En las recientes semanas el Presidente de La República, anunció la inminente convocatoria de algunos sectores políticos y económicos a conformar un consejo consultivo con carácter emergente, para hacer frente a las realidades actuales del país, hecho que ha causado verdaderos revuelos en los medios de comunicación y en diversos sectores políticos.

El carácter indiscutible de la convocatoria se inscribe por un entorno, signado por la problemática del transporte, la expectación de un reordenamiento fiscal, la prematura y evidente conmoción del próximo recambio electoral de ediles y diputados (y su consecuente mercadotecnia), y la difundida visita del presidente de Los Estados Unidos; frente a una ciudadanía vapuleada reiteradamente por el espectro económico, el controvertido manejo de la cosa pública (abuso e inseguridad) y cansada del manejo de los que viven desde hace rato del hecho político.

Dentro de las potestades de la Presidencia, de conformar el Consejo propuesto, se ha incluido a los EX –Presidentes Areneros, los titulares de los diferentes partidos políticos constituidos legalmente y los representantes de la gran empresa privada. Sobre tales designaciones será valido y pertinente examinar sus calidades, vocación e idoneidad en contraste a las presunciones compromisorias y aportes deseables por la Presidencia de La República.

Si el criterio, para la designación propositiva de estas personas hubiera sido la calidad de sus formaciones académicas o sus fortalezas profesionales y su consecuente experiencia, indudablemente estaríamos frente a una equivocación insoslayable de la Presidencia y sus asesores. Pero si la razón para su designación son las calidades éticas y la probidad de sus trayectorias, la Presidencia no estaría en la disposición de esperar aportes sustantivos y mucho menos aportaciones propositivas desinteresadas y ajenas a las salpicaduras del morbo y contaminante político.

Desde el conocimiento de la propuesta, algunos medios de comunicación han iniciado su labor incidente sobre la discursiva y posicionamientos de políticos, ex.-políticos y político-empresarios, cuyas expresiones y ambigüedades lo único que han evidenciado, ya inveterada en los medios y su vocación y disposición para la aparición pública.

Varios diputados han hecho pública su adhesión y satisfacción por la iniciativa presidencial; algunos de quienes la primera magistratura habría esperado una posición solidaria y conducente, por el contrario han manifestado veladamente dudas y reservas sobre los componentes y de la naturaleza del mecanismo propuesto.

De los ex.-Presidentes es necesario precisar algunas de sus manifestaciones, que generan en la expectativa una visión metafísica, en un si es, no es, como el discurso de un político conocido (a nivel de medios), que niega lo que afirma con aflautada vehemencia. En tal sentido, uno de ellos ha expresado que no podría negar su posible participación (en caso de ser invitado), pero que no se atreve a aceptar la calidad de invitado; pareciera que teme comprometerse en su membresía partidaria, pero a la vez cobra distancia en su trayectoria de político, no obstante su compromiso estructural; a la vez manifiesta su preocupación por los contenidos temáticos de la consulta y en forma alarmada demanda un mayor conocimiento de la expectativa.

Otros de los propuestos, por el contrario han publicitado conformidad con su inclusión aduciendo autoridad, vinculándola a su calidad de ex.-Presidente, es decir que la calidad de su aporte estaría sujeto a esa autoridad EX, o a su ex.-autoridad; es impresionante este posicionamiento de notoriedad ex.-Presidencial, en su carácter vitalicio.

Un Presidente de la República adquiere una autoridad, que emana en un actuar soberano o del supuesto constitucional de la elección popular en los términos de competencia establecidos en nuestro sistema jurídico-político, con todo y las equivocaciones, aciertos, errores, manipulaciones y subterfugios históricos del caso.

Pero el hecho de la pérdida y perdida autoridad (intrascendencia del período), presidencial, no emana ninguna categoría, ni calidad de notoriedad académica o profesional; en consecuencia un EX no es mas que eso, un EX como denotación pretérita.

Un ya no Presidente, se convierte en un ciudadano de la República; la razón de su acertado o errónea elección, ha dejado de ser ¿a caso el ciudadano debe soportar las cargas de por vida de un EX?, o a caso ¿un EX se puede considerar por encima del cuerpo ciudadano y cree tener todo el peso político, aun cuando ha dejado su pertenencia a un partido político?, por si fuera poco pretender reclamar toda la herencia partidaria como su espacio propio.

Con relación a las designaciones, de los representantes de partidos políticos, cabrá preguntarse a quien realmente representan  dentro del sistema de partidos como expresión democrática; ¿o será que su inclusión invita a la construcción de una nueva agenda política, como la abstracción de una nueva forma de hacer poder (o hacerse del poder)?.

Debe precisarse, que muchos de estos políticos enfrentan serios cuestionamientos de sus bases, o de la población votante, excluida reiteradamente y su permanencia en estos entes; por ello están muy lejos de la representatividad, con una longevidad política susceptible de ganar un record internacional, si ello no fuera atentatorio al ejercicio del recambio democrático.

Mucho del actuar de estos personajes, (que carecen de calidad profesional) está orientado por la negación de los derechos ciudadanos, en razón de su propia sobrevivencia política, que dentro de un concierto transparente no tendrían vigencia. En tal circunstancia habrá que preguntarse ¿si será razonable, legitimante ser consultados?

Sobre la naturaleza, de la concepción de ese Consejo Consultivo, habrá que ser un tanto mesurado en su análisis; su origen y carácter concita razón de Estado y no un simple mecanismo para superar el raiting frente a futuras encuestas.

La legitimidad de ese organismo, del rango y jerarquía de Consejo de Seguridad, Comisiones y Mesas de Trabajo, es discutible en trascendencia participativa o en la concepción de una representatividad.

Un consejo también concita la confiabilidad, trascendencia y connotación de la producción de pensamiento, propósito sobre una realidad determinada y no de aproximaciones subjetivas.

El marco legal, prevee la creación  de estos organismos en razón de su pertinencia en circunstancias especiales, como último ratio y no en razón de infuncionabilidad;  si el parámetro para definir el invocado mecanismo fuese la infuncionalidad del Gabinete de Gobierno, la preconizada y publicitada “MERITOCRACIA”, estaría en entredicho y habría que dar paso a la modificación del Gabinete o a una revisión exhaustiva del mismo.

No puede crearse de mano masiva y constante, este tipo de organismos como ejercicio del Gobierno, tomando como base de sustentación el no hacer, el no poder hacer o el hacer a medias de toda una estructura de gestión muy bien  remunerado y costeada con los impuestos en sacrificio de una ciudadanía, golpeada por los reveses económicos.

Si bien, el sistema prevee el mecanismo de consulta, como un instrumento de ejercicio democrático, La Presidencia no está obligada a consultar ya que ello es potestativo; pero si se acoge o utiliza este mecanismo, habrá de apegarse a sus consecuentes resultados, ya que el efecto de la consulta genera una ejercida razón vinculante, aun cuando aquellos frutos fueran absurdos, erróneos, maliciosos o precarios; lo cual no sería difícil de esperar en tales composiciones.

Por otro lado, recordemos que la práctica participativa admite el concierto de intereses, pero esa flexibilidad no llega al extremo de la tolerancia de admitir el conflicto de intereses en la cosa pública, lo que abriría un portón de matices cuasidelictivos.

Acertada o no la iniciativa presidencial, está en el tapete del juego político o del juego de los políticos, y es dentro de ese tapete que deba caracterizarse su comprensión (si acaso fuera una estrategia factible).

Podrá la iniciativa apreciarse, como una apertura de cara a otras eventualidades o una apertura generadora de un compás de espera o una apertura genuina; en todo caso surge la interrogante, si realmente es una búsqueda de consensos operacionales.

En el supuesto que se tratara de una genuina apertura, el Ejecutivo habría de gozar de un cálculo exacto o de los mecanismos para gobernar los efectos de una CAJA DE PANDORA, y en disposición de asumir los costos heterogéneos, en un contexto poco favorable.

Figurémonos, que la iniciativa es un lance y como tal ha sido medido y tazado para catalizar reacciones diversas o para bajar el nivel de una posible presión en el inmediato futuro y en previsión al recambio político (y no necesariamente en el recambio político electoral); ante esto sería factible contrastar una alta y profunda visión del fenómeno político frente a una deficitaria gestión gubernamental (como en el agro, seguridad ciudadana, políticas monetarias, contralorías, etc.), con todo y la herencia de cuatro administraciones de dudosos precedentes.

Si la iniciativa es proyectada,  a generar un compás de espera, este sería un momento de indicadores,  en un segundo año de gestión, pero como dilatador en tiempo, las progresiones en razón de intereses (políticos, económicos), expresados y sumados a las particularidades de la conformación del medio invocado, generarían a posteriori un efecto de mayor lesividad al cuerpo ciudadano.

Por el contrario, si la invocación es dada como una expresión de debilidad y temor ante las temerarias presiones de la adversión opositora, la presidencia habría generado un efecto inverso.

¡VIVA EL HEROICO PUEBLO SALVADOREÑO!

¡TODOS A CONSTRUIR LA PAZ SOCIAL Y LA VERDADERA  DEMOCRACIA!

¡POR UNA IZQUIERDA UNIDA EN LOS PRINCIPIOS Y EN LAS ACCIONES!

¡SIN PERDON Y SIN OLVIDO DE NUESTROS MARTIRES REVOLUCIONARIOS!

¡VIVA EL MOVIMIENTO DE VETERANOS DEL END!

END

(FPL-“Farabundo Martí”; FPL-GPP/ FCER; ERP; FARN; PRTC y FAL)

El Salvador, 16 de marzo de 2011