A menos de tres semanas de la primera vuelta electoral, la balanza tiende a inclinarse a favor de la extrema derecha.

1.- El actual proceso electoral se ha caracterizado por la presentación de numerosos recursos judiciales contra determinadas candidaturas. Como resultado de esta situación, dos de las candidatas presidenciales que encabezaban la encuesta divulgada por el diario Prensa Libre a inicios de abril, fueron descalificadas. Zury Ríos Sosa, postulada por el partido Valor, fue descalificada por resolución de la Corte de Constitucionalidad, por ser hija del gobernante de facto, el golpista general genocida Efraín Ríos Montt, razón por la que tiene prohibición constitucional para ser gobernante. Ríos figuraba con el 15.9 %, segundo lugar de la intención de voto en la mencionada encuesta, y encarnaba una de las principales opciones de la derecha, identificada con su lema de campaña “A poner orden se ha dicho”.

2.- La candidata con el tercer lugar en la intención de voto, la ex fiscal general Thelma Aldana, también fue sacada de la competencia electoral por la CC, por carecer del finiquito que extiende la Contraloría General de Cuentas, que es uno de los requisitos necesarios para ser inscrita como candidata a la presidencia. Aldana tenía el 9.5 % de la intención de voto, y en realidad fue víctima de una conspiración del “pacto de corruptos” para impedir su llegada al gobierno, conspiración que incluyó una orden de captura y la intención de asesinarla por parte de Mario Estrada, candidato presidencial de la Unión del Cambio Nacional y ahora detenido en Estados Unidos por narcotráfico.

La ex jefa del Ministerio Público, candidata del Movimiento Semilla, encarna la política impulsada por el imperialismo estadounidense, respaldada por el imperialismo europeo, a través del Plan Alianza Por la Prosperidad, diseñado por el gobierno de Barak Obama para empezar a dar una solución al grave problema de la migración centroamericana hacia el norte; este plan incluye el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado burgués para dar paso a un orden de cosas que permita el funcionamiento del Estado de Derecho, libre de corrupción, transparente, con rendición de cuentas, etc., como un paso para crear condiciones que eviten la migración, dando soluciones viables a los graves problemas de la población. Así como para dar certeza jurídica que respalde las inversiones extranjeras en la zona (minería, palma, electricidad etc.). Todo encaminado a recuperar la legitimidad del Estado burgués instaurado con la contrainsurgente constitución de 1985, evitando así el auge del descontento social, las salidas revolucionarias por izquierda o la solución autoritaria por derecha.

Si bien la administración Trump dio un giro más pragmático al plan, haciendo énfasis al aspecto de combate al narcotráfico y políticas de seguridad, por encima de los temas anti-corrupción, y los congresistas republicanos y demócratas se encuentran divididos en torno al tema, Aldana y el Movimiento Semilla representan esta línea de fortalecimiento de la institucionalidad del Estado burgués, reflejando las aspiraciones de un sector de las capas medias urbanas.

3.- La salida de Ríos y Aldana de la contienda electoral dejó en posición ventajosa a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien ya encabezaba la encuesta con el 20.7 % de la intención de voto. El candidato más cercano es Alejandro Giammattei, del partido Vamos, con el 7.4 % de intención de voto.

Torres fue primera dama y el poder tras el trono durante el gobierno de Álvaro Colom, de 2008 a 2012. Al dirigir los programas asistenciales a través del Consejo de Cohesión Social, logró crear estructuras partidarias de la UNE en el área rural, y granjearse una popularidad que aún conserva, y se refleja en un 31.3 % de intención de voto en este segmento. Su gestión al frente del Consejo le ganó acusaciones de malversación de fondos y corrupción; aun así, logró llegar a la segunda vuelta en las elecciones de 2015, pero fue derrotada por la propaganda del novato Jimmy Morales, presentado como “ni corrupto ni ladrón”.

La candidata presidencial de la UNE es empresaria maquilera, y el gobierno de su ex esposo representó los intereses de cierto sector de medianos empresarios, bajo una línea socialdemócrata moderada. Todas sus propuestas de reformas económicas para fortalecer la recaudación fiscal fueron torpedeadas y derrotadas una tras otra por la oligarquía, ganándose la animadversión militante de grupos de extrema derecha. El gobierno de la UNE determinó un salario mínimo menor para las y los trabajadores de maquila y empresas de exportación, y está señalado de numerosos casos de corrupción, como el de los fondos para los buses del Transurbano. Sandra Torres y la UNE están acusados de un caso de financiamiento electoral ilícito de Q 19.53 millones durante la campaña de 2015; sin embargo, fue favorecida por la Fiscal General, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, por lo que su candidatura está en firme.

4.- Torres aún tiene en su contra el odio de la oligarquía, que se refleja en un 2.5 % de intención de voto del nivel socioeconómico alto, y una feroz campaña de desprestigio en las redes sociales. Sin embargo, su proyecto político no es el de la UNE de Álvaro Colom; su candidato a vicepresidente es Carlos Morales, ex canciller de los gobiernos corruptos de Pérez Molina y Jimmy Morales, vinculado con la empresa de comunicaciones Tigo. En la campaña electoral 2015, el candidato vicepresidencial de la UNE fue el empresario Mario Leal Castillo, vinculado a negocios de la oligarquía, quien fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido Patriota, funcionario de la presidencia de gobierno de Pérez Molina y quien durante el gobierno de Colom dirigió campañas exigiendo la renuncia de Sandra Torres.

Los candidatos más cercanos a Torres son Alejandro Giammattei, con el 7.4% de intención de voto, como ya mencionamos, y Roberto Arzú, con el 3.8%. Estas tres opciones (Torres, Giammattei y Arzú) representan los intereses de la oligarquía, y no podemos esperar más que un endurecimiento del régimen, la coartación de derechos de los sectores populares y de los trabajadores, y medidas autoritarias. El gobierno imperialista de Estados Unidos, pragmático como es, avalará al gobierno que asuma en 2020 y negociará con él, dando prioridad a la estabilidad política que favorezca los negocios. 

5.- Este panorama se ve agravado por las amenazas de la Asociación de Soldados Veteranos y Militares de Tropa, que supuestamente agrupa a exmilitares que prestaron servicio durante los años del conflicto armado interno, y desde mediados de mayo han exigido un resarcimiento de Q 85 mil y una casa para cada uno, por los servicios prestados en el ejército. Este grupo, veladamente apoyado por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), ha realizado manifestaciones, bloqueos de carreteras y amenaza con boicotear las elecciones violentamente, si sus demandas no son satisfechas. Este es un grupo de presión de la extrema derecha, que trata de forzar las cosas y promueve el voto por el militar retirado Estuardo Galdámez, del oficialista FCN-Nación; Galdámez, diputado de la bancada oficial y ex diputado por el Partido Patriota, es acusado junto a otros siete exdiputados, de haber recibido dinero a cambio de la aprobación de una ley de comunicaciones y la elección de magistrados y otros funcionarios públicos en 2014. Es dudoso que en el poco tiempo que falta para la primera vuelta electoral se logre levantar la inmunidad de que goza Galdámez como candidato presidencial.

6.- Lamentablemente, en actual proceso electoral no fue posible llegar acuerdos entre los partidos de izquierda y todos se postulan por separado, en una coyuntura en que los acuerdos y la unidad eran vitales, para frenar el avance de las diferentes expresiones de la derecha y de la ultra derecha. A pesar de ello, en algunos municipios las bases de los partidos han logrado acuerdos e impulsan candidaturas conjuntas de alcaldes o diputados.

Más allá del proceso electoral, y ante el avance de la extrema derecha, se levanta como prioridad la unidad en acción de las fuerzas populares y de izquierda. Este acuerdo unitario entre partidos y organizaciones populares debe ser en torno a un programa de lucha democrático radical, que refleje las necesidades más urgentes de las masas oprimidas y explotadas. Deberá plantear una transformación de todo el sistema político en el plano electoral y de justicia. Por ejemplo, proponiendo la elección directa por la población de jueces y magistrados, ministros y funcionarios, y su revocabilidad en cualquier momento. Esto además de la solución de las demandas sociales más urgentes que las diferentes fracciones de la burguesía que han hecho gobierno, no han cumplido ni pueden cumplir, como reforma agraria, servicios básicos gratuitos y de calidad, etc.

El corazón de este programa será la demanda de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de los Pueblos, que refleje la voluntad de la mayoría de la población, con la participación democrática de todo el pueblo, organizado en partidos, movimientos políticos, sindicatos, comités, asociaciones y gremios. Para hacer de la democracia en Guatemala no el mero adorno retórico al que lo ha reducido la clase burguesa, sino transformarla en democracia plena, real y concreta, que sirva a la población para su amplio desarrollo y el del país, con verdadera libertad y completa soberanía nacional.

La lucha unitaria en torno a un programa de esta naturaleza nos permitirá aglutinar a la mayoría de la población en contra de la extrema derecha reaccionaria. La construcción de este programa unitario de lucha por una Asamblea Nacional Constituyente de los Pueblos, libre y soberana, forjará junto con la acción en la lucha, en defensa de las clases explotadas y los sectores oprimidos del pueblo, la necesaria fuerza para empezar a ganar combates políticos al enemigo de clase y sus representantes en los partidos políticos. Solo la unidad en la lucha y la construcción unitaria de un programa de democracia radical levantado por todas y cada una de las diferentes expresiones de izquierda, nos dará la capacidad de vencer y revertir el giro reaccionario del Estado burgués en Guatemala, hasta su destrucción –ojo, no refundación, sino destrucción- y trasformación en un Estado de las clases explotadas y los sectores oprimidos, al servicio de las mayorías.

7.- Ante la ausencia de candidaturas unitarias, llamamos pues, a votar por los candidatos propuestos por la izquierda (URNG, WINAQ, Convergencia y MLP) que han estado al frente en las luchas de las comunidades, de los campesinos y los trabajadores, líderes luchadores probados y honestos que sabrán enfrentar las fuerzas de la derecha.

Centroamérica, 27 de mayo del 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)