El gobierno de Nicaragua inicio el pasado 19 de Octubre  el dragado sobre el río San Juan, encendiendo la llamada del conflicto fronterizo con el gobierno de Costa Rica. Tres días después, el 22 de ese mismo, la cancillería costarricense emitió la primera nota de protesta, solicitando al gobierno nicaragüense “detener inmediatamente” el dragado en el río San Juan.

Historia de conflictos

En los últimos treinta años, solo para mencionar los años más recientes, se han producido varias confrontaciones entre los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica, casi siempre por el río San Juan.

Durante el desarrollo de la revolución nicaragüense y centroamericana (1979-1990), Costa Rica y Honduras sirvieron de plataforma de ataques políticos y militares contra la revolución sandinista. Los ejércitos de la contra tuvieron bases militares en ambos países.

Mientras Nicaragua retrocedía, producto de la intervención militar y el bloqueo imperialista, por los efectos de la guerra civil y los errores de la dirección sandinista, la burguesía costarricense aprovechó la situación y el subsidio norteamericano para escalar y consolidar una mejor posición económica en la región centroamericana.

Esta mejoría económica de Costa Rica en los últimos 30 años ha potenciado el nacionalismo de la burguesía costarricense, la cual ha desarrollado una política de aislamiento del resto de Centroamérica. De ahí el fortalecimiento de la tradicional posición del gobierno de Costa Rica de oponerse vigorosamente a los tratados de integración política centroamericana, su rechazo al inoperante PARLACEN y su desconocimiento a la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)

Aunque después de 1990 las relaciones entre los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica mejoraron sustancialmente, el conflicto volvió a estallar bajo las administraciones de Arnoldo Alemán (1997-2002) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) en relación a la navegación de guardias armados costarricense sobre el río San Juan. Después de tres años de tregua, el conflicto volvió a estallar el 29 de septiembre del año 2005, cuando el gobierno de Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006) procedió a interponer una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya. Este tribunal internacional dictó una sentencia salomónica el 13 de julio del año 2009, reconociendo el derecho de navegación de los costarricenses con fines pacíficos y de comercio, prohibiendo la navegación de tropas costarricenses ya que Nicaragua tiene el sumo imperio sobre el Rio San Juan, de conformidad con el tratado Cañas-Jerez del año 1858 y los subsiguientes laudos Cleveland y Alexander, que terminaron delimitando las fronteras.

Pero en esta sentencia de la CIJ  se estableció en una de sus partes que “Nicaragua tiene derecho de dragar el San Juan a fin de establecer el flujo de agua existente en 1858”. Y este ha sido el principal argumento del gobierno de Daniel Ortega para proceder a dragar el río San Juan.

El pleito por los negocios

Detrás del conflicto por el dragado del río San Juan se esconde un pleito por los múltiples negocios relacionados con la navegación de este caudaloso río. Hace más de 40 años, desde 1948 hasta 1955, la burguesía costarricense desvió parte del caudal del río San Juan  al dragar el río Colorado, construyendo un sistema de canales que rehabilitó los caños naturales, aprovechando el agua para generación eléctrica, riego agrícola y construyeron el canal intercostal de El Tortuguero que une Puerto Limón con la Barra del Colorado. Recientemente, el auge del parque Nacional del Tortuguero, ha fomentado la creación de hoteles y empresas turísticas que producen centenares de millones de dólares cada año. Una buena parte de los ingresos del atractivo turístico de Costa Rica provienen de la explotación de los recursos naturales del río San Juan.

Por su parte, el gobierno de Daniel Ortega, que representa políticamente a la nueva clase de empresarios que emergió de la derrota de la revolución, está sumamente interesado en explotar los recursos naturales del río San Juan y no dejar esos jugosos negocios en manos de la burguesía costarricense. Nicaragua actualmente impulsa el proyecto del puerto de aguas Profundas en Monkey Point, relativamente cercano a la desembocadura del río San Juan, así como el soñado proyecto híbrido de una ruta comercial internacional que combinaría la navegación sobre el río San Juan con el desplazamiento de contenedores por una franja de 20 kilómetros de ferrocarril a través del istmo de Rivas, obteniendo una rápida salida al océano pacífico.

El incremento en la navegación en el río San Juan significaría una disminución del arribo de cruceros turísticos a puertos costarricenses, especialmente una disminución de contenedores en puerto Moín y Limón. En ese sentido, no ha sido una casualidad el apoyo incondicional del empresario y presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a favor del reclamo de Costa Rica. De cuajar al proyecto de ampliar la navegación internacional del río San Juan, el actual proyecto de ampliación del Canal de Panamá tendría menos usuarios.

Inflamando el nacionalismo

Tanto el gobierno de Daniel Ortega, como el gobierno de Laura Chinchilla, han recurrido a inflamar el más reaccionario de los nacionalismos entre la población de ambos países. Mientras el CAFTA y la globalización capitalista derrumba las artificiales fronteras nacionales, los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica recurren a los viejos mapas para justificar sus actos que sirven para esconder el verdadero motivo del conflicto: el pleito por la explotación de los recursos naturales del río San Juan.

Tanto el gobierno de Costa Rica, como el gobierno de Nicaragua, han  utilizado el conflicto fronterizo para silenciar a sus respectivas oposiciones. Tanto en Nicaragua como en Costa Rica, todas las fuerzas políticas han cerrado filas en torno a sus respectivos gobiernos.

En el caso de Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una resolución legislativa, apoyando políticamente al gobierno sandinista. La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), conocida por sus críticas mordaces al gobierno de Daniel Ortega, denunció “las pretensiones expansionistas del gobierno de Costa Rica de querer violentar los legítimos derechos de la República de Nicaragua con relación a su integridad territorial. Nicaragua tiene el legítimo derecho de obrar en todo lo que la ley le permita para el dragado y limpieza de nuestro Río San Juan para volver a sus flujos de 1858”. (El Nuevo Diario, 4/11/2010).

De igual manera, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) de Costa Rica declaró su apoyo a la Presidenta Chinchilla: “apoyamos las acciones realizadas por el gobierno para restablecer el orden en la frontera norte. El Gobierno de la República no debe permitir por ningún motivo la intromisión de tropas nicaragüenses en el territorio nacional” (Comunicado del 5/11/2010)

Discursos antagónicos pero simétricos

El discurso de Daniel Ortega ha sido mesurado, pero igualmente ha apelado al resentimiento y al orgullo nacional humillado de los nicaragüenses. Apoyándose en sentencia de la CIJ del 13 de julio del 2009, ha declarado que “Nicaragua tiene derecho de dragar el San Juan a fin de establecer el flujo de aguas existente en 1858, aun cuando esto afecte el flujo de agua de otros recipientes actuales de dicho flujo, tales como el Río Colorado (…) Formemos una comisión y terminemos de poner los mojones, pero ha habido una resistencia de Costa Rica de que se pongan mojones, no pierde la esperanza de adueñarse del Río San Juan (…) ¿Si ya se nos llevaron la provincia de Guanacaste, y se han intentado quedar con el San Juan, quién tiene dudas de que ha estado en la visión geopolítica de Costa Rica, alimentada por Colombia, adueñarse del río San Juan?" (Telesur 2/11/2010).

El discurso de Chinchilla ha estado enfocado en despertar el tradicional sentimiento “anti nicaragüense” desarrollado por la burguesía costarricense: “Las fuerzas armadas de Nicaragua incursionaron y permanecen hasta el día de hoy en el territorio costarricense, en Isla Calero en la Provincia de Limón. Ahí instalaron campamentos militares, izaron la bandera nicaragüense, destruyeron bosque de un área protegida y vertieron sedimentos con considerable daño ambiental. Estas acciones sólo las podemos calificar como una grave violación a nuestra soberanía, a la integridad de nuestro territorio y a nuestro patrimonio ambiental”.(EFE 3/11/2010).

La hipocresía de Laura Chinchilla no tiene límites. Mientras habla de proteger el medio ambiente, se olvida que las organizaciones ambientalistas de Costa Rica vienen librando una dura batalla contra la concesión minera en Las Crucitas, concesión que fue otorgada por su antecesor Oscar Arias Sánchez y que ella misma ha ratificado.

Rechazar el papel de la OEA y la ONU

El gobierno de Costa Rica recurrió al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) como un mecanismo de presión para paralizar el dragado en el río San Juan, supuestamente para evitar “que dañe su patrimonio ambiental y su integridad territorial”. También ha amenazado con recurrir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Laura Chinchilla ha recurrido a una maniobra política y diplomática para evitar las consecuencias de la sentencia del 13 de julio del año 2009, aspectos que deben ser discutidos y formalizados en la Reunión Binacional programada a realizarse el 27 de Noviembre de este año

Por su parte, el gobierno nicaragüense ha amenazado con recurrir nuevamente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que esta resuelva, argumentando que la OEA no tiene competencias legales para delimitar fronteras entre ambos países.

Mientras tanto, el Ejército de Costa Rica, llamado Guardia Civil, --que consta de más de 10,000 efectivos… ha sido movilizado y un batallón ha sido enviado a la barra del río Colorado, a defender la integridad del territorio costarricense, invadido supuestamente por tropas del ejército nicaragüense. El centro de tensión del actual conflicto es el señorío sobre las islas, especialmente de Isla Calero, donde aterrizaron las tropas nicaragüenses. No obstante, desde el año 1897, el general Eduard P. Alexánder, en sus laudos arbitrales, estableció que todas las islas pertenecían a Nicaragua.

Comisión de sindicatos y movimientos sociales

Frente al actual conflicto entre los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica, por los negocios que resultan de la explotación de los recursos naturales del río San Juan, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) repudia la campaña de avivamiento de obtusos y reaccionarios sentimientos nacionalistas, que pretenden dividir a los trabajadores nicaragüenses y costarricenses. Para los socialistas centroamericanos, las artificiales fronteras de los Estados que resultaron de la desmembración de la nación centroamericana, han sido sostenidas por las burguesías de cada uno de nuestros países, con el objetivo de defender sus privilegios de patronos, por eso defienden “su” estado, “su” territorio y no los intereses de los trabajadores nicaragüenses o costarricenses que deben cruzar una y otra vez las fronteras en la búsqueda del sustento diario de sus familias.

Por todo lo anteriormente expuesto, el PSOCA llama a luchar por los siguientes puntos:

1.- Tanto los ejércitos de Nicaragua como el de Costa Rica deben retirar sus tropas de la zona fronteriza. El río San Juan, como todo el territorio centroamericano, debe convertirse en una zona desmilitarizada, de libre circulación entre nuestros pueblos.

2.- De la misma forma que se ha venido luchando contra la concesión minera en Las Crucitas, Costa Rica, precisamente en la zona adyacente al río San Juan, los sindicatos, centrales obreras y movimientos sociales de Centroamérica deben formar una Comisión de Investigación y Seguimiento que averigüe y resuelva sobre los daños ambientales que perjudiquen a ambos países, y que resuelva cualquier tipo de controversia entre los mismos.

3.- Tanto los gobiernos de Nicaragua y de Costa Rica deben someterse a las decisiones de esta Comisión de Investigación y Seguimiento.

4.- Rechazar el involucramiento de la OEA y ONU, y de cualquier otro organismo internacional del imperialismo, en asuntos que solo los trabajadores centroamericanos deben resolver

5. Rechazamos las presiones que el gobierno de Costa Rica está ejerciendo contra los trabajadores inmigrantes en ese país, especialmente la campaña de xenofobia contra los trabajadores nicaragüenses.

6.- Llamamos a los trabajadores nicaragüenses, costarricenses y centroamericanos a mantener la unidad en la lucha por superar las artificiales fronteras nacionales que nos separan, a luchar  contra todo proyecto de índole turístico, comercial, minero, hidroeléctrico, área protegida, de ambos lados de la frontera de Nicaragua y Costa Rica, que afecte las formas tradicionales de vida de las comunidades de ambos países y el ecosistema de esa región.

7. Llamamos a los sindicatos de América Latina y movimientos sociales del mundo a apoyar nuestra propuesta de formación de una Comisión de Investigación y Seguimiento, para evitar la confrontación innecesaria entre los pueblos de Nicaragua y Costa Rica, evitando que las burguesías utilicen a los trabajadores como carne de cañón.

8. El actual conflicto entre Nicaragua y Costa Rica muestra la incapacidad histórica de las burguesías centroamericanas, para constituir un solo Estado. La reunificación de Centroamericana será posible solo si los trabajadores centroamericanos actúan de manera independiente.

 

Centroamérica, 7 de Noviembre del año 2010

 

Secretariado Centroamericano (SECA) del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)