Lucha por equiparación salarial

Para disminuir la resistencia en contra de la aplicación del CAFTA, el gobierno de Oscar Arias concedió a partir de enero del 2008 un aumento salarial del 14% a los empleados públicos, pero excluyó de esta categoría a los maestros de primaria y secundaria del Ministerio de Educación Publica (MEP), así como a los docentes del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).Esta discriminación salarial provoco un profundo malestar en los diferentes gremios.

La presión de los docentes del INA obligó al gobierno a ceder. Lo mismo ocurrió con la Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería (ANPE) quienes bajo la amenaza de huelga, obligaron también al gobierno a concederles un reajuste salarial del 21%. El Gobierno mantuvo la estrategia de negociar por separado con los diferentes sectores, dividiendo y fragmentando los reclamos salariales, para evitar un solo frente de lucha en su contra.

Calentándose poco a poco

Mientras la dirigencia del magisterio negociaba con el ministro Leonardo Garnier Rimolo, la huelga comenzó tímidamente, extendiéndose primero a las zonas rurales y posteriormente en los centros urbanos. El detonante fue el retraso en los pagos para un importante sector del magisterio. Sobre este tema del retraso de los pagos, la Sala IV (sala constitucional) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó la sentencia No 4218-03 dándole la razón a APSE. Sin embargo, el gobierno de Arias se niega a cumplir con la elemental obligación de pagar el salario puntual a los maestros de secundaria.

Los medios de comunicación ignoraron la huelga, para evitar su generalización. Esto motivo a que el 7 de abril APSE organizara un mitin de protesta frente al derechista diario La Nación y frente al canal 7

El decreto de 1990

La huelga se generalizó en los colegios de secundaria, obteniendo incluso apoyo de afiliados de los sindicatos ANDE y SEC. La presión social de la huelga de APSE obligó al gobierno de Arias a maniobrar, desempolvando un decreto expedido por el propio Oscar Arias al final de su primera administración (1986-1990) por medio del cual estableció que los educadores deben ser calificados de la misma forma que los otros profesionales el sector público, teniendo derecho a gozar de los aumentos salariales otorgados a los empleados públicos. El anuncio pretendió desmovilizar a las bases de APSE cuya dirigencia había convocado a una marcha en San José para el día miércoles 9 de abril.

Una vez que el gobierno reconoció que era justo el reclamo salarial de los maestros, comenzó el regateo del ministro Garnier Rimolo sobre las formas, plazos y modalidades de pago. Garnier firmo un acuerdo con José Antonio Barquero Mora, presidente de ANDE, Gílbert Díaz, presidente del SEC y Xinia Viales Angulo, secretaria general del Sindicato Nacional de Profesionales en Orientación, con el objetivo de conformar una Comisión que daría una repuesta en el plazo de tres meses. APSE fue apartado de las negociaciones bajo el pretexto de que no negociaría mientras se mantuviera la huelga. APSE rechazo el acuerdo y la formación de esa Comisión, exigiendo el reajusta salarial de manera inmediata.

El ministro Garnier declaró que el aumento salarial se pagaría a los profesores que tuvieran al menos el grado de bachillerato, en forma “progresiva y escalonada, de tal manera que los beneficios se logren en un plazo razonable, tomando en cuenta las disponibilidades presupuestarias del Gobierno”. (La Nación 09/04/08)

Exitosa marcha y mediación de la Defensoría de los habitantes

La marcha partió desde diferentes puntos de la capital, y de las provincias, hasta culminar en la avenida segunda, en el centro de San José. Este a marcha reunió a 15.000 personas. Las bases presionaron y votaron por continuar la huelga, a pesar del aislamiento y de la traición de la dirigencia del ANDE y SEC.

La Defensoría de los Habitantes, preocupada por que los jóvenes no reciben clases, citó al ministro Leonardo Garnier y Beatriz Ferreto, presidente de APSE, a una reunión el 15 de abril, con el objetivo de promover un cercamiento entre el gobierno y los huelguistas. En esa reunión se produjo un acuerdo preliminar, igual al firmado con ANDE y SEC, comprometiéndose el gobierno a otorgar el aumento salarial a partir de septiembre, de forma gradual y conforme las posibilidades económicas del gobierno, y solamente a los educadores que tuvieran al menos el tirulo de bachiller universitario.

A pesar que Beatriz Ferreto firmó el acuerdo, dijo que debía ser ratificado por las bases. Al día siguiente se reunió la asamblea general de delegados de APSE, la que rechazó el acuerdo preliminar, voto la continuación de la huelga y exigió que el pago fuera inmediato y retroactivo hasta el 1 de Enero del 2008. Paralelamente, APSE La APSE acusó a la dirigencia ANDE y el SEC de boicotear las negociaciones y hacerle el juego al gobierno.

Por su parte, José Antonio Barquero, presidente de ANDE, declaró que “ANDE logró una buena negociación; la que hizo APSE es prácticamente la misma. Los dirigentes de APSE no tienen por qué endosarnos los resultados de un movimiento que nosotros pensábamos que aún no tenía por qué darse”. Gílbert Díaz, presidente del SEC, dijo: “No obstaculizamos nada y APSE debe hablarle a sus afiliados con la verdad. Todas las propuestas nuevas que salieron ese día fueron de APSE y los apoyamos”. (La Nación 17/04/08)

EL MEP solicitó la declaratoria de ilegalidad de la huelga

Habiendo llegado a un punto muerto en la negociación, el ministro Garnier pasó la ofensiva, solicitando la declaratoria de ilegalidad de la huelga, amenazando con despedir a quienes apoyasen el paro. Garnier calificó de “imposibles” de realizar las peticiones de APSE, dijo que dicho incremento salarial le costará al país unos ¢50.000 millones si se paga desde setiembre, y al menos otros ¢25.000 millones para hacerlo retroactivo al 1 de Enero. “El problema es recibir peticiones imposibles como el pago retroactivo pues los fondos no existen para cubrirlo”. (La Nación 19/04/08)

Sugerencias para triunfar

Indudablemente, el gobierno se ha logrado a atraer a su política a la dirigencia de ANDE y SEC, aislando a APSE, el sector de vanguardia del magisterio costarricense que encabeza la lucha por la equiparación salarial inmediata. Divide y vencerás, es el slogan gubernamental. Emplazamos a ANDE y SEC a dar todo su apoyo a la huelga de APSE. La asamblea de ANDE del 26 de abril debe votar la huelga general del magisterio.

El gobierno pretende alargar la lucha, cansar a los profesores, retener los pagos, declarar ilegal la huelga, iniciar una ola de despidos de los activistas más combativos, para rendir a APSE. Se requiere multiplicar los esfuerzos para que las bases de ANDE y SEC se sumen a la huelga, una tarea titánica por que el reconocimiento del aumento salarial tiende a desmovilizar y neutralizar la simpatías con el paro.

Pero hay un contingente que no ha entrado todavía a la pelea: los jóvenes de secundaria. La dirigencia de APSE debe convocar a los jóvenes a unirse al paro, aunque no sean maestros, es decir, llamar a los jóvenes a movilizarse junto a los maestros en las calles, atrayendo también a los padres de familia, para formar un solo bloque de lucha.

Esta lucha debe involucrar no solo a los jóvenes de secundaria, sino también a los jóvenes universitarios. La FES y la FEUCR deben con convocar un paro de solidaridad con la huelga de APSE. Solo la generalización de la lucha hacia otros sectores sociales, puede evitar el cansancio y un golpe al combativo sindicato de APSE.