Sentencia histórica

Las contradicciones políticas entre el gobierno sandinista y la oposición burguesa se elevaron a partir de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por magistrados sandinistas pero contando con la complacencia por omisión de los magistrados liberales, dictó la sentencia No 504-2009 que declaró inaplicable el arto 147 de la Constitución de Nicaragua, referido a la prohibición para optar a un tercer periodo presidencial, para el caso concreto del presidente Daniel Ortega y 109 alcaldes sandinistas.

Los magistrados sandinistas tomaron el ejemplo de la cercana experiencia del presidente Oscar Arias de Costa Rica (1986-1990), quien obtuvo el derecho de inscribirse como candidato para un segundo periodo presidencial (2006-2010), después de un tremendo forcejeo político y mediante una cuestionada sentencia de la Sala IV o Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica. En pocas palabras, copiaron el precedente antidemocrático de autorizar la reelección por la vía de una sentencia judicial y no por medio de una reforma constitucional.

Para justificar la histórica sentencia, a favor del presidente Daniel Ortega, en un tiempo record los magistrados sandinistas copiaron los mismos argumentos jurídicos de la sentencia que posibilitó la reelección de Oscar Arias: que los principios generales de la Constitución prevalecen sobre las prohibiciones, y que entre estos principios generales el más importante es la soberanía popular, es decir, que se debe respetar el derecho inalienable del pueblo a votar libremente por los candidatos de su preferencia.

Una nueva clase capitalista

En el caso de Costa Rica, la crisis del Estado burgués, pero sobre todo la crisis del Partido Liberación Nacional (PLN), que había sido en los últimos 60 años el principal sostén del régimen bipartidista, obligó a la oligarquía costarricense a buscar a un salvador: Oscar Arias, el premio Nobel de la Paz.

En el caso de Nicaragua, existe una motivación parecida aunque en un contexto económico y social diferente. Nicaragua vive treinta años de estancamiento económico, provocado por la derrota de la revolución (1979-1990), las secuelas de la prolongada guerra civil y el bloqueo económico. Mientras el país se hundía en la miseria y la barbarie, emergió una nueva burguesía que lucha por afianzarse en ciertas áreas de la economía, y defiende ferozmente sus espacios, en detrimento de los sectores tradicionales que fueron expropiados o que se han debilitado por la crisis.

Esta nueva burguesía se expresa políticamente a través del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y tiene como principal dirigente al presidente Daniel Ortega.

Después que éste asumiera por segunda ocasión la presidencia de la republica, la crisis internacional del sistema capitalista ha acentuado la crisis del Estado y el estado de postración crónica de la economía nicaragüense. Detrás del enfrentamiento político con las otras fracciones de la burguesía, está en juego la vital consolidación del poder de esta nueva fracción burguesa, ligada al FSLN, desplazada por 16 años del ejercicio directo del poder.

Neoliberalismo, Bonapartismo y Populismo

Las contradicciones entre el sandinismo y los sectores tradicionales de la burguesía se han acentuado, pero en esta ocasión no es por la política económica, como ocurrió durante la revolución, sino por las modificaciones en el régimen político.

Este segundo gobierno de Daniel Ortega, se ha caracterizado por una mezcla del más puro neoliberalismo en el plano de la economía, con una fuerte dosis de bonapartismo, revestido de formas parlamentarias, a nivel del régimen político, y por mantener un estridente pero tibio discurso antiimperialista.

Actualmente, el FSLN controla de manera hegemónica todos los poderes e instituciones del Estado, incluso atropellando a su antiguo aliado, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que dirige el ex presidente Arnoldo Alemán, al grado tal que puede gobernar tranquilamente a pesar de no contar con la mayoría de diputados dentro de la Asamblea Nacional.

En los últimos tres años, el gobierno sandinista ha mantenido al pie de la letra los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al mismo tiempo que impulsa un modelo de dominación hegemónica sobre los otros sectores de la burguesía. El FSLN ha establecido sólidas alianzas con la oligarquía (los grandes grupos económicos y financieros Grupo Pellas, Banpro, etc.) y una sórdida batalla con los grupos minoritarios que Daniel Ortega ha llamado despectivamente “chingastes” de la burguesía, ligados a ambas fracciones del liberalismo.

Contrario a las pretensiones de instaurar un régimen parlamentario pleno, la institución del Presidente de la Republica, y la figura de Daniel Ortega en particular, se han fortalecido enormemente convirtiéndose en el árbitro supremo de la nación, quien impone su voluntad en la mayoría de los casos por encima de la propia legalidad burguesa.

En este esquema de dominación, el FSLN ha desarrollado un discurso populista y una ideología que reivindica políticamente a los sectores más pobres y marginales, a los que moviliza y utiliza como fuerzas de choque en contra de la pretensión de la oposición burguesa de ganar las calles. En este enfrentamiento político, el gobierno de Daniel Ortega ha limitado en los hechos las libertades democráticas, restringiendo el derecho de manifestación y movilización, apaleando a los opositores, utilizando y movilizando a pandilleros y sectores del lumpen proletariado para atemorizar a la derecha, atacando con morteros caseros las reuniones o marchas de la oposición burguesa.

Como una reminiscencia de su pasado revolucionario, el FSLN mantiene un altisonante pero hueco discurso antiimperialista, al mismo tiempo que procura mantener las mejores relaciones con el gobierno de los Estados Unidos en asuntos vitales como la lucha contra el narcotráfico, terrorismo, migración ilegal, etc.

El problema de la reelección

No interesa discutir jurídicamente la decisión política de los magistrados sandinistas de permitir al presidente Daniel Ortega, contra viento y marea, presentarse a un tercer periodo presidencial en las elecciones del año 2011. La sentencia es un hecho consumado. El afán reeleccionista depende de las necesidades políticas de la fracción dominante. En el fondo, no estamos ante un debate jurisprudencial o académico, sino ante un candente fenómeno político.

En Colombia, por ejemplo, debido al éxito del Plan Colombia, a la derrota militar de las guerrillas de las FARC, el conjunto de la clase dominante, con algunas excepciones, acepta la tercera reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, la cual ya se encuentra en la última fase de aprobación.

Los dirigentes de las dos fracciones del liberalismo, Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán, se rasgan las vestiduras en torno al tema de la reelección de Daniel Ortega, pero en el fondo ellos permitieron esa sentencia que fue anunciada con semanas de antelación, porque consideran que con la bandera de la no reelección el liberalismo unificado puede ganar las próximas elecciones presidenciales y recuperar el gobierno.

No obstante, para los socialistas centroamericanos, el hecho que Daniel Ortega opte a la reelección no se transforma en un problema de principios, sino de realidades políticas. En cierto sentido, y solo en este aspecto, el sandinismo tiene parcialmente la razón cuando afirma que se debe respetar el derecho del pueblo a elegir libremente a los candidatos de su preferencia.

Efectivamente, el pueblo tiene derecho a escoger libremente a su gobierno, pero el problema es que en la Nicaragua actual no existen condiciones democráticas para que el pueblo decida libremente si está de acuerdo con la reelección de Daniel Ortega. En ese sentido, la reelección de Daniel Ortega no está inscrita en piedra, todo dependerá de la lucha política en el periodo inmediato.

Se requiere democratizar el sistema político

Las denuncias de la oposición burguesa de que el FSLN realizó un “monstruoso fraude electoral” durante las pasadas elecciones municipales de Noviembre 2008, demuestran claramente que el actual monopolio del sandinismo sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE) no garantiza la realización de elecciones justas y democráticas y, por lo tanto, no garantiza la libre autodeterminación del pueblo.

La Ley Electoral del año 2000 fue producto del pacto entre el FSLN y el PLC, que reinstaló el bipartidismo, antidemocrático y excluyente. Si las próximas elecciones regionales del año 2010 en la costa Caribe, y las elecciones generales del año 2011, se realizan bajo la vigencia de esta antidemocrática Ley Electoral, el pueblo de Nicaragua no tendrá la oportunidad de decidir democráticamente si está de acuerdo con la reelección de Daniel Ortega y si está de acuerdo que el FSLN permanezca en el gobierno.

La democratización del sistema político pasa por la urgente y necesaria aprobación de una nueva Ley Electoral, que permita la creación de nuevos partidos políticos, que los ciudadanos tengan derecho a postularse a cargos públicos sin necesidad de pertenecer a un partido político y que todos tengan igualdad de oportunidades para desarrollar el proselitismo político.

De igual manera, pasa por la urgente necesidad de reorganizar el poder electoral, de manera tal que no haya control o monopolio de los partidos políticos sobre los organismos electorales. Se debe garantizar la participación activa y democrática de la ciudadanía en el proceso electoral.

Por la formación de una alternativa independiente

La convocatoria de gigantescas marchas y contramarchas nacionales de la oposición burguesa y del sandinismo, a realizarse en la ciudad de Managua el mismo día 21 de Noviembre, presagia posibles enfrentamientos callejeros pero también demuestra que la lucha por el poder entre las diferentes fracciones burguesas y la campaña electoral del año 2011 ha comenzado prematuramente.

Ante la creciente polarización política entre el gobierno sandinista, por un lado, y la oposición burguesa, por el otro, se han reagrupado las diferentes fuerzas sociales con uno u otro bando. Al frente creado por la oposición burguesa se han sumado la Iglesia Católica, sindicatos y organismos de la llamada “sociedad civil”, con el objetivo de conformar un frente electoral de cara a las elecciones del 2010 y 2011, reeditando la experiencia de la Unión Nacional Opositora (UNO) que derrotó al FSLN en 1990.

Los socialistas centroamericanos llamamos a los trabajadores, jóvenes y demás sectores populares a conformar una alternativa independiente de los bandos en pugna, que defienda las libertades democráticas sin necesidad de involucrarse o subordinarse a las fracciones liberales de Arnoldo Alemán y Eduardo Monteleagre, las que en cualquier momento pueden llegar a realizar algún tipo de acuerdos secretos con el gobierno sandinista, como lo han hecho en anteriores ocasiones.

Luego de las denuncias de fraude de Noviembre del 2008, muchos activistas, principalmente de la juventud, se organizaron de forma incipiente pero lamentablemente esta vanguardia ha sido desmoralizada por la campaña represiva del gobierno; o ha sido absorbida por los partidos burgueses “opositores”.

La defensa de las libertades democráticas no debe conducir a los jóvenes y sectores populares a refugiarse en las enaguas de la oposición burguesa, porque esta siempre ha defendido sus mezquinos intereses de clase dominante, en detrimento de las reivindicaciones y aspiraciones populares.

Por una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana.

La Constitución de 1987 reflejó el ascenso del sandinismo al poder, la revolución y la guerra civil. Después de la derrota de la revolución en 1990, Nicaragua cambió dramáticamente. Las sucesivas reformas constitucionales de 1995, 2000, 2004 y 2005, lejos de expresar avances o conquistas sociales reflejaron la restauración del somocismo en las nuevas instituciones, aunque con nuevos sujetos sociales.

La Constitución de 1987 y sus reformas nunca han reflejado las aspiraciones del pueblo. Se requiere efectuar profundos cambios económicos y sociales para luchar contra la crisis del sistema capitalista, el desempleo, los bajos salarios, la falta de crédito barato para el campesino y los pequeños negocios. Se requiere democratizar Nicaragua en beneficio de los más pobres. Se debe reorganizar el Estado para garantizar el control de los ciudadanos sobre el gobierno. Debemos luchar por defensa y ampliación de las libertades democráticas

Corresponde al pueblo decidir de manera democrática como reorganizar el Estado y la economía en su propio beneficio, y esto se logra únicamente a través de una Asamblea Constituyente, libre, soberana e independiente.

Centroamérica, 18 de Noviembre del 2009.

Secretariado Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

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