Por Mario Carranza
El Acuerdo de Paz firmado en El salvador  por el gobierno arenero de Alfredo Cristiani y la comandancia de la guerrilla del FMLN el 16 de enero de 1992, trajo como resultado la desmovilización de millares de personas que combatieron en uno y otro bando. Para realizar esta desmovilización fueron erogados  millones  de colones obtenidos mediante préstamos y donaciones que al final están siendo pagados por la clase trabajadora y pueblo en general.
El pueblo sufrió los efectos negativos de la guerra y a la hora del reparto no vio mayor beneficio, le ha tocado sobrellevar las consecuencias de la postguerra y de las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos de la derecha arenera. En el primer quinquenio luego del Acuerdo de paz lo que menos hizo falta fue dinero, el gran problema fue que no cayó en las manos adecuadas, ya que  solo  se benefició parcialmente a una parte de los desmovilizados y lisiados de ambos bandos.
El sistema económico-político que defendieron no les cumplió
A inicios de octubre veteranos de guerra de las Fuerzas Armadas se movilizaron para exigirle al gobierno de Funes y del FMLN una indemnización de $10,000, una pensión digna y  programas sociales para lisiados de guerra y las madres y padres de los caídos en el conflicto. Israel Polanco, miembro de la Asociación de Veteranos de Guerra Excombatientes de la Fuerza Armada manifestó  "Nosotros sabemos que vino una gran cantidad de ayuda para este sector, y no es posible que solo estén ayudando a los excombatientes que fueron guerrilleros" (http://www.elsalvador.com).
Por otra parte,  Julio Aguilar  manifestó: “No nos han otorgado esa indemnización. Venimos a exigirla. Nuestra gente está hostigada, ya no soporta otro engaño más, como pasó con los gobiernos de la derecha, que nunca se preocuparon por beneficiar al sector de veteranos (de la FAES). Además manifestó “… que después de la guerra, los soldados desmovilizados nunca recibieron atención psicológica ni obtuvieron retribuciones por haber defendido la soberanía nacional” ( http://www.laprensagrafica.com).
Los desmovilizados del Ejército no deben caer nuevamente en el juego confrontativo mediante el cual se les quiere hacer creer que a los excombatientes de la guerrilla se les está ayudando mas que a ellos. Si éstos han logrado un mínimo de beneficio es gracias a la lucha que han realizado. Analizando el punto vista del líder Julio Aguilar, las condiciones  de este sector son de abandono, las cuales vienen desde  los gobierno de la derecha arenera y  continúan en el actual gobierno. En la práctica los desmovilizados de la fuerzas armadas pueden observar lo inviable que es  el sistema económico-político que en su momento defendieron y contra el cual el pueblo salvadoreño luchó. Hoy les toca a ellos luchar como pueblo, como explotados y oprimidos para que se les garanticen los derechos que como humanos les corresponden y que fueron negados por los gobiernos areneros.
Lisiados exigen pago de pensión
En la primera quincena de octubre  los lisiados de guerra aglutinados en la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) también se manifestaron para  exigir el  pago de la pensión de septiembre. Al respecto Olga Serrano manifestó que “No es justo que el Gobierno no entregue el bono porque eso ya está presupuestado; además, es una pequeñez lo que nos entregan…manifestó que una persona parapléjica está recibiendo $260 y un “mutilado” $105 mensualmente” (http://elmundo.com.sv).
Además considera que “…su reclamo tiene base jurídica ya que con el impago, el Gobierno está violentando el artículo 26 de la Ley de Protección de Lisiados y Discapacitados de la Guerra, en el cual el Estado se compromete resarcir a las personas afectadas físicamente en el conflicto armado. Sostiene que la deuda asciende a $2 millones, la cual es distribuida entre los 16 mil miembros”
Todos a luchar por nuestros derechos
El  Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), considera que  la actual situación derivada del sistema capitalista afecta negativamente a la clase  trabajadora, campesinos,  indígenas  y pueblo en general; por lo tanto todos los desmovilizados como pueblo deben luchar junto a las demás organizaciones para exigir sus respectivos derechos que legítimamente les corresponden y que el actual gobierno al igual que los anteriores se niega a cumplir.  Los veteranos de guerra independientemente del bando no deben caer en el juego de las burocracias partidarias electoreras y no deben caer en las estrategias divisionistas y desmovilizadoras que el gobierno realiza mediante las mesas de diálogo. Las bases de estas organizaciones deben exigir a sus dirigentes un informe de todo lo hablado o negociado.