Ante las denuncias de corrupción: el presidente JOH debe ser enjuiciado por el Congreso Nacional!!
Por una comisión independiente de investigación sobre el saqueo del IHSS!!
Que la mayoría opositora dentro del Congreso Nacional convoque a una Asamblea Nacional Constituyente!!
A pesar del retroceso en la lucha de los trabajadores, producto de la derrota pacífica de la lucha democrática contra el golpe de Estado y sus secuelas, la situación actual de Honduras se caracteriza por constantes enfrentamientos entre los diferentes partidos burgueses, y por una permanente ofensiva neoliberal que ha impuesto la privatización acelerada de los principales servicios públicos.
Una sentencia escandalosa que abre el camino a la reelección presidencial
El acontecimiento político más importante de Honduras en el último periodo es el hecho que el Presidente Juan Orlando Hernández (JOH) ha logrado quebrar, a través de una sentencia, algunos de los artículos pétreos de la Constitución de 1982. Esta sentencia dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es decir, por cinco magistrados que no reflejan los sentimientos del pueblo, declaró inaplicables el numeral quinto del artículo 42, y el párrafo segundo del artículo 239, que prohibían discutir el tema de la reelección presidencial y sancionaba con la pérdida de los derechos políticos. Consecuentemente fue también declarado inaplicable el artículo 330 del Código Penal.
El principal candado de la Constitución de 1982 ha sido finalmente roto. Lo que antes era prohibido, ahora ha dejado de serlo. Bajo el sacrosanto principio de libertad de discusión, los grupos de poder en Honduras comienzan a plantear públicamente la necesidad de restablecer la reelección presidencial y también de otros funcionarios públicos.
Esto no fue un rayo en cielo sereno. Desde mucho tiempo atrás, especialmente bajo los gobiernos de Profirió Lobo y ahora de JOH la cúpula del Partido Nacional, viene tensionando fuerzas para mantenerse en el poder. El resultado de estas maquinaciones ha sido que JOH dividió a la oposición y ganó apretadamente las elecciones en Noviembre del 2013, y desde el gobierno continuó avanzando en el control de las principales instituciones del Estado, especialmente de la Corte Suprema de Justicia.
La lucha por reimplantar la autoridad del Estado burgués
Honduras, junto a Guatemala y El Salvador, forma parte del llamado “Triángulo Norte”, esa parte de Centroamérica cuyos Estados están en crisis y al borde del colapso.
Honduras es un país sumido en una pavorosa crisis económica y un desgarrador caos social, que obliga a decenas de miles de trabajadores sin empleo a emigrar hacia Estados Unidos. La actividad de los carteles del narcotráfico, y el fenómeno de descomposición social que reflejan las maras, provocan un efecto parecido al de una guerra civil de baja intensidad, con una imparable ola de violencia que suman ya varias decenas de miles de muertos en los últimos años.
En este contexto de decadencia capitalista, el Partido Nacional y JOH se han presentado como los grandes salvadores de Honduras, ante una sociedad desesperada que reclama un poder fuerte y centralizado que resuelva los problemas. Por ello, JOH ha reformado los viejos y corruptos órganos policiales, creando nuevos órganos policiales o militares como la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), los Tigres o la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
De esta forma, JOH se perfila como el gran salvador del orden burgués, creando un consenso entre los grupos de poder en torno a su persona, que pretenden mantenerlo en el poder el tiempo que sean necesarios para la salvaguarda de sus intereses, tal y como lo dijera Miguel Facussé, empresario terrateniente, y uno de los principales protagonistas en el conflicto del Bajo Aguán.
Mientras JOH articula un consenso burgués a nivel de Honduras, en torno a su proyecto bonapartista, también ha recibido la bendición del imperialismo norteamericano, ya que es la ficha más idónea en el nuevo proceso de control sobre las fuerzas armadas y de seguridad de Honduras, las que han estado infiltradas por los carteles del narcotráfico.
Entonces tenemos dos grandes factores: el primero es la gran crisis económica y social de Honduras (con los índices más bajos de desarrollo humano, enorme migración, una mortandad de decenas de miles parecida a una guerra civil de baja intensidad), el segundo es la aparente lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Estos son los aspectos centrales de fondo que le han permitido a JOH abrir el camino de la reelección a través de la escandalosa sentencia.
Ahora bien, el hecho que ahora pueda discutirse libremente el tema de la reelección no significa automáticamente que JOH ha logrado imponerse. La pelea apenas está comenzando.
Y por eso es que observamos a JOH muy preocupado por el problema social. Recientemente viajó a Nicaragua para recibir consejos de Daniel Ortega en dos áreas estratégicas para lograr su reelección: la lucha contra la extrema pobreza (programas de asistencia social que producen votos) y la lucha contra el narcotráfico, en la que Nicaragua se ha anotado los mejores logros entre los países de la región.
Los programas asistencialistas del Partido Nacional.
El proyecto bonapartista de JOH no puede imponerse sin una base clientelista que lo apoye. Y en los últimos años este ha sido uno de los pilares estratégicos de JOH. EL gobierno nacionalista se jacta de haber reducido la extrema pobreza en un 3% en el año 2014.
Recientemente la primera dama, Ana García de Hernández, anunció una inversión de 2,560 millones de lempiras para programas sociales del Estado, parecidos al Bono 10 mil, de los cuáles 2,400 millones serán financiados con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y apenas 160 millones con fondos del Estado.
De igual manera, el Banco Mundial (BM) acaba de otorgar un préstamo por 25 millones de dólares (unos 552 millones de lempiras) para el programa "Vida Mejor".
A través de un mayor endeudamiento de Honduras, el BID y el BM financian programas de asistencia social que buscan crear y fortalecer una base social clientelista que sea el soporte electoral del proyecto bonapartista de JOH
El problema de la reelección
La reelección no es un problema de principios para los socialistas centroamericanos. El pueblo tiene derecho a elegir a sus representantes de manera libre y democrática, y revocarlos cuando sea necesario. Todo depende de la existencia de condiciones democráticas elementales para que el pueblo haga valer su voluntad.
En el caso de Honduras, esas condiciones democráticas no existen. Son los grupos de poder, las distintas fracciones de la burguesía, quienes imponen a los gobernantes, bajo la apariencia de elecciones periódicas. Y son ellos quienes organizan golpes de Estado, cuando le conviene a sus negocios.
En su momento, el presidente Mel Zelaya intentó consultar sobre la reelección, pero fue destituido y echado del gobierno. En la actual coyuntura, los grupos de poder se están poniendo de acuerdo en la necesidad de restablecer la reelección, porque el gobierno de JOH es el que garantiza sus intereses y se perfila como la persona idónea para restablecer la autoridad del Estado en una sociedad convulsa.
En esas condiciones, la reelección de JOH o de cualquier otro expresidente, amarrada desde las alturas por una reforma constitucional o por una nueva sentencia, sería un acto esencialmente antidemocrático, porque le niega el elemental derecho de decisión al pueblo, así como el legítimo derecho de revocar a los malos gobernantes.
La reelección que impulsa JOH y los grupos de poder, no representa una solución a los problemas que afligen a los trabajadores y al pueblo, sino más bien constituye una distracción y una forma de ahogar la justa y sentida reivindicación democrática por la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente, que reorganice Honduras en beneficio de los más pobres.
Socavando a la oposición parlamentaria
A pesar que el Partido Nacional es minoría en el Congreso Nacional con 48 diputados, ante la mayoría opositora que constituyen los 37 diputados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y 27 diputados del Partido Liberal (PL), y los 13 diputados del Partido Anticorrupción (PAC), (3 diputados de los partidos minoritarios), el presidente JOH se ha logrado imponer dentro del Congreso Nacional, estableciendo alianzas con sectores oportunistas, que le han permitido implementar su agenda legislativa.
En este proceso, el gobierno de JOH ha venido sumando votos pero todavía no ha logrado construir una sólida mayoría parlamentaria, que le permita imponer la reelección por medio de una reforma constitucional, la meta anhelada.
Los partidos de oposición han tenido posiciones sumamente contradictorias: en términos generales colaboran con el gobierno de JOH, pero reaccionan a la defensiva cuando el aparataje del gobierno de JOH les aprieta el pescuezo dentro del Congreso Nacional.
En este estira y encoge, el partido LIBRE ha perdido 6 diputados(Eduardo Coto, Tatiana Canales, Héctor Padilla, Jenny Murillo, Audelia Rodríguez y Omar Rodríguez. Unos se han refugiado en otros partidos, otros se mantienen en una bancada independiente, pero en términos generales estos votos han sido utilizados por el gobernante Partido Nacional.
Un proceso similar ha ocurrido recientemente con la bancada del PAC que en su mayoría terminó votando a favor de la nueva ley de Seguridad Social, impulsado por el gobierno de JOH, y destituyeron a los jefes de bancada que eran fieles a Salvador Nasralla.
El único momento en que la oposición parlamentaria se rebeló contra JOH fue cuando este intentó darle rango constitucional a la nueva Policía Militar. No le apoyaron en esa pretensión específica pero todos apoyaron la creación del nuevo órgano policial.
Intensas negociaciones secretas
Mientras el debate sobre la reelección ha sido despenalizado, existe un proceso de negociación secreta entre los grupos de poder en torno al tema de la reelección. Casi todos coinciden en que necesitan temporalmente a un Bonaparte, a un nuevo Carías, pero algunos tienen temor a la consolidación de un grupo que desde el poder les haga competencia en las áreas de la economía que ya están repartidas.
Después de la sentencia escandalosa, y ante el hecho evidente que los partidos políticos se niegan a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el problema de la reelección ahora le corresponde al Congreso Nacional, el que deberá decidir si se restablece la reelección, si será consecutiva o alterna, o bien por cuántos períodos.
El gobierno de JOH trabaja aceleradamente para lograr una mayoría que permita imponer la reelección a través de una reforma constitucional con todas las formalidades del caso, pero tampoco podemos descartar que, si no logra este objetivo, imponga la reelección a través de una nueva sentencia, como ocurrió en Colombia, Costa Rica y Nicaragua.
Los grupos de poder todavía no han firmado un cheque en blanco a favor de JOH.
El nuevo escándalo de corrupción en el IHSS
El saqueo de las arcas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha sido una constante, tanto en las administraciones liberales como nacionalistas.
A finales del año 2013 se inició la denuncia pública de la corrupción en el IHSS, pero fue hasta en el 2014 que estalló el escándalo. Se habla de que fueron más de 318 millones de dólares los que saquearon los directivos. La última denuncia nos indica que hubo cheques a favor de la última campaña electoral del Partido Nacional, donde JOH logró imponer por escaso margen.
Recientemente el Congreso Nacional aprobó una ley que permite la “tercerización” o privatización de los servicios médicos de la seguridad social. No pueden privatizar todo de un solo golpe, por eso van por partes, dejándole algunas competencias al IHSS, pero el proceso de privatización ya se inició.
El juego de la oposición
Indudablemente, las denuncias de corrupción en el IHSS le han permitido a los partidos de oposición iniciar el contraataque para detener la ofensiva de JOH.
Bajo un fuego cruzado de acusaciones mutuas, LIBRE y el FNRP convocaron a una protesta contra el Partido Nacional en los bajos del Congreso Nacional pero inmediatamente el Partido Nacional convocó a una contra manifestación con empleados públicos. Las autoridades del Partido Nacional y JOH han denunciado que se trata de una conspiración contra JOH y contra el PN. No hay dudas que estamos ante un intercambio de golpes bajos, sobre un tema escandaloso como es el saqueo del IHSS.
Posteriormente, el PL también movilizó a sus partidarios, denunciando la corrupción en el IHSS. De esta manera, los conflictos y contradicciones entre los partidos políticos dentro del Congreso Nacional están al rojo vivo.
Los partidos de la oposición, a pesar de los tránsfugas, pueden constituir una mayoría parlamentaria, pero se niegan a tomar esta decisión. Como una cortina de humo, levantan la consigna de renuncia de JOH, copiando fuera de contexto la reciente experiencia de Guatemala, en realidad como un mecanismo de presión pero que al final no resulta efectivo si no hay de por medio una enorme movilización y protesta en las calles.
JOH debe ser enjuiciado políticamente
En Enero del 2013, al finalizar el gobierno de Porfirio Lobo, los diputados liberales y nacionalistas aprobaron una reforma constitucional por medio de la cual se imponía la institución del juicio político contra el presidente de la república.
A pesar que la oposición tiene esta poderosa arma en sus arsenales, se niega a utilizarla, porque tiene un doble juego en relación al gobierno de JOH: por un lado tratan de establecer alianzas o compromisos en función de obtener cuotas de poder, pero cuando las contradicciones son insalvables, cambian los roles y presionan, incluso con movilizaciones callejeras controladas, para debilitar al gobierno y preparar condiciones para un recambio electoral.
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) emplazamos a los partidos de oposición parlamentaria a que sean consecuentes con la lucha democrática, y que sumen votos dentro del Congreso Nacional para enjuiciar políticamente al presidente Juan Orlando Hernández por los evidentes actos de corrupción y saqueo de las arcas del IHSS.
Por una comisión independiente que investigue los actos de corrupción
Debido a que las contradicciones se han puesto al rojo vivo, y crece el malestar entre el pueblo, el Presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, de forma unilateral conformó una comisión de investigación multipartidaria, la que terminará no haciendo nada.
Por ello desde el PSOCA llamamos a la constitución de una Comisión verdaderamente independiente, conformada por los delegados de las centrales obreras, campesinas y organismos populares, que son los únicos verdaderamente interesados en luchar contra la corrupción.
Por la movilización independiente
Sin duda alguna que en los actuales momentos el malestar en el pueblo es enorme por el escandaloso saqueo del IHSS, en el cual está involucrado directamente el Partido Nacional.
También en las últimas semanas se han realizado diversas luchas sectoriales pequeñas que reflejan la gran crisis económica y social existente. Los trabajadores del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), se tomaron la primera avenida de Comayagüela el día viernes 15 de mayo, en protesta por la municipalización del servicio de agua potable.
El día miércoles 20 de Mayo los dueños de los microbuses que operan sin permiso legal y no se les toma en cuenta en la Ley de Transporte que se pretende aprobar, se tomaron el centro de Tegucigalpa.
La crisis económica produce pequeñas pero importantes luchas de diferentes sectores, dispersas, separadas unas de otras. Es el momento de conformar una Coordinadora Nacional que aglutine todos los sectores en lucha, organizaciones sociales, políticas, sindicatos y gremios y que movilice para exigir el juicio y castigo a los delincuentes de cuello blanco que saquearon el IHSS.
De igual forma, debemos luchar y movilizarnos en las calles, por un aumento general de salarios acordes al costo de la vida, por la renacionalización de los principales servicios públicos (electricidad, comunicaciones y agua potable) puestos a funcionar bajo el control de los sindicatos y los trabajadores, repudiando la municipalización del servicio de agua potable, etc.
Debemos elaborar un plan de lucha propio de los trabajadores y convencer al resto del pueblo de la necesidad de enjuiciar políticamente al presidente Juan Orlando Hernández, y que la mayoría opositora dentro del Congreso Nacional convoque a una Asamblea Nacional Constituyente.
Centroamérica, 21 de Mayo del 2015.
Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)