Boletín Informativo del Movimiento de Veteranos de Guerra del Ejército Nacional para la Democracia

La Fiscalía General de la República (FGR) es una de las instituciones que más han sido vulneradas por el crimen organizado. Se conoce que existen fiscales que hacen negociaciones con los reos “adinerados” acerca de la robustez de la prueba. Estos, se encuentran vinculados a una red de “defensores” que juegan el papel de intermediarios en las negociaciones ilícitas para lograr la libertad de un reo; también, dentro de los tribunales cuentan con la complicidad de Secretarios, Resolutores y de algunos Jueces, que manipulan la aplicación de la justicia y hasta la pérdida de los expedientes incriminatorios.

También, existe una enorme corrupción en la División de Bienes del Estado. Gran parte del patrimonio del Estado, ha sido enajenado con prácticas corruptas y que ahora se encuentran en manos de particulares. Por ejemplos, tierras del estado que fueron enajenadas por particulares para obtener ganancias con los Derechos de Vía para la construcción de caminos y carreteras, etc. Desafortunadamente para la Seguridad Jurídica del país, el despojamiento ilícito de bienes patrimoniales también a afectado a particulares que, “sorpresivamente”, se han dado cuenta que sus bienes ya pertenecen a “terceros” gracias a la intervención de peligrosas “mafias” de “influyentes” abogados que tienen “agentes” dentro de la Fiscalía y en el personal de “expertos” calígrafos adscritos a la PNC, que al falsificar las firmas notarialmente logran el instrumento que les permite la inscripción registral de las escrituras de compra-venta de bienes e inmuebles robados “jurídicamente” a indefensos ciudadanos, ó al mismo Estado.

Por la vía judicial se deberá prever que no se imponga por la vía de la Fiscalía la reserva “absoluta” a muchos casos e investigaciones, que lo que busca en la mayoría de los casos es la impunidad o la conveniencia de la burocracia con el crimen organizado y el tráfico de influencias, lanzando los costos de la criminalidad como una constante sobre la ciudadanía. Por su lado también deberá corregirse la negligencia fiscal dada por ignorancia o por malicia en el desempeño de los casos como parte, ya que por ella muchos delincuentes quedan en libertad, evitando de esa manera la efectiva administración de justicia. En los casos de penalidad, si son abogados, debe de aplicarse lo relativo a la oficina de investigación profesional de la Corte y deben ser depurados.

Otra unidad de la FGR que es estratégica para el control de la corrupción en las licitaciones es la Unidad de Contrataciones del Estado. A partir de esta unidad, contractual y notarialmente, se pueden interpretar cuando los contratos de las obras del Estado, sufren de vicios u omisiones tendientes a encubrir los actos de corrupción. Por otro lado, existe demasiada incapacidad jurídica en gran parte de los fiscales, situación generalizada que se ha convertido en una grave debilidad Institucional en el papel Constitucional que le compete a la FGR. Por ejemplo, un caso que llama la atención es el presupuesto licitado para la construcción de la cuestionada represa de El Chaparral que inicialmente se habló de $ 90 millones que posteriormente se “convirtieron” a un monto de más de $ 300 millones. Lógicamente, la enorme diferencia reflejada en dicho presupuesto únicamente nos indica el diferencial de la corrupción y el “negocio” relacionado con el dinero del proyecto, sin importar la obra física proyectada.

Sin lugar a dudas, el “aparente” empecinamiento de los partidos del crimen organizado (ARENA, PCN y PDC) por controlar la FGR a través del vasallo de Astor Escalante, es únicamente para “garantizar” el continuismo de la impunidad de los carteles que conforman a los grupos económicos salvadoreños, les preocupa que se persiga y se encarcelen a los narcotraficantes, a los lavadores que se encuentran “agazapados” en las grandes empresas y que se castigue a todos los corruptos que han saqueado las arcas del Estado durante los últimos 20 años de los gobiernos de la ultraderecha salvadoreña.

¿Cómo se podrá hacer justicia para la niña Katia Miranda, para el compañero Gustavo Marcelo Rivera, el sacerdote Quintanilla y los periodistas honestos de la Radio Victoria, si la fiscalía queda en manos de Astor Escalante? Definitivamente, el problema relacionado con las medidas dilatorias de los “perrones” que controlan la Asamblea Legislativa, de ninguna manera podrá considerársele político, es todo lo contrario ya que a los partidos del crimen organizado les preocupa únicamente protegerse legal y jurídicamente bajo la “cobertura” que les proporciona el ente que institucionalmente tiene bajo su responsabilidad la persecución del delito, es decir la Fiscalía General de la República (FGR).

Astor Escalante es un oscuro personaje con un pasado “turbulento” cuando fue estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, ambiguamente se involucró en las actividades clandestinas de lo que fue la agrupación “Alternativa Universitaria”, participó en acciones armadas concernientes a la “quema” de autobuses del servicio público, pero, por su carácter de protagonismo y arribismo, este no gozó de la plena confianza de las anteriores milicias urbanas ligadas al ERP. Después de los Acuerdos de Paz, gracias a su ambiciosa perspicacia logró posicionarse como abogado “antisecuestros” en la ANEP, en donde se relacionó y se ganó la confianza del gran capital y estrechó fuertemente lazos de “amistad” con Antonio Saca y René Figueroa.

Como resultado de la crisis de poder dentro del partido ARENA, Astor Escalante se convirtió en la pieza “clave” para tratar de encubrir las actividades del crimen organizado de los partidos de la derecha salvadoreña. El anterior fiscal Félix Garried Safie ya había dejado de ser un elemento de confianza para el gran capital y para toda la derecha política. La trascendencia a la luz pública de su descarada corrupción cuando fue director del Centro Nacional de Registros ya era insostenible; también, su papel de “encubridor” en el caso del asesinato de la niña Katia Miranda, por su involucramiento en la corrupción ligada con el alquiler mensual de más de $ 250 mil del edificio que ocupa la fiscalía y que es propiedad de su familia, sus omisiones en la investigación de la banda de “los perrones” y, por sus maniobras tendientes a favorecer con “vacíos” de procedimientos legales, la reciente captura de su primo hermano que fue apresado en la colonia Escalón con 5 kilogramos de cocaína valorados en $ 125 mil dólares, etc.

En este contexto, la Fiscalía en manos de Astor Escalante es estratégica para encubrir al crimen organizado y los escándalos relacionados con la corrupción y estafas al Estado. Por ejemplo, cuando se aconteció el asesinato del dirigente de ARENA, Adolfo “El Chele” Torres, para bloquear la intención de profundizar las investigaciones entorno a este oscuro personaje y que llevaran a esclarecer las “entrañas” de las estructuras militares de los escuadrones de la muerte que operan clandestinamente bajo la fachada de “empresas de seguridad privada”, Astor Escalante se apresuró a “cerrar” el caso con el “dictamen” que el “Chele” Torres  simplemente había tomado la “decisión” de suicidarse. ¿Por qué Astor Escalante no ordenó de inmediato la intervención de la empresa SERCONSE involucrada en estafas al Estado y que almacena grandes cantidades de armas de guerra? Evidentemente, Astor Escalante jamás lo hará ya que sus “amos”, los partidos del crimen organizado (ARENA, PCN y PDC), necesitan para su impunidad el tener un absoluto control y manipuleo del ente rector de la investigación en el país (FGR).

La Policía Nacional Civil (PNC) es un instrumento auxiliar de la fiscalía; sin embargo, con la reciente reestructuración de la División Elite del Crimen Organizado (DECO), ya muchos “honorables” empresarios han puesto el “grito en el cielo”, principalmente, que les angustia que la DECO cumpla con su verdadero propósito de combatir a los delincuentes de “cuello blanco”, a los secuestradores y al sicariato. Pero, este cambio en la DECO deberá ser el comienzo del principio. Se necesita depurar a la DAN (División Antinarco tráfico); la División de Finanzas para combatir a los evasores y al contrabando; la DAE (División de Armas y Explosivos) para poder controlar la industria de la inseguridad y comercio lícito e ilícito de armas, probidad en las pruebas de balísticas y al ejército privado de seguridad; también, se necesita combatir la “legalización” de los vehículos robados y para ello se requiere reestructurar la División de Matriculas y de experticia, etc.

En este sentido, como pueblo no nos interesa la religión o ideología que sustente un nuevo fiscal, lo que nos interesa es que haga cumplir las Leyes en apego a la Constitución Política de la República, que sea una persona honesta, con mucha iniciativa y profesionalmente idóneo. El fiscal debe de actuar en función del Estado de Derecho, “democratizar” la persecución del delito y que la ley deje de ser la “perra flaca que solo muerde el pie de los descalzos”.

¡COMPAÑEROS CAIDOS EN LA LUCHA HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

¡SIN PERDON Y SIN OLVIDO DE NUESTROS MARTIRES REVOLUCIONARIOS!

¡VIVA EL HEROICO PUEBLO SALVADOREÑO!

¡POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA UNIDA EN LOS PRINCIPIOS Y EN LAS ACCIONES!

¡VIVA EL MOVIMIENTO DE VETERANOS DEL END!

END

(FPL-“Farabundo Martí”; FPL-GPP/ FCER; ERP; FARN; PRTC y FAL)

El Salvador, 03 de agosto de 2009