La situación en Nicaragua continua al rojo vivo. La represión constante del gobierno no logra aplacar la dinámica insurreccional de los estudiantes y los sectores populares que se le suman. La sangre de los caídos se convierte en un aliciente para continuar la lucha. No está permitido retroceder, pero en medio de los enfrentamientos callejeros se oyen voces a favor de una salida pacífica y negociada.

¿Quiénes invocan el “Dialogo Nacional”?

La palabra “Dialogo Nacional” se ha puesto de moda en Nicaragua. La primera invitación al dialogo fue hecha por el propio Daniel Ortega, el pasado 22 de abril del 2018, cuando acorralado por el levantamiento popular, dijo: “la Resolución 138 fechada el 22 de abril anula la anterior Resolución. O sea, queda la Mesa limpia para sentarse a tratar el Tema (…) invito a Su Eminencia el Cardenal Leopoldo Brenes para que pueda participar con una Delegación de Obispos, (…) como Garantes, como Testigos, para estimular, darle seguimiento y darle fortaleza a lo que es un Diálogo que lleve al restablecimiento de la Paz, la Seguridad y la Estabilidad en nuestro País”. (La voz del sandinismo, 22/04/2018)

En un comunicado, con fecha 24 de abril del 2018, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) aceptó “estar en carácter de “mediador y testigo” del diálogo convocado por el Sr. Presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra (…) para facilitar el clima de diálogo consideramos esencial e imperativo que tanto el gobierno como cada miembro de la sociedad civil: evite todo acto de violencia, de irrespeto a la propiedad pública y privada y prevalezca un clima sereno y de absoluto respeto a la vida humana de todos y cada uno de los nicaragüenses”.

Casi al mismo tiempo, alzaron sus voces los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), apoyando la propuesta de dialogo hecha por Ortega. José Adán Aguerri declaró: “reconocemos y valoramos que la lucha cívica y pacífica encabezada por nuestros jóvenes ha sido determinante para que el Gobierno haya derogado el decreto ejecutivo que generó esta crisis social (…) Valoramos como relevante que este diálogo incluyente sea garantizado por la Conferencia Episcopal y apelamos a su inicio urgente (…)”. (END, 23/04/ 2018)

Mientras los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) vivían una tórrida luna de mil con el gobierno sandinista, no sentían la necesidad de establecer un “Dialogo Nacional”, ya que todos los asuntos que les perjudicaban sus altas de ganancias, mediante la aprobación de leyes y decisiones administrativas, los negociaban directamente con Daniel Ortega. Pero el portazo que dio el gobierno, aprobando de manera unilateral las reformas a la seguridad social, reflejaron un abrupto cambio en el modelo de “diálogos y consensos”, que obligó a los empresarios a dar un brinco a la acera de enfrente.

A la posición del COSEP, se sumaron las declaraciones de Maria Nelly Rivas, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), quien fue un poco mas allá en sus demandas: “estamos atentos y listos al llamado de los obispos nicaragüenses para iniciar el diálogo nacional que debe tener una agenda amplia, entre ellos, el derecho a la movilización pacífica, garantías para los estudiantes y todos los nicaragüenses que participaron en las protestas, respeto a la libertad de prensa y de expresión, elecciones libres, entre otros” (Metro, 27/04/2018)

Juan Sebastián Chamorro, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), reconoció que “el objeto de discusión ya no es solamente el decreto sobre las medidas recaudatorias para cerrar el déficit del INSS, sino que consiste en evitar que la situación se deteriore más y se logre detener esta espiral de violencia”. (END 23/04/2018)

Mientras se producían los naturales forcejeos (las multitudinarias marchas del COSEP el lunes 23 de abril, la de la Iglesia Católica el sábado 28 de abril y la los organismos de la sociedad civil el miércoles 9 de mayo), el gobierno respondió con dos contramarchas mucho más reducidas (30 de abril y 9 de mayo), que reflejaban la erosión de su base social.

En un hecho sin precedentes, los principales grupos económicos no luchan por derrocar al gobierno sandinista, sino que cerraron filas en la demanda conjunta de reformar el actual régimen político bonapartista. La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), los exportadores de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), exigieron lo siguiente: “I.- Abrir una investigación independiente y creíble, con la participación de organismos de derechos humanos de reconocida trayectoria, que investigue y ponga ante la justicia a los responsables de los crímenes ocurridos durante las protestas de abril del 2018. (…) II. Reformas al sistema electoral que incluyan la implementación a lo inmediato de las recomendaciones de los informes de la OEA en materia electoral y de partidos políticos, la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral y la observación electoral independiente, nacional e internacional, para garantizar elecciones libres y transparentes, respetando la voluntad de los nicaragüenses. III. Reformas institucionales que garanticen el estado de derecho, la independencia de los poderes del Estado y la eliminación de la corrupción. IV. Resolver la problemática de sostenibilidad y transparencia del INSS, incluyendo cambios de autoridades, propuestas al diálogo nacional de reformas que den viabilidad financiera a la seguridad social e inicio a lo inmediato una auditoría forense e integral de la institución”.

El programa de los empresarios es bien claro: 1.- reformas al sistema electoral 2.- reformas institucionales y eliminación de la corrupción que perjudica sus negocios, 3.- un plan específico para el INSS.

La posición de Estados Unidos y la Unión Europea sobre el Dialogo Nacional

En su sucia campaña de desinformación, los medios de propaganda del sandinismo continúan refiriéndose a un “golpe blando” y al hecho que el gobierno de Estados Unidos está detrás financiando y promoviendo las movilizaciones populares. Pero estas afirmaciones no reflejan la realidad. Veamos por qué.

Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, en un comunicado condenó “la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y otras personas contra los civiles que ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión y reunión”. (La Prensa 22/04/2018) Días después, la embajada norteamericana en Managua, dejo de atender al público.

Ese mismo día, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado reflejo la posición de la Unión Europea: “La violencia es inaceptable, las diferencias solo se pueden resolver a través del diálogo inclusivo. Las protestas deben llevarse a cabo pacíficamente, y las fuerzas de seguridad pública deben actuar con la máxima moderación. La UE está dispuesta a apoyar un diálogo amplio e inclusivo entre todos los actores sociales y el Gobierno, y a fortalecer el Estado de derecho en Nicaragua" (EFE, 22/04/2018.

Al día siguiente, Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, emitió un comunicado afirmando que “Canadá está profundamente preocupada por las informaciones de varios muertos y heridos en las manifestaciones que se están produciendo en Nicaragua. Demandamos a todas las partes involucradas que resuelvan la situación con un diálogo pacífico e incluyente para proteger los derechos y seguridad del pueblo nicaragüense” (El Nuevo Diario, 24/04/2018)

La Casa Blanca de Estados Unidos emitió un comunicado que refleja la posición oficial de la administración de Donald Trump: “Estados Unidos condena la violencia y la represión propagadas por el Gobierno de Nicaragua y el cierre de medios de comunicación (…) La administración se une a la comunidad internacional en llamados a un diálogo amplio y apoyo para el pueblo de Nicaragua, que anhela la libertad de expresión política y las verdaderas reformas democráticas que tanto se merece” (AFP, 25/04/2018)

Como se puede observar, la posición de la administración de Donald Trump, en relación a la crisis en Nicaragua, es presionar para una reforma democrática, y bajo ninguna circunstancia se ha propuesto el derrocamiento de Daniel Ortega. Esta postura fue confirmada con el reciente discurso del vicepresidente Mike Pence, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 7 de mayo del 2018. El eje de ataque del gobierno de Estados Unidos fue la denuncia del próximo proceso electoral en Venezuela, y la necesidad de que la OEA sancione al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pence se refirió tangencialmente a Nicaragua, en dos párrafos, en los siguientes términos:

“En Nicaragua, cientos de miles de personas tomaron las calles para mostrar su enojo contra su envejecido líder socialista y su exigencia de regresar al orden democrático. Pero el represivo gobierno de Ortega ha respondido con fuerza letal, matando a docenas de manifestantes pacíficos y cerrando medios de comunicación independientes que se atrevieron a informar sobre sus acciones mortales.

Los Estados Unidos condena estas acciones brutales en los términos más enérgicos posibles. Pedimos al gobierno de Ortega que permita la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua. Y nos unimos a las naciones de todo el mundo para exigir que el gobierno de Ortega responda a las demandas del pueblo nicaragüense de una reforma democrática y haga rendir cuentas a los responsables de la violencia. El pueblo de Nicaragua merece algo mejor que el empeoramiento de la represión del gobierno de Daniel Ortega”.

El programa que el imperialismo norteamericano, canadiense y europeo, levantan sobre la crisis en Nicaragua, es coincidente: el cese de la represión, la aplicación de reformas democráticas, la realización del Dialogo Nacional y últimamente han solicitado que el gobierno de Daniel Ortega admita la presencia en Nicaragua de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA

Diferentes visiones e intereses en torno al Dialogo Nacional

A lo anterior habría que agregar una situación sumamente contradictoria que se vive en Nicaragua. Por un lado, existe una dinámica insurreccional de las masas que demandan cada vez mas claramente la salida del gobierno Ortega-Murillo, y por el otro lado, existen enormes ilusiones, a pesar de los enfrentamientos violentos y las muertes diarias, en una posible salida pacífica de la actual crisis, evitando la guerra civil, a través de la mediación de la Iglesia Católica y la instalación del Dialogo Nacional.

La mayoría de las masas ven una posible instalación del Dialogo Nacional como la necesaria mesa de negociaciones en donde se decidirán los cambios en el sistema político que pondrán fin al actual gobierno, por eso la consigna sobre la renuncia del gobierno Ortega-Murillo tiene aceptación cada vez más fuerte. Persisten fuertes ilusiones en que el dialogo y la negociación terminaran con la actual crisis.

Los estudiantes en lucha, por su parte, se dividieron en torno al tema del dialogo con el gobierno. Un sector radicalizado planteó que no había nada que negociar con el gobierno asesino, que “los muertos no podían negociar”, pero otro sector, ligado a los organismos de la Coordinadora Civil, sostuvo que era necesario dialogar con el gobierno para negociar puntos torales como la autonomía en las universidades o la propia renuncia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Al final, se impuso este línea negociadora y en una conferencia de prensa en un hotel en Managua, el Movimiento 19 de Abril, de reciente creación, brindó una conferencia de prensa, en conjunto con José Adán Aguerri, presidente del COSEP, y Juan Sebastián Chamorro, presidente del FUNIDES, en que reafirmaron una alianza: “(…) demandamos el cese inmediato de las agresiones por parte de la Policía Nacional y de las fuerzas de choque; así como el cese de los mensajes y acciones de odio, desinformación y amenazas en contra de nuestros compañeros y familias. Estamos listos. Tenemos nuestros representantes y nuestros puntos de agenda, esperamos que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) indique la fecha y la hora para la apertura del diálogo nacional. Reiteramos la demanda de invitar al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) y a los Relatores para Temas de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para que efectúen la investigación sobre la responsabilidad de los crímenes en contra de los estudiantes y la población, que es el primer punto de agenda por parte de todos los que suscribimos este mensaje”. (El Nuevo Diario, 12/05/2018)

La creación de nuevas organizaciones estudiantiles es un fenómeno enormemente progresivo, después de un largo periodo de control totalitario del FSLN en las universidades públicas y privadas. Es muy probable que parte de la nueva dirigencia estudiantil desconozca los intereses particulares que mueven al COSEP, AMCHAM o FUNIDES, que perciban a estas organizaciones empresariales como aliados en la lucha por la democratización de Nicaragua. Es muy probable que tengan que vivir o sufrir amargas experiencias para madurar políticamente. Por ello consideramos que es nuestro deber advertir a estas nuevas organizaciones estudiantiles que deben desconfiar de las organizaciones empresariales, y que deben mantener una actitud independiente en cualquier trinchera de lucha, incluida cualquier negociación con el gobierno.

¿Por qué se ha retrasado la instalación del Dialogo Nacional?

Si todos están de acuerdo (los imperialismos, los empresarios, la Iglesia Católica y el gobierno de Ortega, incluso un sector importante del movimiento de masas y algunas de las organizaciones estudiantiles), ¿porque entonces no se ha convocado al Dialogo Nacional?

El gobierno Ortega-Murillo propuso inicialmente un dialogo sobre el tema especifico de las reformas al INSS, invitando a la Iglesia Católica como mediadora, garante y testigo, creyendo que se restablecería el modelo de “diálogos y consensos” con los empresarios. Pero los empresarios aprovecharon el momento para ampliar la agenda, incluyendo otros temas económicos y políticos.

Vale la pena precisar algunos aspectos de este momento. Inicialmente, las propuestas de negociación con el gobierno surgieron como un mecanismo para detener la salvaje represión y aclarar las responsabilidades en la masacre del 19 y 20 de abril, pero el gobierno, por un lado, y los empresarios, por el otro, fueron ampliando los temas y los participantes.

Lo ideal hubiera sido una negociación directa entre los estudiantes y los luchadores populares con el gobierno, sobre los temas relacionados con la masacre estudiantil y la democratización de las universidades y del sistema político, pero esta necesaria negociación fue desvirtuada y transformada en un Dialogo Nacional, es decir, en una mesa de múltiples temas de negociación. Al diluirse las reivindicaciones propias del movimiento estudiantil, el gobierno comenzó a retomar parcialmente la iniciativa estratégica.

El gobierno no convocó inmediatamente al “dialogo nacional” por una combinación de factores. En primer lugar, su estrategia de negociación siempre ha sido golpear para negociar, y hacerlo en el filo de la navaja, al borde del abismo. Se debe comprender que la conducción sandinista, representada por Daniel Ortega, refleja las tradiciones y psicología de una dirección guerrillera que logró encabezar una insurrección  de masas en 1979, que lucho contra el ejercito contra en el periodo 1982-1990, que se vio forzada a abandonar el poder en 1990 pero que nunca renunció a la idea de reconquistar el gobierno, y una vez que lo hizo en 2007 no esta dispuesta a ceder fácilmente el poder, la fuente de su enriquecimiento y privilegios personales. El sandinismo no negociará antes de tiempo, es decir, primero demostrará con hechos que Nicaragua será ingobernable sin su presencia o colaboración.

En segundo lugar, dentro de su estrategia de negociar al borde el abismo, procedió a negociar secretamente por separado las demandas más importantes con los principales económicos, procurando reconstruir el consenso roto por la reforma al INSS, la masacre estudiantil de los días 19 y 20 de abril y la semi insurrección popular de los días siguientes. La estrategia de instauración y consolidación del régimen bonapartista de Daniel Ortega en los últimos 11 años, ha partido de la premisa de hacer concesiones económicas a los empresarios con tal que estos renuncien al protagonismo político. Para el gobierno Ortega-Murillo es un asunto clave volver a ese punto de partida

En tercer lugar, ha intentado en reiteradas ocasiones retomar la iniciativa política, intentando movilizar a sus seguidores, fracasando en el intento, lo que ha evidenciado una ruptura importante de la base con la conducción sandinista que se niega a participar y mas bien algunos sectores se han unido a la lucha estudiantil y popular.

En cuarto lugar, el gobierno de Ortega-Murillo intenta demostrar que las movilizaciones y protestas han descendido y que se trata de pequeños “grupúsculos de la derecha”. En este punto, en vista que las protestas no han disminuido, ha tenido que aumentar los niveles de represión, procediendo a ejecutar asesinatos selectivos de jóvenes que participan en la lucha callejera. Camionetas del gobierno sin placas, pasan rafagueando las barricadas. Fuerzas de choque compuesta por paramilitares disparan sus fusiles AK-47 contra manifestantes desarmados. El número de víctimas continúa creciendo a diario.

Combinando estos cuatro factores, el gobierno pretende crear condiciones favorables para la instalación de un Dialogo Nacional, que le permita capear la tormenta, aplicando reformas cosméticas que no toquen el corazón del actual régimen político bonapartista.

Una espontánea insurrección desarmada

Existe una enorme contradicción entre la conciencia de las masas, que no desean una guerra civil y que confían en una salida negociada, con la realidad que a diario las empuja a la lucha generalizada. La semi insurrección de estudiantes y sectores populares en abril, que fue reprimida salvajemente, se está convirtiendo rápidamente en una insurrección, pero con masas desarmadas que soportan heroicamente las embestidas de la Policía Nacional y las fuerzas de choque del gobierno.

El catalizador ha sido la represión gubernamental. El retiro de las fuerzas policiales en algunos sectores solo ha servido para concentrar tropas y capacidad de fuego contra puntos álgidos en Masaya, León, Chinandega y otras ciudades.

Apenas se liberó un poco el control del régimen bonapartista, comienzan a aflorar reivindicaciones propias de sectores, como los taxistas y caponeros que se han sumado a la lucha, exigiendo una rebaja en el precio de los combustibles, que es un monopolio manejado por la familia Ortega-Murillo.

Las sistemáticas provocaciones no tienen límites. El gobierno ha alentado los saqueos, para intimidar a los empresarios. Ha llegado al extremo de organizar grupos de choque para incendiar edificios gubernamentales, con el objetivo se sembrar el caos, atemorizar a la clase media que apoya la lucha estudiantil, y demostrar que solo el gobierno sandinista puede mantener el orden y la paz social. Los comerciantes del Mercado Oriental, el más grande de Nicaragua, organizaron sus propias milicias armadas de machetes, palos y piedras, para defender sus negocios contra posibles saqueos organizados por las “turbas” ligadas al gobierno.

Al mismo tiempo, los campesinos organizados en el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, que luchan conta el canal interoceánico, han comenzado a montar “tranques” (barricadas) en las carreteras de la zona central, obstaculizando en tránsito de vehículos y pasajeros.

¿Paro Nacional o paro escalonado?

Estos sectores populares (transportistas, comerciantes y campesinos) comienzan a confluir en los hechos, con la lucha estudiantil que, a pesar de la suspensión de clases a nivel nacional, todavía se mantiene con la toma de importantes recintos universitario como la UNAN-Managua y la UPOLI.

En algunos sectores de clase media ha tomado fuerza la necesidad de convocar a un Paro Nacional, pero mantienen la falsa ilusión que los empresarios deben convocarlo, cuando estos han sido claros en afirmar que sería la última opción, esperando los resultados del Dialogo Nacional. Otros sectores, impulsan la propuesta de un Paro Nacional pero escalonado, con el riesgo del desgaste y cansancio de cada uno de los sectores en lucha. La desventaja del paro escalonado es que, lejos de debilitar al gobierno, debilita a las masas porque la lucha de produce de manera parcial e intermitente, permitiéndole al gobierno concentrar tropas y fuerzas de choque en los sectores donde la lucha ha alcanzado puntos álgidos.

En cambio, el Paro Nacional permitiría que las masas que hoy pelean sin coordinación en cada departamento, golpeen juntas al mismo tiempo, haciendo sentir su fuerza indestructible. El Paro Nacional desarticularía el aparato represivo del gobierno, permitiendo el avance de la lucha y la autoorganización de las masas.

Es urgente crear una Coordinadora Nacional de Luchadores que incluya a estudiantes y demás sectores populares. No podemos seguir enfrentando la represión de manera separada, debemos unificar la defensa a nivel local y nacional.

No se debe tener ilusiones que los empresarios deben convocar al Paro Nacional, deben ser los trabajadores, que todavía se encuentran subyugados y atomizados, quienes deben organizarse en comités y sindicatos independientes para impulsar el Paro Nacional, apoyándose en los demás sectores populares. Las obreras de las maquilas están llamadas a jugar un papel clave en esta recomposición de la clase trabajadora.

¿Qué hacer con el Dialogo Nacional?

Bajo estas condiciones, en un ambiente insurreccional, está programada la instalación formal del Dialogo Nacional el día lunes 14 de mayo, en el seminario de la Iglesia Católica. No negamos que en cualquier lucha se puede y se debe entablar algún tipo de negociación con el enemigo, pero bajo la condición que estas negociaciones sean públicas, que no pongan en peligro el objetivo de la lucha y que cualquier decisión sea consultada y aprobada por el pueblo que lucha en las calles.

De antemano, alertamos que el Dialogo Nacional, a como esta concebido (una mesa de negociación con los empresarios, y no una mesa de negociación con los estudiantes y sectores en lucha) no resolverá ni uno solo de las exigencias planteadas, como el cese de la represión,  la investigación y castigo a los culpables de la masacre, o la democratización de Nicaragua.

Debido a que el Movimiento 19 de Abril ha decido participar, en conjunto con los empresarios del COSEP, en el Dialogo Nacional, los exhortamos a que revisen este decisión y la consulten con los estudiantes que mantienen tomados los recintos y con aquellas universidades que han salido a manifestarse. Desde ya, llamamos a la delegación estudiantil a romper esa mesa de negociación, y a preparar las condiciones de un Paro Nacional masivo.

La consigna de la renuncia de Ortega-Murillo

Cada vez más sectores sociales demandan la renuncia de Ortega-Murillo, aunque esta no ha sido la consigna principal de las marchas opositoras, por todos lados se escuchen los gritos exigiendo el fin del gobierno asesino. Las masas quieren un cambio de gobierno, aunque mantienen las ilusiones que puede lograrse por la vía del diálogo y la negociación. Aquí es donde tenemos concentrada la contradicción de la situación actual: las masas quieren el fin del gobierno Ortega-Murillo pero todavía no concluyen que deben tumbarlo ellas mismas mediante la acción centralizada de un Paro Nacional.

La consigna de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo pretende ejercer presión sobre Daniel Ortega y Rosario Murillo para que renuncien voluntariamente a seguir ejerciendo el poder. Esta consigna tiene el inconveniente que da una repuesta parcial y limitada a este sentimiento generalizado de cambio de gobierno. El objetivo es el cambio de gobierno, pero el método de presionar en el futuro Dialogo Nacional para que Ortega-Murillo renuncien, resulta parcial e insuficiente. Daniel Ortega no va a renunciar, antes prefiere incendiar el país. Cualquier intento por convencer a Ortega-Murillo que abandonen el poder está condenado de antemano al fracaso.

Por eso es que, si la consigna de exigir la renuncia de Ortega-Murillo no esta acompañada de un método de lucha masivo, como la huelga general o el paro nacional, el objetivo no podrá ser logrado.

¡Abajo el gobierno Asesino!

Los continuos asesinatos selectivos de jóvenes confirman que el gobierno Ortega-Murillo hará cualquier cosa, hasta llegar al genocidio, con tal de preservar el poder. Es urgente organizar las milicias de autodefensa en todos los barrios y recintos universitarios, para neutralizar los ataques del gobierno.

La represión constante invalida por el momento cualquier procedimiento democrático para solucionar la crisis, como podría ser un plebiscito o referéndum, o elecciones generales anticipadas. El gobierno se resiste a convocar a elecciones, y solo trata de ganar tiempo y maniobrar dentro del Dialogo Nacional para recomponer sus alianzas con los empresarios.

Lo único que queda es convocar a un Paro Nacional para sacar al gobierno asesino Ortega-Murillo, pero una posible caída del gobierno nos plantea la urgente necesidad de levantar una alternativa de gobierno que le sustituya. Algunos sectores plantean la instauración de un gobierno provisional compuestos por personalidades “honorables”, pero estas personalidades obedecen a los grupos económicos, y esta no es la salida que resolverá los problemas de las masas trabajadoras.

Debemos tumbar al gobierno asesino a través del Paro Nacional. Las bases de un gobierno provisional están dadas en la coordinación incipiente que ya se realiza entre los estudiantes y los sectores populares en lucha como campesinos, transportistas y otros sectores sociales en lucha. Este gobierno provisional encabezado por los estudiantes en lucha, debe disolver todos los poderes, aprobar las necesarias reformas democráticas al sistema electoral, y convocar inmediatamente a elecciones a Asamblea Nacional Constituyente en un plazo máximo de 90 días para que el pueblo decida democráticamente su propio destino y como reorganizar el Estado en beneficio de las grandes mayorías.

Esta Asamblea Nacional Constituyente debe elegir un gobierno temporal mientras se aprueba la nueva Constitución. Al mismo tiempo, deberá nombrar una Comisión de Investigación Independiente, que averigüe sobre quienes dirigieron y organizaron la masacre estudiantil y los asesinatos selectivos que todavía se producen.

 

Centroamérica, 13 de mayo del 2018

 

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)