo en diversos lugares como bares, restaurantes, parque y otros sitios.

Están, sin decirlo de forma pública y abierta, aplicando la política de inmunidad de rebaño, al estilo del régimen de Ortega, que se infecten los que tienen que infectarse y morir los que tengan que morirse. Sálvese quien pueda. Es una política totalmente irresponsable y criminal. En realidad, esa política contra la salud pública y la vida demuestra que Carlos Alvarado gobierna en conjunto con las cámaras empresariales acatando fielmente las propuestas y dictados de los capitalistas.

Debido a la gravedad de la situación de la pandemia, se requieren tomar medidas de emergencia nacional.  Aunque el gobierno no lo quiere reconocer existe en los hechos un estado de alerta roja. Esa una situación contradictoria terrible que puede conducir no solo a una crisis sanitaria sino a una catástrofe nacional económica, contagio y cientos de muertos.

1. Decretar la utilización obligatoria de la infraestructura hospitalaria y clínicas privadas al servicio de la emergencia sanitaria.

2. Impuesto del 10% de emergencia al gran capital para financiar la crisis sanitaria.

3. Que el gobierno le solicite una donación de vacunas a los gobiernos de China y Rusia para realizar una vacunación masiva.

4. Cierre de escuelas y colegios durante del I semestre del curso, pasando a modo totalmente a distancia.

5. Que el MEP les pague un reconocimiento salarial a los docentes por la utilización de sus equipos de cómputo e Internet.

6. Cierre temporal de las actividades no esenciales. No a la apertura.

7. Por una renta básica en forma de subsidio para todos los desempleados y trabajadores con jornadas reducidas, así como también para todos aquellos sectores informales afectados por la crisis

Por la Suspensión de las Clases Presenciales en el Primer Semestre

El demógrafo, Luis Rosero, aunque es un gran salubrista público y especialista, hoy con su política de plantear que no hay que cerrar escuela y colegios públicos, está al servicio del gobierno. Plantea, correctamente que, por ahora, las clases presenciales no son fuente de contagio de la Covid-19. Pero eso es circunstancial por algunas razones que se ocultan oficialmente. Veamos. En muchos colegios existe un gran ausentismo de estudiantes por temor al contagio. Si a un grupo A, B o C deben asistir 8, 9 o 10 estudiantes sólo asisten 2, 3 o 5 alumnos. Entonces, no es cierto que la mayoría de los estudiantes van a clases presenciales, sino que es una minoría. Las clases presenciales son una farsa.

En otros colegios existe una asistencia un poco mayor de estudiantes, pero igual hay un gran ausentismo. Sin embargo, si sumamos la circulación de esos miles de estudiantes, padres de familias, transporte de estudiantes, pese al ausentismo, es grande y, en algún aumento del gran contagio, los centros educativos se van a convertir en focos de infección.

¿Son seguros los centros educativos por el cumplimiento de los protocolos? Es totalmente falso. En los recreos los estudiantes tienen artimañas para evadir las medidas. En algunas partes los estudiantes se quitan las mascarillas y burlan los controles y protocolos e inclusos en los recreos usan mal las mascarillas, pese al esfuerzo de los docentes y personal administrativo. Hay muchos estudiantes que en sus comunidades y barrios que están por la libre y después llegan a los colegios y, quizás son asintomáticos, contaminan a los docentes. Además, en muchos colegios no reportan correctamente los contagios para no cerrarlos porque el MEP presiona en esa dirección. Así que todo es un engaño y falsedad.

Por tanto, es urgente exigirle al MEP la suspensión por este primer semestre de las clases presenciales y pasar a la modalidad total de clases a distancia. Esto con el objetivo de contribuir a aplanar la curva del contagio y evitar un desastre sanitario y de más muertos entre los docentes. Y también requiere disminuir el contagio entre los estudiantes, ya que a cada rato y de forma constante el ministerio de salud ha estado girando ordenes sanitarias por infección directa o nexo epidemiológico a miles de estudiantes.