Por Marcial Rivera

El conflicto armado Salvadoreño, librado durante la década de los ochentas, supuso una dinámica de sistemáticas violaciones a los derechos humanos en distintas formas de expresión, a lo largo y ancho del territorio nacional. Evidentemente y como el Informe de la Comisión de la Verdad lo contempla, la mayoría de violaciones a los derechos humanos se dieron por parte del Estado y de las autoridades, mientras que una minoría de estas violaciones se dieron por parte de la guerrilla y los grupos insurgentes.

Ley de Amnistía, ¿Inconstitucional?

Distintas organizaciones relacionadas con el tema de derechos humanos se han pronunciado a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, para allanar el camino de la justicia en todos sus sentidos. El tema de la posibilidad de declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía ocurre en un momento clave en el que también convergen otros factores favorables a la justicia Salvadoreña. A principios de septiembre la Fiscalía General de la República anunciaba que retomaría el caso de la masacre de 'El Mozote' -conocida así por el nombre del poblado en donde fue perpetrada, en el norte del departamento de Morazán- que como se sabe ha sido una de las mayores masacres realizadas por un ejército en contra de la población civil indefensa a nivel latinoamericano.

A principios del presente año 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Salvadoreño por la no investigación de este caso, que aunque no es único, es simbólico al momento de tratar el tema de las violaciones a derechos humanos cometidas en el conflicto armado interno que dejó más de setenta mil víctimas entre desaparecimientos forzosos, lisiados y asesinatos. Concretamente en el caso de la masacre de El Mozote las entidades encargadas de la justicia, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía General de la República, deberían elaborar una hoja de ruta para buscar su resolución, pues la declaratoria de inaplicabilidad de la ley de amnistía por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en términos prácticos podría abrir un nuevo escenario en el que el sistema de justicia pueda investigar los casos relacionados con las violaciones a derechos humanos. Esto implicaría tanto la investigación de los casos concretos para determinar responsabilidades, hacer las exhumaciones del caso y entregar los restos humanos a sus familiares, y finalmente y lo más importante indemnizar a las víctimas de las violaciones a derechos humanos de distintas formas por parte del Estado.

Ya en el año 2011 se generó una de las mayores crisis de institucionalidad en el Estado Salvadoreño, cuando los partidos de derecha emitieron un decreto que establecía la unanimidad de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional para emitir sus sentencias (esto porque se hilvanó en su momento el estudio de la Constitucionalidad de la Ley de Amnistía en este órgano). Esta crisis se detuvo derogando este decreto, luego que la Sala de lo Constitucional aclarara no tener intenciones de hacer este estudio constitucional.

Actualmente, una de las principales dificultades que se presentan para investigar esto es de naturaleza operativa: El Instituto de Medicina Legal -institución encargada de prestar auxilio y soporte técnico y científico a la administración de justicia- no cuenta con suficiente personal forense para eventualmente llevar a cabo las exhumaciones. En este sentido la Corte Suprema de Justicia deberá elaborar un plan que busque resolver esta situación para el IML tenga suficiente personal y las exhumaciones se den sin mayores obstáculos.

Sentencia de la CIDH

En el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distintas organizaciones de la sociedad civil, como la extinta oficina de Tutela Legal del Arzobispado, se quejaron en su momento del poco avance que se ha tenido en el cumplimiento de la misma, por lo que urgen al ejecutivo llevar a cabo las acciones concretas que en la sentencia misma se plantean para dar cumplimiento a. veredicto emitido por la CIDH.

En uno de los párrafos el fallo contempla: "Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz que impiden la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el presente caso carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso y la identificación, juzgamiento y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana que puedan haber ocurrido durante el conflicto armado en El Salvador".

En términos prácticos y sucintos: La Ley de Amnistía no constituye obstáculo alguno para investigar las violaciones a derechos humanos cometidos en el conflicto armado interno; pero además podrían investigarse, condenarse y juzgarse a las y los funcionarios estatales, que en su momento impidieron que se siguieran investigando estas violaciones.

Tanto esta sentencia, como el estudio de la Constitucionalidad de la Ley de Amnistía han generado distintas reacciones en la sociedad Salvadoreña; desde las y los activistas de derechos humanos que consideran que es un camino para investigar las violaciones a derechos humanos e indemnizar a las víctimas, hasta los tradicionales sectores de la derecha que piensan que esto sería un retroceso en el camino de la 'reconciliación nacional' pues la Ley de Amnistía 'permitió superar las diferencias existentes entre ambos bandos y fomentó la cohesión de la sociedad Salvadoreña en ocasión de la firma de la paz'. Debe recordarse que en ocasiones anteriores Monseñor José Luis Escobar Alas ha defendido y se ha pronunciado a favor de la continuidad de la Ley de Amnistía, por lo que el cierre de Tutela Legal del Arzobispado, no es producto de la casualidad.

Cierre de Tutela Legal

El 30 de septiembre, sin ninguna explicación aparente y/o coherente la oficina de Tutela Legal del arzobispado fue clausurada por Monseñor José Luis Escobar Alas. Respecto a esto ha existido un cambio en el discurso sobre el cierre de esta oficina fundada por Monseñor Oscar Arnulfo Romero, una semana después de que la CSJ revisara la constitucionalidad de ley de amnistía. Evidentemente hay una relación entre el cierre de Tutela Legal y la posibilidad de declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Sala de lo Constitucional a la Ley de Amnistía.

Se cree que este cierre se debe a presiones que existen hacia la iglesia; muchos sectores se han pronunciado en contra de este hecho, y lo que preocupa en demasía es que Tutela Legal guarda más de 50 mil expedientes de distintos casos ocurridos en el conflicto armado. Estos expedientes podrían en su momento servir como prueba para impulsar acciones en relación a crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto interno. Debe destacarse que sobre el cierre de Tutela Legal han existido contradicciones, porque 'ya no hay violaciones a derechos humanos', pero al mismo tiempo se creará una nueva oficina que vea este tema. En relación a esto, se cierra esta oficina y en consecuencia las víctimas -tanto de la masacre de El Mozote, como de otras masacres y violaciones a derechos humanos- que en su momento encontraron algún refugio en Tutela Legal, simplemente quedan desamparadas.

¿Qué hacer?

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) creemos que con la firma de los acuerdos de paz, el imperialismo y la oligarquía salvadoreña lograron contener el proceso revolucionario, institucionalizando a las organizaciones guerrilleras dentro del sistema democrático burgués. El conflicto armado vivido en territorio Salvadoreño dejó una enorme cantidad de víctimas, que al día de hoy reclaman justicia. No solo porque se trata de estadísticas y de números registrados en los anaqueles de la historia de El Salvador.

Las víctimas reclaman una verdadera justicia, no simbólica ni restaurativa, sino real en su granítica dimensión; la justicia será la mejor forma de recuperar la memoria histórica, por hoy retomada solo en tiempos de campaña electoral, -en la actual campaña, por parte del FMLN ha habido algunos pronunciamientos a favor de derogar la ley de amnistía- y además honrar a quienes –siendo o no combatientes- ofrendaron su vida para construir un mejor El Salvador. La población debe honrar y acompañar este proceso.