¡POR CANDIDATURAS UNITARIAS DE DIRIGENTES OBREROS, CAMPESINOS, INDÍGENAS Y POPULARES!

La denuncia hecha en el mes de abril por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) contra la red de defraudación aduanera enquistada en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dirigida por el secretario privado de la vicepresidencia, abrió un período de grave crisis del régimen político en Guatemala.

Las masas salen a las calles

Las denuncias de corrupción desataron el descontento de la población, que se empezó a movilizar masivamente exigiendo la captura de los culpables y la renuncia de los gobernantes; fueron estas movilizaciones las que condujeron a la renuncia de Baldetti. Han sido las capas medias urbanas, la pequeña burguesía de las ciudades, quienes han tenido el mayor protagonismo en estas movilizaciones, en una lucha por objetivos eminentemente democráticos. Las organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, estudiantiles y populares todavía no han logrado imponer su sello independiente. A pesar del surgimiento de la Asamblea Social y Popular (ASP), como organismo coordinador de buena parte de las organizaciones populares, ésta no ha podido expresar las demandas más sentidas de los explotados y oprimidos, en un programa propio que plantee una salida democrática y popular a la crisis. Más bien ha ido a la cola de grupos reformistas de la pequeña burguesía, como la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, dirigidos por el rector de la Universidad San Carlos (USAC) y varios organismos de la sociedad civil

El cuestionamiento al proceso electoral

La crisis del régimen político se agravó por el hecho de que este es un año electoral. La revelación de numerosos casos de corrupción ha provocado el desprestigio generalizado de los partidos burgueses mayoritarios (no solo del gobernante Partido Patriota), que controlan gran parte de las alcaldías y diputaciones, lo que ha redundado en el justo cuestionamiento del proceso electoral en curso. Existe el clamor por cambios a la actual legislación electoral. Todas las fuerzas políticas coinciden en esta necesidad, pero el viejo régimen ha hecho resistencia de todo tipo al más mínimo cambio.

El Congreso de la República abrió la discusión de reformas a cuatro bloques de leyes, formado las comisiones respectivas. Una de estas leyes es la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP). La plataforma, dirigida por el rector de la USAC, elaboró una propuesta de reformas a la LEPP, proponiendo algunos cambios importantes, pero insuficientes para democratizar los procesos electorales.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) produjeron su propia propuesta de reformas, a la que incorporaron aspectos parciales de la propuesta de la Plataforma. La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República discutió la propuesta del TSE, haciéndole cambios que desvirtúan en mucho su intención original. Aun así, la propuesta no ha sido discutida por el pleno de los diputados, debido básicamente al boicot de parte de los parlamentarios del Libertad Democrática Renovada (LIDER) y del Partido Patriota (PP), que no se presentan a las plenarias.

¿Posponer las elecciones?

La demanda inicial de las movilizaciones era la posposición de las elecciones para dar tiempo a la aprobación de las reformas electorales. Sin embargo, el TSE ha dicho reiteradamente que no se pueden postergar, y la intención de los diputados es que, de aprobarse las reformas, se apliquen hasta el siguiente período electoral, en 2019. Ante esto, se ha popularizado la consiga “en estas condiciones no queremos elecciones”, llamando al voto nulo o a la abstención, reflejando el justo rechazo al orden existente.

El electorado clientelista, base social de los partidos políticos burgueses, ha tenido la tradición de votar por “el menos peor”, entre las opciones de derecha; pero ante la descalificación de los políticos y sus partidos por las denuncias de corrupción, la opción de votar nulo ha tomado fuerza, en especial en sectores urbanos un poco más despiertos políticamente, como el estudiantado universitario. No obstante, una parte de la clase media, cree que el actual proceso electoral, con todo y las limitaciones antidemocráticas, debe ser utilizado para cambiar a las camarillas de los partidos, es decir, tiene ilusiones en que las votaciones pueden generar cambios.

Pero en el área rural, donde hay menos acceso a la información y donde vive la mayoría de la población, los campesinos e indígenas creen todavía en los procesos electorales, especialmente en la elección de alcaldes. El panorama es muy contradictorio. Las fuerzas de la reacción no descansan en preparar una salida de recambio a la actual crisis política, utilizando para ello el actual proceso electoral, bajo la actual LEEP

No dejar el campo libre a la reacción

Las próximas elecciones generales se realizarán el 6 de septiembre. Las fuerzas de izquierda y el movimiento popular no han logrado imponer siquiera la reforma a la LEPP. Este impasse está siendo aprovechado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), y otros grupos de la burguesía, para organizar un recambio pacifico del gobierno. Por eso el Congreso de la Republica no aprobó el antejuicio contra Pérez Molina.

Esta situación coloca a las fuerza de izquierda contra la pared, especialmente aquellos partidos, como WINAQ, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y Alternativa Nueva Nación (ANN), que gozan de registro electoral pero que están forzados a participar bajo la actual LEEP. Independientemente de los ánimos se sectores juveniles que consideran que debe promoverse la abstención o el voto nulo, los revolucionarios nunca debemos dejarle el campo libre a la derecha para que imponga sus planes de recambio, debemos librar la pelea en las condiciones más duras para llevar nuestro mensaje liberador a las amplias masas que aún creen en los traicioneros mecanismos de la democracia burguesa, sobre todo en esta coyuntura donde ha descendido el nivel de las movilizaciones populares.

Las encuestas preparan el recambio burgués

La última encuesta publicada por el diario Prensa Libre el 10 de agosto, indica un descenso en la intención de voto del partido LIDER de Manuel Baldizón, hasta ahora el contendiente más fuerte, del 30.1% en abril al 24.9% a inicios de agosto. Varios alcaldes, 7 diputados y su candidato a vicepresidente, están acusados de actos de corrupción, lo que explica el rechazo de la población, aunque éste se ha producido básicamente en el área urbana. Como resultado del desprestigio de los políticos, se ha dado el repunte de un candidato marginal en abril, pero con un 16.2% en agosto, el comediante Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN), formado por ex militarescontrainsurgentes de línea dura agrupados en AVEMILGUA, entre los que sobre salen, Pablo Nuila Hub, Quiso Ayuso y los Lima padre e hijo. El hecho que Jimmy Morales no ha ostentado cargos públicos ni haber tenido previa participación política, le ha valido a este popular cómico el creciente respaldo del voto urbano. En tercer lugar figura de Sandra Torres, la ex primera dama durante el gobierno Álvaro Colom, a la cabeza de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con el 14.7%, con un voto duro básicamente rural y femenino.

Después de las grandes movilizaciones que sacudieron Guatemala, los grupos de poder ven con temor la candidatura de Baldizón, por su perfil de empresario populista, ambicioso e incontrolable. Estos mismos grupos tienen poca confianza en Sandra Torres, pese a llevar de candidato a vice presidente a Mario Leal, un empresario dueño de ingenios en Guatemala y Nicaragua. Todo parece indicar que el candidato de estos grupos de poder es el comediante Jimmy Morales, considerado un “outsider”. Existen otros candidatos como Zury Ríos, hija de Efraín Ríos Mont, postulada por el partido Visión con Valores (Viva) y financiada por mineras y la anticomunista Liga ProPatria. Roberto Gonzales por la alianza Creo-Partido Unionista del eterno caudillo criollo Álvaro Arzú, alcalde de la Ciudad de Guatemala y financiado por núcleos oligárquicos como el Holding Multiinversiones de los Bosch-Gutiérrez y el partido Movimiento Reformador que solo postula candidatos a diputados y alcaldes, muy cercano a Jorge Briz, actual presidente del CACIF y eterno presidente de la Cámara de Comercio

Todas estas opciones electores representan a sectores de la burguesía, y por lo tanto nunca podrán representar los intereses de los trabajadores y las masas populares. Existe una gran contradicción en la situación actual de Guatemala, pues la presión de las masas en las calles obligó a la renuncia de Baldetti, y forzado algunos cambios mínimos en la lucha contra la corrupción, pero al mismo tiempo los trabajadores y las masas populares no tienen una seria opción electoral, que se convierta en una real alternativa de poder ante la crisis del régimen.

Todavía podemos presentar candidaturas unitarias de dirigentes populares

La participación en las elecciones, aún bajo las duras condiciones antidemocráticas, representa una oportunidad de denunciar no solo el corrupto sistema político, sino de propagandizar ampliamente la necesidad de instaurar un gobierno de los trabajadores. Sería un error abandonar en manos de los partidos de la burguesía el proceso electoral. Aunque no se den los cambios deseados en las condiciones del actual proceso, la participación de la izquierda unida sería una valiosa herramienta para denunciar el injusto y corrupto sistema capitalista. Los revolucionarios aprovechamos todos los resquicios que ofrece la democracia burguesa para fortalecer el programa revolucionario de los explotados y oprimidos. Mientras no existan las condiciones reales para lograr un derrocamiento revolucionario del actual gobierno, la izquierda esta forzada a librar la batalla electoral bajo las reglas impuestas por la burguesía y el imperialismo norteamericano.

Por ello llamamos a los partidos de izquierda que cuentan con ficha electoral (CPO-Convergencia, URNG-WINAQ) a unirse y presentar candidaturas conjuntas de representantes y luchadores de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares que han defendido durante años los derechos de los oprimidos y explotados, en especial de la Asamblea Social y Popular, como ya sucede en muchos casos. La campaña electoral debe utilizarse no solo para denunciar la corrupción del gobierno y exigir cambios en el sistema político, sino para demandar la solución de los ancestrales problemas que afectan a la población trabajadora, explotada y oprimida. El planteamiento central deber ser la demanda de una Asamblea Nacional Constituyente representativa que transforme el país en beneficio de los más excluidos.

Pero a la par, la Asamblea Social y Popular, y otras organizaciones beligerantes como la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CENOC) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), deben ponerse al frente de las movilizaciones en las calles. La lucha democrática actual, al contrario de lo que creen algunos dirigentes de la ASP, es el momento de la lucha de los oprimidos. Son las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares las únicas que pueden dar un giro dramático a las movilizaciones democráticas, convirtiéndolas en una lucha social, por donde irrumpa el descontento acumulado por años y nos lleve a verdaderas transformaciones estructurales. De lo contrario, los grupos de poder enquistados en el CACIF, el Ejército y la embajada norteamericana lograrán solucionar gradualmente la crisis política del régimen, controlando las movilizaciones de la clase media urbana, y cambiando solamente lo que les conviene, arrebatando a los grupos burgueses corruptos el control del Estado. Cambiando un poco para al final no cambiar nada.

 

Centroamérica, 17 de Agosto del 2015

 

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)