Por Alberto Castro

En torno al tema de la violencia en El Salvador se ha generado un aparente acuerdo político entre los dos pilares del nuevo bipartidismo, ARENA y el FMLN, que ha dado como resultado el Pacto de Ataco. Mientras los políticos hablan y habla sobre la violencia, continua subiendo el número de muertes violentas. El ’’principal’’ éxito político del consenso ARENA-FMLN, después de la firma de los Acuerdos de Paz, apunta a ser otro fracaso más que ya empezó a desplomarse.

Los pactos políticos: negociaciones y prácticas demagógicas

La firma de ’’pactos’’ es parte de una tradición de los partidos burgueses. Recordemos el Pacto de Apaneca en 1982, llevado a cabo con el claro objetivo de frenar el auge del movimiento revolucionario. Ese pacto dio cabida a la instauración de un gobierno provisional, que se repartió entre ARENA, PDC y PCN.

Después de la guerra civil, durante la administración de Calderón Sol se firmó el ’’Pacto de San Andrés’’, esa vez los firmantes eran el gobierno de ARENA y una fracción del FMLN liderada por Joaquín Villalobos, denominada Partido Demócrata (PD). Esa negociación le permitió al gobierno de Calderón Sol tener los votos necesarios en la Asamblea Legislativa para aumentar el IVA del 10 al 13%.

La localidad de Ataco, departamento de Ahuachapan, ha sido escenario donde los partidos políticos burgueses han suscrito “acuerdos”. Ahí se suscribió, el 27 de Enero del 2014, aquel ’’pacto del café’’, una alianza político-electoral entre cafetaleros y el FMLN, con la participación de Tony Saca del partido GANA.

Los principales compromisos del Pacto de Ataco

Recientemente, nuevamente en Ataco, teniendo como contexto el espiral de violencia, el pasado 27 y 28 de agosto del año 2015, ARENA, PCN, PDC, FMLN y GANA firmaron un documento conocido como Pacto de Ataco, el cual contiene 10 compromisos acordados entre el gobierno del FMLN y los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa. El primer acuerdo prevé la conformación de un comité interpartidario que ’’ facilite la creación de un marco legal relativo a la prevención, readaptación, reinserción y rehabilitación’’ de los pandilleros. También acordaron estudiar la creación de un instituto de criminalística e investigación científica del delito.

No obstante, en medio de los acuerdos, salta un extraña petición de los partidos que solicitan a la Sala de lo Constitucional de la CSJ que agilice la resolución de los $900 millones para contratación de préstamos y colocación de bonos. Con esta petición, el gobierno del FMLN pretende acabar con la asfixia económica y financiar los planes para combatir a las maras, entre los cuales está la necesidad de fortalecer la FGR y PNC, así como apoyar cualquier medida que logre facilitar la implementación del bloqueo de la señal telefónica en los recintos penales.

En una parte del documento, los partidos políticos firmantes manifiestan su “compromiso respecto a la Constitución, la forma de Gobierno, el sistema político pluralista expresado por medio de los partidos políticos y al régimen de libertades”.

En el centro del pacto están únicamente ellos, los representantes de los partidos y nadie más. Un asunto tan importante, como el derecho a la vida de los salvadoreños, debe ser discutido y resuelto por toda la sociedad y no por un cúpula de dirigentes de los partidos políticos.

La participación de los trabajadores y de las organizaciones sociales es nula. Se está decidiendo el futuro y hasta la vida de quienes conforman las maras, pero no se les ha tomado en cuenta para que expresen su punto de vista.

Lo que se oculta tras los discursos

Estos acuerdos no muestran una salida para terminar con la violencia. En realidad son medidas que pretender aplastar la actividad de las maras y pandillas. El primer acuerdo no especifica como reinsertaran a los jóvenes a la vida del ciudadano común. Lo que aparenta ser un logro de entendimiento nacional entre el FMLN y ARENA sobre un tema crucial, en realidad es un compromiso que sienta bases para la firma de los próximos préstamos.

La interrogante que surge es de qué manera y hasta qué punto funcionará este pacto, que ya ha causado crisis en las filas del FMLN y de ARENA. No queda claro si es un acuerdo para luchar contra la violencia, o un acuerdo para buscar fondos con el pretexto de luchar contra la violencia. Mientras los firmantes dicen velar por la vida y integridad del pueblo, asegurando respetar la institucionalidad, están creando condiciones para golpear a las estructuras pandilleriles, sin atacar las causas sociales que originan la violencia

al mismo tiempo que porque confían en el aparato estatal para salvaguardarse como clase burguesa, y más aún cuando claramente advierten a través de sus voceros en llevar la muerte a los sectores marginales donde tienen presencia las maras y pandillas. Es una manera de decir que fuera de ese ámbito político de relaciones bipartidistas no existe nada legal u oficial, que es ahí donde define el rumbo de millones de salvadoreños, y el destino final de la juventud organizada en maras y pandillas.

Discrepancias y coincidencias

Con el tema de la violencia cada partido político busca sacar provecho de la situación que vive el país. En realidad nadie está luchando contra el origen social de la violencia. El FMLN y ARENA se han acusado mutuamente de incumplir los compromisos firmados, al mismo tiempo que recrudece la lucha por obtener cada quien mayores cuotas de poder dentro del aparato del Estado.

El FMLN denuncio públicamente que ARENA no apoyó la exhortación a la CSJ por los $900 millones. Por su parte, ARENA sostiene que FMLN no cumple con el acuerdo de respeto. Detrás de los señalamientos verbales cada quien ha tratado de sacar provecho en las calles. La marcha convocada por la derecha el día 5 de Septiembre, deja al desnudo que la estrategia de ARENA sigue el libreto del plan imperialista de supuesta lucha contra la corrupción, a partir de la creación de una CICIES, tomando el ejemplo de la CICIG en Guatemala. La contra marcha organizada por el FMLN demuestra que el pleito por las cuotas de poder continua, pero que no hay tal acuerdo para eliminar las causas de la violencia. El Pacto de Ataco y los diez compromisos firmados por el FMLN y ARENA fue presentado como la gran solución al mal de la violencia que desangra al país, pero esto solo fue una fachada, para calmar el descontento de la población contra la ineficacia del actual gobierno.

La verdad que ARENA y el FMLN no firmaron un acuerdo para combatir la inseguridad de la población, sino un acuerdo para combatir directamente a las maras y pandillas. El único acuerdo que parece existir es el genocidio contra las maras. Es una salida militarista condenada al fracaso, como muchas otras aplicadas por anteriores gobiernos. Se ha vuelto a anteponer la represión y las masacres, sobre la prevención y reinserción. No es una casualidad que parte del Pacto de Ataco contempla la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Fiscalía General de la Republica (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), lo cual contempla la creación de Tribunales Especializados y Unidades Elites de la Policía, siempre con el objetivo de masacrar a las maras.

Nuevos préstamos, más endeudamiento

Para fortalecer la FGR y la PNC no hay fondos propios, por lo que requieren aprobar nuevos préstamos para financiar los planes del GOES. Las negociaciones políticas son más importantes para el gobierno, que necesita préstamos urgentes para mejorar su imagen ante los votantes. Desde la oposición ARENA acumula fuerza y ventaja, presionando cada vez más fuerte para crear una CICIES. Estamos, pues, ante el mismo forcejeo de siempre, y sin ninguna media real para combatir el origen de la violencia, que en el fondo es una repuesta errónea de decenas de miles de jóvenes que son lanzados a la marginalidad social por la crisis del capitalismo.

Entre tanto la muerte está a la orden del día

Durante el segundo fin de semana del mes de septiembre se registraron 61 muertes violentas. El GOES por su cuenta no cree que cifra disminuya a corto plazo. Más aun, advierte que aumentará, lanzando una clara amenaza contra las maras.

El Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, en una entrevista en el programa Hablemos Claro, de TVO, manifestó lo siguiente: "Hubo 30 asesinatos el sábado y 31 el domingo. Sentimos mucho a cualquier joven que perezca, sea o no de estructuras criminales". Chicas cree que el número de víctimas no disminuirá "en este período", "porque la solución no es a corto plazo. Van a haber muchas víctimas en las filas de estos grupos criminales (pandillas), porque el Estado no hará tregua". Y confiado en la política del FMLN, Chicas expreso que los resultados de las acciones del Gobierno, en torno a la seguridad, se verán reflejados en 2016.

Esta más que claro que el aumento de número de muertes violentas es porque se está liquidando selectivamente a los cabecillas de las maras. Un arma de doble filo porque no garantiza la desaparición de las maras como fenómeno de la descomposición social. En este contexto la represión selectiva o abierta pueden genera conflictos y mayores enfrentamientos.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) manifestamos nuestro rechazo a la actual salida militarista, que no soluciona el problema económico y social que genera el fenómeno de las maras. El pueblo salvadoreño debe debatir la eficacia de la actual política de masacre de las maras. Nosotros creemos que el camino correcto es diálogo entre el gobierno y las maras y pandillas, no hay otro, los demás han demostrado su ineficacia para resolver la violencia