Por Alberto Castro

El pasado martes 6 de diciembre, en Cadena Nacional de radio y televisión, el presidente de la Republica, Salvador Sánchez Cerén, emitió un mensaje a la nación enfatizando los aparentes logros obtenidos por su gestión durante este 2016. El comunicado se centró sobre los temas económicos y fiscales, aunque no podía dejar de tocar el tema de la imparable violencia. Sin lugar a dudas, el Informe de Sanchez Cerén es un apologético pronunciamiento oficialista que enaltece la política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sobre todo los lentos avances de las negociaciones en la mesa fiscal y otras instancias.

El laberinto de la crisis fiscal

En su discurso, Sanchez Cerén, el sexto presidente de este largo periodo neoliberal, dijo que el país ha crecido económicamente más que en los últimos 16 años, y destacó la importancia que tiene para el FMLN la permanencia del diálogo con todas las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa, primordialmente con ARENA. Estas negociaciones permitieron conseguir la emisión de títulos de valores por $550 millones para atender la falta de liquidez del Gobierno.

Sanchez Ceren remarcó que ’’con nuestra voluntad de dialogo alcanzamos Acuerdo Sostenibilidad Fiscal y Desarrollo Económico por todos los partidos políticos’’, y agregó que ’’es urgente continuar proceso de de dialogo para completar la emisión de $1,200 millones en bonos y de la reforma integral del fondo de pensiones, para un pacto fiscal que permita una solución a largo plazo en beneficio del país’’.

El FMLN insiste, implora, que necesita de todas las fuerzas políticas para enfrontar juntos la falta de recursos del aparato del Estado, porque ha demostrado su incapacidad para resolver la crisis fiscal por la vía revolucionaria. No obstante, no deja de alegar que el problema fiscal actual es a causa de ARENA. Sanchez Cerén reconoce que “enfrentamos una grave crisis de liquidez del Estado, generada por equivocadas acciones del pasado como la privatización de pensiones, la corrupción, el endeudamiento irresponsable y la baja recaudación provocada por la evasión y la elusión fiscal’’.

Para justificar la importancia de la continuidad del dialogo presentó un efímero crecimiento económico del país, diciendo que ’’en 2016, nuestro país tuvo un crecimiento económico de 2.5% siendo el más alto en los últimos 16 años, protegiendo la economía familiar con estabilidad de precios de bienes y servicios esenciales’”. Resulta patético que el presidente Sanchez Cerén celebre tal pírrico crecimiento del 0,5%, cuando en realidad la economía salvadoreña sigue estando a la zaga del resto de las economías centroamericanas, pero sobre todo el patético 0.5% no representa ninguna mejoría para el sufrimiento de las amplias masas de la población.

El Gobierno evito el impago antes del cierre de año, mediante un acuerdo logrado primeramente con su principal opositor ARENA y luego con el resto de las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa. Previamente, la posibilidad de un acuerdo fiscal había pasado por una fase de estancamiento entre las fuerzas políticas, debido a que ARENA, en la mesa de diálogo, había centrado sus exigencias sobre algunos términos de ajuste fiscal (poner límite a la deuda flotante y reducir la cobertura social para el Estado) antes de acceder a la aprobación de los $550 millones en bonos, de los $ 1,200 millones que solicitaba en GOES para el pago de la deuda de corto plazo. Pero, en esas circunstancias, la embajadora de los EEUU, Jean Manes, emitió un ultimátum a las dos fuerzas políticas, para que encontraran un acuerdo. Fue entonces que el Gobierno y ARENA obedientemente reanudaron las negociaciones que se habían roto.

De los $ 550 millones avalados por la Asamblea Legislativa, un total de 307 millones serán destinados a convertir Letras del Tesoro (Letes) en eurobonos, esto equivale al 30.48% de los $1, 007 millones de dólares que El Salvador tiene en deudas de Letes; $82 millones serán destinados para el pago del Fondo para el Desarrollo económico y Social (FODES); $50 millones para saldar deudas con proveedores y $46 millones para la cancelación del subsidio de la electricidad.

Para el 2017 ,el Gobierno del FMLN se ha comprometido nuevamente a dar seguimiento a los acuerdos establecidos con ARENA y las demás fuerzas políticas, máxime cuando las previsiones de crecimiento económico no son las más óptimas. Un duro golpe económico al país serían las probables deportaciones de los salvadoreños indocumentados que actualmente viven en los EEUU, impulsadas por el gobierno de Trump. Para seguir teniendo acceso al financiamiento de los fondos de FOMILENIO II y un nuevo TPS, la administración Trump presionará para constituir una CICIES.

En el futuro cercano se reanudaran las negociaciones para el pacto fiscal donde el arbitrio será el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas recomendaciones económicas han comenzado a ser aplicadas mansamente por el Gobierno, provocando una resistencia por parte de los trabajadores del sector de salud. Se perfila una creciente unidad de los sectores burgueses para golpear la clase trabajadora. El presupuesto del año 2017 contendrá ciertas responsabilidades sociales y laborales, para luego ir aplicando los puntos del pacto fiscal de forma gradual. Por ello las organizaciones sindicales, especialmente los trabajadores del sector público, deben presionar para que el presupuesto 2017 refleje las prestaciones sociales, laborales y económicas, pero sobre todo debemos vigilar todos los movimientos, discursos, acciones y resoluciones de la mesa fiscal.

La violencia: un mal retroalimentado por el GOES

Autocomplacido con una relativa baja de la cifra de asesinatos, el presidente Sanchez Cerén señaló los avances del Plan El Salvador Seguro: ’’en comparación con el año pasado, tendremos una reducción aproximada de 1,200 homicidios en el país’’. Admitir como cierta la afirmación del mandatario equivaldría a aceptar que se va por un buen camino, que pese a ciertas rarezas del Plan El Salvador Seguro, el problema de la violencia se está atendiendo adecuadamente. La anterior vision se hace de la vista gorda, no ve lo que en realidad está pasando.

El Plan El salvador Seguro arrancó en julio de 2015 en el municipio de Ciudad Delgado, a propuesta del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC). Este fue presentado el 29 de septiembre de 2014, por el presidente Sánchez Cerén como la instancia corporativa-gubernamental a través de la cual el GOES ha logrado consenso con la sociedad civil y los empresarios de la ANEP, en lo que respecta a las políticas para golpear a las maras y pandillas.

Ahora bien, el Plan El salvador Seguro inició bajo cinco ejes:

1. Seguridad en el territorio: extender la presencia policía en las zonas catalogadas como vulnerables, apoyadas por la Fuerza Armada, implementación de un sistema de video vigilancia en espacios públicos, etc.
2. Oportunidades educativas: implementación aplicada a la jornada educativa extendida en dos centros escolares y programas de vacaciones recreativas. Salud mental y reparación de infraestructuras.
3. Oportunidades laborales e inserción productiva: Eliminar la exclusión mediante el acceso a oportunidades laborales, becas de formación profesional, programas de empleo y alianzas con la empresa privada.
4. Espacios públicos remodelados, dinámicos y seguros: implica el mejoramiento de la infraestructura del espacio público, reordenamiento de comercios, paradas de buses, y obras de saneamientos ambientales.
5. Atención a víctimas: dar atención a víctimas de daños físicos o psicológicos que no reciben adecuada protección del Estado. implicaba la construcción de una unidad de atención a víctimas para mujeres víctimas de abusos.

Bajo estos cinco ejes inició en el municipio de Ciudad Delgado, el Plan El Salvador Seguro, con un monto de $1,200 millones requeridos para combatir a las maras y pandillas en los 50 municipios del país donde tienen mayor fuerza. Posterior a ello surgieron las Medidas Excepcionales siempre enfocadas para fortalecer los ejes contemplados dentro del Plan El Salvador Seguro. El martes 6 de diciembre del 2016, previo a la cadena nacional, inició la segunda fase del Plan El Salvador Seguro, que se extiende a otros 16 municipios: Ahuachapan, Izalco, Nahuizalco, San Miguel, Santiago Nonualco, Usulutan, Quezalteque, San Vicente, Chalhuapa, SanPedro Perulapan, San Miguel y Conchagua.

El optimismo con el que Salvador Sánchez Cerén ha expuesto los avances, queda extenuado con la realidad misma. La leve disminución de homicidios no refleja el cese de la violencia sino responde a otro fenómeno: el repliegue territorial de las maras y pandillas. El Presidente Sánchez Cerén ha anunciado cifras y ha dicho que su política de seguridad marcha bien, pero de manera disfrazada, su discurso más bien es la negación de una gran verdad, que el país ya está en una guerra de baja intensidad, que las estructuras ahora libran esa guerra en total desventaja con la PNC y la F.A están mutando, aquí en El Salvador, pero que por su misma composición social e ideológica no aspiran a trastocar la estructura económica, lo que les hace vulnerables y les convierte en un enorme bestia a quien el Estado pretende amaestrar, puesto que como ya dijimos, las maras y pandillas son un fenómeno social, pretender acabar con las maras y pandillas por medio del aniquilamiento es un error que se viste de sangre y esta tiñendo al país entero, atacar directamente al fenómeno social sin solucionar las causas sociales que les crean es un total fracaso, pueden extirpar el mal pero volverá en un tiempo. El Salvador según un informe de la consultora británica Verisk Maplecocroft, está en la octava posición de los países con alto riesgo de crímenes, (con una tasa de 86 homicidios por cada 100,000 habitantes). No se está dejando atrás este problema, lo que hace el FMLN es complacer a las exigencias de la burguesía y del imperialismo de aplicar una política represiva en los territorios controlados por las maras y pandillas lo que le pone más leña al fuego, los programas de inclusión del Plan El Salvador seguro son excluyentes, su sunción es atraer fuentes de financiamiento extras al GOES por medio de las ONG’S.

A manera de conclusión decimos que quienes están cargando tanto con la crisis fiscal, como con los costos económicos y sociales de la violencia es el pueblos, en este sentido el FMLN se limita a dialogar con ARENA, dándole a nuestros ojos a dichas negociación un carácter puramente burgués, en el fondo es la mesa pro status quo de las facciones de la burguesía en contienda por la hegemonía, la burguesía emergente y la burguesía oligárquica, esto marca un hito de relaciones de fuerza en todos los terrenos de disputa, económicos, sociales, ideológicos, y políticos.