Por Arnulfo Fuentes

El 29 de diciembre de 1996 en Guatemala se firma la paz y con ello supuestamente, según lo planteaban las autoridades nacionales, quedaba atrás décadas de sufrimientos a los cuales estaba sumida nuestra población. Supuestamente quedaría en la historia la represión, la intimidación, el asesinato y hostigamiento al que eran condenados nuestros líderes.

Tristemente, después de más de una década de tal acontecimiento, las condiciones son igual o peor de lo que eran antes de la firma, la cual se quedó únicamente en un acto protocolario, que le sirvió a la oligarquía guatemalteca para actuar libremente sin que nadie pueda decir nada, y así seguir matando a nuestro pueblo.

Cobardes asesinatos perpetrados en lo que va del año:

Octavio Roblero, miembro del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales (FRENA), fue acribillado frente de su negocio, en el mercado de Malacatán, San Marcos, el 17 de febrero a eso de las 18:00 horas.

Juan Antonio Chen, abogado Maya, fue acribillado desde un pick up, el 17 de febrero aproximadamente a las 19:00 horas. Chen fue colaborador de la ODHAG y del PNR, actualmente formaba parte de Convocatoria Ciudadana, a nivel departamental.

German Antonio Curup, hijo de Abelino Curup, líder comunitario de San Juan Sacatepéquez, que cumple condena de 50 años por un crimen que no cometió. Germán fue secuestrado el 11 de febrero al salir se su trabajo, el 14 de febrero apareció en la jurisprudencia de Bárcenas, degollado y con señales de tortura.

El 13 de enero, alrededor de las 20:00 horas, el automóvil en el que se transportaban cuatro dirigentes de FRENA, fue emboscado por individuos “desconocidos”. En tal hecho fue vilmente asesinada la compañera Evelinda Ramírez Reyes, fueron heridos los compañeros Leonel de León, Jorge Lorenzo y Freddy Rodas. Ellos habían participado en una jornada de incidencia política, en rechazo a los abusos de la empresa española Unión Fenosa en la distribución de la energía eléctrica.

El 29 de enero, alrededor de las 20:00 horas. Pedro García salió de su trabajo, de la municipalidad de Malacatán, San Marcos, y fue interceptado y muerto de 23  balazos. Era dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Malacatán, y a su vez, de los vecinos de su comunidad que se oponen a la presencia de Unión Fenosa.

El 31 de enero Santos Cruz Nájera, dirigente la comunidad de San Carlos Alzatate, que lucha contra la corrupción en la alcaldía fue atacado con machete y murió desangrado en brazos de su hijo.

Además el 1 de febrero fue capturada y liberada por su comunidad Crisanta Cruz, lideresa la de lucha de San Miguel Ixtahuacán contra la minera Montana; y el 6 de enero fue secuestrada y torturada la sindicalista María Vásquez de la empresa Winner.

Estos hechos demuestran que los empresarios poderosos y el gobierno de Guatemala actúan con total ilegalidad, a través de aparatos clandestinos que se dedican a asesinar a dirigentes y  personas que están tratando de cambiar la realidad del país sin doblegarse ante las bestias capitalistas y neoliberales.

Ante tal situación denunciamos la complicidad del Estado de Guatemala, por no darle importancia a estos hechos de violación contra los derechos humanos. Pues al hacerse de la vista gorda, queda demostrada la falta de voluntad política.

Denunciamos también, la existencia de aparatos clandestinos de represión, quienes cobardemente asesinan a nuestro pueblo, como en los años anteriores a la firma de la paz y exigimos al gobierno su inmediata desarticulación.

Denunciamos a los medios de comunicación al servicio de las empresas nacionales y extranjeras por no darle importancia a estos hechos.

Exigimos a la CICIG, que investigue estos asesinatos y abusos con la misma prioridad o más que los otros casos que investiga.

El PSOCA se une al llamado de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala a formar un Frente contra la Represión. Exhortamos a las organizaciones Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco, al CUC, al FNl y demas organizaciones sindicales y campesinas consecuentes con la lucha; a las organizaciones estudiantiles revolucionarias de la USAC y de educación media y a los partidos de izquierda a conformar este Frente para exigir al gobierno, mediante acciones directas en las calles, el cese de los asesinatos contra los luchadores populares.