Por José Rene Tamariz

El 20 de junio se realizó en San José una grande y espectacular marcha en defensa de la educación pública. Esa manifestación tuvo dos puntos de salidas, la primera desde la Universidad de Costa Rica (UCR) y la segunda, desde el parque la Merced que, al final, convergieron en el parque de la democracia en donde se hizo un acto de cierre.  Fue tan enorme esa manifestación que los medios de comunicación le dieron gran cobertura, ya que ese tipo de movilización no se veían desde los tiempos de la huelga contra la ley de fortalecimiento de las finanzas pública, mejor conocida como “combo fiscal”.  Probablemente asistieron entre 10.000 y 12.000 manifestantes.

Unidad y Disposición a la Lucha

La gran importancia de este movimiento es que fue el producto de una gran unidad de diversas fuerzas con participación de diferentes sectores educativos: las cinco universidades públicas (UCR, UNA, TEC, UNED Y UTN); todos los sindicatos de la educación (ANDE, SEC, APSE, SINPAE, SINDEU otros); todas las organizaciones estudiantiles de las universidades públicas (FEUCR, FEUNA); también participaron sindicatos de otros gremios como salud y de otros gremios (SINAE, UNDECA, ANEP, UNEBANCO). Un elemento a destacar es la participación de estudiantes de secundaria en la marcha, lo cual marca una cuestión novedosa. Además de organizaciones populares, de izquierda y campesinas.

Este gran movimiento unitario y en favor de la educación pública, junto con la manifestación del sector agrícola con otros sectores del 29 de marzo, la gran marcha de trabajadores del 1° de mayo y la reciente huelga del 8 de junio en el sector salud reflejó -refleja- la disposición a luchar de parte del movimiento de masas por mejorar su condiciones económica, social, laboral y salarial. Estos cuatro procesos de lucha pueden ser el inicio de un movimiento de resistencia de más largo y profundo aliento en contra del gobierno de Chaves, sino se produce la traición, ya que no son acciones aisladas de actores sociales por separado. Esa movilización constituyó una ruptura con la inacción y desmovilización de hace varios años. De otro lado, es importante destacar que Rodrigo Chaves ha tenido como política gubernamental evitar, a toda costa, procesos de movilización y luchas durante la gestión de su gobierno. No obstante, esa gran movilización rompe esa política de Chaves y, por ende, es probable que comencemos a ver futuros movimientos de lucha en contra del gobierno, ya que existe mucho descontento entre la población por la alta carestía de la vida, los bajísimos salarios, la falta de trabajo y otros problemas.

Realineamiento y Alianzas de Fuerzas

Es muy importante destacar que el gobierno de Rodrigo Chaves con sus características bonapartistas, autoritarias, arrogantes, de choque y enfrentamientos con diversos sectores sindicales, políticos y empresariales, está conduciendo a un proceso de realineamientos, unificación y alianzas entre fuerzas políticas, sindicales y sociales. Al respecto, señalamos el denominado “Pacto Nacional por la Educación Pública”, suscrito por “organizaciones estudiantiles, académicas, representaciones institucionales, sindicales, sociales, productivas y comunales”. La moción de apoyo votada por la mayoría de 30 diputados de la Asamblea Legislativa (PLN, PUSC, PLP, PNP y FA) a la marcha nacional en defensa de la educación y de sus peticiones, que constituye un hecho político inédito en el ámbito político, reflejando las contradicciones que existen entre los poderes de la República.

En relación a esa moción de apoyo de 30 diputados de 5 partidos de los 6 que existen en el Congreso, Rodrigo Chaves, presidente de la República sostuvo en su show (conferencia de consejo de gobierno) de todos los miércoles que “Crean alianzas que uno no entiende. ¿Cuándo ha visto usted al Frente Amplio, con su ideología, proteger o aliarse a los grupos de extrema derecha o al capitalismo tradicional? ¿Por qué es? ¿Por qué cambiaron de ideología, o porque quieren arrearle al gobierno por alguna razón? ¿Por qué será?”. (La Nación, 22 de junio de 2022).

Es necesario señalar, que desde el año 2018, hace cinco años, en que se produjo una gran unidad sindical y social en la lucha contra el combo fiscal, huelga de tres meses que fue derrotada por el gobierno de Carlos Alvarado, no se había podido concretar un proceso unitario de distintas fuerzas sindicales y sociales contra el gobierno de turno por diferencias inter burocráticas.  El llamado “Pacto Nacional por la Educación Pública” es un cambio en la dispersión de fuerzas y -aunque aún subsisten las diferencias y pleitos inter burocráticos- allana el camino para continuar y mantener la unidad frente a un régimen político que procura reventar a cualquiera que se oponga a sus posiciones y políticas. Asimismo, los partidos burgueses y reformista, como el Frente Amplio, de la Asamblea Legislativa, se han percatado que se encuentran frente a un fuerte contendiente en el poder Ejecutivo que pretende, con sus políticas, maniobras, zancadillas y ataques, debilitarlos y reducirlos a su mínima expresión, para avanzar en su proyecto político bonapartista y ser la fuerza política hegemónica nacional.

Lo anterior ha provocado y está llevando a roces abiertos y una lucha soterrada entre el poder Ejecutivo y Legislativo por la gobernanza institucional, ya sea mediante proyectos de ley, presupuestos institucionales, respeto a las normas constitucionales, cuestiones democráticas y otros aspectos importantes.

Las Demandas del Pacto por la Educación

Las peticiones y demandas de ese “pacto” realizado por todas esas agrupaciones son las siguientes: declarar una emergencia nacional educativa; otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB; liberar a la educación pública de la regla fiscal; aplicar las políticas educativas y curriculares  vigentes; avanzar hacia una evaluación de los aprendizajes con metodología robustas que se adapten a nuestras realidades educativas; reestablecer los convenios de cooperación pedagógica, técnica y científica con las universidades públicas; avanzar en la universalización del currículum educativo en primaria; recuperar progresivamente la deteriorada infraestructura educativa; crear la red nacional de conectividad  educativa; mejorar y fortalecer los programas de equidad y las transferencias a las juntas educativas; aprovechar el bono demográfico para disminuir el numero de estudiantes por aula y aumentar la calidad educativa; otorgar un salario digno para el personal del MEP y eliminar el interinazgo prolongado; dictar las reformas legales necesarias para que se corrijan los errores legislativos que generan “salarios pagados de más” y que impiden sustituir las plazas docentes, pagar recargos de funciones y ampliaciones de jornadas; generar un acuerdo de negociación que fije metas hasta 2026 para cumplir con el 1.5% del PIB para el Fondo Especial  para la Educación Superior (FEES) y revisar la Ley 9931 con el fin de garantizar una educación técnica de calidad.

Algunas de esas demandas son muy generales y otras más concretas como la exigencia del 8% del PIB para la educación, el 1.5% del PIB para el FEES, liberar a la educación de la regla fiscal y otras. Por tanto, algunas de esas peticiones podrían priorizarse en la lucha por la defensa pública y conducir a otras movilizaciones. Es necesario incluir en ese listado de demandas la lucha en contra del congelamiento salarial permanente y por el reajuste de los salarios que compensen el incremento en el índice de precios al consumidor (IPC), así como también exigir el aumento de los salarios reales para aquellos trabajadores de la educación que ganan salarios miserables como los conserjes, guardas, secretarias y otros empleados administrativos.

El Forcejeo por el FEES

Después que terminó la gran marcha por la defensa de la educación pública el sector universitario, rectores de las cinco universidades públicas y organizaciones estudiantiles universitarias se reunieron con varios ministros del gobierno para discutir la cuestión del FEES. La posición del gobierno en ese asunto es intransigente. Rodrigo Chaves y sus ministros a cargo de esa discusión con las universidades públicas no están dispuestos a reconocer el 1% de inflación en el aumento del fondo para las universidades públicas que son alrededor de unos ₡6000 millones.

El presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Emmanuel González, declaró que “Para nosotros, es muy importante hacer una visión retrospectiva, porque esa base que se ha venido disminuyendo del piso de negociación del FEES, nos ha venido impactando significativamente y, en el futuro, de continuar esa disminución, las universidades no podrían sostenerse a corto plazo”. (Ídem). Por su parte, el ministro de Hacienda dijo que “No es posible otorgar recursos adicionales a las universidades”. (Ídem).  Chaves, en su show de los miércoles sostuvo que “Está claro, no hay plata, la plata que había se fue para otras partidas. Nosotros dijimos: “si hay plata, con mucho gusto se las damos”. Pero plata no hay: entonces, ¿qué hay que seguir discutiendo? No la tenemos, ¿qué quieren que haga?”. (Ídem). Las posiciones están claras. La discusión entre el gobierno y los rectores de las universidades están en un punto muerto. El gobierno no está dispuesto a ceder.

¿Cuál es la Salida?

La situación de la negoción por el FEES está empantanada. La única vía y salida para destrabar esa negociación y torcerle el brazo al gobierno autoritario de Rodrigo Chaves es mediante la movilización callejera y la lucha. Los rectores de las universidades públicas, como altos burócratas que son, creen que podrían llegar a una solución de ese problema a través de la Asamblea Legislativa. Pero eso es muy dudoso. Entonces, ¿qué hacer?

Se necesita y requiere que ese movimiento de resistencia se mantenga unido e impulse otras movilizaciones. También se requiere de la creación de un comando unitario que dirija ese proceso organizativo; conformar comités conjuntos de las organizaciones participantes en escuelas, colegios, universidades, en las ciudades y regiones. A su vez también es necesario y urgente realizar Asambleas Unitarias Abiertas a todos los participantes de la lucha para que se discutan y se voten, de forma democrática, todas las acciones de luchas futuras.

También debemos alertar y decir que este gran movimiento puede ser desviado por las direcciones burocráticas de las altas autoridades de las universidades públicas, así como por las burocracias sindicales de diversas organizaciones sindicales. Para evitar ese control burocrático se requiere promover e impulsar la más amplia democracia desde las bases que impida cualquiera desviación del movimiento y negociaciones a espaldas de las bases y masas participantes. Y de último, como corolario, es necesario y urgente, organizar, preparar y lanzar una huelga nacional en contra del gobierno de Rodrigo Chaves para imponerles las demandas y peticiones tanto a nivel del sector educativo como de los demás sectores sociales y productivos (salud, agrícola y comunal). Por tanto, se necesita y requiere ampliar la unidad de acción y el frente educativo a los demás sectores sindicales y sociales. Hacer un movimiento nacional de lucha que derrote en las calles al gobierno de Rodrigo Chaves. ¡No hay otro camino!