El 5 de septiembre del 2012, de manera discreta, la empresa china Nicaragua Canal Development Investment (HKND), firmó un memorándum de entendimiento con la Autoridad del Gran Canal, pero tema de la construcción del Canal volvió a caer en el olvido, hasta el pasado 18 de Mayo, cuando el Presidente Daniel Ortega dio a conocer que el proyecto de construcción del Canal interoceánico finalmente se realizaría a un costo de 40,000 millones de dólares, aclarando que ya no se realizaría por el rio San Juan.

Ortega anunció que la construcción del Canal estaría a cargo de la “Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructura S.A. (EDGI)”, recientemente creada en Nicaragua, ligada a la también desconocida empresa china HKND, cuyo principal ejecutivo es el empresario chino Wang Jing, residente en Pekín, director de la empresa de telefonía celular Xinwei  a la que recientemente TELCOR otorgó una concesión para operar.

Nueva Ley Especial

El pasado 5 de Junio, el Presidente Daniel Ortega envió con carácter de urgencia dos proyectos de ley, uno de ellos para otorgar la concesión del canal interoceánico a favor de la empresa HKND, este último fue aprobado aceleradamente el 13 de Junio, por la aplastante mayoría de diputados del FSLN.

René Núñez Téllez, presidente de la Asamblea Nacional, defendió el proyecto de la nueva “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense, Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociados”, argumentando que la empresa designada es de China Continental, y que es “una entidad industrial que agrupa un conjunto de inversores donde están metidos diversos países de varias áreas de América Latina y de otros continentes”. (Nuevo Diario, 6/6/2013)

Esta nueva Ley Especial es un retroceso en relación a la Ley No 800, que garantizaba el control del Estado de Nicaragua sobre el 51% de acciones de la concesión canalera. Ahora, con la Ley Especial, el proyecto queda en manos de inversionistas privados.

El mega proyecto de construcción del Gran Canal Interoceánico es un conjunto de 10 subproyectos que incluye el establecimiento de dos zonas de libre comercio con sus respectivos aeropuertos internacionales, la construcción de un oleoducto que permita trasegar combustible de un océano al otro, la construcción de dos puertos de aguas profundas, uno en el Pacífico y otro en el Caribe, y un Canal Seco que trasladaría mercancías a través del ferrocarril.

La Ley Especial otorga una concesión por 50 años, prorrogables por otros 50 años más.En adelante, el proyecto canalero ya no sería supervisado por Autoridad del Canal sino por una Comisión Especial, con autonomía técnica, administrativa y financiera. La Autoridad del Canal sería un miembro más dentro de esa Comisión Especial.

La concesión contempla derechos irrestrictos sobre el uso de la tierra,  espacio aéreo y marítimo, de almacenamiento y extracción de recursos naturales, pero sin fijar los límites territoriales de la concesión, lo que ha exacerbado los sentimientos nacionalistas y las críticas de entrega de la soberanía nacional. Además, como garantía de la inversión, el concesionario exige la renuncia a la inmunidad soberana de sus reservas monetarias del Estado de Nicaragua colocadas en bancos extranjeros, de manera que sirva de garantía en caso de conflictos en los tribunales internacionales.

Las tarifas de peaje de los usuarios del Canal – no queda claro si es seco o de agua- serían fijadas por el concesionario, no por el gobierno de Nicaragua. En el proceso inicial de estudios de factibilidad y construcción, el concesionaria aportaría 10 millones de dólares anuales a favor del gobierno durante los primeros 10 años, una cantidad ridícula si tomamos en cuenta el monto total de 40,000 millones.

Concesiones, ilusiones y limitaciones

Con estas terribles concesiones, que obviamente limitan la soberanía nacional sobre un proyectivo estratégico, el gobierno sandinista pretende alentar a los inversionistas privados para que el estudio de factibilidad del canal interoceánico esté listo para Mayo del 2014. Paul Oquist, secretario privado de Daniel Ortega, justificó las concesiones realizadas, porque la construcción del Canal elevaría el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua, de un 5% a 10,8% en 2014 y hasta un 15% en 2015. El empleo formal pasaría de 623,458 personas que existen en la actualidad a 1.9 millones, acabando con el crónico desempleo.

La magnitud del proyecto ha generado grandes expectativas. No obstante, Manuel Coronel Kautz, principal ejecutivo de la Autoridad del Gran Canal, reconoció las enormes dificultades al afirmar que “Nicaragua no está en capacidad de estructurar un organismo” (empresa) que sea capaz de realizar una obra como la construcción del Gran Canal Interoceánico, y que por lo tanto, inevitablemente, tiene que haber personal extranjero. Tenemos que ir a buscar empresas enormes que hagan este proyecto, este proyecto no lo podemos hacer nosotros, ojalá que pudiéramos”. (Nuevo Diario, 11/6/2013)

Lo anterior es un reconocimiento que la débil burguesía nicaragüense, no será un componente fundamental en la construcción del Canal, y que el negocio seria para las empresas transnacionales.

Los alaridos de la oposición

La oposición burguesa parlamentaria, conformada por el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), apenas conoció la urgencia de aprobar el proyecto de nueva Ley Especial, minimizó el asunto afirmando que se trataba de una nueva maniobra política del sandinismo, pero después, comprendiendo la importancia del tema y las expectativas que ha creado en la población pobre en torno a una inagotable fuente de empleos, dio un bandazo y comenzó a agitar la consigna de referendo para decidir un asunto tan importante.

El diputado Eliseo Núñez del PLI afirmó que es “todo un teatro para generar esperanza en momentos que vienen crisis como la del café, los frijoles y comienza la economía a ralentizarse y ellos quieren sembrar algo que diga que hay esperanza”. (La Prensa, 5/6/2013)

Dos días después, también declaró que la Ley No 800 “entrega la soberanía del país sin saber por dónde va a pasar el Canal, cuánto va a costar y cuál será su impacto ecológico y cuánto tiempo va a tardar la construcción del mismo”. (La Prensa, 7/6/2013)

Eduardo Montealegre, diputado del PLI, criticó que la nueva Ley Especial porque “viola la soberanía nacional, ya que le otorga poderes absolutos al concesionario, al extremo que el Estado de Nicaragua no lo puede demandar por ninguna razón” (La Prensa, 7/6/2013)

Dora María Téllez, dirigente del MRS, fue mucho más agresiva al declarar que “a este tipo de politiqueros, como la familia Ortega Murillo, es a quienes Sandino llamaba vendepatrias (…) no es una concesión, es un robo de soberanía, los derechos y bienes de los nicaragüenses”.(La Prensa, 7/6/2013)

El ala más radical de oposición al gobierno de Daniel Ortega es, sin lugar a dudas, el MRS el que contrapone los orígenes antiimperialistas del FSLN con las decisiones actuales del presidente Ortega. Los diputados del MRS compararon la Ley No 800 con el tristemente célebre tratado Chamorro-Bryan del año 1914, cuando los conservadores, bajo la ocupación militar norteamericana, otorgaron una concesión canalera al gobierno de Estados Unidos, pero para que nadie más construyera un canal que compitiera con el de Panamá. El dictador Anastasio Somoza Debayle abrogó el tratado Chamorro-Bryan en 1974, dejando abierta la posibilidad de construir el Canal en un futuro indeterminado, lo que provocó la enemistad del general Omar Torrijos, que en ese momento negociaba la devolución del Canal con la administración Carter, y que aquel apoyara la lucha guerrillera del FSLN contra Somoza.

La Coordinadora Civil se sumó a las criticas, declarando que “siendo este un proyecto de gran envergadura, cuyo impacto positivo y negativo va afectar la vida de toda la nación, la ciudadanía debe y tiene el derecho de ser consultada y participar de la decisión, haciendo uso de la democracia directa a través de un referéndum”.(Nuevo Diario, 13/6/2013)

No obstante, en las condiciones actuales, dadas las expectativas creadas en torno a la generación de empleos, cualquier referendo podría ser ganado por el FSLN, quien aparece como el gran impulsor del proyecto de construcción del canal interoceánico.

La posición de Estados Unidos

Hasta el momento no se conoce ninguna posición oficial de rechazo o de apoyo de la administración Obama, en torno a la posible construcción del Canal interoceánico en Nicaragua.

Phyllis M. Powers, embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, “No tengo suficiente información sobre el canal, estoy leyendo lo que ustedes están leyendo en la prensa, la idea es muy interesante pero no sé qué tipos de estudios han hecho o van a hacer. Como todos, estoy esperando lo que van a hacer y qué dicen los estudios sobre factibilidad”. (Nuevo Diario, 7/6/2013)

Nicaragua está ubicada dentro del área de influencia directa de los Estados Unidos y es muy poco probable que el imperialismo norteamericano se quede con los brazos cruzados ante la incursión del naciente imperialismo chino en su patio trasero, salvo que haya participación de empresas norteamericanas y que quede establecido el no uso militar de las instalaciones del canal.

Temores de empresarios nicaragüenses

Con la aprobación de la nueva Ley Especial, los empresarios nicaragüenses quedaron fuera del gran negocio, ya que las obras serian realizadas por empresas extranjeras.

La posible construcción del canal interoceánico generaría un vorágine especulativa en torno al precio de los terrenos donde se construiría el megaproyecto, por eso los débiles empresarios nicaragüenses presionan por quedarse al menos con una pequeña tajada del pastel.

José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), concentró sus preocupaciones sobre las expropiaciones: “Observamos que por esa iniciativa se establece una nueva ley de expropiación en franca oposición a lo que establece el artículo 44 de la Constitución Política (…) Nuestro planteamiento es que se respete la legislación vigente”.(Nuevo Diario, 13/6/2013)

El COSEP quiere que se respete la “justa indemnización” contemplada en el artículo 44 de la Constitución, aunque la Ley de Expropiaciones del año 1976 contempla que al momento de expropiar se toma como base el valor del catastro fiscal.

Otra de las críticas del COSEP ha sido que el gobierno no fijó las áreas de la concesión. Aquirre lamentó  que “Nicaragua entera estaría bajo concesión y eso podría atrasar los procesos de inversión en el país”.

Por su parte, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), en un tono menos quejumbroso, planteó que “dada su complejidad, la duración de la concesión y la transcendencia que tiene para todos los nicaragüenses, este proyecto merece ser discutido y aclarado plenamente, buscando el más amplio consenso nacional. No contribuye al consenso ni a la democracia participativa pretender que sea aprobado por la honorable Asamblea Nacional con solo dos días de consulta”. (Nuevo Diario, 12/6/2013)

Optimismo del gobierno y de HKC

El 15 de Junio se formalizó en un acto público, con la presencia de Daniel Ortega y  Wang Jing, la concesión canalera a favor de la empresa HKND. El portavoz de HKND es nada menos que Ronald Maclean-Abaroa, quien fue  alcalde de La Paz, Bolivia, de 1985 a 1991, y quien es conocido por impulsar grandes proyectos modernizantes.

Maclean-Abaroa, aclarando dudas, dijo que “se trata de un gran proyecto que tiene el potencial de transformar el comercio internacional y traer importantes beneficios económicos y sociales a Nicaragua, sus vecinos y Latinoamérica (…) Nicaragua tiene la oportunidad de transformar totalmente su economía (…) Este proyecto será un catalizador para el crecimiento económico de Centroamérica (…) Nicaragua está dando una concesión para que le construyan un Canal que es suyo. Es suyo desde el principio, está en el territorio nicaragüense. Nosotros solo tenemos una concesión, pero tenemos un privilegio: 50 años para su explotación. Ese es el tiempo mínimo que necesitamos para recuperar una inversión de esa magnitud. Tenemos que hacer pasar muchos barcos para repagarla. (…) Al cabo de la concesión, 50 años, Nicaragua tendrá el 51% de propiedad. Si se extiende la concesión, terminamos 90% de Nicaragua y 10% nosotros”. (Nuevo Diario, 16/6/2013)

¿Cuál debe ser la posición de los trabajadores?

Todavía no está claro si el Canal será construido o si se trata de un proyecto fallido más. Sin embargo, los trabajadores debemos tomar una posición al respecto.

Los sindicatos controlados por el FSLN ya tomaron partido de forma incondicional a favor del gobierno sandinista. La Central Sandinista de Trabajadores (CST), y la Coordinadora Sindical, conformaron “un frente sindical de organizaciones de trabajadores sandinistas y no sandinistas, asumiendo una posición patriótica a favor” de la Ley Especial.(Nuevo Diario, 13/6/2013)

No cabe la menor duda que la construcción del canal solo será posible a costa de la entrega de la soberanía nacional. Es el precio que exigen las transnacionales que tienen el dinero disponible. Esta pobreza y falta de recursos es una consecuencia directa del saqueo imperialista. Es igualmente difícil negar los beneficios que podría traer una obra de tal envergadura.

Bajo un gobierno “neoliberal social” como el de Daniel Ortega la soberanía nacional está en peligro permanente. El equilibrio que se necesita entre defender la soberanía nacional y obtener los recursos necesarios para impulsar la construcción del Canal, solo lo puede lograr un Estado y un gobierno en mano de los trabajadores.

La clave siempre está en el control que los trabajadores podamos ejercer en la concesión, y ejecución del proyecto. Pero esta pelea no es solo de los trabajadores nicaragüenses sino de todos los trabajadores centroamericanos. La construcción del Canal en Nicaragua tendrá repercusiones en todos nuestros países. La discusión está abierta.