Por José Recinos

Esta vez fueron trabajadores quienes perecieron ante la ola de violencia que se extiende por todo el país. La mañana del día jueves 3 de marzo fueron encontrados los cadáveres de 11 personas en el caserío Las Flores, cantón Agua Escondida, perteneciente al municipio de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Un hecho aterrador, siete de los cuerpos al momento del hallazgo estaban atados de manos. De las victimas ocho eran trabajadores subcontratados que laboraban para la empresa de energía y suministros EDESAL, quienes habían llegado al lugar para ganarse la vida. Las otras tres eran jornaleros que se supone fueron testigos.

Las maras son señaladas como las responsables

La PNC aseguro que los responsables eran los pandilleros que operan en la zona de la masacre: "No se descarta que el hecho haya sido cometido por miembros de esas estructuras criminales (pandillas), ya se está investigando, no sabemos qué motivó el asesinato de las personas", dijo Howard Cotto. El vicepresidente Óscar Ortiz dijo que "en el transcurso de este año" habrá "una situación difícil ante el crimen" pues las masacres son respuesta de las estructuras criminales por las acciones de seguridad del Gobierno. Este municipio de La Libertad está catalogado como uno de los más violentos, no es la primera vez que se reporta una masacre, donde autoridades policiales, maras, pandillas y grupos de exterminio han estado involucrados.

La violencia y criminalidad continúan en alza

El índice de homicidios no ha variado con respecto al año pasado, de hecho 1.399 personas fueron asesinadas entre enero y febrero pasados. Con esta cifra el inicio del 2016 se sitúa como el más violento en la última década de este país. El crecimiento es del 117.6 %. El Gobierno reconoce que la escalada en la cifra de muertes violentas obedece a la tradicional disputa de territorios entre las pandillas para el tráfico de drogas al menudeo y el cobro de extorsiones, y a las bajas causadas por los cuerpos de Seguridad a estas organizaciones.

Howard Cotto dijo en una ocasión que el “El alza de homicidios que tenemos es algo preocupante, no todas las personas que mueren son gente de bien, dentro de los asesinados hay una cantidad considerable de personas que fallecen por su vinculación a estructuras criminales, eso lo vemos a diario, nos preocupa. (…) la mayoría de fallecidos son pandilleros, quizá en un 40%”. En un ambiente belicista, las maras y las pandillas mantienen una pugna por el control de territorios, puesto que entre más grande sea la zona de control mayor será la suma de dinero que recauden producto de las extorsiones y del menudeo de las drogas. La policía dirige rígidamente operaciones contra la MS y pandilla 18, ocasionándoles muchas bajas, pero los grupos de exterminio están floreciendo gracias al clima de violencia: En este ambiente de guerra los trabajadores estamos desarmados y corremos peligro a diario.

Las organizaciones obreras deben expresarse y condenar los hechos

Las políticas de seguridad del gobierno han priorizado el ataque frontal hacia las maras y pandillas, lo que conlleva a una masacre selectiva de sus miembros. Este hecho ha generado una repuesta de las maras, masacrando a la gente humilde. El cobarde asesinato de los trabajadores de EDESAL es prueba de ello. Pese a que estos trabajadores no estaban sindicalizados, los sindicatos deben expresarse y hacer un pronunciamiento público exigiendo a las maras y pandillas que no atenten contra la vida de la clase obrera, puesto que esto obligara a la autodefensa. Las organizaciones sindicales deben solidarizarse con las familias de las víctimas y condenar lo ocurrido en San Juan Opico. Esto no debe volver a ocurrir, los socialistas centroamericanos siempre hemos rechazado la masacre del gobierno hacia las maras y pandillas como la salida a la violencia del país, pero rechazamos de igual forma que alguna de estas agrupaciones atente contra trabajadores, gente del pueblo.