GUATEMALA. - ¡!Paro Nacional de 24 horas para exigir la renuncia de Jimmy Morales y su gobierno!!
La crisis política de 2015, que puso fin al gobierno corrupto de Otto Pérez Molina, mediante la renuncia de él y su vicepresidenta, y su posterior enjuiciamiento, fue resuelta por un acuerdo entre la oligarquía y el imperialismo estadunidense; el Congreso eligió un nuevo presidente para finalizar el periodo y se realizó el proceso electoral que ya estaba en curso. El resultado fue elección del comediante Jimmy Morales, un novato en política que prometía no ser corrupto ni ladrón, candidato presidencial del partido Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN), acuerdo reaccionario que contó con el respaldo de los sectores poderosos del país.
Conforme el acuerdo preliminar entre las cúpulas, el presidente Morales y su partido debían facilitar y apoyar los planes del imperialismo estadunidense para sanear el sistema político de la corrupción enraizada en las instituciones del Estado, fortaleciendo el funcionamiento transparente del Estado burgués, como parte esencial del Plan Alianza Para la Prosperidad (PAP). El cumplimiento de este acuerdo es contrario a los intereses de un sector de la burguesía emergente, que se ha enriquecido a costa de los recursos del Estado, del cual hacían parte Pérez Molina y el PP. Para reformar al Estado, era vital la colaboración de Jimmy Morales con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), los principales agentes del imperialismo, acuerpados por supuesto por la embajada gringa, con el embajador Todd Robinson al frente. Entre 2015 y 2017 se dio un compás de espera, mientras el nuevo gobierno asumía el control de las instituciones estatales y cumplía con lo previamente acordado.
Pero el papel de Morales y el FCN en la campaña anticorrupción, se vio empañado desde el inicio. El FCN es una expresión política de las oscuras fuerzas económicas que tienen su principal sustento social en los militares que salieron victoriosos de la lucha anti insurgente que termino formalmente en 1996. El FCN tiene una su dirección a los altos mandos de exmilitares, implicados en masacres durante la guerra interna, permitiendo la entrada al FCN de una pandilla de exdiputados del Partido Patriota (PP) y de LIDER, tránsfugas con arraigadas prácticas de corrupción, que representan a la burguesía emergente corrupta que se niega a desaparecer.
A finales de 2016, el FCN entró en alianzas con los partidos más conservadores del Congreso para lograr la presidencia de la Junta Directiva en el periodo 2017, y empezó a resistirse a las reformas democráticas impulsadas por la CICIG, que ya se había manifestado durante las primeras discusiones de las reformas constitucionales. Mientras el secretario general del FCN, el militar retirado y diputado Edgar Ovalle, perdió su derecho de antejuicio y se dio a la fuga, acusado por masacres a la población indígena.
En el transcurso de 2017, el FCN y los partidos conservadores han sido parte fundamental de la oposición a las reformas a la Constitución y a la Ley Electoral, que pretenden reformar el sistema político y cortar situaciones que permiten la corrupción. La oligarquía guatemalteca y los Estados Unidos pretenden reformar solamente lo justo y necesario para engañar a los trabajadores y el pueblo, para hacerles creer que se están gestando grandes cambios y de esta manera se olviden de sus luchas y protestas. Este plan de “reformas democráticas” impulsado por el imperialismo y la CICIG es harto insuficiente para las necesidades urgentes del pueblo guatemalteco. A pesar de que las reformas planteadas son limitadas e insuficientes, el sector más corrupto de la burguesía emergente y sus representantes políticos, el FCN, se resisten encarnizadamente al cambio. Se oponen a los cambios mínimos que impulsa la CICIG, porque el mecanismo de acumulación de capital proviene de su corrupto control de las instituciones del Estado, las que saquean para enriquecerse.
No fue casualidad, pues, que una de las primeras manifestaciones de este nuevo conflicto, que viene de la época de Pérez Molina, y que no quedo resuelto con el acuerdo del 2015, fue que personaje cercano al presidente Morales intentó en dos ocasiones cabildear contra del embajador Robinson en las oficinas del Congreso de Estados Unidos. Estos fueron los primeros indicios de un nuevo conflicto inter burgués en Guatemala.
El boicot del presidente Morales y el FCN a las reformas políticas impulsadas por el imperialismo ha tenido como consecuencia que éste haya dado vía libre a la CICIG y el MP para presionarlo. Primero, cuando en enero de este año ordenaron la captura del hijo y hermano del presidente Morales, por un caso de corrupción en el registro de la propiedad, en 2013. Y recientemente, con la investigación de financiamiento ilícito del FCN-Nación durante la campaña electoral 2015, por casi US$ 1 millón, cuando Morales era el secretario general del partido. Por ello es que, ejerciendo más presiones contra el grupo de poder que representa el Morales y el FCN, el MP y la CICIG han solicitado quitar el derecho de antejuicio al presidente Morales y que este sea procesado penalmente, lo que en fondo significaría que pierde el cargo de presidente de Guatemala.
La respuesta de Morales fue declarar non grato a Iván Velásquez, jefe de la CICIG, para expulsarlo de Guatemala. Organismos de la sociedad civil se ampararon ante la Corte de Constitucionalidad (CC), solicitando la suspensión de la expulsión de Velásquez, obteniendo una sentencia provisional favorable. Después de su visita a la ONU, y de reunirse con el Secretario General de la ONU, para pedir la remoción de Velásquez, el Ministerio del Exterior guatemalteco, retrocedió un poco afirmando que Morales solamente pidió que la CICIG se “circunscriba al mandato otorgado para su funcionamiento”, es decir, no logró el apoyo necesario para expulsar al comisionado de la CICIG. Esta situación debilita aún más al gobierno de Morales. Algunos de sus ministros y viceministros han renunciado, abandonando al barco que se hunde.
Guatemala se acerca a una situación prerrevolucionaria, por la crisis y enfrentamientos en las alturas, y por la agitación social que sacude al país. Ya hay pequeñas pero significativas manifestaciones en apoyo a Velázquez y el MP. La Iglesia Católica ha manifestado su apoyo a la gestión de la CICIG. Las embajadas de los imperialismos norteamericano y europeo han dado su respaldo a la CICIG. El gobierno de Morales pende de un hilo.
También observamos en la izquierda y en la conducción de los sindicatos y organismos populares, un apoyo público o velado a la gestión de la CICIG. La “Sociedad Civil” y las ongs, incluyendo al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la URNG y al Frente Estudiantil (organizado por la agrupación “UsacEsPueblo”, ganador en las elecciones a la AEU), anunciaron su apoyo a la CICIG y al MP. El empresario organizado en el CACIF tiene una posición ambivalente, por un lado, temen oponerse a las directrices del imperialismo, pero, por otro lado, temen al curso de los acontecimientos ya que varios de sus directivos importantes han sido acusados y encarcelados por corrupción o defraudación fiscal.
La CICIG ha entrado en conflicto abierto con el gobierno de Jimmy Morales porque este no cumple con las reformas democráticas que, según la CICIG, deben ser implementadas. Estas son reformas mínimas que no responden a las grandes aspiraciones democráticas de la mayoría de la población. No es cierto que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. La CICIG y el MP no son amigos de los trabajadores ni de la izquierda. Por el hecho de enfrentar al gobierno de Morales no significan que sean nuestros amigos, ni que debamos confiar en ellos.
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exige la renuncia inmediata del presidente Jimmy Morales, por no cumplir con las expectativas de lucha contra la corrupción, y por haber encubierto al grupo de poder detrás del FCN. Apoyamos la demanda de los campesinos de CODECA que hace algunas semanas exigieron la renuncia de Jimmy Morales. Rechazamos al sector burgués emergente que se ha enriquecido a costa de los recursos del Estado, pero también rechazamos la injerencia del imperialismo norteamericano a través de su embajada y la CICIG. Guatemala necesita una profunda revolución democrática, la que quedó inconclusa con el golpe de Estado de 1954, que extermine la corrupción, que garantice la tierra para los campesinos, el respeto de los territorios de las comunidades indígenas, que provea a la población de servicios gratuitos y eficientes de educación, salud, vivienda, transporte, salarios dignos y acordes al costo de la vida, que amplíe al máximo los derechos democráticos de la población, que se plantee la reconstrucción de Centroamérica en un solo Estado Federal, etc.
.
Deben ser los sindicatos y los trabajadores organizados quienes se pongan al frente de la lucha contra el corrupto gobierno de Jimmy Morales y el FCN, llamamos a convocar a un Paro Nacional de 24 horas, demandado la renuncia de Jimmy Morales. Llamamos a la unidad en la lucha y la movilización de todos los sectores realmente democráticos, que se oponen al corrupto gobierno de Jimmy Morales, heredero y continuador del statu quo establecido por las fuerzas reaccionarias, para en conjunto impulsar las reivindicaciones de los trabajadores, campesinos, sectores populares e indígenas. El PSOCA llama a movilizarnos por la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, que agrupe a los trabajadores y los pueblos indígenas, plurinacional e inclusiva, que transforme y reorganice a Guatemala en favor de los oprimidos y explotados. De igual manera, llamamos a estar vigilantes contra las maniobras del Congreso de la Republica, controlado por el FCN y sus aliados.
¡EXIGIMOS LA RENUNCIA DE JIMMY MORALES Y SU GOBIERNO!
¡POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PLURINACIONAL E INCLUSIVA!
¡PARO GENERAL DE 24 HORAS!
Centroamérica, 27 de Agosto del 2017
Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)