El 18 de enero el Tribunal Supremo Electoral convocó al proceso electoral 2019, cuya primera vuelta se realizará el 16 de junio, luego de tres meses de campaña electoral.

1.- Estos comicios se llevarán a cabo en medio de una grave crisis institucional, en la que el gobierno de Jimmy Morales y organismos del poder ejecutivo se resisten a acatar las disposiciones de los organismos de justicia superiores, como la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP), en torno a la permanencia en el país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La resistencia del gobierno a respetar el andamiaje institucional representa el intento de instaurar un régimen autoritario que concentre el poder en manos del Ejecutivo, en detrimento de la CC y el MP; la Corte Suprema de Justicia tiene una mayoría de magistrados favorables al gobierno, nombrados durante el período de Otto Pérez Molina mediante acuerdos entre el entonces partido gobernante y el opositor LIDER. El oficialismo cuenta ya con alianzas que le dan mayoría en el Congreso de la República, y sin duda buscará cooptar la Contraloría General de Cuentas en la próxima elección de Contralor.

Este resquebrajamiento del Estado de Derecho es resultado de la tenaz resistencia de sectores corruptos de la burguesía, a ser investigados, enjuiciados y condenados por los delitos que han cometido. Estos grupos emergentes se formaron alrededor de militares en retiro que se enriquecieron durante la guerra interna por medio de negocios ilícitos con el Estado, la usurpación de tierras de comunidades indígenas, el tráfico de drogas y el crimen organizado. Constituyeron la base del Partido Patriota, pero al ser perseguido y enjuiciado el gobierno de Otto Pérez Molina, se unieron al actual partido de gobierno, logrando fortalecerse. La relación de estos grupos emergentes con la oligarquía tradicional y otros grandes empresarios es compleja, pues no se trata de grupos homogéneos ni cerrados. A la par de rivalidades por el control de los negocios con el estado, puede haberse dado acuerdos a otros niveles. Lo cierto es que cuando las investigaciones de la CICIG y el MP sacaron a flote los manejos ilícitos de los grupos de la oligarquía, que condujeron a encarcelamientos y procesos judiciales de conocidos empresarios, la cúpula empresarial organizada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), empezó a dar un giro y finalmente ha dado su respaldo al gobierno en el conflicto contra la CICIG.

Las elecciones generales 2019 tendrán lugar en este momento crucial, y sus resultados pueden afianzar o frenar el autoritarismo impulsado por los exmilitares corruptos de ultra derecha en alianza con la oligarquía.

2.- El proceso electoral 2019 tendrá lugar en un contexto económico de franco estancamiento. Según las autoridades en materia económica del gobierno, el crecimiento del Producto Interno Bruto en 2018 fue de un 3%, apenas por encima del de 2017, que alcanzó un 2.8%. Esto es poco relevante en un escenario en el que la economía guatemalteca en los últimos cinco años ha crecido un promedio de 3.4%. Las exportaciones tuvieron un retroceso del 2.6%, debido a la caída de los precios de los principales productos de exportación: café, azúcar, caucho y palma africana; solamente la exportación de vestuario creció, pero no se avizora una mejora en los precios de los productos de la agroindustria en 2019. La inversión extranjera directa cayó un 12% al tercer trimestre de 2018 con respecto al mismo período de 2017, y las perspectivas para 2019 no son buenas, tanto para la inversión extranjera como para la que proviene de los capitales nacionales. Un año electoral siempre causa incertidumbre, y el creciente conflicto interinstitucional entre el gobierno, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la CICIG añade elementos de zozobra para los inversionistas.

Pero no se trata solamente de una situación coyuntural. Mientras la población económicamente activa crece cada año a razón de 200,000 personas, se crean solamente entre 30 y 40 mil empleos formales al año. El resultado de una economía disfuncional, que durante años no logra crecer más del 3.4%, mientras la población crece a un ritmo de 2.4% anual, es una tasa de informalidad del 70.6 por ciento, y una tasa de desempleo del 2.8% al primer semestre de 2018, con un 59.5 por ciento de personas (10 millones) en situación de pobreza y extrema pobreza. La tasa de desempleo abierto entre los jóvenes de 15 a 29 años es del 5.2 por ciento, y en el área urbana asciende al 11.7 por ciento. Esta dramática situación coloca a nuestra juventud en la disyuntiva de migrar hacia el norte o integrarse a las pandillas violentas, para poder sobrevivir. Por ello el volumen de las remesas que envían nuestros trabajadores en el extranjero no cesa de  incrementar, convirtiéndose un uno de los motores de la economía, sobre todo en el interior del país. Las divisas que entraron en concepto de remesas crecieron un 13.3 por ciento con respecto a 2017, alcanzando la cifra de US$ 9.28 miles de millones.

A pesar de esta grave situación de pobreza, el gobierno de Jimmy Morales, atendiendo la solicitud de la oligarquía, decidió no incrementar el salario mínimo para 2019, dejándolo en Q 2, 992.37 para actividades agrícolas y no agrícolas y Q 2, 758.16 para actividades de maquila y exportación. Sin embargo, la canasta básica alimentaria alcanzó en 2018 los Q 3, 559.84, mientras que la canasta básica ampliada que incluye los servicios básicos llegó a Q 8, 219.44. Basta comparar las cantidades para comprender la grave situación que atraviesan los trabajadores y la población en general.

3.- Para el proceso electoral 2019, la inusitada cantidad de 27 partidos políticos se encuentran vigente. Dado que las reformas electorales del año 2016 estipulan que las organizaciones políticas deben participar en las elecciones con candidatos a la presidencia o diputados en más de la mitad de los 13 distritos que están vigentes, so pena de ser cancelados, tendremos una enorme cantidad de candidatos en los próximos comicios.

Resultaría engorroso y extenso hacer aquí una semblanza de cada uno de estos partidos; bastará para nuestros propósitos agrupar a los más importantes según su orientación en el espectro ideológico. En la extrema derecha, con los planteamientos más conservadores, vinculados con exmilitares y aliados del gobierno de Jimmy Morales encontramos al Partido de Avanzada Nacional, Valor, Todos, Movimiento Reformador, Partido Unionista, Partido Liberal de Guatemala, Avanza y al partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Visión con Valores (Viva).

En el centro derecha podemos ubicar a la Unidad Nacional de la Esperanza, Bienestar Nacional, Unión del Cambio Nacional, Victoria, Compromiso Renovación y Orden (Creo) y otros menos importantes.

En el centro izquierda, con ideología socialdemócrata moderada están Encuentro por Guatemala, Movimiento Semilla y Libre. El Movimiento Semilla representa la conjunción de varios de los movimientos democráticos de las capas medias urbanas que surgieron durante las movilizaciones anticorrupción de 2015.

Todos estos partidos están a favor del sostenimiento del orden burgués y la economía capitalista y se diferencian por un mayor o menor respeto del andamiaje del Estado de Derecho, la institucionalidad burguesa y el respeto de los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución de la República. La oligarquía tradicional, como ha sido su costumbre, no apuesta por solamente uno de los partidos, sino que reparte dinero y recursos entre varias opciones, buscando garantizarse el derecho de opinión y decisión tras bambalinas, sea cual sea el partido ganador. Indudablemente la oligarquía tiene su propia agenda que buscará imponer al próximo gobierno; en primer lugar, la estabilidad política indispensable para que marchen sus negocios, y, en boca de los representantes de la Cámara de Industrias de Guatemala, recuperación de la infraestructura y la red vial, la implementación de la flexibilización laboral y el trabajo a tiempo parcial, y la inversión público-privada en áreas claves como carreteras, puertos, aeropuertos y transmisión de energía.

4.- Es necesario comentar dos novedades en el contexto electoral. El primero es la intención de la ex Fiscal General Thelma Aldana de lanzarse como candidata a la presidencia de la república, aprovechando la enorme popularidad que ganó al frente del Ministerio Público persiguiendo y encarcelando funcionarios y empresarios corruptos. Al no contar con un partido político, desde hace meses Aldana se ha enfrascado en negociaciones con diversas corrientes de centro izquierda como el Movimiento Semilla y de la izquierda exguerrillera como la URNG, sin llegar a acuerdos concretos; y presentando como candidato a vicepresidente al director del diario La Hora Oscar Clemente Marroquín. Lo más probable es que sea candidata del partido Encuentro por Guatemala.

La otra novedad es el surgimiento de un nuevo partido de izquierda, el Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP), brazo político del COMITÉ DE DESARROLLO CAMPESINO -CODECA- organización campesina que ha mostrado gran combatividad en los últimos años. El MLP plantea un programa antioligárquico, no anticapitalista, buscando la creación de una economía mixta, combinando la propiedad estatal con el funcionamiento del mercado basado en la pequeña y mediana empresa. Hasta el momento el MLP tiene fuerza en el campo, y en las ciudades ha logrado sumar a sectores de la intelectualidad de izquierda, aunque no tiene bases sólidas.

5.- Los partidos que podemos considerar de izquierda con ficha electoral, en su mayoría surgidos de las filas de los exguerrilleros, hasta el momento no han definido estrategia electoral. Incluimos aquí a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el Movimiento Político WINAQ, Convergencia y el MLP. La URNG incluso coqueteó con la idea de apoyar la candidatura de Aldana, sin lograr consenso en sus filas. Mientras las dirigencias barajan nombres de posibles candidatos y posibles alianzas, a nivel de las bases se ha dado la unidad entre algunos de los cuatro partidos para impulsar candidaturas a ciertos gobiernos municipales o diputados departamentales.

Estos cuatro partidos de izquierda no tienen grandes diferencias programáticas. Ninguno tiene un programa claramente anticapitalista, pero sí tienen planteamientos y postulados que significan la ampliación al máximo de las libertades y derechos democráticos; todos agrupan en diversos niveles, a dirigentes comunitarios, campesinos y sindicales; y ninguno tiene el apoyo o vínculo de grupos de la burguesía.

6.- Por tanto, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que en el momento político actual es prioritaria la formación de un frente electoral que agrupe a la URNG, Convergencia, WINAQ y al MLP, y que arrastre tras de sí a las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, de mujeres, jóvenes y populares. Este frente es el indicado para dar la batalla en las urnas y en las calles contra la amenaza que representa el avance de la extrema derecha, que busca instaurar un régimen autoritario bonapartista, coartando las libertades y derechos democráticos básicos. Instamos a las organizaciones populares a presentar a este frente electoral sus candidatos a puestos de elección popular escogidos entre los más entregados luchadores y defensores de los derechos del pueblo. Enarbolando un programa que amplíe al máximo las libertades y derechos democráticos, e impulse la salud y educación gratuitas y de calidad, reforma agraria, el respeto a los territorios de las comunidades indígenas, vivienda digna, transporte eficiente y barato, empleo pleno y salarios justos, seguridad social, y que promueva la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional e Incluyente.

 

Centroamérica, 21 de enero del 2019

 

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)