Pese a que la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil (PNC) la define como “una institución de naturaleza civil, profesional y ajena a toda actividad política partidista” (Art. 2) y la Constitución de la República establece que el Ejército es una “institución obediente, apolítica y no deliberante” (Art. 211, Cn), en la constitución, el desarrollo de la marcha y de la asamblea de ASVEM participaron activamente miembros de alta en el Ejército y miembros de la PNC, como es el caso del ex director de la Academia de Seguridad Pública y actual Jefe de la Policía Rural.

La anterior situación entraña una clara violación a la Constitución y la Ley de la PNC en el sentido que sus miembros no pueden pertenecer a partidos políticos, ni deben obedecer, difundir o combatir corriente o idea política alguna; en una nación que se precie de mantener un “estado de derecho”, como es el caso de El Salvador, tanto la Fiscalía General de la República como el Tribunal de Ética Gubernamental habrían actuado inmediatamente para garantizar el cumplimiento del marco jurídico nacional.

Por otra parte, el candidato presidencial del partido oficial, en su discurso ante la asamblea de la ASVEM, además de fustigar fuertemente al FMLN, recordó su participación en la defensa civil bajo la jurisdicción de la Primera Brigada de Infantería y expresó su respaldo a la Fuerza Armada, señalando su oposición a las presuntas intenciones del FMLN de derogar la Ley de Amnistía, así como también su negativa a levantar las reservas a los tratados internacionales de derechos humanos con el fin de abrir juicios por hechos de la guerra.

También el presidente de la República coincide en que es fundamental mantener vigente la Ley de Amnistía, “porque de lo contrario comenzaría una cacería de brujas contra ex militares y contra ex guerrilleros, que sería terrible para El Salvador”; y además, “significaría dar marcha atrás a los Acuerdos de Paz, lo cual sería peligroso para el país. Con la paz, con la estabilidad de El Salvador no se puede jugar”. Para el presidente, lo más recomendable es “darle vuelta a la página”.

Las gremiales empresariales también expresan su preocupación por los riesgos y amenazas a la perpetuación del modelo neoliberal y el “sistema de libertades”. El próximo Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE 2008) tiene como eje central justamente la consolidación de las libertades económicas y políticas en el país. Según el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), en la ENADE 2008 también “se abordarán aspectos relacionados con la preservación del modelo de economía social de mercado, incluirán ejemplos de países que han tenido experiencias exitosas con el manejo de sus economías, sustentadas en las libertades políticas y económicas y se encenderá la luz de alerta sobre el fracaso de aquellas naciones que han tratado de reinventar la rueda experimentando con esquemas económicos del llamado socialismo del siglo XXI” .

Ante la posibilidad de alternancia en las próximas elecciones, han aflorado nuevamente los temores de la derecha salvadoreña y de quienes condujeron los aparatos represivos durante el pasado conflicto militar, de que un gobierno de izquierda pueda llevar a cabo reformas económicas, jurídicas e institucionales que trastoquen las bases del modelo neoliberal, así como la posibilidad de que se rompa el círculo vicioso de la impunidad.

Vale señalar que el programa de gobierno del candidato presidencial del FMLN no supone cambios sustantivos al modelo neoliberal, que dejen entrever una posible afectación del actual patrón de acumulación del capital, con lo cual se desvirtuarían los temores de las gremiales empresariales; y además, en los últimos discursos del candidato del FMLN se ha reiterado con insistencia que él no intervendría en la promoción de anular la Ley de Amnistía, pese a que esto resulta contradictorio con la posición de su partido, cuya dirigencia acordó en abril de 2006, buscar los mecanismos legislativos o judiciales para derogar la Ley de Amnistía, y más recientemente, el 4 de septiembre del año pasado, reiteró nuevamente en la derogación de dicha ley.

El posicionamiento de la cúpula empresarial, de los funcionarios del partido ARENA y de los ex militares, representa un claro mensaje de resguardo a la impunidad en el país y el continuismo a la negación del derecho a pedir justicia, verdad y reparación de las víctimas.

Más de 70 mil familias continúan a la espera de saber qué pasó con sus familiares desaparecidos en el conflicto y otros que están a la espera de justicia por el asesinato de sus familiares durante el conflicto armado, razón por la cual la Organización de las

Naciones Unidas en 2007 insistió en que el Estado Salvadoreño sigue cometiendo el delito de desaparición forzosa.

Resulta curioso que el candidato presidencial del FMLN asumiera públicamente un discurso similar al del candidato de ARENA en cuanto a la derogación de la Ley de Amnistía, así como el que propugnan los propios ex jefes militares. El candidato del FMLN ha expresando que no piensa impulsar iniciativa alguna en contra de la normativa de 1993, aclarando que está discutido con el liderazgo del partido y que están de acuerdo con que no debe revocarse dicha Ley. No obstante, hasta la fecha, el FMLN había expresado públicamente su interés por esclarecer los crímenes políticos y las matanzas durante la guerra, a pesar de que varios de sus cuadros

e incluso dirigentes podrían verse afectados por eventuales pesquisas judiciales derivadas de la abolición de la Ley.

La Comisión Pro Memoria y organizaciones sociales y de derechos humanos, rechazan el interés tendencioso de politizar con fines partidarios la vigencia de la Ley de Amnistía y reconocen que la obligación del Estado de garantizar tales derechos no está sujeto a decisiones discrecionales de los políticos en ejercicio de los cargos públicos; además, por respeto básico al dolor de las víctimas, debe evitarse su manipulación mediática y político partidaria El Informe Final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980, tiene tres recomendaciones de obligatorio cumplimiento para el Estado salvadoreño; una de ellas es clara sobre la Ley de Amnistía: “El Estado salvadoreño debe adecuar su legislación interna a la Convención Americana de Derechos Humanos, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General”.

La exigencia de parte de la CIDH de derogar la Ley de Amnistía, obliga al Estado salvadoreño a acatar tal disposición, para lo cual los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa están en la obligación de derogarla como una medida de reparación simbólica y moral de carácter prioritario, y el Fiscal General de la República, los Jueces y Juezas están obligados a no aplicarla con el ilícito propósito

de impedir la investigación de graves violaciones a los derechos humanos.

La gobernabilidad de un Estado no puede sustentarse sobre bases de impunidad y olvido. Las exigencias históricas de organizaciones no gubernamentales, iglesias y familiares de las víctimas, continúan esperando el perdón y el resarcimiento a los desaparecidos y desaparecidas, durante el conflicto armado.

NOTAS

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=2798012

2 Ibíd

3 FESPAD, Constitución explicada, p. 146, 6ª. Edición, San Salvador

4 Ibíd.

5 http://www.laprensagrafica.com/nacion/1133902.asp

6 Ibíd

7 http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2803640

8 http://www.elfaro.net/secciones/elecciones2009/20080901/elecciones7.asp

9 Comisión de Trabajo de Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, Posicionamiento Público: Declaraciones públicas de ex militares acusados de grandes violaciones a los Derechos Humanos y a la Ley de Amnistía como obstáculo a la Paz y a la Reconciliación p. 2

10 Ibíd. 2

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