Por Marcial Rivera

En los últimos días, ha surgido una propuesta por parte del ejecutivo en El Salvador; relacionado al tema de las pensiones, además de la relacionada con las pensiones de los militares de las que eventualmente se hará cargo el Estado Salvadoreño.

Además de esto, trascendió que la semana pasada el Ministro de Hacienda Carlos Cáceres, analizaba el tema de la derogatoria de un decreto que fue aprobado durante el gobierno del ex presidente Elías Antonio Saca, en el que se garantizaba a la población jubilada recibir una pensión hasta el momento de fallecer, en su momento esta situación originó dos grupos, uno que recibiría una pensión calculada en base a lo que ahorraron y otro que recibiría una pensión fija hasta el momento de fallecer, es a este último grupo el que se vería afectado si se da la derogatoria de este decreto.

¿Qué implicaría?

El hecho de incluir a toda la población jubilada en un mismo régimen, no traerá ningún beneficio a la clase trabajadora, pues con esta medida lo que se buscaría es que toda la población jubilada vuelva a estar en el régimen del ahorro; lo que mermaría la economía de la población jubilada, y que únicamente recibiría una pensión por un par de años.

Más no hasta el momento de fallecer. Dicho sea de paso la población jubilada recibe una pensión que en su mayoría no satisface sus necesidades, en tal sentido funcionarios del gobierno afirman que: "Y, por el otro lado, si el Gobierno hiciera caso de las peticiones de este grupo de jubilados que exige una pensión vitalicia, el Estado tendría que desembolsar $578 millones aproximadamente, dinero que el ministro Cáceres dijo no tener." (El Diario de Hoy, 02-07-2013). El principal problema es que el tema de las pensiones y su posible reforma se está analizando desde el punto de vista de las finanzas del Estado, y no desde las necesidades materiales que la población jubilada como parte de la clase trabajadora tiene.

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda del "Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de las Pensiones". El objetivo de la demanda es revisar "si es constitucional que el Estado pague una tasa de interés tan baja por los fondos de pensión que son invertidos en Certificados de Inversión Previsional (CIP), según la notificación que recibieron ayer los miembros del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones." (El Diario de Hoy, 10-07-2013)

¿Cuál es la politica del FMLN?

Frente a esto último habrá que apuntar dos ideas: 1. Ni en el programa de gobierno del FMLN, ni como parte de las políticas actuales se incluye el hecho de nacionalizar las pensiones, y que estas sean administradas por el Estado, como anteriormente sucedió, hasta el año 1998 en el que comenzaron a funcionar las AFP, producto de la privatización del sistema de pensiones. 2. Con el sistema de los fideicomisos el Estado puede utilizar los fondos de las pensiones para otras finalidades, pero que en el fondo la clase trabajadora siempre sale perdiendo, pues esta es una forma de endeudamiento inconstitucional, ya que se adquiere deuda sin necesidad de la venia de la Asamblea Legislativa.

Defender las pensiones y la seguridad social

Esta demanda surge en una etapa en la que la Asamblea Legislativa, impulsa una reforma al sistema de pensiones en El Salvador. Es innegable que urge una reforma que modernice este sistema, pero a favor de los trabajadores y pensionados, que lo haga más eficiente y que en consecuencia traiga mayores beneficios para la población. Se debe eliminar el sistema de fideicomisos por medio del que se adquiere deuda, y se obliga a las Administradoras de Fondos de Pensión, a transferir fondos al Ministerio de Hacienda. Se debe eliminar el jugoso negocio que estas administradoras hacen con los fondos que pertenecen a los trabajadores.

No obstante, existe esta urgencia desde hace muchos años, pero nada han hecho los últimos gobiernos. Por ello llamamos a los trabajadores y sus organizaciones sindicales exigir al gobierno de Funes y del FMLN la inmediata nacionalización del sistema de pensiones como punto de partida para la reforma de este sistema. Esta lucha debe inexorablemente contemplar el control y administración de las Centrales Sindicales sobre el sistema de seguridad social.