Por Mario Carranza

Hace poco más de un año que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, de forma velada y a través de un fallo de inconstitucionalidad abrió las puertas a las tan ansiadas candidaturas independientes, dando paso según los magistrados de la sala a una nueva etapa de fortalecimiento de la frágil democracia burguesa salvadoreña.

Ante este inusual actuar de la Sala de lo Constitucional los sectores sociales albergaron muchas esperanzas respecto a la participación en las próximas elecciones para diputados y alcaldes de 2012; lo que las ilusionadas organizaciones sociales no tomaron en cuenta, fue que la apertura además de ser populista, despertaría las verdaderas intenciones e intereses de las clase política y económica del país representada hoy en la Asamblea Legislativa y otros órganos de gobierno del Estado salvadoreño, dando la luz verde para la creación del decreto legislativo 555 sobre las disposiciones para postulación de candidatos no partidarios.

Cierre o apertura de las candidaturas independientes

Con la puesta en función del Decreto Legislativo 555 las posibilidades que los candidatos independientes y las organizaciones sociales veían venir se fueron al traste con las medidas anti populares y desiguales que este presenta en su contenido ya que en uno de sus artículos deja cerrado el proceso a los aspirantes independientes hasta que se oficialice la convocatoria a elecciones 2012, en otras de sus partes obliga a que los participantes no partidarios devuelvan los libros con las firmas de inscripción en 25 días, si es que los llegaran a obtener, asi como presentar una fianza del 50 % del presupuesto que se haya dispuesto para hacer proselitismo.

Una iniciativa firmada por la desigualdad

Con las condiciones en que por el momento han sido llamadas a participar las organizaciones sociales y las candidatos independientes, están fuera del alcance, debido a que por ser la primera vez en el contexto electoral, todo es burocrático y cuesta arriba dando así una verdadera ventaja a los partidos políticos que ya existen y los que aún están en formación, a los cuales si se les entregan los libros legales para registrar e inscribir firmas, que les acreditan y le dan sustento legal; contrario a los independientes ante estas entidades tan partidocratizadas la situación se vuelve inoperante y destruye cualquier intención de participación de los interesados que siguen esperando a que la clase política parlamentaria se digne a suavizar o cambiar los requisitos, mientras esto sucede los partidos políticos en formación ya les llevan tremenda ventaja según la apreciación del abogado José María Méndez hijo presidente del Foro de Defensa de la Constitución.

Toda esta oscura situación ha permitido que las organizaciones sociales y los interesados independientes hayan entrado en una etapa de letargo consecuencia de las seudomedidas que indirectamente cierran la participación ciudadana independiente.

Luchemos por una verdadera democratización del actual régimen político

Ante tal situación antidemocrática, anti popular que a la vez viola la Constitución misma de El Salvador, y la misma resolución de la Sala de lo Constitucional, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), considera que se debe exigir la derogación del Decreto Legislativo 555 ya que en la práctica no permite que los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios y demás sectores populares presente sus propios candidatos independientes que les representen y defiendan, y además dicho decreto violenta el principio de igualdad, favoreciendo y protegiendo a las direcciones burocráticas de todos los partidos políticos.

Todas las personas debemos exigir una verdadera apertura democrática para los cual debemos organizarnos y movilizarnos, debemos exigir que el estado y sus diferentes órganos de gobierno garantice las condiciones materiales y legales que permitan verdaderamente la participación independientes en los diferentes eventos electorales.

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