Por Mario Carranza

A principios de diciembre  la mayoría de los diputados que conforman la Asamblea Legislativa aprobaron el decreto 938, que autoriza a pequeños empresarios del transporte escolar y buses amarillos a ofrecer servicios de transporte de viaje de personal y viajes expresos. Este rubro de servicios al pueblo está catalogado en la modalidad de transporte de oferta libre, opción que permite a aquellos  microempresarios nivelar sus gastos y generar una  ganancia, lo cual es conseguido exponiéndose todo el tiempo al rigor del clima y de la delincuencia generalizada. El decreto fue vetado por el presidente Funes.

Motoristas paralizan capital

El martes 3 de enero del presente año, motoristas de buses amarillos y microbuses del transporte escolar realizaron un emblemático cierre de las principales vías de acceso a la capital salvadoreña. Tuvieron que recurrir obligadamente a estas medidas ante la negativa de los gobernantes. 

Es lamentable que el pueblo tenga que pagar los platos rotos, pero como dice el dicho popular, a grandes males grandes remedios. Lo que está clarísimo es que no fue un capricho, como lo hace ver el gobierno de Funes y del FMLN, sino una efectiva respuesta al burocratismo estatal y a la negligencia e incapacidad del Viceministro Nelson García, quien es el representante y responsable de las malas políticas en el ramo de transporte.

Evidentemente, el subsector aducido no le exige ningún subsidio al gobierno;  al contrario genera puestos de trabajo, algo que la política de Funes ha sido incapaz de cumplir. Es mas, el presidente Funes, al vetar el Decreto Legislativo 938, deja al desnudo su incapacidad de trabajar conjuntamente con todos los sectores, especialmente con los demás órganos del estado salvadoreño, dándose así una de las claras contradicciones de este gobierno que ha insistido en llamarse gobierno del cambio y que la realidad nos demuestra que es un gobierno que busca proteger al gran capital.

Gobierno de Funes y del FMLN recurre a la fuerza

La respuesta del gobierno de Funes a la acción de protesta fue el uso de la fuerza, recurriendo para ello a las  unidades especiales de la Policía Nacional Civil. El director de la Policía, Carlos Ascencio argumentó el uso de fuerza señalando: "fue necesario usar la fuerza debido a que muchos de los protestantes pusieron resistencia y se produjeron forcejeos…Nosotros no estamos en la disposición de permitir el cierre de las calles porque va más allá de lo que nuestra legislación. Cuando se afecta de una manera seria a la colectividad, se incurre en una figura delictiva y nos faculta a la Policía para proceder como lo hemos hecho en este momento". (http://www.elsalvador.com). Resultado del accionar de la PNC fueron capturas de personas manifestantes y decomiso de unidades. Lo anterior es importante de analizar, ya que demuestra que la política del actual gobierno con respecto a las luchas sociales es darle la figura  delictiva, como lo manifestara el director de la PNC, con lo cual buscan dar un escarmiento a las personas que luchan por sus derechos.

¿Con quiénes está el gobierno?

Lo que se puede vislumbrar son una serie de intereses mezquinos, en primer término de las gremiales de transporte representadas principalmente por Genaro Ramírez y Catalino Miranda, quienes se benefician con el rubro de las compensaciones y son los que en menor medida se exponen, pues el  trabajo de sus unidades es realizado prácticamente solo de día, ya que no hay transporte público en altas horas de la noche. En segundo lugar, buscan reservar el rubro de transporte a grandes inversionistas que ven en éste un gran potencial económico, el cual buscarán explotar ya sea directa o indirectamente.

Nacionalización del  servicio de transporte

Ante todo este desordenado panorama que  ensombrece y le niega el sustento a miles de familias que dependen del subsector del transporte de oferta libre,  el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que se debe permitir que estas personas continúen operando. Así mismo condenamos el hecho de que el gobierno del presidente Funes y del FMLN les niegue dicho derecho, así como el uso de la fuerza. Para el PSOCA la solución al problema del transporte público es la estatización bajo control obrero de dicho servicio.