Por Marcial Rivera

A partir del Consenso de Washington y de los Planes de Reajuste estructural impulsados por el FMI y el Banco Mundial en la década de los noventa, se planteaba la privatización de los servicios estatales como etapa necesaria para la modernización de Estado. En esta ola de privatizaciones impulsada por los gobiernos de derecha, tanto la Educación (en sus distintos niveles) como la Salud y el agua, no fueron objeto de privatización. No obstante en la actual coyuntura el fantasma de la privatización del agua aparece nuevamente.

Ley del Agua

Desde hace algunos años en El Salvador se viene planteando la posibilidad de tratar el tema del agua en relación a su protección, administración y distribución en una ley específica, siguiendo el ejemplo de algunos Estados Suramericanos que en sus legislaciones contemplan la protección y administración del agua o en otros términos, el monopolio del agua. Desde el año pasado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, en el que se buscaba regular el tema del agua, sin embargo el Sector Agrícola y el Foro del Agua -organización de la sociedad civil- también han presentado otras propuestas.

Actualmente en El Salvador la mayoría de hogares son abastecidas por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), entidad estatal que tiene como función principal la de abastecer a los distintos barrios y comunidades del vital líquido.

¿Por qué la ley?

No obstante, en algunos municipios del interior del país en los que ANDA no tiene la posibilidad de administrar este líquido, el servicio lo brindan pequeñas empresas privadas, que en ocasiones cobran cuotas leoninas y bastante altas, aunque también lo hacen algunas alcaldías. Frente a este proyecto de ley, la principal preocupación que manifestaba la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa, es la relacionada con el control de los recursos hídricos, fundamentalmente en lo relacionado a la entidad que regularía el control del agua, si sigue siendo ANDA, o si en ocasión de esta ley se creará una nueva entidad descentralizada.

Aunque también se reconocen otro tipo de necesidades a este respecto. En este sentido se afirmaba que "Todos los diputados de todos los colores políticos coinciden en los principios básicos de la ley, entre otros: el derecho de acceso al agua potable; la imperiosa necesidad de mejorar el saneamiento (los vertidos) y el deber estratégico de manejar un recurso que, año tras año, disminuye en cantidad y en calidad". (EDH, 26-08-2013).

En este panorama, el FMLN se ha opuesto a la creación de una entidad descentralizada, mientras que los partidos de derecha han afirmado que una entidad distinta es la que debe regular la administración del agua. Irónicamente FUSADES ha manifestado que el tema del agua debe ser manejado por una sola entidad estatal. Por otro lado, la Mesa del Agua considera que sí debe crearse una entidad descentralizada, distinta a ANDA, esto porque como empresa estatal ha tenido enormes deficiencias en la parte operativa y administrativa, y en consecuencia mala prestación del servicio. Aunque es evidente que la aprobación de esta ley es de carácter urgente en función del inicio de su operativización. El problema de la mala gestión de ANDA es que los trabajadores y los sindicatos no tienen injerencia en la administración de la institución. Al no haber control de los trabajadores, se desarrolla la ineficiencia y la corrupción

¿Qué debe hacerse?

El 22 de agosto las calles de San Salvador fueron testigos de la manifestación realizada exigiendo que se detenga el abuso en el cobro excesivo de los servicios de agua, así como la no privatización de este recurso ni de su administración. Este ha sido el punto de fricción: la participación del sector privado en el tema de la distribución del agua, pues no puede dejarse de lado que con la ley de asocios público-privada, hay un camino que eventualmente podría conducir a la privatización del mismo.

Es necesaria entonces fortalecer el rol estatal de ANDA, en cuanto a su administración, distribución y evaluación. Esta entidad debe emanar esencialmente desde el Estado, gozando de autonomía y descentralización; en ella estará controlado el 100% del monopolio del tema del agua -eventualmente las alcaldías podrían participar en la parte operativa- de manera que la participación privada debe quedar descartada en su totalidad.

Es esencial que esta entidad incluya la representación de asociaciones de pobladores, sindicatos y asociaciones campesinas y populares, que fiscalicen y garanticen su funcionamiento transparente. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamará a la movilización popular ante cualquier intento de privatización de este vital líquido.