Movimiento de Veteranos de Guerra del Ejercito Nacional para la Democracia
La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) fue una institución creada como producto de los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992. Inicialmente, la filosofía ligada a su origen se fundamentaba en la necesidad social de contar con un cuerpo policial de carácter civil que velara y garantizara la seguridad de todos los salvadoreños, muy respetuosa de los Derechos Humanos y que su accionar estuviera apegado a la Constitución de la República y las Leyes Secundarias.
Originalmente, para la creación de la PNC se establecieron cuotas entre las partes firmantes de los acuerdos de Chapultepec: 20% lo constituirían un grupo seleccionado de los antiguos cuerpos represivos (Policía Nacional, Policía de Hacienda y Guardia Nacional); 20% lo integrarían desmovilizados de las filas de la exguerrilla del FMLN; y el 60%, se reservaba para jóvenes no comprometidos con ningunas de las partes anteriormente beligerantes y que provinieran de la sociedad civil. La relación aritmética sería reforzada de conocimientos policiales y profesionalizada a través de la Academia de Seguridad Pública. También, se estableció un organismo controlador del quehacer policial (Inspectoría, Unidad Disciplinaria y Asuntos Internos).
Desafortunadamente, el espíritu que regía a la PNC para su creación, los gobiernos fascistas de ARENA, gradualmente la fueron politizando, desnaturalizando, contaminándola con la corrupción y abriendo las puertas al crimen organizado. El primer director que comenzó con la degeneración de la PNC, fue el tristemente ex asesor de la criminal ANSESAL, Mauricio Sandoval; posteriormente, la incapacidad, politización de la institución para favorecer una dictadura civil del partido ARENA y decadencia de la misma PNC, la responsabilidad recayó en Rodrigo Ávila (actual candidato a la presidencia por ARENA); y para la total degeneración del cuerpo policial, le fue encomendada la tarea a Rovira, un ex director de impuestos internos del Ministerio de Hacienda, cuyo mandato fue de corta duración y el gobierno de Antonio Saca se vio obligado a pedirle la renuncia por haberse descubierto que pertenecía a una banda de narcotraficantes (“los perrones”); y que actualmente son acusados de tener algún nivel de participación en el asesinato de los tres narco-diputados del partido ARENA en Guatemala (PARLACEN), etc.
Debido al acoso y persecución interna de los policías honestos, y gracias a los valientes y patriotas elementos de la PNC que todavía se encuentran dentro de las filas de la institución policial, el movimiento de veteranos de guerra del Ejército Nacional para la Democracia (END), recoge sus demandas reivindicativas y, por la gravedad del caso, hace pública la siguiente denuncia:
Crimen Organizado: principalmente los Comisionados Rivera Lico, Tobar Prieto y García Funes, cuentan con estructuras del crimen organizado que tienen responsabilidad directa en el robo de furgones, en los asesinatos de motoristas y cobradores del servicio de transporte público, asesinatos de activistas políticos, narcotráfico, lavado de dinero a través de la cooperativa policial, y hasta en la misteriosa muerte de elementos policiales.
La corrupción de estos elementos llega hasta el uso indebido de los limitados recursos de la Corporación, tales como la utilización individual de hasta tres vehículos policiales y combustible, para sus actividades particulares, familiares, “sociales” y “recreativas”. Sin embargo, nos afirmaron que la estructura más peligrosa que existe “clandestinamente” dentro de la PNC, se encuentra manejada por un subcomisionado de apellidos Arriaza Chicas.
Persecución y coacción política: a finales del 2008 trasladaron al encargado de la inteligencia policial al departamento de Chalatenango para que realizara un proceso de identificación de todo agente de la PNC que pudiera tener algún nivel de simpatía por el partido FMLN. Después de esta investigación, a partir del mes de enero del corriente año, la PNC de Chalatenango quedó bajo la responsabilidad del Subcomisionado Miranda, un nefasto y corrupto elemento que se encargó de contaminar las pruebas para que el asesinato de la niña Katia Miranda quedara en la impunidad.
La función encomendada a Miranda, según la denuncia, consiste en la persecución de los efectivos de la PNC que tengan simpatía y que puedan votar a favor del FMLN y de su candidato Mauricio Funes, que por cierto, este goza de gran simpatía y confianza dentro de las filas del cuerpo de agentes de la PNC. También, Miranda ha organizado con elementos serviles, a un “cordón” de redes policiales desde Metapán hasta Chalatenango, para que estén preparados para accionar violentamente y favorecer un posible fraude electoral que necesitan para que el exdirector de la PNC y candidato del partido ARENA (Rodrigo Ávila), se imponga en la presidencia de La República.
La desesperación del partido ARENA que es el que controla a la PNC, ha llegado al extremo que amenazan a los policías para que no puedan ejercer su derecho constitucional del voto. Los obligan a una constante movilidad y los mantienen alejados de sus naturales sitios de votación, esto, a pesar que la misma ley permite que todo policía pueda votar en el sitio más próximo al lugar de votación en donde se encuentre en esos momentos prestando servicio.
Violación a los derechos laborales: En Usulután, los jefes policiales aplican la estrategia de la desesperación y castigo a los policías honestos. Las condiciones de servicio son infrahumanas, los policías duermen directamente en el suelo y, los que pueden, sobre viejas colchonetas; les deben tres meses del Régimen de Disponibilidad; son sometidos a “trabajos forzados” de jornadas laborales continuas de 12 a 24 horas, sin que lo justifique algún estado de emergencia y solo obedece al capricho arbitrario de los mandos policiales. A nivel nacional, todos los puestos policiales no tienen ni los recursos mínimos de papelería y de oficina para completar y documentar los casos relacionados con las investigaciones policiales, carecen de vehículos en buen estado y de combustible para realizar los trabajos de prevención y neutralización del delito. Por otro lado, la injusticia laboral es aberrante y hasta niegan el derecho de ascenso laboral al cuerpo de Cabos y Sargentos que ya tienen más de 15 años de servicio.
Por todo lo anterior, el movimiento de veteranos del END, hace un llamado a los organismos defensores de los Derechos Humanos, al movimiento social, a la comunidad internacional y a toda nuestra militancia, para que hagamos posible que la voluntad del pueblo salvadoreño sea garantizada y que se permita un espacio para instaurar la verdadera democracia en nuestro país y que el crimen organizado (partido ARENA) sea definitivamente erradicado del suelo salvadoreño.
Para concluir, recordemos que en el próximo 24 de marzo del 2009, se cumplen 29 años del asesinato del profeta Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quién, ofrendó su vida por los pobres y por los “sin voz”. A pesar que es del dominio público que sus asesinos intelectuales se encuentran dentro del partido ARENA, todavía este cruel magnicidio sigue en la impunidad. El pueblo salvadoreño debe de castigar a sus asesinos y, por la memoria de monseñor Romero, no permitamos que los escuadrones de la muerte y los narcotraficantes sigan gobernando y destruyendo al país, tenemos la obligación de heredar a nuestros jóvenes y a las futuras generaciones, un país de justicia y de verdadera democracia. Recordemos que este momento es trascendental para la historia de El Salvador y el haber llegado ante la posibilidad del cambio, ha costado mucho dolor y el sacrificio de más de 85 mil salvadoreños que ofrendaron su vida por la paz, la justicia y la democracia.
¡VIVA EL HEROICO PUEBLO SALVADOREÑO!
¡TODOS A CONSTRUIR LA PAZ SOCIAL Y LA VERDADERA DEMOCRACIA!
¡SIN PERDON Y SIN OLVIDO DE NUESTROS MARTIRES REVOLUCIONARIOS!
¡VIVA EL MOVIMIENTO DE VETERANOS DEL END!
END (FPL-“Farabundo Martí”; FPL-GPP/ FCER; ERP; FARN; PRTC y FAL)
El Salvador, 26 de febrero de 2009